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Martes 04 de septiembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-1

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Secretaría General de Servicios Parlamentarios

COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

LA MESA DIRECTIVA DECLARÓ CONSTITUIDOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI, PAN, PRD, PVEM Y PT.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Acuerdos de la Mesa Directiva

Por el que se designa a la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, como Secretaria de la Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

FUE APROBADO POR 117 VOTOS.
LA SEN. PALAFOX RINDIÓ SU PROTESTA COMO SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA.

VOTACIÓN
35
0
0
50
0
0
20
0
0
5
0
0
6
0
0
SG
1
0
0
TOTAL
117
0
0

Poder Ejecutivo Federal

Comunicaciones

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite ejemplares del Sexto Informe de Gobierno del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de la República.

LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE LOS EJEMPLARES DE ESTE DOCUMENTO SE RECIBIERON EL SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE Y SE DISTRIBUYERON ENTRE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES, A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite solicitud de autorización del titular del Ejecutivo Federal, para que elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional, con el objeto de que participen en los ejercicios navales "Partnership of the Americas 2012", que se llevarán a cabo en la Base Naval de Mayport y el Campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América.

FUE CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN Y PUESTO A DISCUSIÓN.
INTERVINIERON LOS SENADORES:
MARIO DELGADO CARRILLO, PRD.
MANUEL BARTLETT DÍAZ, PT.
FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, PAN.
ERNESTO GÁNDARA CAMOU, PRI.
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, PRD.
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD.
RAÚL GRACIA GUZMÁN, PAN.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, PRD.
FUE APROBADO POR 113 VOTOS EN PRO, 2 EN CONTRA, 4 ABSTENCIONES. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

Iniciativas

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales.

SE TURNÓ COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas; la ley que se propone expedir es de orden general y de observancia en todo el territorio nacional, obliga en el ámbito de sus respectivas competencias a las autoridades de los diversos órdenes de Gobierno, con atribuciones en materia de atención a víctimas, así como a las instituciones públicas, sociales o privadas, a fin de que brinden a las víctimas de servicios básicos, como atención médica, psicológica, jurídica y social.

La ley enuncia un conjunto de principios generales que deberán de observarse para tutelar y garantizar una serie de derechos mínimos de las víctimas, como el de recibir un trato digno y respetuoso, conocer toda la verdad sobre los hechos delictivos de los que fueron objeto. Se propone, también, que la calidad de víctima no esté condicionada a la identificación, aprehensión, procesamiento o condena del autor o autores del delito y será independiente de la relación familiar que exista entre el perpetrador y la víctima.

El carácter de víctima, le deberá ser reconocido no sólo por los jueces penales, sino, también, por los jueces de amparo, por los jueces civiles y por jueces familiares; por los órganos jurisdiccionales internacionales y las Procuradurías Sociales de Atención a Víctimas. En caso de delitos en que se encuentre bajo amenaza la vida o integridad corporal de una persona, la procuraduría social competente podrá otorgar el reconocimiento de la víctima, aún sin que se haya formulado denuncia, querella o queja, para lo cual bastará con la existencia d elementos indiciarios de la existencia de hecho victimizante, concediéndole los derechos que la ley contempla.

Las víctimas gozarán de los derechos que establece la ley, desde la fase de victimización y hasta que haya sido rehabilitada o haya asumido una cotidianeidad conforme a los estudios que al respecto se practiquen y hasta el grado que sea factible.

Los órganos jurisdiccionales federales y de las entidades federativas que, en el ámbito de su competencia, emitan una sentencia donde se determine la violación de un derecho humano deberán pronunciarse respecto de la reparación del daño, por lo tanto dicha reparación del daño quedará sujeta a que se acredite la concurrencia de los siguientes elementos: que se trate de actos u omisiones cometidos por una autoridad gubernamental; que tales actos u omisiones constituyan violaciones a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, y que dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la obligación de las autoridades de reparar el daño.

La atención médica a familiares de personas desaparecidas o no localizadas a consecuencia de los delitos a que se refieren el artículo 75 de la ley, será proveída por la institución pública de salud de la que sean derechohabientes. En caso de no serlo de ninguna o de que la atención que se requiera no sea proveída por ésta, será brindada por otras instituciones del Sistema Nacional de Salud de la entidad federativa de que se trate o, en su defecto, de la Federación.

La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos o la instancia local correspondiente será la responsable de coordinar con su junta de gobierno o consejo de participación a las instituciones de seguridad pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las entidades y dependencias competentes, para alcanzar la atención integral a las víctimas.

Se crea la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas al seno de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos federal como órgano especializado en brindar cada uno de los servicios jurídicos que establece esta ley en beneficio de las víctimas de delitos federales. Y en el ámbito local deberán crearse instancias con funciones análogas.

Se contempla que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas Federal y de las entidades federativas cuenten con un Consejo de Participación ciudadana. Dichos Consejos, integrados por representantes de los sectores público y social, podrán emitir recomendaciones y observaciones para promover un acceso cada vez más efectivo a la justicia para las víctimas.

Se crea la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas, cual tendrá por objeto formular políticas generales de atención a víctimas, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar acciones en la materia. Estará integrada por los titulares de las instituciones de atención a víctimas de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. En coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá elaborar un programa nacional de atención a las víctimas.

Se prevé un mecanismo de ayuda económica victimal, que se otorgará independientemente de la reparación del daño, en algunos supuestos en los que, a consecuencia de ciertos delitos, las víctimas sufran graves daños a su salud o hasta la pérdida del empleo. Para ello, se propone la creación de 33 fondos de apoyo que se integrarán, entre otros, con los recursos que se asignen en los presupuestos Federal y estatales, los que se obtengan de decomisos realizados a la delincuencia, así como con las aportaciones que hagan organismos públicos, privados y sociales.

Finalmente, se propone crear el Registro Nacional de Víctimas, una base de datos que integrará la información de los tres órdenes de Gobierno sobre los procesos de atención a las víctimas, con ello, se podrá dar seguimiento puntual a las diversas fases de asistencia que contempla la ley para ayudar a que las víctimas se reintegren a su vida cotidiana.

En un artículo segundo, la iniciativa propone la adición de una fracción V bis, al artículo 10; una fracción VIII bis al artículo 12; un Capítulo VII bis “De la Conferencia Nacional de Atención Integral a Victimas” integrado por los nuevos artículos 33 bis, 33 ter y 33 quáter; así como una fracción III, al artículo 115; y reforma la fracción XVII del artículo 25; se derogan el inciso d) de la fracción III del artículo 20; y el artículo 134 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efectos de armonizar sus disposiciones con las de la nueva Ley General de Atención y Protección a las Víctimas.

Finalmente en un artículo tercero, la iniciativa propone reformar el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, para adicionar lo relativo al Fondo de Apoyo a las Víctimas a que se refiere la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas.




Iniciativas

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de Gobierno.

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE EL ASUNTO CORRESPONDE A LOS QUE EL ARTÍCULO 71 CONSTITUCIONAL IDENTIFICA COMO INICIATIVA PREFERENTE Y, POR TANTO, TIENE UN PLAZO ESTABLECIDO PARA SU RESOLUCIÓN Y QUE EN ESA VIRTUD, SE NOTIFICARÁ A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE UN ACUERDO QUE PROPONGA EL TRÁMITE Y EL PROCEDIMIENTO QUE PODRÍA APLICARSE PARA EL ANÁLISIS DE ESTE ASUNTO.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone reglas para armonizar la información financiera del ciclo hacendario, relativa a la programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos públicos así como para los procesos de implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales, facilitarán el acceso a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el respectivo orden de gobierno, a través del establecimiento de enlaces electrónicos en sus páginas de internet.

A efecto de fomentar la calidad en la información, se faculta al Comité Consultivo, para evaluar este aspecto, así como para emitir recomendaciones a los entes públicos y proponer al Secretario Técnico del Consejo la emisión o modificación de las normas y formatos a fin de mejorar y uniformar la presentación de dicha información.

Se otorgará acceso a los sistemas de información a la Auditoría Superior de la Federación e instancias de fiscalización, de control y evaluación de las entidades federativas, dentro del marco de sus respectivas atribuciones, para comprobar el cumplimiento en la entrega de la información relacionada con la aplicación de los recursos federales y sus resultados.

Se especifica la información que deberán incluir las entidades federativas en los informes trimestrales, relativa a los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnología y de Adultos, estableciendo la obligación de publicarla en sus respectivas páginas de internet para mayor transparencia.

Se prevé la obligación para las entidades federativas de incluir en los informes trimestrales que en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal se remiten al Congreso de la Unión, información sobre la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y acciones que beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema.

Establece que la Auditoría Superior de la Federación y las instancias de fiscalización locales serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respecto al ejercicio y destino de los recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados, así como la obligación para la Auditoría Superior de la Federación de informar en su programa anual de auditorías, sobre la realización de éstas respecto del gasto público federalizado.








Secretaría de Marina

Oficio del titular de la dependencia, para informar de la determinación de otorgar 29 ascensos post-mortem a personal de la Armada.

QUEDÓ DE ENTERADO.
SE INFORMÓ QUE EL DOCUMENTO FUE ENVIADO BAJO EL FUNDAMENTO DEL ARTÍCULO 44-BIS DE LA LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MÉXICO, SÓLO CON PROPÓSITOS INFORMATIVOS.

Gobierno de la Ciudad de México

Iniciativas

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

SE TURNO A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone eliminar el actual inciso a) y recorrer los subsecuentes; incluyéndole dos párrafos y modificando el último párrafo ha efecto de limitar el fuero militar ante la comisión de delitos por actos y omisiones, realizados por miembros de las Fuerzas Armadas, en ejercicio de sus funciones, para que tengan conocimiento y competencia los Tribunales Comunes del Fuero Federal.

La iniciativa propone que en los delitos del fuero común o federal, que sean cometidos por militares en que se encuentren involucrados civiles, serán competentes de conocer los tribunales ordinarios federales, y sólo si lo considera necesario el juez de la causa, se podrá solicitar el apoyo de la justicia castrense para resolver o atender circunstancias relacionadas con las normas militares, en su calidad de peritos.

Asimismo, establece que cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito, se desprenda la probable comisión de un delito materia de conocimiento de ambas competencias, tanto ordinaria federal como castrense, motivo de faltas a la disciplina militar, inmediatamente, el ministerio público que tenga conocimiento, sea el civil o el militar, deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa correspondiente, precisando las constancias o las actuaciones realizadas y remitirla a la autoridad que es de su competencia al conocimiento y atención de su par. Las actuaciones que formen parte del desglose no perderán su validez, aun cuando en su realización se haya aplicado este código y con posterioridad el código federal de procedimientos penales, o viceversa.

Afirma el autor que como freno y contrapeso al exceso en el uso de este fuero, los delitos comunes, definidos por los códigos penales correspondientes, deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria y los jueces comunes sólo deben atender las peculiaridades de la conducta delictiva cometida por un militar como sujeto activo, como agravante, por razón de ser autoridad armada y capacitada, que lo pone en una condición de evidente superioridad, siendo así que daría al delito común un motivo para agravar la pena, y no para sustraerlo de la jurisdicción ordinaria y común; todo ello, bajo los principios de igualdad ante la ley y del debido proceso legal.







De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71; 109, párrafos segundo y tercero; 139; 140, fracción III; 141, fracción VI; 142; 143, 144, 145 y 146 de la Ley Agraria.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone establecer principios de igualdad entre hombres y mujeres para la elección de sus dirigentes en el ámbito ejidal y la representación en cargos políticos de la Administración Pública, que manejen y regulen todo lo relativo al Sector Agropecuario, respetando el principio de paridad y género en el país.







De los Senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental que a través de cualquier medio de comunicación tales como prensa escrita, televisión, radio, internet, cinema y en la vía pública realicen la federación, los estados, los municipios y el distrito federal.

Los sujetos obligados de la ley, serán las dependencias, órganos y entidades que integran los poderes públicos en sus niveles federal, estatal, municipal o del Distrito Federal, así como los organismos federales o locales autónomos. Y en general todas aquellas instituciones o personas que ejerzan recursos públicos federales en el rubro de comunicación gubernamental.

Dentro de los objetivos de la ley son: garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación de servicios de comunicación en prensa escrita, radio, televisión y cualquier otro medio de difusión; establecer los criterios generales para el ejercicio de los recursos que el gobierno destina al rubro presupuestal de comunicación social y/o sus equivalentes en materia de comunicación gubernamental; establecer criterios para la administración de los tiempos de Estado y fiscales en radio y televisión, entre las instituciones a que se refiere la presente ley, bajo criterios de equidad, objetividad, imparcialidad y transparencia; determinar las características del contenido de la comunicación gubernamental con el fin de que comunique a las instituciones con la población y cumpla el derecho a la información; establecer los principios y procedimientos de producción, asignación, distribución, contratación, contenidos y rendición de cuentas de la comunicación gubernamental; y evitar que la comunicación gubernamental se convierta en un instrumento para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación por sus líneas editoriales.

Señala que la comunicación gubernamental, como canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos deberá ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social. El mensaje deberá ser claro, veraz, objetivo, accesible neutral, sin sesgos, necesario, útil y relevante para la sociedad, sin contener juicios de valor, omisiones, exageraciones o ambigüedades sobre la actividad de los sujetos obligados. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público ni partido político alguno.

La revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de comunicación gubernamental se realizará a través de la Auditoría, en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Dicha revisión y fiscalización deberá comprobar que la comunicación gubernamental, en forma exclusiva, tenga el carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social y cumpla con las disposiciones establecidas en la presente ley.


De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a liberar de inmediato los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 2012 a favor de los ex trabajadores mexicanos braceros.

HICIERON USO DE LA PALABRA LOS SENADORES:
OMAR FAYAD MENESES, PRI.
RAÚL GRACIA GUZMÁN, PAN.
ARMANDO RÍOS PITER, PRD.
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

SE MANTIENE EN COMISIONES, POR ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA.(04-02-2016)