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Gaceta del Senado


Miércoles 25 de abril de 2012
Gaceta: LXI/3SPO-384

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Contraloría Interna de la Cámara de Senadores

Junta de Coordinación Política

Acuerdos

Dos, por los que se modifica la integración de comisiones.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Iniciativas

Del Sen. Fernando Elizondo Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 213 del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone que el particular que haya participado en aquellos delitos establecidos en el Codígo Penal Federal en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos, y preste ayuda eficaz para la investigación y condena de los servidores públicos involucrados, podrá recibir algunos beneficios.

Señala que también tendrá derecho a los beneficios el servidor público que estando involucrado en un delito de los tipificados en ese apartado, denuncie, presente pruebas y preste colaboración para la investigación y condena de otro servidor público de igual o superior jerarquía.

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Vida Silvestre.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone la creación de retenes de control de flora y fauna silvestre, con el objeto de realizar los actos de inspección y vigilancia necesarios para la conservación de la vida silvestre. Los citados retenes de control deberán de instalarse en las vías generales de comunicación de todo el país.

Del Sen. Alberto Anaya Gutiérrez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución General de la República, para agregar un sexto párrafo que otorgue a la tierra y al agua el rango de derechos fundamentales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone adicionar un sexto párrafo al artículo primero de la Constitución, con la finalidad de que se otorgue a la tierra y el agua el rango de derechos fundamentales.

El autor afirma que el concepto derecho no sólo se refiere a todo un ordenamiento jurídico en la Constitución, las leyes o los reglamentos, sino que se refiere a toda una potestad que el sistema jurídico le reconoce a los mexicanos como una atribución otorgada por una norma a todas las personas frente a la cual otros sujetos y el estado tiene obligaciones correlativas, y en razón de ello considera que la tierra y el agua deben ser consagrados en la Constitución como derechos fundamentales.

El sexto párrafo que se propone adicionar establece que todas las personas gozarán del derecho a la tierra y el agua como un derecho fundamental.

Del Sen. José Antonio Badía San Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 134, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone prohibir constitucionalmente: que la publicidad oficial sea considerada como un instrumento para promover los intereses, de índole personal, de las personas que gobiernan; que el gobierno, durante su gestión, se valga de los escasos recursos públicos para destacar su obligación y vanagloriarse con ellos ante la sociedad; y que la publicidad oficial no sea el sostén económico ni un instrumento para ejercer el control sobre los medios de comunicación al influir en su objetividad, atentando contra la libertad de expresión.

Del Sen. Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Registro Nacional de Datos Forenses.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone la expedición de la Ley del Registro Nacional de Datos Forenses, que tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos Forenses. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, consta de veinticinco artículos estructurados en tres Títulos; el Título Primero relativo a las Disposiciones Generales, un Título Segundo referente a la creación y regulación del Registro, y finalmente un Título Tercero relativo a las Sanciones e Infracciones.

Crea el Registro Nacional de Datos de Forenses, como un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, articulado al registro Nacional de Víctimas de la Ley General de Víctimas, que tiene por finalidad garantizar la obtención, almacenamiento, conservación, tratamiento y análisis técnicos de la información forense necesaria como prueba para el esclarecimiento de los delitos y de las violaciones de derechos humanos. La Ley establece que el registro contará con datos de las víctimas tales como su edad, lugar en donde se originó la muerte, nacionalidad, origen étnico, sexo, discapacidad si la hubiere y en general cualquier otro dato que resulte relevante para la identificación de las víctimas.

Se establece que su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero con pleno respeto a los ámbitos de competencia y atribuciones de la Federación y de las Entidades Federativas en cuanto a la coordinación que se derive de la propia ley.

En materia de transparencia y acceso a la información, se establece que el Registro contará con un apartado de consulta para la ciudadanía en general, además de espacios de buzón para recibir información respecto de las víctimas proporcionada por el público en general. El Registro funcionará las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de Internet. Todo ello, sin perjuicio de que se garantice la confidencialidad de los datos que lo ameriten.

Finalmente, se establecen sanciones para los servidores públicos que alteren registros, proporcionen información falsa, accedan sin autorización o hagan uso indebido de la información contenida en el Registro, así como para quienes hagan uso de la información con fines de lucro.

De los Senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Julián Güitrón Fuentevilla y Dante Delgado Rannauro, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código de Comercio, en su Título Especial de Juicio Oral Mercantil.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone diversas adecuaciones legales con la finalidad de fortalecer y robustecer el Juicio Oral Mercantil congruente con la realidad y la sistemática jurídica a que contrae el Código de Comercio. Las reformas y adiciones los ordenamientos jurídicos correspondientes, permitirán que los juicios orales mercantiles se tramiten en forma pronta, completa e imparcial.

Se permite el Recurso de Revocación como un medio de impugnación que proceda contra autos y decretos no apelables, facultando al Juzgador para que revise, confirme, modifique o revoque la resolución impugnada, dando firmeza y seguridad al procedimiento. Se fortalece el requerimiento como acto judicial por el que se llama para que se haga o se deje de hacer una cosa en juicio, justificándose la notificación personal para no violentar las garantías de audiencia, seguridad y legalidad que constitucionalmente asisten a toda persona, así se propone que el emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador de encontrarse presentes, y de no encontrarse el buscado la cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado y al entregarse la cédula se hará constar la fecha y la hora en que se entregue.

La reforma plantea que se respeten las reglas de la Competencia y para tal efecto, establece mediante reforma que si en la reconvención se reclama, por concepto de suerte principal, una cantidad superior a la que sea competencia del juicio oral en términos del artículo 1390 bis, se reservarán los derechos del actor en reconvención para que los haga valer ante el Juez que resulte competente.



Se adiciona dentro de los impedimentos para que todo Magistrado, Juez o Secretario se tenga por forzosamente impedido para conocer, siempre que haya externado su opinión antes del fallo, salvo en los casos de mediación o de conciliación que no será causa de impedimento. Y, finalmente la reforma al artículo transitorio publicado el 9 de enero del año 2012,permite ajustar tiempos al establecer que el Consejo de la Judicatura Federal, las Legislaturas de cada una de las Entidades Federativas y la Cámara de Diputados del Congreso General resuelvan sobre las previsiones presupuestales para la infraestructura y la capacitación necesarias para su correcta implementación, los poderes judiciales de la Federación, y de cada una de las entidades federativas, tendrán hasta el primero de julio del año dos mil trece, como plazo máximo, para hacer efectiva la entrada en vigor de las disposiciones relativas al juicio oral mercantil.

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública.

SE DISPENSÓ SU SEGUNDA LECTURA. INTERVINIERON LOS SENADORES:
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER, PAN.
LA PROPUESTA DEL SEN. GÓMEZ FUE RECHAZADA.
EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

Las comisiones dictaminadoras aprueben en sus términos la minuta que fue devuelta por la Colegisladora para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Proyecto por el cual se pretende expedir una Ley para crear el Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, incluye a los órganos, instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías previstos, y derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley, la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y los tratados y convenios internacionales aplicables.

La Colegisladora modifica los artículos 72, 113, 127 y 179 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, los cuales se ratifican por éstas comisiones, quedando como sigue:

Al artículo 72 se le adiciona un segundo párrafo que debe decir: “En los casos en que la conducta sea considerada como delito grave, sólo el Ministerio Público podrá solicitar la suspensión condicional, en los demás casos, el adolescente o adulto podrá presentar dicha solicitud.”

Se modifica la fracción VIII del artículo 113, para establecer: “En materia de secuestro previsto en los artículos 9, 10, 11, 12 cuarto párrafo; 14, 15, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter, del Código Penal Federal.”

En el artículo 127 debe decir: “La Secretaría y los titulares de los centros federales de internamiento, tomarán las decisiones administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas, pero no podrán hacer cuando se involucren cambios en la situación jurídica del adolescente o adulto joven sujeto a medida ni cuando se comprometan sus derechos, salvo los casos en que se ponga en riesgo la integridad de quienes se encuentran en el centro de internamiento, o el orden y la seguridad de los mismos. El juez de distrito especializado para adolescentes vigilará el adecuado cumplimiento de esta disposición.”

En el último párrafo del artículo 179 debe decir: “La resolución deberá tomar en consideración el orden y la seguridad, así como la adecuada operación del centro de internamiento.”

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

El dictamen a la Minuta resuelve mantener el dictamen sin cambios respecto al que se aprobó en el Pleno de la Cámara de Senadores el pasado 8 de febrero del 2011. De este modo previo análisis de las modificaciones planteadas por la colegisladora se resuelve mantener en su términos las reformas mediante las cuales se incorpora en la Ley General de Sociedades Mercantiles la figura jurídica de sociedades unipersonales bajo las modalidades de Responsabilidad Limitada y Anónima. Se establece equivalencia de las previsiones generales de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que se refieren a “socios”, “miembros”, “accionistas” y “contrato social”, para ser aplicadas en las sociedades unipersonales. Y que determinan la inaplicabilidad de las disposiciones referentes a la convocatoria y celebración de Asambleas al socio o accionista único, así como el establecer que las decisiones del socio o accionista único deberán constar por escrito y ser firmadas y registradas en el Libro de Actas.

Con base en lo anterior, el dictamen resuelve reformar los artículos 89 y 229; el primer párrafo del artículo 58y el primer párrafo del artículo 87; y, se adiciona un último párrafo al artículo 1 y dos párrafos al artículo 58 y al artículo 87, todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley General de Salud.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras aprueban en sus términos la minuta que fue devuelta por la Colegisladora para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

El proyecto en cuestión propone facultar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Salud, a realizar a petición de parte, la inspección, verificación y certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tanto los de competencia municipal, estatal o el Distrito Federal.

La Cámara de Diputados modifica diversos artículos, y propone reformar los artículos 17 bis y 197 de la Ley General de Salud, artículos que no eran materia del proyecto, pero que consideran necesario reformar, para establecer que la Secretaría de Salud ejercerá las facultades relacionadas con el conjunto de actividades que en el ejercicio de su desempeño desarrollan los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley de Asistencia Social.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone que en la fracción I del artículo 10 de la Ley de Asistencia Social, se agregue al derecho de los sujetos de recibir los servicios de asistencia social la característica o criterio "con oportunidad", lo que mandata a las autoridades para que eviten dilaciones o retrasos de conformidad con las circunstancias de cada caso.

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone reformar y adicionar diversos artículos del Código de Comercio, para incluir en la ley como actos de comercio las operaciones de suministro y de distribución, así como los contratos de franquicia de prestación de bienes o servicios, con la finalidad de dar mayor certeza jurídica a las partes que intervienen mediante su regulación contractual.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone que las vacunaciones contra enfermedades transmisibles que estime como necesarias la Secretaría de Salud serán obligatorias en los términos que fije la dependencia y de acuerdo con lo previsto en la Ley. La Secretaría determinará, los sectores de la población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, mismas que serán obligatorias para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Establece que las vacunas que de acuerdo con las disposiciones de la Ley formen parte del Programa Nacional de Vacunación deberán suministrarse y aplicarse a la población, en los términos y las condiciones señaladas por las disposiciones aplicables, sin que puedan alegarse en contrario razones económicas o falta de abasto en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Reconoce el derecho de todos los individuos en territorio nacional a recibir gratuitamente en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud las vacunas contenidas en el Programa Nacional de Vacunación.

Previo a la administración de una vacuna se deberá explicar a los individuos o, en su caso, a sus representantes legales, la naturaleza, el propósito, los beneficios y de las posibles reacciones adversas de la vacuna correspondiente, así como de los riesgos individuales y a la comunidad que se generarían de no aplicarse la vacuna.

Señala que las vacunas incluidas en el Programa Nacional de Vacunación estarán disponibles para su aplicación durante todos los días hábiles del año en todos los establecimientos de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Se crea el Consejo Nacional de Vacunación como una instancia permanente, autónoma, multidisciplinaria e intersectorial, de consulta para definir, promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación del territorio nacional de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacunas.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 61, 64, 61 Bis y 64 bis a la Ley General de Salud.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone que la Secretaría de Salud impulse la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de redes de apoyo a la salud materno-infantil, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos.

Señala que la atención materno-infantil abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio.

De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal del Trabajo.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone realizar acciones de prevención, protección, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Se pretende actualizar periódicamente el Banco Nacional de Datos en coordinación con dependencias y entidades competentes.

Señala que se coordinarán las acciones del Sistema Nacional de Salud dirigidas a brindar de manera integral y multidisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género. Asimismo, se llevaran a cabo programas de capacitación para el personal del Sistema Nacional de Salud, así como la mejora continua de los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia.

Establece que se impulsará la creación de unidades especializadas en la prevención, atención y protección a las víctimas de violencia de género.

Finalmente, propone les sea otorgado un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, lo anterior, será a solicitud de la trabajadora, con autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda.

De las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras coinciden en la propuesta de la minuta que establece una medida de tipo compensatoria a favor de la equidad de género, la cual da preferencia en igualdad de circunstancias y con equidad de género a las personas que tengan a su cargo menores de edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que expedía la Ley del Seguro de Responsabilidad Vehicular.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras consideran desechar la iniciativa en virtud de que ya se prevé la exigencia para permisionarios de autotransporte, de contar con un seguro, objeto que pretendía la Ley en estudio.

La Ley que se proponía expedir, establecía la obligatoriedad de un seguro de prevención del daño a favor de los propietarios de vehículos que circulen por las vías federales, a partir de reconocer la existencia de una deuda por concepto de daños como consecuencia de la materialización del riesgo asegurado.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que expide la Ley General de Víctimas.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
JESÚS MURILLO KARAM, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD
FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ, PRI
FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN, PAN
TOMÁS TORRES MERCADO, PVEM
JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA, MC
SILVANO AUREOLES CONEJO, PRD
CARLOS SOTELO GARCÍA, PRD
RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, PRD
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN ENTREGADAS POR EL SEN. TOMÁS TORRES, LAS CUALES FUERON ACEPTADAS POR LA ASAMBLEA.
EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Expide la Ley General de Víctimas, ley de orden público de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º párrafo tercero, 17, y 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano y otras leyes en materia de víctimas.

La Ley que se expide obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

El objeto de la Ley es reconocer y garantizar los derechos de las victimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.

También es objeto de la ley el establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; así como garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; y, establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.
La ley establece el derecho de las víctimas a la asistencia y la atención, las cuales se garantizaran incluyendo siempre un enfoque transversal de género diferencial. Asimismo se les reconoce el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo y obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Se establece la obligación de las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios de brindar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica, nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

La ley señala que cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, las entidades federativas pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso, sea el más seguro y el que cause menos trauma de acuerdo a sus condiciones.

Se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, máxima institución en la materia en los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene como objeto establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de ésta Comisión derivan el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Registro Nacional de Víctimas. El Registro Nacional de Víctimas, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en esta Ley. El Gobierno Federal, los estados y el Distrito Federal, contarán con sus propios registros, los cuales nutrirán de información al Registro Nacional.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estará integrada por nueve comisionados. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá por el voto de la mayoría absoluta de los presentes. Para la elección de los comisionados, el Senado conformará una Comisión Plural integrada por los presidentes de las Comisiones de Justicia, Gobernación, Grupos Vulnerables y Equidad de Género, que se constituirá en la comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

Se constituye el Fondo de Ayuda, asistencia y reparación integral, con objeto de brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ENTREGADA POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS, QUE FUE APROBADA POR LA ASAMBLEA.
EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Las comisiones dictaminadoras coinciden con el autor en la necesidad de propiciar la legalidad a favor de una mejor protección y atención integral de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos.

El objetivo de la propuesta es facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas del delito.

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Las reformas proponen darle un mayor alcance al sistema de ponencias y plantea que las unidades administrativas y el Secretario Ejecutivo deberán obligatoriamente prestar apoyo al Comisionado Ponente, y se le otorga una mayor participación a éste último en el estudio y preparación de los asuntos que le sean turnados. Se establecen facultades a los comisionados y se establecen requisitos para desempeñar el cargo de Secretario Ejecutivo.

Se autoriza al Pleno para que acuerde, por el voto afirmativo de cuatro comisionados, la remoción del Secretario Ejecutivo o de cualquier otro servidor público adscrito a las unidades administrativas de la Comisión. Y se establece que sea el Pleno el que establezca la integración de comités o grupos de trabajo para la atención de asuntos distintos a los señalados en el primer párrafo del artículo 24 bis o para la supervisión de una determinada actividad. Al efecto establecerá el comisionado que lo deberá presidir, así como los otros comisionados, servidores públicos o unidades administrativas de la Comisión que lo deban integrar.

De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración.

INTERVINIERON LOS SENADORES.
HUMBERTO ANDRADE QUEZADA, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, PRD.
CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, PRI, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN, QUE LA ASAMBLEA ACEPTÓ.
LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN ENTREGADAS POR EL SEN. ROGELIO RUEDA Y FUERON ACEPTADAS POR LA ASAMBLEA.
EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El dictamen resuelve reformar los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración, con el objeto de instituir el Servicio Profesional de Carrera Migratoria, al que define como el mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos con cargos de confianza del Instituto. Asimismo se establece que el personal del Servicio Profesional mencionado deberá cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización, incluyendo normatividad en materia migratoria y derechos humanos impartidos a través del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, así como contar con la certificación respectiva.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

Las comisiones dictaminadoras resuelven aprobar las modificaciones a los artículos 1, 2, 4, 6, 14, 15, 18 y 25 de la propuesta de Ley en estudio.

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto disponer la responsabilidad y las sanciones a las que se harán acreedoras las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, por las conductas irregulares previstas en la Ley en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal; así como las personas físicas y morales nacionales por su conducta irregular en transacciones comerciales internacionales.

De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Se integra como una función adicional de la seguridad pública, la prevención de los delitos; Se adiciona al Consejo Nacional, la atribución de proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación, con base en los criterios del Programa de Planeación Democrática;

Se eliminan de las atribuciones del Consejo, las de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y el llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados. Y en sustitución se faculta al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, ha verificar que los centros de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública; así como el evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza de instituciones de seguridad privada que auxilien a las del ámbito de Seguridad Pública en los términos de esta Ley y de otras disposiciones aplicables.

Se establece como requisito a cumplir por parte del Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales el de no haber sido sujeto de responsabilidad derivado de alguna recomendación emitida por organismos de derechos humanos, como consecuencia de su desempeño como servidor público.

Se faculta al presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para que invite a las reuniones de la misma a personas, instituciones y organizaciones civiles, representativas y plurales, especializadas en la materia. Y se incluye entre su funciones la de proponer a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, los mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos; el establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición de conformidad con los tratados respectivos; y el proponer a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las Instituciones Policiales, de conformidad con la normatividad aplicable.

Las reformas instituyen que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integre por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por el titular del órgano federal de Prevención y Reinserción Social adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública.

Establece como una función más de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la de promover, en las legislaciones aplicables, la dignificación del Sistema Penitenciario a través del trabajo comunitario para que los sentenciados cumplan su sanción en condiciones de vida digna, así como un mecanismo de reinserción social.

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La reforma dispone que las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, el registrar de inmediato la detención, como garantía del inculpado, en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público. En dicho registro deberá anotarse la resolución que se emita con relación a su situación jurídica. El registro deberá ser cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se resuelva la libertad del detenido o cuando en la investigación no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercitar la acción penal, cuando se haya determinado su inocencia o cuando se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 165 bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Las Comisiones presentan dictamen mediante el cual se reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de incluir a la Secretaría de Turismo como dependencia que en coordinación con otras competentes intervenga en la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la preservación y restauración del equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo establecido en esta Ley, en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal del Mar, la Ley General de Turismo, las convenciones internacionales de las que México forma parte y las demás disposiciones aplicables.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Establece que la pesca de fomento preponderantemente tendrá como fin la investigación científica, el desarrollo de nuevas tecnologías, y estará orientada a obtener y proporcionar las bases científicas y técnicas que promuevan el desarrollo sustentable de la actividad pesquera.

Señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá designar observadores del INAPESCA a bordo de las embarcaciones quienes verificarán que las actividades se ajusten a las condiciones y límites fijados por los permisos de fomento.

Los permisionarios de pesca de fomento deberán presentar a la Secretaría un informe preliminar y otro final de los resultados de las actividades llevadas a cabo al amparo de dicho permiso, el cual, de conformidad con el proyecto que se trate, indicará el contenido, los plazos y modalidades de entrega.

Las instituciones académicas, de investigación científica o tecnológica, que obtengan ingresos al amparo de un permiso de fomento deberán destinarlos en su totalidad al desarrollo de actividades propias de la institución.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 TER a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
SILVANO AUREOLES CONEJO, PRD.
LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN ENTREGADAS POR LA SEN. EVA CONTRERAS SANDOVAL, QUE FUERON ACEPTADAS POR LA ASAMBLEA.
EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone que las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, instalen en los inmuebles a su cargo, un sistema de captación de agua pluvial. Ésta se utilizará en los baños, las labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato.

La instalación del sistema de captación de agua pluvial en aquellos inmuebles a cargo de las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, declarados monumentos artísticos e históricos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se llevará a cabo bajo la rigurosa supervisión de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, según corresponda, con objeto de evitar afectaciones a dichos inmuebles.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

Propone que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca sólo podrá negar el registro de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, cuando: se contravenga disposiciones aplicables; se comprometa la biodiversidad o la capacidad productiva en el predio, donde se pretende establecer la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre; el responsable técnico o los poseedores del predio hayan sido sancionados por cualquier tipo de aprovechamiento ilícito de vida silvestre; se presenten conflictos de límites o sobreposición de predios; y el programa de manejo no sea congruente y consistente con el estudio de población presentado.

Atribuye a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca la elaboración de los términos de referencia y criterios que sirvan de base para la realización de los estudios de población. Dichos estudios serán un requisito para el registro de predios o instalaciones. Asimismo, será quien corrobore la información técnica contenida en el plan de manejo y el estudio de poblaciones de la Unidad de Manejo para la Conservación de fauna silvestre.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone incluir dentro del objeto del establecimiento de áreas naturales protegidas la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos y sus funciones.

Señala que en las áreas naturales protegidas queda prohibida la introducción de especies exóticas invasoras.

Pretende que para el caso de zonas núcleo que se ubiquen en zonas marinas deberá limitarse el tráfico de embarcaciones de conformidad con el programa de manejo respectivo.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone reformar el artículo 32 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objeto de que en el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio incluya obras o actividades sujetas a autorización de impacto ambiental las autoridades competentes de los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, deberán sujetar dichos planes o programas a la SEMARNAT, con el propósito de que ésta emita la autorización en materia de impacto ambiental; asimismo la reforma al artículo 104 del mismo ordenamiento, señala que la SEMARNAT debe promover ante SAGARPA y las demás dependencias o entidades competentes la realización de estudios de impacto ambiental.

Las reformas que se plantean a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se orientan a que los municipios desarrollen un inventario local en materia forestal y de suelos, esto para fortalecer los inventarios estatales y el nacional. También propone que las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales integren un programa de rescate y reubicación de las especies forestales afectadas considerando su adaptación al nuevo hábitat.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. 8o. y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

INTERVINO EL SEN. LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, PAN.
FUE APROBADO. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

26 DE ABRIL DE 2012:
LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA AL PLENO DE UNA FE DE ERRATAS PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4°, 8°, Y 29 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, QUE CONSISTE EN INCORPORAR EL ÚLTIMO ARTÍCULO TRANSITORIO AL PROYECTO, QUE FUE OMITIDO POR ERROR EN EL DICTAMEN. EL PLENO APROBÓ LA INCORPORACIÓN DE DICHO ARTÍCULO Y EL DECRETO SE REMITE AL EJECUTIVO.

Propone reformar los artículos 4, fracción XXI, 8, fracción XXIX, y 29, primer párrafo, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que el Instituto Nacional de Pesca, modifique su estatus jurídico y se transforme de ser un órgano desconcentrado a ser un órgano público descentralizado sectorizado con personalidad jurídica propia y patrimonio.

Con la modificación de su régimen jurídico el instituto obtendría, personalidad jurídica propia, lo que le permite ampliar sus facultades de investigación y operación y a su vez una simplificación administrativa aunado, a un presupuesto propio.

La reforma instituye al Instituto Nacional de Pesca, como un órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y establece que será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 15 y 76 y se adiciona un artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil.

FUE APROBADO. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

Propone facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para expedir y aplicar, en coordinación con las secretarías competentes, las medidas y normas de seguridad en la aviación civil y en materia ambiental. Asimismo, la Secretaría establecerá convenios o acuerdos de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para promover la eficiencia en las operaciones e infraestructura aeroportuaria, con el fin de reducir el ruido y las emisiones contaminantes en los servicios de transporte aéreo. Las comisiones dictaminadoras realizan modificaciones de redacción para una mejor técnica legislativa.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Establece que el Capitán de Puerto deberá ser mexicano por nacimiento, contar con título de estudios superiores náuticos debidamente registrado; comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas a las operaciones marítimo-portuarias y no haber sido sentenciado por autoridad judicial competente, ni estar suspendido, inhabilitado o destituido por resolución firme como servidor público.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

FUE APROBADO. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

La minuta, materia del dictamen, propone establecer que los conductores del transporte público federal, que circulan por las carreteras federales deberán portar certificado médico expedido por una institución pública de salud, el que tendrá una vigencia de dos años.

Sin embargo las comisiones dictaminadoras consideran oportuno realizar adecuaciones en su redacción, a efecto de que las mismas resulten acordes con las demás disposiciones que actualmente tienen vigencia y que están relacionadas con la medicina preventiva del transporte y con los acuerdos binacionales suscritos por México, por lo que proponen la siguiente redacción:

“Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán portar la constancia de aptitud psicofísica vigente de conformidad con la normatividad reglamentaria en la materia.”

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone que los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles, de acuerdo a las disposiciones aplicables en materia de protección al ambiente, promoverán el uso racional, el aprovechamiento, la reutilización y el tratamiento del agua, mediante la instalación de equipos, accesorios, sistemas y tecnologías que eficienticen su consumo, asimismo, en la medida de lo posible, promoverán el diseño arquitectónico bioclimático para el aprovechamiento de las condiciones naturales del terreno en donde se encuentren sus instalaciones a efecto de elevar la eficiencia de las mismas y promoverán la baja producción y el manejo adecuado de los residuos sólidos que se generen en sus instalaciones, así como el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica.

De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

El dictamen a la Minuta, resuelve aprobar la reforma del artículo 150, mediante el cual se establece como criterio en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la homologación de los requisitos entre disposiciones federales, estatales y del Distrito Federal, en materia de seguridad privada, para lo cual se establece que la regulación local a la cual están obligados los particulares autorizados para prestar servicios de seguridad privada, no deberá exceder los requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada. Adicionalmente agrega el concepto de monitoreo electrónico como parte de los servicios que pueden prestar las empresas de seguridad privada, en razón de que dicho servicio forma parte de los avances de la tecnología de rastreo y localización electrónica, y se hace necesaria y viable su adecuación.

Las comisiones Dictaminadoras reconocen y consideran que es procedente aprobar en sus términos la presente Minuta con Proyecto de Decreto, por lo que para los efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
NORMA ESPARZA HERRERA, PRI.
GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, PAN.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Se reforman el primer párrafo del artículo 4, las fracciones II, VI y VIII del artículo 5, la fracción XXVIII del artículo 9 y se adicionan: las fracciones IX, X, XII, XII y XIII del artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de que se tutele la protección de la dignidad humana, cumpliendo con ello con lo dispuesto en la Constitución y garantizando íntegramente el respeto de quienes se encuentren en territorio nacional. Asimismo, se establece que deberá de procurarse el goce o ejercicio en igualdad de oportunidades dentro de cualquier ámbito de la vida o bajo cualquier situación.

El dictamen cambia el término “limitar” por el de “menoscabar” para hacer plenamente homogénea la reforma al contenido de la Constitución Política, que señala en su artículo 1°, quinto párrafo, “…menoscabar los derechos y libertades de las personas”. al artículo 5 se adiciona el concepto “calificaciones requeridas” como una distinción que no es considerable como discriminación, en virtud de que éstas pueden ser necesarias para el posible desempeño de un trabajo, para acceso a una beca o de cualquier otro tipo encaminado a cumplir con un requisito; en el mismos artículo se amplía el término “enfermedad mental” a fin de hacer extensiva la acción afirmativa a todas las personas que por padecer alguna enfermedad vean limitada o menoscabada su igualdad real de oportunidades. Y se adiciona que trato diferenciado a favor de mujeres embarazadas o en estado de lactancia, no sea discriminatorio al tratarse, en virtud del complejo proceso que encierra la gestación sobre la mujer, el cual guarda íntima relación con el de la lactancia, entre otras por el debido fortalecimiento del vínculo materno-infantil necesario para el buen desarrollo del recién nacido.

En el mismo artículo se reconoce la posibilidad de brindar un trato diferenciado a niñas, niños y adolescentes, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad y a los miembros de las comunidades y pueblos indígenas. Finalmente, en la reforma al artículo 9, se señala como conducta discriminatoria toda aquella que realice o promueva el maltrato físico o psicológico por el origen étnico o nacional, caracteres genéticos, por vivir con alguna discapacidad y por padecer alguna enfermedad o por su condición social.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El dictamen de las comisiones previo estudio individualizado de las iniciativas, resuelven presentar reformas al inciso a de la fracción IX del artículo 5 y la fracción II del artículo 18, y se adicionan: la fracción I del artículo 3, las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 3, una fracción VI al artículo 4, un inciso d y un último párrafo a la fracción del III del artículo 5, un inciso f a la fracción VII del artículo 5, una fracción XXI al artículo 10 y los incisos k y l al artículo 30, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Las anteriores reformas establecen en la definición de personas adultas mayores a aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional; quienes por su situación particular pueden ser considerados: Independiente: aquella persona apta para desarrollar actividades físicas y mentales sin ayuda permanente parcial; b) Semidependiente: aquella a la que sus condiciones físicas y mentales aún le permiten valerse por sí misma, aunque con ayuda permanente parcial; c) Dependiente absoluto: aquella con una enfermedad crónica o degenerativa por la que requiera ayuda permanente total o canalización a alguna institución de asistencia; d) En situación de riesgo o desamparo: aquellas que por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieren de asistencia y protección del Gobierno del Distrito Federal y de la Sociedad Organizada.

Se entienden para efectos de esta ley: Albergue para adultos mayores, el establecimiento donde se proporcionan temporalmente servicios de alojamiento a adultos mayores, en tanto son reubicados a otras instituciones o a su familia; Casa hogar para adultos mayores el establecimiento de asistencia social donde se proporciona a adultos mayores atención integral mediante servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, recreativas, ocupacionales y psicológicas, y Centro o residencia de día al establecimiento público, social o privado que proporciona alternativas a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, donde se promueve tanto la dignificación de esta etapa de la vida, como la promoción y autocuidado de la salud.

Se establece como principio rectores en la observación y aplicación de esta Ley, el respeto a la dignidad, individualidad, intimidad y a la capacidad de decisión para que no sean objeto de injerencias arbitrarias o de aquellas que lesionen su integridad.

Las reformas instituyen que la entrega de los subsidios de los programas sociales destinados a las personas adultas mayores, se hará mediante el uso de los mecanismos y las tecnologías, incluidos los bancarios y electrónicos, que faciliten de mejor manera la obtención de estos beneficios, sin que para ello exista contraprestación con cargo al beneficiario, ni condicionamiento para el acceso a los medios o al subsidio.

Se establece como derecho a favor de los adultos mayores, el tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público; para lo cual la totalidad de estos establecimientos deberán contar en sus normas de operación o funcionamiento con los lineamientos que garanticen la disponibilidad de asientos, cajas, ventanillas y cualquier otro medio o lugar accesible y especialmente destinado para las personas adultas mayores. El incumplimiento a esta disposición será sancionado por la legislación aplicable. Por otra parte se establece como objetivo de la Política Nacional sobre personas adultas mayores el impulsar la creación y adecuado funcionamiento de instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores.

Finalmente, la reforma integra al Consejo Directivo del Instituto a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional de Vivienda.