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Miércoles 28 de marzo de 2012
Gaceta: LXI/3SPO-369

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

La Ley que se pretende expedir es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, en materia de trata de personas, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto, establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales; establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; la distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley; establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad, la seguridad, el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

Señala que el Distrito Federal y los Estados tendrán competencia para investigar, procesar, sancionar y ejecutar las penas de los delitos en materia de trata de personas, salvo cuando la Federación sea competente.

Para efectos de esta Ley, se considera víctima al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro, por acción u omisión, por los delitos previstos en esta Ley, o a la persona en quien recae la conducta típica, o a cualquier persona que sufra o se encuentre en riesgo de sufrir daños, sean lesiones físicas, psicológicas o sufrimiento emocional, pérdida económica, afectaciones jurídicas, o menoscabo de sus derechos como consecuencia de acciones u omisiones de sus victimarios, u omisiones del Estado en llevar a cabo medidas previstas en las disposiciones aplicables.

Tendrán la calidad de ofendido, los familiares de la víctima hasta en cuarto grado, dependientes económicos, así como a cualquier otra persona que tenga una relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo de surgir algún daño o perjuicio por motivos o a consecuencia de la comisión del delito.

Tendrá la calidad de testigo toda persona que de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información para su esclarecimiento, independientemente de su situación legal.

Las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en los ámbitos federal, de los estados, municipales, del Distrito Federal y de sus Demarcaciones Territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, adoptarán medidas tendientes a proteger a víctimas, ofendidos y testigos.

Los ejecutivos Federal, de los estados y del Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley.

La Procuraduría elaborará un programa para ofrecer cambio de identidad y reubicación a víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto de la presente Ley, cuya integridad pueda estar amenazada. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada será responsable de supervisar y coordinar la puesta en marcha de este Programa, y su titular responsable de decidir sobre la admisión, duración de la protección, medidas a aplicarse, políticas de confidencialidad, operación y procedimientos. La Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Delito será competente para diseñar y aplicar este programa, y única responsable de la seguridad física, traslado y cambio de identidad de las personas admitidas.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias y de las facultades y obligaciones establecidas en esta Ley, establecerán y ejecutarán políticas, programas, acciones y otras medidas, con la finalidad de contribuir a erradicar los delitos objeto de la presente Ley.

Las reformas a las diversas leyes federales, es con el fin de homologar sus contenidos respecto de la Ley a expedir.

Iniciativas

De la Sen. Norma Esparza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)



INICIATIVAS CONCLUYE SU TRÁMITE EN LA LEGISLATURA LXIII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone que los actos constitutivos de violaciones a los derechos humanos en contra de civiles, sean del conocimiento de la autoridad jurisdiccional ordinaria, de conformidad con lo prescrito por los artículos 1, 13 y 133 de la Constitución, y los estándares internacionales, toda vez que la importancia del sujeto pasivo de la eventual comisión del delito, trasciende la esfera del ámbito militar.

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone establecer en el artículo 21 constitucional que el Estado Mexicano reconoce plenamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos dispuestos en el Estatuto de Roma de 1999.

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone eliminar de los supuestos del delito de defraudación fiscal aquel que prevé la omisión de presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, pues afirma el autor, la intención del legislador al reformar el pasado año 2011 el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, obedeció a la necesidad de precisar aquellos casos en los que eventualmente se pueden considerar susceptibles de encuadrarse en el tipo penal de la defraudación fiscal. Sin embargo, analizado esto último en retrospectiva, podemos afirmar que en los hechos la autoridad recaudadora federal se está extra limitando en sus funciones.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
MELQUÍADES MORALES FLORES, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
DANTE DELGADO, MC.
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD.
MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS, PRI.
ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO, PAN.
RENÉ ARCE, PVEM.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LOS CONGRESOS ESTATALES.

La Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Carta Magna, propone adicionar el término "laico" a la forma de Estado y gobierno establecida. Incorpora el principio de laicidad del Estado en el artículo constitucional en comento, lo que implicará el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de conciencia, el de adherirse a cualquier religión o a cualquier corriente filosófica y su práctica individual o colectiva.

La minuta, reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
MELQUÍADES MORALES FLORES, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
DANTE DELGADO, MC.
FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ, PRI.
LEONEL GODOY RANGEL, PRD.
BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO, PAN.
RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, PRD.
SANTIAGO CREEL MIRANDA, PAN.
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD.
JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, PRD.
RICARDO MONREAL ÁVILA, PT.
MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS, PRI.
RENÉ ARCE, PVEM.
EUGENIO GOVEA ARCOS, MC.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LOS CONGRESOS ESTATALES.

El dictamen a la minuta propone reformar el primer párrafo del artículo 24 constitucional para establecer que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho a participar en ceremonias, devociones o actos de culto, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, siempre que no constituyan un delito o una falta. También establece que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.

Las comisiones dictaminadoras, señalan que se incluyen los conceptos de libertad de convicciones éticas, y de libertad de conciencia, con lo que se amplía considerablemente el ámbito de libertades existente. De esta manera se fortalece la trayectoria progresiva en materia de laicidad iniciada con la Constitución mexicana de 1857, y se adoptan los estándares constitucionales contemporáneos. Asimismo, con esta reforma se hace explícito el derecho a participar en actos de culto, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, que ya figura de manera implícita en el texto vigente.

Las comisiones dictaminadoras insisten en precisar, que el propósito de la reforma del artículo 24 constitucional de ninguna manera sugiere ni requiere abrir el camino para futuras reformas a los preceptos que son la base del Estado laico mexicano. En consecuencia manifiestan de modo contundente y firme que con esta reforma de ninguna manera se tiene la intención de reformar los artículos 1°, 3°, 5°, 27 y 130 de la Constitución, y que, por el contrario, se reafirma que se deben mantener incólumes por considerarlos principios fundamentales del Estado mexicano.

En consecuencia, la reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda como sigue:

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.