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Jueves 15 de diciembre de 2011
Gaceta: LXI/3PPO-330

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Comunicación

Una, del Sen. Ricardo Monreal Ávila, por la que retira la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada el 17 de noviembre de 2011.

LA PRESIDENCIA INFORMÓ LA CONCLUSIÓN DEL ASUNTO Y SE COMUNICÓ A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone que en los casos de productos pesqueros primarios en donde no haya Norma Oficial Mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los productos o servicios por importarse indiquen las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante o productor.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone incluir en la orden de visita de inspección y vigilancia: el lugar y fecha de expedición; número de expediente que le corresponda; nombre, denominación o razón social del visitado; domicilio del establecimiento o lugar en el que se desahogará la visita de inspección; objeto y alcance de la visita; fundamentación y motivación jurídicas de la orden emitida; nombre del verificador y número de su identificación; cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad que expida la orden de visita; y la autoridad a la que se puede dirigir el visitado para formular quejas sobre la visita de verificación.

Establece que concluido el levantamiento del acta, el inspector proporcionará al visitado, la información respecto a la autoridad que emitió el acta de visita y hará de su conocimiento el plazo con el que cuenta para manifestar lo que a su derecho convenga ante dicha autoridad. Los hechos, omisiones o irregularidades administrativas detectadas en las visitas de inspección que estén debidamente asentados en el acta respectiva se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. Cuando el visitado hubiese presentado en tiempo y forma el escrito de oposición correspondiente, la autoridad tomará en consideración su contenido y los elementos de convicción aportados por el visitado al momento de emitir la resolución correspondiente.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establezca un programa que otorgue seguridad y apoye la subsistencia a la familia de los pescadores inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura que pierdan la vida en la práctica de la actividad pesquera en el país.

El apoyo se integrará: una indemnización para gastos funerarios; un apoyo económico en dinero que será entregado cada mes durante seis meses, equivalente, cada ministración mensual, a por lo menos 60 veces el salario mínimo vigente para la zona geográfica ‘A’, determinada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; y un apoyo en especie que será entregado cada mes durante seis meses, consistente en una despensa básica.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de establecimientos tipo inspección federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Las reformas tienen por objeto establecer las bases legales para el desarrollo reglamentario y normativo técnico de las condiciones, requisitos y medidas necesarias para la implementación de un sistema de establecimientos TIF de recursos pesqueros y acuícolas que comprenda instalaciones de embarcaciones de captura; barcos-fábrica; zonas de producción de maricultura; granjas acuícolas y demás infraestructuras en donde se capturen, extraigan, recolecten, siembren, produzcan, críen, engorden, acondicionen, procesen, corten, apliquen apertización, envasen, empaquen, refrigeren, congelen o industrialicen recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano, con fines de transporte y venta en el país o para exportación, que responda a esquemas de sanidad, calidad e inocuidad de sus productos.

Los establecimientos TIF que se pretenden crear a través de este proyecto legislativo, estarán dedicados al procesamiento primario –consistente en actividades de corte, cocido, envasado, empacado, refrigerado, congelado o industrializado- de recursos de origen pesquero y acuícola para consumo humano, y la certificación de dichos establecimientos es a petición de parte, es decir, voluntaria y por solicitud expresa de persona interesada en ser establecimiento TIF. Las obligaciones a las que se sujetarán éstos causarán sus efectos una vez que los interesados obtengan la certificación TIF.

Finalmente, establece las bases legales de aplicación a los establecimientos TIF, mismas que están diseñadas para que en su desarrollo se regulen a través de normas oficiales mexicanas focalizadas a cada producto y a cada proceso mediante las especificaciones de prácticas que preserven la sanidad, inocuidad, calidad y seguridad a este tipo de establecimientos; brindando con ello la seguridad jurídica a quienes obtengan la certificación TIF, que tendrá validez y surtirá sus efectos en todo el país y no serán objeto de inspección y resello por autoridad diversa en esta materia.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de status jurídico del INAPESCA.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

La Minuta reforma los artículos 4., fracción XXI; 8., fracción XXIX, y 29, primer párrafo, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que el Instituto Nacional de Pesca, modifique su estatus jurídico y se transforme de ser un órgano desconcentrado a pasar a ser un órgano público descentralizado sectorizado con personalidad jurídica propia y patrimonio.

Con la modificación de su régimen jurídico el instituto obtendría, personalidad jurídica propia, lo que le permite ampliar sus facultades de investigación y operación y a su vez una simplificación administrativa aunado, a un presupuesto propio.

La reforma instituye al Instituto Nacional de Pesca, como un órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y establece que será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

La Minuta modifica y adiciona el marco jurídico normativo a fin de instrumentar normas y medidas encaminadas a prevenir adecuadamente los delitos cometidos contra las mujeres y dotarlas así de los medios necesarios para hacer valer sus derechos para prevenir, atender, sancionar y erradicar los delitos cometidos en contra de ellas, así como garantizar el acceso a la justicia para las mujeres de manera eficaz, igualitaria y desde una perspectiva de género.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone que la autoridad jurisdiccional decrete el arraigo, como condición temporal de permanecer en un lugar a una persona señalada como imputada a solicitud del Ministerio Público de la Federación, cuando la persona sobre quien se solicite el arraigo no sea detenida en flagrancia.

Señala los requisitos a reunir para la solicitud de arraigo que haga el Ministerio Público, igualmente para la resolución a la solicitud de arraigo, la cual deberá ser fundada y motivada. La solicitud de arraigo podrá ser presentada por cualquier medio escrito o electrónico donde conste hora y fecha de solicitud.

Indica los casos en que los jueces federales penales especializados en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones serán competentes para conocer y resolver peticiones que solicite el Ministerio Público de la Federación en la etapa de averiguación previa.

Señala que las notificaciones que se hagan para cualquier diligencia o resolución deberá hacerse por el medio que resulte más rápido y que deje constancia fehaciente de la notificación; cuando la materia de que se trate la solicitud de amparo sea contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal, deportación destierro o incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, igualmente el cumplimiento de la ejecutoria será ordenado por vía electrónica, siempre que quede constancia fehaciente de ello.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en materia de derechos humanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

La minuta reforma los artículos 2; 5; 6, párrafos primero, segundo y sexto; 7, primer párrafo y 13, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a efecto de adecuar las disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, incorporando en su regulación la materia de Derechos Humanos para que de esa manera se encuentre en armonía con el texto constitucional.

El objetivo de las reformas propuestas es homologar la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación social de Sentenciados con las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo de esta manera expresamente el respeto a los derechos humanos con el cual se deberán conducir los elementos y autoridades pertenecientes al sistema de reinserción social. Las reformas ajustan el texto de la ley secundaria a lo dispuesto por la norma fundamental y establecer formalmente la obligación de que tanto la organización del sistema de reinserción social, el personal penitenciario, el tratamiento suministrado, las instituciones especializadas de reinserción, las restricciones de comunicaciones y el procedimiento para la imposición de sanciones a los internos serán realizadas y sustentadas en el respeto a los Derechos Humanos de los internos.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación, en materia de evaluación del desempeño docente.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Faculta a la autoridad educativa federal para establecer los criterios pedagógicos, lineamientos y mecanismos para la evaluación del desempeño profesional de docentes y de funcionarios del Sistema Educativo Nacional. Asimismo, señala que la autoridad educativa local participará con la federal para la evaluación del desempeño profesional de docentes.

Minutas

Oficio con el que remite:
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 109 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Establece que la información sobre Seguridad Pública será utilizada por las instituciones de Seguridad Pública y procuración de justicia para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar el orden y la paz públicos mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social.

Del Sen. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y adiciona un capítulo y diversos artículos a la Ley de Propiedad Industrial.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

La presente iniciativa intenta inhibir las conductas de puesta a disposición de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, mismas que por su cantidad y volumen, aún sin contar con un ánimo de lucro directo o indirecto, o una ganancia a escala comercial, afectan la normal explotación de la obra en el entorno digital. La iniciativa tiene el objetivo de disuadir estas conductas, respetando plenamente los derechos fundamentales, los derechos de privacidad de los usuarios en el entorno digital, la libertad de expresión y protegiendo los derechos de los titulares, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, videogramas y organismos de radiodifusión.

La iniciativa propone, en primer lugar, reformar los artículos 27, fracciones I y IV; 131, fracción I; añadir un artículo 151 bis; modificar el artículo 231, fracciones III y X; y la adición de los artículos 232 bis y bis 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se plantea, sobre los titulares de los derechos patrimoniales, que estos tengan la posibilidad de autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuadas en medios digitales. En el mismo artículo en su fracción IV, se pretende enfatizar que los titulares de los derechos patrimoniales tengan la posibilidad de autorizar o prohibir la distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad sin importar los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación y se ha incluido la puesta a disposición del público; tanto para evitar erróneas interpretaciones jurisdiccionales que violenten el pleno ejercicio del derecho patrimonial, para ir acorde a los compromisos establecidos por nuestro país al establecer en nuestra legislación ciertos conceptos establecidos por los Tratados Internacionales Administrados por la OMPI como lo son el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas. La creación de los artículos 232 bis y 232 bis 1 tienen la finalidad, el primero, de conceptualizar que se entiende por infracción en contra de la explotación normal de la obra mediante la puesta a disposición, y el segundo, establecer la sanción administrativa aplicable por esta conducta.

En segundo lugar, se propone la adición de los artículos 202 bis, 202 bis 1, 202 bis 2, 202 bis 3, 202 bis 4, 202 bis 5 y 202 bis 6 de la Ley de Propiedad Industrial, para crear un procedimiento de notificaciones en internet respecto de las infracciones en contra de la explotación normal de la obra. Así, se faculta al IMPI para notificar a los usuarios de internet que cometan una infracción en contra de la explotación normal de la obra de conformidad con lo previsto en esta Ley. Del mismo modo, se faculta al Instituto para poder iniciar el procedimiento de oficio o a petición de parte, y se abre la posibilidad de que cualquier persona pueda manifestar, de forma escrita ante el Instituto, la existencia de causales para iniciar el procedimiento de notificaciones de oficio; de considerarlo procedente, el Instituto podrá utilizar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento.

Del Sen. Gerardo Montenegro Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

INICIATIVA QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN).

Propone reformar las fracciones V y VI y se adicionan las diversas VII, VIII, IX y X del artículo 19 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para otorgarle nuevas facultades al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para con ello revalorizar al Consejo Consultivo de éste órgano autónomo, a través del otorgamiento de novedosas e importantes facultades en beneficio de los propios derechos humanos en el país.

Con las reformas propuestas el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional, se le otorgan mayores facultades al Consejo Consultivo del ombudsman nacional, entre ellas las de solicitarle al Presidente de la Comisión Nacional información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional; Conocer el informe del Presidente de la Comisión Nacional respecto al ejercicio presupuestal; Sugerir al Presidente, la implementación y seguimiento de planes y programas para la promoción y difusión de los Derechos Humanos, pudiendo analizar, revisar y evaluar el alcance de sus acciones; Opinar y consultar sobre la operación y funcionamiento de la Comisión, así como también sobre las quejas que reciba y las recomendaciones que emita; Opinar y consultar sobre la elaboración y ejecución de los programas preventivos en materia de derechos humanos a que se refiere el artículo 6º fracción XI de esta Ley, y solicitar información a los servidores públicos de la Comisión.

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

La iniciativa propone, clarificar lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General de Educación, para que en ningún caso las donaciones que realicen quienes ejerzan la patria potestad o tutela, o personas físicas o morales sean tomadas como contraprestaciones del servicio educativo, tanto en el ámbito público como en el privado. Afirma el autor que la iniciativa no pretende eliminar la posibilidad de cualquier mexicano de realizar las donaciones que así le parezcan en beneficio del sistema educativo nacional. Además se propone al mismo tiempo que el Estado procure el otorgamiento de recursos, no sólo a las instituciones públicas, sino a las instituciones de educación privada, a fin de compensar y equilibrar los ingresos necesarios para llevar a cabo su función educativa.

La reforma al artículo 6, de la Ley General de Educación establece que en ningún caso las donaciones que realicen quienes ejercen la patria potestad o tutela, o personas físicas o morales se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo, tanto en el ámbito público como en el privado. Debiendo el Estado procurar el otorgamiento de recursos a las instituciones de educación pública y privada, a fin de compensar y equilibrar los ingresos necesarios para llevar a cabo su función educativa.

Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos tercero y cuarto, recorriéndose los subsecuentes, de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone la reforma al párrafo segundo y se adicionan los párrafos tercero y cuarto, recorriéndose los subsecuentes, de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que cada Estado pueda determinar la manera en que se elegirán los integrantes de sus ayuntamientos, el término de su gestión y la posibilidad de la reelección inmediata de los mismos y sus integrantes.

La reforma establece en el artículo 115 constitucional que las Constituciones de los Estados definirán las bases para la elección de los ayuntamientos. Asimismo señala que bajo ninguna circunstancia, podrán los integrantes de los ayuntamientos ser electos para ocupar el mismo cargo, por un periodo mayor a doce años consecutivos.

Finalmente, faculta a las legislaturas de los Estados para establecer los procedimientos que garanticen a los ciudadanos la posibilidad de revocar el mandato de los integrantes de los ayuntamientos.

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Comercio y Fomento Industrial, en relación con el Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, Perú, el seis de abril del año dos mil once.

SE DISPENSÓ SU SEGUNDA LECTURA Y FUE PUESTO A DISCUSIÓN.
INTERVINIERON LOS SENADORES:
JUAN BUENO TORIO, PARA PRESENTAR VOTO PARTICULAR.
ARTURO ESCOBAR Y VEGA, PVEM
ANTONIO MEJÍA HARO, PRD
RICARDO GARCÍA CERVANTES, PAN
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD.
HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, PRI
GRACO RAMÍREZ GARRIDO ABREU, PRD.
EL DICTAMEN RESULTÓ RECHAZADO.

Dictámenes a Discusión y Votación

VOTO PARTICULAR
En relación al decreto que contiene el Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, Perú, el seis de abril del año dos mil once.

SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL VOTO PARTICULAR, RESULTANDO APROBADO.

SE DECLARÓ APROBADO EL DECRETO QUE CONTIENE EL ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ, EL SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

El dictamen reforma el Artículo 3 del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre el Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E.U.A., publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1945, para que el Banco de México efectúe la aportación de los Estados Unidos Mexicanos al Fondo Monetario Internacional, hasta por la cantidad equivalente a ocho mil novecientos doce millones, setecientos mil derechos especiales de giro.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto del Banco de México, para que, en representación de los Estados Unidos Mexicanos, actualice las aportaciones al Fondo Monetario Internacional por una cantidad de cinco mil doscientos ochenta y siete millones de derechos especiales de giro, conforme a los términos establecidos en la Resolución No. 66-2 del 15 de diciembre de 2010, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional. Y se le autoriza al mismo Ejecutivo Federal para que en representación del Gobierno de México, acepte la enmienda al Convenio Constitutivo sobre el Fondo Monetario Internacional aprobada por su Junta de Gobernadores conforme a la Resolución 66-2 del 15 de diciembre de 2010.

De las Comisiones Unidas de Educación, de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Código Federal de Procedimientos Penales.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las reformas incorporan a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos diferentes conceptos y criterios ausentes en la legislación vigente y responden a las nuevas circunstancias bajo las que se desarrollan las labores de protección y conservación del patrimonio cultural, además de que se considera que la incorporación de los delitos señalados en el catálogo de delitos graves constituye un avance significativo para evitar la depredación de los bienes culturales.

Con las reformas se regula los procedimientos de declaratorias y su expedición; las disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos también serán aplicables a los buques, naves o cualquier otro medio de transporte acuático o parte de éstos localizados en las zonas marinas de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus cargamentos y demás contenidos, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, al menos durante cien años.

Por otra parte se atribuye la facultad al Instituto Nacional de Antropología e Historia para emitir los planes de manejo de las zonas de monumentos arqueológicos abiertas a la visita pública y bajo su custodia, los que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación; éstos contemplarán cuando menos los rubros de Conservación General de Bienes, Investigación; Protección Técnica y Legal; de Difusión y de Vinculación Social, así como la Zonificación de su polígono y el conjunto de disposiciones y lineamientos para su uso y visita pública.

Finalmente se determinan sanciones y montos por el daño que se pueda generar a bienes e inmuebles históricos; y se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en a Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el previsto en el artículo 53.

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se adiciona el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

El dictamen reforma el párrafo primero del artículo 4º, el párrafo primero del artículo 5º; adiciona la fracción XV del artículo 6º, y deroga la fracción III del artículo 7º, adiciona las fracciones X y XI recorriéndose la siguiente fracción del artículo 15 y se adiciona un tercer párrafo con cuatro incisos al artículo 46 y un artículo 73 bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Con las reformas se actualiza la ley a los cambios constitucionales aprobados por el Poder Legislativo que fortalecen a la CNDH, así entre otros, se integran a las disposiciones de la Ley la observancia de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, invocados para la defensa y promoción de los derechos humanos; se actualiza la disposición legal que refieren la integración de la CNDH; así como lo relativo a la facultad que adquiere derivado de la reforma constitucional para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

Por otra parte, el dictamen adiciona las fracciones XIX-B, XIX-C y XIX-D al artículo 8o de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, a efecto de establecer que todo servidor público tendrá como obligaciones, las de responder las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el Apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, en términos del Apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y abstenerse de incurrir en la reiteración de las conductas que hayan sido materia de una recomendación previa emitida por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, que no haya sido aceptada o cumplida.

De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección Civil.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece. Los tres niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de Gestión Integral del Riesgo.

Señala que las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil.

Le corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil: asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgos; promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes; contemplar, el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, establecidos conforme a la normatividad administrativa en la materia, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural; considerar las adecuaciones presupuestarias que se requieran en cada periodo para propiciar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional y el Programa Nacional en materia de protección civil, así como de los instrumentos financieros previstos en la fracción anterior; entre otras.



Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, las delegaciones, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

El objetivo general del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la Gestión Integral de Riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.

El Consejo Nacional es un órgano gubernamental consultivo en materia de protección civil. Sus atribuciones son las siguientes: proponer la aprobación del Programa Nacional de Protección Civil y vigilar el cumplimiento de sus objetivos y metas; proponer el establecimiento de los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la protección civil; proponer la emisión de acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema Nacional; fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del Gobierno Federal y de las entidades federativas para convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de los diversos participantes e interesados en la materia, a fin de garantizar la consecución del objetivo del Sistema Nacional; entre otras.

Dicho Consejo estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Estado, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes podrán ser suplidos por servidores públicos que ostenten cargos con nivel inmediato inferior, y la Mesa Directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y la de Diputados.

La Coordinación Nacional en coordinación con las Unidades de Protección Civil de las entidades federativas formará y administrará el Fondo de Protección Civil, cuya finalidad será el promover la inversión en capacitación, equipamiento y sistematización de las Unidades de Protección Civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, el que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INTERVINO LA SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone derogar las fracciones X y XI del artículo 76 constitucional, que contemplan las facultades del Senado de la República de autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas y de resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.

Asimismo, se reforma la fracción I del artículo 105 constitucional, para que en concordancia con la modificación al artículo 46 constitucional, se elimine excepción de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca en controversia constitucional del conflicto de límites territoriales entre los Estados miembros de la Federación.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INTERVINO EL SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone incluir a la competitividad entre los principios constitucionales que rigen el desarrollo económico de la Nación y que se encuentran establecidos en el artículo 25 constitucional, definiéndola precisamente como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Señala que se implementará una política nacional para el desarrollo industrial, que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Por otra parte, se pretende incluir a la competitividad en el esquema de planeación del desarrollo previsto en el artículo 26 de la Constitución Política.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 152 de la Ley Aduanera.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

La minuta propone la reforma del actual segundo párrafo, para quedar como cuarto párrafo y el actual cuarto párrafo, para quedar como séptimo; y adiciona los párrafos segundo, tercero y quinto, pasando los actuales tercero, quinto, sexto y sétimo párrafos a ser sexto, octavo, noveno y décimo al artículo 152 de la Ley Aduanera, teniendo por objeto subsanar las omisiones contenidas en la Ley Aduanera, relativas a que no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan tanto el dictamen relativo al resultado de la diligencia denominada “toma de muestras”, que tiene como finalidad determinar si la mercancía declarada se encuentra en la correcta clasificación arancelaria, como el “acta de irregularidades” en la que se deberá hacer constar cada una de las irregularidades detectadas por la autoridad. Se propone un plazo de seis meses para la realización de dichas actuaciones.

Las Comisiones que dictaminan coinciden con lo vertido por la Colegisladora, toda vez que resulta trascendente que la regulación en materia aduanera propicie agilidad, sencillez y precisión, así como brinde seguridad jurídica a todos los sujetos que intervienen en el despacho aduanero, por lo que comparten en que se legisle en el sentido de establecer de manera expresa y clara, los lineamientos a seguir en cada uno de los procedimientos previstos por la Ley Aduanera.

Se señala que tratándose de mercancías de difícil identificación, que requiera la toma de muestras a fin de identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas, se realizará dicha toma de acuerdo con el procedimiento que al efecto prevé el reglamento, para su análisis y dictamen conducentes. Y Una vez obtenido el dictamen correspondiente, resultado del análisis practicado a las muestras de mercancías de difícil identificación, se notificarán al interesado mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones advertidos, dentro del plazo de seis meses contados a partir del acta de toma de muestras correspondiente, y se continuará el procedimiento conforme a los establecido en el presente artículo.



Se establece que cuando no se requiera la toma de muestras para su identificación, la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstancias, los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones. Y dentro del escrito o acta circunstanciada levantada en los términos de los párrafos tercero y cuarto de este artículo, deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga.

Finalmente establece que las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente. Y en caso de no emitirla, deberá poner de inmediato a disposición del interesado la mercancía de su propiedad.

De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 81 Bis de la Ley Orgánica de la Armada de México y se reforma el primer párrafo del artículo 175 BIS de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El dictamen reforma al artículo 81 Bis de la Ley Orgánica de la Armada de México y adiciona un segundo párrafo a dicho numeral para establecer que la licencia por edad límite es la que se concede a los miembros de la Armada de México con veinte, o más años de servicios efectivos que estén próximos a ser colocados en situación de retiro por edad límite, dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y establece que esta licencia será concedida por una sola ocasión, con goce de las percepciones que esté recibiendo el militar sin interrumpir su tiempo de servicios, en los términos y condiciones que establezca el Reglamento correspondiente.

En el mismo sentido se reforma el primer párrafo del artículo 175 BIS de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para establecer que la licencia por edad límite es la que se concede a los militares con veinte, o más años de servicios efectivos que estén próximos a ser colocados en situación de retiro, por edad límite dispuesta en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.