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Gaceta del Senado


Jueves 17 de noviembre de 2011
Gaceta: LXI/3PPO-311

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Iniciativas

Del Sen. Ernesto Saro Boardman, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone reformar la fracción III del artículo 245 de la Ley General de Salud, para eliminar la Risperidona de las sustancias consideradas en la fracción III del artículo 245 (las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública) de la Ley General de Salud, reforma que no afectaría su venta y suministro al público, el cual sería regulado por el artículo 226 del mismo ordenamiento.

Afirma el autor que la eliminación de la Risperidona del artículo 245 de la Ley General de Salud permitirá una considerable facilitación y simplificación de los procesos de importación del medicamento a México que retrasan significativamente la entrada de productos con este principio activo al país, además de que potencialmente ello podría repercutir en un mejor precio de los mismos, ya que por una parte se reducirían costos de importación y se dispondría de mejor abasto ampliando también su fecha caducidad. Adicionalmente, esto permitiría que el país equiparara dichos procesos con los de sus principales socios comerciales y, garantizaría el abasto del medicamento para millones de pacientes mexicanos, en beneficio directo de ellos, sus familiares y la sociedad en general.

Es importante mencionar que la Risperidona es una sustancia con beneficios importantes en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia, entre otras enfermedades mentales, y en el tratamiento de los síntomas en niños con autismo. Es un medicamento antipsicótico de “segunda generación” que actúa sobre los sistemas cerebrales de neurotransmisión de dopamina y serotonina, y no de “primera generación” que únicamente tienen efecto en dopamina. Otro beneficio de gran importancia para los pacientes, derivado de la Risperidona, es el escaso número de efectos secundarios que genera.

Del Sen. Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 224 del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone la reforma del párrafo primero del artículo 224 del Código Penal Federal, de forma que con una nueva redacción se respete la garantía de presunción de inocencia, eliminando la actual tipificación de la conducta. Así la nueva redacción establece que: Comete el delito de enriquecimiento ilícito, el servidor público a quien se le acredite que durante el tiempo de su encargo y por motivo de su empleo, cargo o comisión, obtenga un beneficio económico distinto de su remuneración, produciendo incremento substancial de su patrimonio.

La redacción que se propone en la iniciativa sustituye la vigente: Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El autor señala que el objetivo de la iniciativa es realizar reformas integrales y coherentes con la Carta Magna, a partir de que el artículo 20 establece ya de manera explícita el principio general universal de derecho penal, consistente en la presunción de inocencia, que modifica la lógica de la acusación, en virtud de que el acusado ya no estará obligado a demostrar su inocencia y tocará al Ministerio Público y al juez el esclarecimiento de los hechos, de igual manera considerando que nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales donde se da valor preponderante a la presunción de inocencia así como lo referente a la carga de la prueba.

Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 6; el artículo 9; la fracción VI del artículo 11 y se adiciona el artículo 9 bis, todos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone reformar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con objeto de que diversas instituciones entre ellas la Secretaría de Educación Pública; el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, y los Gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, establezcan políticas, acciones o estrategias que ayuden a que los estudiantes comprendan lo que leen.

La iniciativa establece que corresponderá a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de manera concurrente y considerando la opinión y propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, el elaborar el Programa de Fomento para el Libro, así como políticas, acciones y estrategias que contribuyan a la comprensión y difusión de la lectura, tanto en la lengua oficial mexicana como en las lenguas indígenas nacionales.

Propone que sea obligación de las autoridades responsables de la aplicación de la Ley, de manera concurrente o separada, el promover también políticas, acciones y estrategias que contribuyan a la comprensión de la lectura, tanto en la lengua oficial mexicana como en las lenguas indígenas nacionales. Lo anterior en complemento a su tarea de promover programas de capacitación y desarrollo profesional dirigidos a los encargados de instrumentar las acciones de fomento a la lectura y a la cultura escrita.

La iniciativa de reforma señala, que será obligación y responsabilidad de los padres de familia o tutores fomentar el hábito de la lectura en sus hijos, debiendo leer con ellos un mínimo de 15 minutos diarios. Y en su última parte establece que corresponderá al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, generar programas de desarrollo profesional de fomento a la lectura, así como políticas, acciones y estrategias que contribuyan a la comprensión de la lectura.

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto que adiciona los artículos 31 y 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone adicionar el Artículo 31, así como una fracción VII al apartado A y derogar la fracción IV en el apartado B, ambos del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de establecer disposiciones normativas que permitan reducir los efectos perjudiciales generados por la instalación de antenas de celulares. De este modo la iniciativa establece que la instalación, operación o explotación de estaciones terrenas transmisoras se hará respetando dos criterios: Queda prohibida la instalación de antenas de telefonía móvil a menos de 600 metros del suelo urbano, viviendas escuelas, hospitales, espacios públicos como parques u otros; y, las antenas de telefonía móvil sólo podrán ser colocadas en carreteras y zonas despobladas.

Complementa esta iniciativa la disposición referente a las sanciones, en relación a la instalación de estas antenas, estableciendo que las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionarán por la Secretaría de Comunicaciones con multa de 10,000 a 100,000 salarios mínimos por no cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas.

Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo del inciso C) del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone que los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano no se les aplique la tasa o cuota de 30.4% al resultado de dividir el peso total de los tabacos labrados enajenados o importados, entre 0.75.

De las Senadoras Margarita Villaescusa Rojo, Norma Esparza Herrera, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, María del Socorro García Quiroz, Rosario Green Macías, Amira Gricelda Gómez Tueme y María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone implementar un Programa Nacional de Salud Mental que garantice el derecho a la protección de la salud mental de toda la población, a través de la implementación de intervenciones concretas de salud pública para la prevención, detección oportuna y promoción de la salud mental. Dentro del programa se propone que la Secretaría de Salud elaboré un Programa Nacional de Salud Mental que atienda la salud mental de la población y contribuya a que las personas, familias y comunidades interactúen entre sí y con el medio ambiente, para promover el bienestar, el desarrollo y uso de sus habilidades cognitivas, psicológicas y sociales.

El Programa deberá incluir estrategias preventivas y de intervención coordinadas por profesionales de la salud, que permitan la atención de la salud mental de la población, así como la prevención de los factores que inciden en el deterioro de ésta, entre los que se encuentran los que predisponen al estrés, la ansiedad y la depresión, que reducen notablemente la calidad de vida de las personas y sus familias; y se deberá atender distintos grupos poblacionales los cuáles serán determinados por rango de edades con el fin de atender satisfactoriamente las necesidades de cada uno de ellos, debiendo ser revisado y actualizado anualmente.

El Programa deberá contemplar una red de servicios ambulatorios y comunitarios, integrado por equipos interdisciplinarios, que implementarán intervenciones farmacológicas, psicológicas y psicosociales; que permitan brindar a las personas, capacitación y concientización para la recuperación de sus habilidades internas.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública deberá promover la elaboración de programas educativos coordinados por personal capacitado para la prevención y detección de trastornos mentales entre los alumnos del sistema educativo nacional que contribuyan a prevenir y detectar de manera temprana trastornos mentales, en particular en infantes y jóvenes. La Secretaría además, establecerá un Sistema Nacional de Información y Vigilancia, que se coordinará con las dependencias de salud de las entidades federativas, para intercambiar datos que permitan identificar los principales trastornos mentales que afectan a la población, a fin de diseñar estrategias y políticas públicas.

Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto para que en las campañas electorales la propaganda se circunscriba exclusivamente a la territorialidad correspondiente a la elección.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone acotar los actos de campaña y la propaganda electoral en todas sus modalidades. Estableciendo que se expongan y difundan exclusivamente en el territorio geográfico al que corresponda la elección para la que se realiza el proceso electoral, de manera que se contribuya a la disminución de los gastos en campañas electorales, toda vez que se acota el territorio de influencia y por tanto, se enfoca de manera precisa a los electores que podrán participarán en cada proceso.

Del Sen. Felipe González González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1406 y se reforma el artículo 1410 del Código de Comercio.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone en materia ejecutiva mercantil, que una vez abierto el período de alegatos, a petición de cualquiera de las partes éstas designarán peritos que practicarán el avalúo de los bienes embargados. Rendirán su dictamen dentro de los tres días siguientes a aquel en que acepten el cargo. Asimismo, el juez podrá fijar un plazo prudente para la rendición del avalúo cuando por la complejidad del dictamen o la distancia a que se encuentren los bienes del lugar del juicio.

De los Senadores Francisco Labastida Ochoa, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Raúl Mejía González, Rogelio Rueda Sánchez, Eloy Cantú Segovia, Graco Ramírez Garrido Abreu y Arturo Escobar y Vega, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN).

Propone que en cada uno de los consejos de administración de los organismos subsidiarios, participe uno de los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos. Estos consejos se reestructuran, estableciendo un número determinado de siete integrantes, el Director General de Petróleos Mexicanos, que lo preside, dos consejeros profesionales y cuatro designados por el Ejecutivo, incluyendo entre ellos un funcionario de Petróleos Mexicanos.

Además del consejero profesional proveniente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el segundo consejero profesional de los organismos subsidiarios se sujetaría a los mismos requisitos y procedimientos de designación, ratificación, sustitución o remoción que corresponden a sus equivalentes en Petróleos Mexicanos. Tendrían además la misma duración de encargo y un relevo escalonado a fin de propiciar designaciones de acuerdo a un perfil profesional y de experiencia, con una visión transexsenal y sin identificación de filiación partidista. Se incluyen artículos transitorios para prever una sustitución escalonada de consejeros profesionales de los organismos subsidiarios, conservando en funciones a los actuales en tanto se produce el relevo.

Se propone desaparecer el Comité de Remuneraciones y fusionar los comités de Adquisiciones, Arrendamientos Obras y Servicios y el de Estrategia e Inversiones, así como el de Auditoría y Evaluación del Desempeño y el de Transparencia y Rendición de Cuentas. En consecuencia, también se propone modificar las atribuciones del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, transfiriendo a la administración las funciones de elaborar diversos programas, conservando el comité los trabajos de análisis y presentación de recomendaciones al Consejo de Administración, sobre dichos programas.

De manera correlacionada, se pretende que en los organismos subsidiarios se fusionen los comités respectivos de adquisiciones, arrendamientos y obras, con los de estrategia e inversiones, considerando también la revisión de atribuciones.


Establece que las sesiones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos sean válidas con la asistencia de nueve de sus miembros, en lugar del número de diez actualmente establecido, siempre que la mayoría de ellos sean representantes del Estado. Se plantea dar al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos la atribución de designar a los titulares de los órganos internos de control de la entidad y de los organismos subsidiarios. Estas designaciones serían a propuesta del Presidente del Consejo, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública.

Propone cambios en las atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para atender algunas cuestiones específicas. Una de ellas es la facultad de aprobar las transferencias, asignaciones y afectaciones de bienes entre sí de la entidad y de sus organismos subsidiarios, sin que esas operaciones tengan el carácter de enajenación de bienes. Esto se haría a propuesta del Director General y contribuiría al mejor cumplimiento de los objetos sociales de los organismos involucrados, como parte de un todo.

La Ley que se reforma prevé un informe anual detallado en marzo de cada año, así como informes trimestrales con datos por línea o rama de negocios e indicadores usuales a nivel internacional; ambos al Congreso de la Unión y por internet. La propuesta es mantener el informe anual y agregar un reporte de las actividades enero-junio previo al inicio del proceso presupuestal. Se agrega en Ley la obligación de difundir mensualmente por internet los datos más relevantes de producción, ventas, exportaciones, ingresos e impuesto pagados del organismo. Asimismo, la Ley actual prevé un informe de Petróleos Mexicanos en materia de deuda, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los lineamientos establecidos por la dependencia. Sin embargo no se establece periodicidad para dicho informe por lo que se propone que el mismo sea semestral, a fin de dar certeza al cumplimiento de esta obligación.

Se pretende que el informe previsto de Petróleos Mexicanos al Congreso de la Unión, en relación con el avance en las metas para incorporar contenido nacional en las obras y adquisiciones, cambie de semestral a anual, ya que este último es un periodo que permite un mejor análisis de lo hecho por la entidad.

De los Senadores Julio César Aguirre Méndez, Carlos Sotelo García, Rosalinda López Hernández, Alfonso Sánchez Anaya, José Luis Máximo García Zalvidea, Josefina Cota Cota, María Rojo e Inchaustegui, Jesús Garibay García, Rubén Fernando Velázquez López, Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, Selene Lucía Vázquez Alatorre, Armando Contreras Castillo y Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Casas de Empeño.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone la expedición de la Ley Federal de casas de Empeño, la que esta integrada por un Capítulo I, que consta de Disposiciones Generales e incluye un glosario de términos; un apartado relativo a las autoridades; a leyes supletorias aplicables a esta Ley. Un Capítulo II, que desarrolla lo relativo a los permisos; Disposiciones en materia de transparencia; De la Modificación del Permiso; De la Revalidación del Permiso; Del cierre de las Casas de Empeño; y causales de revocación del permiso. Un Capítulo III, referido a la regulación de los contratos. Un Capítulo IV, relativo a los bienes susceptibles de Empeño; a los peritos valuadores; a la tasa de interés prendario. Un Capítulo V que desarrolla las Facultades de la Secretaría de Economía. Un Capítulo VI, que desarrolla el Procedimiento de Inspección. Un Capítulo VII, referido a las Sanciones. Un Capítulo VIII, relativo a las Notificaciones; y finalmente un Capítulo IX, referente a los Recursos, que se sustentaran en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Ley, propone establecer un marco regulatorio que establezca los criterios a nivel federal para las casas de empeño, para ello se propone expedir una Ley de orden público e interés social, cuyo objeto sea regular la apertura, instalación, operación, comisiones y tasas de interés de los establecimientos que tengan por objeto celebrar contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, conocidos como Casas de Empeño. Se establece como sujetos de esta Ley, a las personas físicas o morales de naturaleza mercantil, que de forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Se asigna a la Secretaría de Economía la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las normas contenidas en la Ley, y se le mandata para ser la institución única para autorizar la realización de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, enfatizando que por el tipo de actividad el permiso no autoriza la prestación de servicios u operaciones reservadas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.

Con esta ley se asegura que las empresas que otorguen préstamos de dinero se encuentren legalmente establecidas y que cuenten con un seguro que garantice los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a las prendas dadas en garantía; se faculta a la Secretaría de Economía para realizar inspecciones que permitan vigilar la estricta observancia de la ley; se establecen sanciones para los establecimientos que no cumplan con los requisitos de ley; se asegura que el contrato celebrado ente ambas partes sea previamente aprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, donde se encuentre debidamente especificadas las tasas de interés prendario; los mecanismos de certificación de los valuadores de las casas de empeño; nuevos requisitos en la valuación de prendas: Se establece como requisito en los contratos de prenda importe de préstamo no podrá ser menor del 40% ni mayor del 80% del valor del avalúo; y se establece la publicación obligatoria bimestral de la relación de tasas de interés que cobren las casas de empeño.

De los Senadores Norma Esparza Herrera y Antonio Mejía Haro, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 210 de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone que se incluya en la etiqueta de los medicamentos la nomenclatura y componentes del fármaco en cuestión en sistema braille.

Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Migración.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN).

Propone la adición de un último párrafo al artículo 29 de la Ley de Migración, para que con las nuevas disposiciones se fortalezca al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal, en sus tareas relacionadas con lograr el respeto a los derechos humanos de los migrantes, particularmente niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

La reforma por adición establece que para el eficaz cumplimiento de las acciones previstas en el artículo 29 de la Ley, los Sistemas Estatales DIF en los que se concentre mayor actividad relacionada con las mismas, en virtud de la información del Instituto Nacional de Migración, serán beneficiarios de recursos económicos adicionales previstos en cada uno de sus presupuestos autorizados por la autoridad competente.

Del Sen. Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone la modificación del primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para derogar la palabra “dorado”, como especie destinada de manera exclusiva a la pesca deportiva.

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

El dictamen propone realizar las correcciones necesarias para dar concordancia para las reglas aprobadas para el juicio oral mercantil con el código en general. Constituyéndose en una reforma complementaria en materia de juicios orales mercantiles.

Se propone establecer que el monto para considerar inapelables una resolución, será aquél cuya suerte principal sea menor a $300,000.00 pesos, cantidad que se ajustaría anualmente utilizando un factor que se obtendría de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de noviembre del año que se calcula, entre INPC del mes de noviembre del año inmediato anterior que determine el Banco de México. El dictamen considera adecuado modificar tanto el monto de la cuantía como la mecánica de actualización de la misma, en tal virtud se considera que ampliar la cuantía a 500 mil pesos para los juicios cuya suerte principal sea inferior a esta cantidad, contribuiría de manera relevante al expedito desahogo de los asuntos mercantiles puestos a consideración de los Poderes Judiciales en el País.

Derivado del mismo mecanismo se propone la adecuación de las actualizaciones previstas en el artículo 1253, estableciéndose que corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación este monto expresado en pesos y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Y señalando que para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión.

En tanto que la correspondiente adecuación en el artículo 1340, establece que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339.

Propone precisar que en el juicio oral mercantil se sustanciarán todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a trescientos mil pesos, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, es decir, aquellos que son de un valor inferior a los que hacen una resolución apelable. También señala expresamente que en contra de las resoluciones pronunciadas en estos juicios no procederá recurso ordinario alguno, lo que permitiría la agilización de los procedimientos.

Al reconocer que a nulidad por defecto en el emplazamiento no puede validarse por falta de impugnación, el dictamen establece que La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento.

Se precisa la obligación del juzgador de observar las reglas generales del Código de Comercio en los casos de la interposición de excepciones procesales, especialmente, por lo que refiere a la incompetencia. Además en el dictamen se especifica que para establecer que la recusación del Juez será resuelta por el Tribunal Superior, entendiéndose al mismo en este caso, un Tribunal de alzada, que jerárquicamente es un Tribunal Superior al Juzgado Oral, atendiendo a la conveniencia de que la recusación sea analizada por un órgano jurisdiccional ajeno a la controversia que se plantea entre el recusante y el juez. Complementariamente el dictamen establece que las cuestiones relativas a la incompetencia deberán resolverse por un órgano distinto al juez, remitiendo esta previsión conforme a la parte general del Código.

El dictamen establece, que las peticiones de las partes deberán formularse preferentemente de manera oral durante las audiencias, ello sin vedar el derecho de las partes de presentarlas por escrito. Por otra parte se realiza una importante previsión relativa a la reconvención ante la posibilidad de que, por medio de la misma, se reclamen prestaciones de cuantía mayor a la del juicio oral, por lo que se propone adicionar un segundo párrafo para precisar que, en ese caso, cesará de inmediato el juicio oral, para que se continúe en la vía ordinaria. Asimismo, se propone ampliar el plazo de respuesta a nueve días para dar respuesta a una reconvención, en congruencia con el plazo concedido a la demanda original.

También, con la finalidad de salvaguardar las formalidades del debido proceso legal juicios orales mercantiles, se reforma el artículo 1390 bis 20, toda vez que en su primer párrafo dispone que contestada la demanda o la reconvención o transcurridos los plazos para ello, se señalará hora para la celebración de la audiencia preliminar. Sin embargo, se considera necesario contemplar la etapa para el desahogo de vista de la contestación y en su caso, de la reconvención, por ello, las comisiones proponen incluir en el texto la frase “Desahogada la vista de la contestación a la demanda y, en su caso, de la contestación a la reconvención”. Además, se elimina el segundo párrafo de este artículo, toda vez que establece que en el auto en el que se fija la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, se calificará la admisibilidad de las pruebas aportadas por las partes, lo que resulta contradictorio con los artículos 1390 bis 32, fracción V, y 1390 bis 37, que disponen se realizará en la etapa correspondiente dentro de la audiencia preliminar.

Propone modificar el primer párrafo del artículo 1390 bis 23 para destacar que las audiencias se desarrollarán oralmente debido a que la característica principal del juicio es la oralidad.

El dictamen a efecto de realizar una regulación más completa en el capítulo de pruebas y al mismo tiempo, algunas precisiones y concordancias, modifica los artículos 1390 Bis 38, 1390 Bis 42, 1390 Bis 43, 1390 Bis 45, 1390 Bis 46, 1390 Bis 47 y adicionar un 1390 Bis 50, de los que se resaltan que en la audiencia sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a cada una de las partes para formular sus alegatos; se establece que las partes tendrán la obligación de presentar sus propios testigos, para cuyo efecto se les entregarán las cédulas de notificación. Sin embargo, cuando realmente estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación con el apercibimiento de que, en caso de desobediencia, se les aplicarán y se les hará comparecer mediante el uso de los medios de apremio señalados en las fracciones III y IV del artículo 1067 Bis de este Código; y se establece que cuando la citación deba ser realizada por el juez, ésta se hará mediante cédula por lo menos con dos días de anticipación al día en que deban declarar, sin contar el día en que se verifique la diligencia de notificación, el día siguiente hábil en que surta efectos la misma, ni el señalado para recibir la declaración. Aclarando que si el testigo citado de esta forma no asistiere a rendir su declaración en la audiencia programada, el juez le hará efectivo el apercibimiento realizado y reprogramará su desahogo. En este caso, podrá suspenderse la audiencia.

Finalmente se propone incluir en el artículo 1467 del Código, a los corredores públicos dentro de las instituciones que deberá consultar el juzgador, toda vez que en términos de la Ley Federal de Correduría Pública, también pueden fungir como árbitros.

De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba el artículo 137 de la Ley General de Población.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras estiman que las propuestas de modificación al artículo 137 de la Ley General de Población quedaron sin materia al haber sido derogado el citado artículo, sin embargo, también consideran que en lo referente a los planteamientos esenciales de dichas propuestas, fueron atendidas y desahogadas en el artículo 156 de la Ley de Migración.

La minuta en estudio proponía adecuar la pena del arresto que actualmente está considerada en un plazo de hasta 3 días, por la de 36 horas a las personas que visiten un transporte marítimo extranjero, sin permiso de las autoridades migratorias. Adicionaba un tercer párrafo al artículo 137, para establecer que no obstante esa disposición no podrá ser citada para impedir que las tripulaciones y personal a bordo puedan tener acceso a la representación legal que soliciten, lo que deberán hacer del conocimiento de las autoridades marítimo-portuarias a efecto de que éstas se coordinen con las autoridades migratorias para los efectos que correspondan.

De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras consideran que en el texto de la Ley de Migración se han atendido de forma amplia y suficiente, las propuestas contenidas en la minuta en estudio.

La minuta en estudio proponía establecer que en las estaciones migratorias, el aseguramiento, traslado y alojamiento de extranjeros que serán expulsados o repatriados, deberán ser con apego a las garantías de libertad, igualdad y justicia. También prohibía la utilización de centros de detención o reclusión federales, estatales y municipales para fines distintos a la compurgación de penas y aquellas derivadas de los procesos penales.

De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que expedía la Ley de Protección a Migrantes y sus Familias.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con los argumentos esgrimidos por la Cámara de Diputados, en razón de que lo contenido en la minuta en estudio, ha sido suficientemente atendido y desahogado por la Ley de Migración, la Ley de Refugiados y Protección Complementaria y la Ley General de Población. Por lo que se concluye con el procedimiento legislativo.

La minuta pretendía establecer un marco legal que tutele los derechos fundamentales de los migrantes que se encuentran en el territorio nacional y de aquellos emigrantes mexicanos en el extranjero, independientemente de su condición de documentados o indocumentados; sentar las bases de una coordinación interinstitucional, la cual pueda hacer posible la protección de los hombres, mujeres, menores, trabajadores e indígenas migrantes, los cuales padecen un alto grado de vulnerabilidad; crear el Instituto Nacional de Protección a Migrantes y Emigrantes, el cual fungiría como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, y coordinado por la Secretaría de Gobernación; y fijar diversas obligaciones a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Salud y de Economía, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reformaba la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Las comisiones dictaminadoras estiman que la iniciativa es inviable e improcedente, porque no describe, plantea o precisa lo que entiende por vulnerabilidad; igualmente, no aborda o manifiesta las definiciones formales que existen y se utilizan en diversos ámbitos del Estado mexicano, tampoco indica en qué consiste la vulnerabilidad de los sectores de los pueblos indígenas, mujeres y niños, y si existe una relación de causa-efecto con la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, desechan la propuesta.

La iniciativa en estudio proponía que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica elabore información estadística relativa a la vulnerabilidad de los distintos grupos sociales del país, a fin de generar acciones que, ejecutadas de manera atingente, contribuirían a paliar el marcado rezago social de las regiones más pobres de nuestro país, a la vez que mitigarán los efectos más lacerantes de la pobreza de cualquier nación, como lo son la migración, el deterioro, la desigualdad, la falta de oportunidades, y finalmente la descomposición social.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Comercio Exterior.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Las reformas proponen la mejora de la regulación del comercio internacional, para ello se establecen disposiciones que generan una mayor transparencia al ejercicio de las atribuciones que el Ejecutivo tiene en materia arancelaria, derivadas del artículo 4 de esta ley y del artículo 131 de la Constitución Política. El nuevo artículo 4 Bis establece algunas precisiones a la obligación del Ejecutivo Federal de informar en torno al ejercicio de estas facultades, con el propósito de mantener una mejor comunicación entre los Poderes de la Unión y permitir al Congreso tener los elementos informativos adecuados para ejercer, en su caso, su aprobación al ejercicio de estas facultades.

Entre las precisiones se establece la obligación de notificar al Congreso de la Unión las medidas arancelarias y no arancelarias, que en uso de su facultad establezca, en el momento en que la adopte; y presentar un informe anual al Congreso de la Unión que deberá indicar los resultados que se hayan obtenido, por sector económico, mediante el establecimiento de las medidas en relación con los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen considera procedente el establecimiento de una estructura institucional adecuada para atender la creciente tendencia del comercio internacional mexicano, sin embargo no se estima oportuno reunir la Política Arancelaria y de Prácticas Comerciales Internacionales en un solo organismo, pues se afirma que aún cuando su naturaleza y materia es ciertamente afín, sus funciones, mecanismos de operación, atribuciones y objetivos son diferentes y requieren una especialización adecuada para cada caso.

Por tal motivo, las comisiones consideran mantener la naturaleza y funciones de carácter consultivo de la Comisión de Comercio Exterior, en los términos en que actualmente está previsto en el artículo 6 de la Ley. Mientras que, en el ámbito de las prácticas comerciales internacionales, consideran que es pertinente crear un organismo desconcentrado, especializado y con autonomía técnica, que permita asegurar que el ejercicio de las acciones públicas en este ámbito se realice con la mayor objetividad, imparcialidad, profesionalismo, agilidad y transparencia. Así, en el dictamen se propone la creación de la Comisión Mexicana de Prácticas Comerciales Internacionales (COMEPCI por sus siglas) como organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Economía.

Adicionalmente, el dictamen considera procedente proponer la creación de dos consejos consultivos, integrados mayoritariamente por representantes del sector privado y social, asegurando con ello dar mayor participación a los particulares en el proceso de información y evaluación previa de las decisiones en la materia. Estos consejos serían el Consejo Consultivo de Comercio Exterior (Consejo COCEX) y el Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales Internacionales (Consejo CPCI).

En relación al nuevo organismo que el dictamen propone para desempeñar las facultades relativas a las prácticas comerciales internacionales, su existencia prevé la sustitución de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, conocida por sus siglas como UPCI, asumiendo las facultades que la misma tenía, como tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas de salvaguarda y de prácticas desleales de comercio.

De esta manera, el dictamen considera que se dotaría de una nueva arquitectura institucional adecuada y participativa que deberá atender con agilidad y eficiencia sus funciones, para que el comercio internacional siga siendo un importante motor del desarrollo económico del País.

Finalmente en materia de sanciones y medios de impugnación, el dictamen propone que el recurso de revocación, aplicable en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad competente en materia de comercio exterior, sea optativo para el particular y que este pueda elegir, entre interponerlo o bien acudir directamente al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo.

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El artículo 1347 del Código de Comercio establece que cuando se pida la ejecución de sentencia o convenio, si no hay bienes embargados, se procederá al embargo, por lo que se propone, que las partes podrán solicitar el auxilio del Centro de Mediación del Poder Judicial o del Colegio de Corredores Públicos de la entidad federativa o del Distrito Federal donde se substancie la instancia. Dicha solicitud se podrá formular una vez practicado el embargo y antes de que concluya el período probatorio. La mediación no suspenderá ni afectará la tramitación del juicio ejecutivo mercantil. El acuerdo suscrito en presencia del responsable del Centro de Mediación se remitirá por éste al juez que, lo elevará a la calidad de convenio con autoridad de cosa juzgada. Las partes podrán pedir aclaraciones al juez para su cumplimento.

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaban tres artículos transitorios a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. SE DIO POR TOTALMENTE CONCLUIDO EL ASUNTO.

Las comisiones dictaminadoras acuerdan aprobar en sus términos el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 2 de febrero de 2006, por el que desecha la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona tres artículos transitorios a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, debido a que el espíritu de la propuesta ya está considerado en el artículo 9 de la Ley de Desarrollo sustentable de la Caña de Azúcar, publicado el 22 de agosto de 2005.

La Minuta expresa las razones de la Colegisladora en torno a la propuesta de no adicionar tres artículos transitorios a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente para que: el Ejecutivo Federal elabore el Programa Especial Azucarero que contendrá medidas de corto y mediano plazos, para lograr el ordenamiento y transparencia del mercado interno; el otorgamiento de esquemas de financiamiento para desarrollar el proceso productivo, la mecanización del campo cañero y el desarrollo tecnológico de los ingenios, así como para la optimización y modernización de la capacidad instalada de los mismos; también contendrá los derechos y obligaciones adquiridos en los acuerdos comerciales y agrícolas internacionales, tanto multilaterales como bilaterales.