Gaceta del Senado

El Presidente de la República podrá optar por el Gobierno de Coalición, en cuyo caso acordará las políticas públicas convenidas, turnándolas para su registro y seguimiento a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Asimismo someterá a cada uno de los secretarios de despacho y por separado a ratificación del Senado por mayoría simple de los miembros presentes y en sus recesos por la Comisión Permanente. Si en el primer nombramiento no se alcanzara la mayoría de votos, el Presidente de la República hará un segundo nombramiento distinto, que deberá ser votado en los mismos términos y condiciones que el primero; si el segundo nombramiento no alcanzara la mayoría de votos, el Presidente de la República hará el nombramiento definitivo.

Se propone que el Presidente de la República tendrá voz en las Cámaras del Congreso por sí o a través del Secretario de Gobernación, para presentar iniciativas, informes o responder a preguntas, mediando solicitud para hacerlo o por invitación o requerimiento de alguna de las Cámaras de Congreso, en los términos de esta Constitución y en las leyes que de ella emanen.

Propone establecer la base constitucional para que las entidades federativas instituyan, a través de sus poderes judiciales, los registros de deudores alimentarios morosos a efecto de que la obligación de alimentos deba ser cumplida completa y debidamente.

La reforma establece que el Poder Judicial de los Estados contará con un registro de la información relacionada con los obligados alimentarios que hayan incurrido en morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias contenidas en sentencias ejecutoriadas o en acuerdos conciliatorios en calidad de cosa juzgada. La información contenida en este registro será pública, de conformidad a lo que determine la ley en la materia. En caso de que no esté debidamente garantizado el cumplimiento de la asignación anticipada o pensión alimentaria, un juez podrá prohibir al obligado alimentario ausentarse del país, cambiar de residencia o salir de una entidad federativa. El deudor alimentario que haya incurrido en morosidad sin causa justificada, será sujeto de sanciones penales, civiles y administrativas en los términos que establezcan las leyes respectivas.

Los autores afirman que con esta base constitucional y una nueva legislación, se podrá garantizar en todo momento la satisfacción del conjunto de necesidades básicas para los niños, y demás acreedores alimentarios, de acuerdo al derecho a los alimentos que determine la ley. Igualmente, ello permitirá impulsar nuevas medidas para evitar que deudores alimentarios se sustraigan de su obligación.

Propone mediante adición de una fracción XI al artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor integrar la directriz que la ONU estableció en 1985 para que los ciudadanos mexicanos tengan la garantía de constituir grupos para la defensa de sus derechos. Al respecto la fracción señalaría que se constituye como principio básico en las relaciones de consumo, la libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor.

El autor afirma que incorporar esta disposición de la Naciones Unidas en el ordenamiento mexicano, daría oportunidad a que las organizaciones de consumidores que se formen para defender sus derechos de consumidor, hagan oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que les podrían afectar. Además señala que con esta iniciativa, aparte de actualizar la legislación nacional con los Tratados Internacionales en la materia, se estará en sincronía con la reforma aprobada en el Senado de la República en diciembre de 2010, referente a las acciones colectivas.

Propone establecer en la Ley General de Desarrollo Social que sean prioritarios y de interés público los programas de educación obligatoria y de atención a jóvenes sin cobertura educativa en nivel medio superior.

El Senador promovente considera que con esta reforma el Estado mexicano asumirá su responsabilidad con uno de los sectores poblacionales más vulnerable ante las nocivas consecuencias de la crisis económica-social por la que atraviesa el país, así como establecer las previsiones que sean necesarias a efecto de restablecer el tejido social.