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Jueves 14 de abril de 2011
Gaceta: LXI/2SPO-249

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Cámara de Diputados

Minutas

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

SE TURNO A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

La minuta propone transferir de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaría de Economía, la facultad de autorizar el uso de las denominaciones o razones sociales para la constitución de sociedades. Asimismo propone disminuir el plazo de respuesta para que la Secretaría de Economía autorice los permisos de uso de nombre o razón social, pasando de 5 a 2 días hábiles como máximo, con la finalidad de hacer expedito el procedimiento de creación de empresas en México.

Propone modernizar y simplificar los requisitos para constituir y operar una sociedad mercantil, para ello establece la duración de las sociedades mercantiles como indefinida, con la finalidad de evitar costos adicionales a los particulares para prorrogar el plazo ante la conclusión de la vigencia de la sociedad. Asimismo permite la posibilidad a los socios de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada de expresar un capital social el cual deberá estar íntegramente exhibido, salvo pacto en contrario, con la finalidad de dar la facultad a los emprendedores de establecer los plazos de exhibición del capital y facilitar la creación de empresas no atándolas a compromisos de pago de capital inmediato.

Reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la finalidad de hacer congruente la propuesta de eliminar la facultad de la Secretaría de Relaciones Exteriores de autorizar los permisos de uso de denominación y razón social, ya que la misma se transfiere a la Secretaría de Economía. Y por otra parte la faculta para organizar unificar e implementar el sistema informático que establecerá expedientes electrónicos empresariales con la finalidad de simplificar los trámites que los interesados realizan ante la administración pública centralizada y paraestatal.

La minuta propone la eliminación los derechos que cobra el gobierno federal por el trámite de los permisos relacionados con el uso de denominación o razón social para constituir una sociedad.

Establece en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la obligación de las dependencias y organismos descentralizados que estén vinculados en la realización de procedimientos administrativos para la apertura y operación de empresas, de coordinarse con la Secretaría de Economía, facultando a ésta dependencia para organizar, unificar o implementar los expedientes electrónicos empresariales.

Se incluye expresamente la facultad para que los gobiernos de los estados y los municipios del país puedan celebrar convenios con el gobierno federal, cuando deseen incorporarse al sistema electrónico de apertura y operación de las empresas señaladas.

Finalmente se incorpora la facultad expresa de los gobiernos de los estados para que puedan realizar el procedimiento simplificado que facilite los procedimientos de constitución de empresas microindustriales y faculta a ala Secretaria de Economía a llevar a cabo el procedimiento simplificado de constitución de empresas micro industriales, de acuerdo con lo establecido en la ley y con los convenios de coordinación que para tal efecto celebre. Y se estipula que cuando un empresario desee transmitir la empresa a otra persona, se deberá solicitar previamente de la Secretaría la inscripción del nuevo empresario en el Padrón y el consecuente otorgamiento de la nueva cédula, para que el adquirente pueda disfrutar de los beneficios establecidos para las microindustrias.

Iniciativas

Turno directo

Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII bis al artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y se adiciona un párrafo al artículo 2 bis de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone incluir la materia económica, en las atribuciones de los tribunales colegiados de circuito.

De esta forma la iniciativa al proponer la adición de una fracción VIII Bis al artículo 37, permite con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de la ley, establecer que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate de materia económica que versen sobre telecomunicaciones, energía, transporte, servicios financieros y comercio exterior.

Por otra parte la iniciativa adiciona un párrafo segundo y el párrafo segundo vigente se recorre al tercero del artículo 2 bis de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para establecer que se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo las telecomunicaciones, energía, transporte, servicios financieros y comercio exterior. Señalando que dichas Salas observarán para su organización, integración y en su caso funcionamiento, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.

Turno directo

De la Sen. María Serrano Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de los artículos 347 y 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

PROYECTO DE LEY O DECRETO, QUE SE DECLARAN CONCLUIDOS EN SU PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN EN COMISIONES. ( VER ACUERDO. )

Propone adicionar el inciso e) del párrafo 1, del artículo 347 del COFIPE, para establecer como conducta típica violatoria la difusión de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social que viole lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Por otro lado, se propone adicionar al artículo 355 un párrafo, el número 2 y recorrer en su orden los restantes, a efecto de incluir en éste la conducta típica violatoria, y establecer las sanciones correspondientes.

Además, se pretende que el procedimiento sancionador correspondiente sea el ordinario, en virtud de que este procedimiento permite que el conocimiento de las faltas o violaciones en el COFIPE se inicie a instancia de parte, de oficio, o que cualquier persona pueda presentar queja o denuncia por presuntas violaciones a la normativa electoral. Esta denuncia podrá presentarse, ya sea ante los órganos centrales o desconcentrados del Instituto Federal Electoral. Y además para el caso de la facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades, ésta prescribe en el término de 5 años.

Por lo que toca al régimen sancionador propuesto, eleva las multas, en virtud de la gravedad que implica el uso de erario para la promoción personal de un servidor público; y en razón de ello, es que también se propone la pérdida del derecho del servidor público infractor a ser registrado como precandidato o candidato a un cargo de elección popular en el proceso electoral inmediato, y en su caso, se sujete al infractor al régimen de responsabilidades de los servidores públicos establecidos en los artículos 109 y 110 constitucionales.

Del Sen. Melquiades Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con aval de grupo, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Regional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO REGIONAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto, a en congruencia con las Leyes de Planeación, General de Asentamientos Humanos, así como con el Plan Nacional de Desarrollo: la elaboración de diagnósticos de las regiones reconocidas por la Ley y de las subregiones; las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevarán a cabo la planeación del desarrollo regional así como metropolitano; las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación regional con las entidades federativas; los lineamientos para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, de los pueblos y comunidades, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Regional; los principios para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Regional; la delimitación de las regiones del país conforme a la cual habrá de planearse su desarrollo en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Desarrollo Regional, con la participación que corresponda a cada orden de gobierno y los sectores sociales y productivos conforme a los convenios y acuerdos que se suscriban para ese fin.

Establece que la planeación del desarrollo regional deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales para el desarrollo integral y sustentable de las regiones y subregiones del país.

Propone que el Presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos, informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que, deberán elaborarse para la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Regional y los programas de desarrollo regional. Asimismo, someterá a la consideración de dicha Cámara, una estimación sobre las previsiones y necesidad de los recursos de origen federal que, conforme a los convenios regionales de coordinación, se requieran para los tres ejercicios siguientes al que se está presupuestando para el ejercicio siguiente, que propicien y garanticen continuidad a uno y otros en sus objetivos y metas de mediano plazo.

Asimismo, el Titular del Ejecutivo Federal considerará dentro del Informe Anual que presente ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, la mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Regional y de los programas de desarrollo regional, así como de los resultados de los programas sectoriales en su convergencia transversal con aquéllos.

También los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en el Programa Nacional de Desarrollo Regional y en los programas de desarrollo regional que les correspondan por razón de su competencia.

Señala que los individuos, familias y comunidades asentados en las regiones y subregiones son portadores del derecho a recibir los beneficios del desarrollo regional sin distinción alguna.

Se crea la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Regional, la cual estará integrada por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Comunicaciones y Transportes, de manera permanente; y por las que en su caso determine el Titular del Poder Ejecutivo Federal. Será presidida por quién designe el Titular del Ejecutivo Federal. Tendrá entre otras, la facultad de asegurar que la Planeación Nacional del Desarrollo incorpore de manera congruente la planeación a nivel regional y metropolitano en su caso, como se establece en la Ley.

También se crean Consejos Sociales para el Desarrollo Regional, como órganos de participación ciudadana y conformación plural. Tienen por objeto analizar y proponer programas y acciones que incidan en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Regional.

Turno directo

De los Senadores Pablo Gómez Álvarez y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de ejercicio de la acción penal por particulares.



PROYECTO DE LEY O DECRETO, QUE SE DECLARAN CONCLUIDOS EN SU PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN EN COMISIONES. ( VER ACUERDO. )

Propone incluir dentro de los derechos de la víctima o el ofendido, en relación al inicio del proceso penal, ejercer la acción penal de particulares en los términos de la Ley. Se establece que en los delitos de querella necesaria el ofendido podrá ejercer la acción penal ante la autoridad judicial, siempre y cuando no haya presentado la querella ante el Ministerio Público, o bien, se haya desistido por escrito de ésta, sin haber otorgado el perdón al probable responsable y antes de que dicha autoridad haya realizado la consignación.

Señala que tratándose del ejercicio de la acción penal de particulares referida anteriormente, el tribunal ante el que se formule la querella radicará el asunto dentro del término de dos días, abriendo el expediente respectivo; dará vista al Ministerio Público para que intervenga mediante el ejercicio de sus atribuciones, y practicará sin demora alguna todas las diligencias que promueva el querellante.

El juez ordenará o negará la presentación del probable responsable dentro de los diez días contados a partir del día en que se haya acordado la radicación. Si el juez niega la presentación, por considerar que no están reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional, dentro del término de tres días señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma. El querellante deberá cumplir con perfeccionar su querella tomando en cuenta las observaciones hechas por el juez en un plazo máximo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera notificado la resolución del juez, y de no hacerlo transcurrido el término, el juez la desechará dejando a salvo sus derechos y devolverá al interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido.

Si ordenada la presentación el probable responsable no comparece sin causa justa y comprobada, el juez ordenará su aprehensión. Si dentro de los plazos indicados el juez no dicta auto de radicación o no resuelve sobre la querella presentada, el querellante o el Ministerio Público podrán ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.

Del Sen. Fernando Castro Trenti, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con aval de grupo, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN).

Las reformas pretenden modificar la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito para eliminar de su ámbito a los almacenes generales de depósito. La nueva naturaleza de éstos será la de una sociedad mercantil regulada por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que no requiere de autorización del Gobierno Federal para realizar actividades de depósito de mercancías, ni para la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda.

Se crea el Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías, para dar una mayor certeza en la negociación de los títulos de crédito y el financiamiento sobre las mercancías depositadas. Por otra parte, se establece el Sistema Integral de Información de Almacenamiento de Productos Agropecuarios, el que se refiere exclusivamente al almacenaje rural. El Registro es de carácter público y será operado por la Secretaría de Economía, el cual permitirá conocer a la sociedad en general el número y localización de los almacenes existentes; bodegas propias o habilitadas, así como los certificados de depósito y bonos de prenda expedidos por los referidos almacenes. Este Registro será automatizado; la inscripción será inmediata a su recepción.

Por su parte, el Sistema Integral de Información de Almacenamiento de Productos Agropecuarios será operado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, y se constituye por una base de datos de los inventarios de los almacenes que presten servicios de almacenaje rural, a través de los reportes que habrán de presentar periódicamente en relación a la entrada y salida de los productos agropecuarios. Se prevé, además, que el Sistema promueva la transparencia en el sector; dé a conocer a nivel nacional y regional las existencias de los productos almacenados; entradas y salidas, calidades de granos almacenados y la demás información que determine la SAGARPA.


Establece que los almacenes generales de depósito que otorguen crédito, arrendamiento o factoraje financiero, establezcan las medidas y procedimientos para prevenir operaciones de lavado de dinero reportando estos hechos a la autoridad.

Las reformas a la Ley Aduanera y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen como objeto adecuar sus disposiciones en donde se haga referencia a almacenes generales de depósito, en razón de su nueva naturaleza.

En el caso de la Ley de Inversión Extranjera, se elimina el límite de participación fijado para el capital extranjero en los almacenes generales de depósito, con lo cual se busca incentivar la inversión y competencia.

Los autores destacan que con las reformas se pretende corregir la ausencia de una política de Estado para promover y regular el almacenamiento de los productos agropecuarios, pues, el almacenamiento rural está regido por una normatividad distanciada de la dinámica de producción agropecuaria.

Turno directo

De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 202 Código Penal Federal, en materia de combate a la pornografía infantil.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone adicionar un cuarto párrafo al articulo 202 del Código Penal Federal, para establecer que cuando en la averiguación previa del delito o durante el proceso respectivo, se considere necesario el bloqueo de contenidos de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, expuestos o descritos a través de la transmisión de archivos de datos en la red pública o privada de telecomunicaciones, las autoridades competentes solicitarán por escrito al juez de distrito, expresando el objeto y necesidad del bloqueo, así como los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que apoyen la solicitud.

Turno directo

Del Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Código de Comercio.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

PROYECTO DE LEY O DECRETO, QUE SE DECLARAN CONCLUIDOS EN SU PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN EN COMISIONES. ( VER ACUERDO. )

Con la iniciativa se precisan algunos conceptos establecidos en el articulado que permitirán dar mayor certeza a las disposiciones que conforman el sistema de recursos así como el título especial del Juicio Oral Mercantil y del procedimiento arbitral, regulados en el Código de Comercio.

Se modifican los artículos 1339 y 1340 , a efecto de precisar que el monto para considerar inapelables los asuntos, será aquél cuya suerte principal sea menor a $300,000.00 pesos, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, cantidad que se actualizará en forma anual, de acuerdo con el factor de actualización que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año que se calcula, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre del año inmediato anterior que determine el Banco de México. Lo anterior permitirá facilitar la tramitación de controversias.

Con la reforma del artículo 1390 bis, se establece que en el juicio oral mercantil se sustanciarán todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a la que establece el artículo 1340 para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, sin que se determine en cantidad líquida, dado que el aumento de tal cantidad depende de la variación que sufre cada año el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por lo que la finalidad perseguida es que no exista un desfazamiento en las cuantías para los juicios de cuantía mayor y menor así como con los de justicia oral. Se establece también que en contra de las resoluciones pronunciadas en estos juicios no procederá recurso ordinario alguno ya que esto permitiría la agilización de los procedimientos.

La iniciativa modifica el artículo 1390 bis 6, ya que la falta de emplazamiento no puede convalidarse por el solo hecho de hacerse sabedora del juicio la demandada, pues la omisión del emplazamiento no puede ser convalidada mediante cualquier escrito, por resultar ésta omisión violatoria de garantías al dejar en un claro estado de indefensión a dicha parte; a diferencia de cuando se contesta la demanda y el órgano jurisdiccional la tiene por contestada, caso éste en que si se puede convalidar un emplazamiento defectuoso. Se propone suprimir la parte final del artículo 1390 bis 8, en virtud de que se considera innecesario hacer la mención especial sobre los medios de prueba al establecerse por el artículo en su parte primera que operan las reglas generales del Código, lo que incluye desde luego a los medios de prueba.

Se cambia el artículo 1390 Bis 9, por considerar que la redacción del mismo podría ocasionar confusiones en cuanto a la forma en que deben realizarse las peticiones de las partes en el juicio oral. Se realizan precisiones al artículo 1390 bis 16 ya que se considera indispensable que el juez pueda establecer la contumacia en que incurra la demandada por no haber producido su contestación a la demanda. También es necesario insertar un tercer párrafo que establezca la consecuencia procesal del hecho de no contestar la demanda.

Se modifica el primer párrafo del artículo 1390 bis 23 para establecer que las audiencias se desarrollarán oralmente debido a que la característica principal del juicio es la oralidad. También se considera indispensable establecerle facultades específicas a los juzgadores para que puedan mantener el orden en las audiencias, por lo que se propone la adición de tres párrafos más en los que se especifiquen facultades de control de las audiencias.

Se propone corregir, en el artículo 1390 bis 26, la referencia recientemente aprobada al Código de Comercio, en que se introdujo “cualquier otro idóneo como los tradicionales a juicio del juez” para el registro de las audiencias ya que esto propiciaría que los Estados no buscasen introducir los medios electrónicos “video grabación” para implementar la reforma e iría en contra del espíritu de la misma. También se precisa en éste artículo el momento en que los peritos deben acreditar su calidad científica, técnica, artística o industrial, para establecer con nitidez que será en la audiencia.

En la parte final de la fracción III del artículo 1390 bis 41, se suprime la expresión de la declaración de confeso, debido a que en este procedimiento oral mercantil la prueba confesional es distinta a la prueba de confesión que se regula en la parte general del Código de Comercio. Por otra parte se modifica el artículo 1414 bis 9, para evitar distinciones entre medidas de apremio ya sean generales y/o especiales; pues con ello se elimina la referencia a los salarios mínimos que ha sido la tendencia que han impreso las tres reformas anteriores. Aunado a lo anterior, con la adecuación propuesta se logra una armonización con el artículo 1067 bis del Código y que fue motivo de la reforma aprobada por esta soberanía en noviembre del año próximo pasado.

Por otro lado se considera que la distinción que realiza el numeral 1414 bis 9, es innecesaria e inoportuna, pues se trata de una misma persona toda vez que la denominación del funcionario es la “Secretario Actuario” y por tanto no podría dar lugar a interpretar que fuesen dos funcionarios distintos el “Secretario” o el “Actuario”. Finalmente se incluye en el artículo 1467 del Código, dentro de las Instituciones que deberá consultar el juzgador, a los corredores públicos, ya que estos en términos de la Ley Federal de Correduría Pública, también pueden fungir como árbitros.

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Propone expedir una Ley reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente al Sector Social de la Economía. La cual tiene por objeto, establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la Actividad Económica del Sector Social de la Economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado y definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

El Sector Social de la Economía estará integrado por los siguientes formas de organización social: Ejidos; Comunidades; Organizaciones de trabajadores; Sociedades Cooperativas; Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un organismo administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en esta Ley. Tendrá como objeto definir e instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

El Instituto Nacional de la Economía Social, se integrará de los órganos siguientes: una Junta Directiva, integrada por el Director General, seis consejeros electos con carácter honorífico por el Congreso Nacional y seis consejeros designados por el Secretario de Economía; un Director General, designado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo Federal a propuesta del Secretario de Economía, y las instancias, unidades administrativas y servidores públicos necesarios para la consecución de su objeto.

El Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía es el máximo órgano de representación del Sector, y estará conformado por: dos congresistas de cada uno de los Organismos del Sector de segundo, tercer y cuarto grado, que estén dentro del Registro nacional y cien congresistas electos en asambleas regionales, convocadas y desarrolladas por el Instituto, con base a las distintas regiones geoeconómicas que establezca el Instituto con base a sus atribuciones; así como los respectivos Organismos de Integración registrados.

El Consejo Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía es un órgano operativo y de coordinación del Congreso Nacional y desarrollará las actividades de apoyo al Sector.

El Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía, es el instrumento público encargado de la sistematización de la información y registro de los Organismos del Sector, el cual dependerá del Instituto Nacional de la Economía Social.

La Secretaría de Economía creará el Fondo de Fomento a la Economía Social, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social. Su capital se constituirá con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La naturaleza del Fondo, su organización y funcionamiento se regirá por el Reglamento de la presente Ley y las Reglas de Operación del Fondo que al efecto dicte la Secretaría.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

La minuta propone reformas a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, con el propósito de contribuir a mejorar la regulación de actividades en materia de seguros, fortalecer las facultades de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como entidad reguladora del sector de parte del Ejecutivo Federal.

El dictamen establece que las instituciones de seguros deberán presentar ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por trimestre y de forma acumulada, el número de reclamaciones presentadas y las no procedentes por operación, ramo o seguro por cada entidad federativa y por aseguradora. Asimismo, para que el público usuario pueda tener acceso a la información y contar con los elementos necesarios para optar por la mejor opción en el mercado, propone que las dos Comisiones Nacionales y las instituciones de seguros publicarán en la página principal de su respectivo portal electrónico de internet, la información descrita en el párrafo anterior.

Asimismo se establece que las instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros y demás personas que en los términos de la Ley, estén sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, deberán rendir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la propia Comisión, en la forma y términos que al efecto establezcan, los informes, pruebas que sobre su organización, operaciones, contabilidad, inversiones, patrimonio, números de reclamaciones presentadas y las no procedentes les soliciten para fines de regulación, supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística, y demás funciones que conforme a esta Ley u otras disposiciones legales y administrativas les corresponda ejercer.

Por otra parte se establece multa de 1000 a 8000 días de salario, a las instituciones de seguros que no presenten o la hagan de manera extemporánea, así como la falta de publicación en su página de internet del número de reclamaciones y las no procedentes, en los términos del artículo 39 de la propia ley.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4° recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 4 Y AL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VIGÉSIMA DEL ARTÍCULO 27, A NOMBRE DE DIVERSOS SENADORES.:
ULISES RAMÍREZ NÚÑEZ, PAN.:
TOMÁS TORRES MERCADO, PRD.:
HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, PRI.:
SILVANO AUREOLES CONEJO, PRD.:
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD.:
LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL SEN. JOAQUÍN FUERON ACEPTADAS.:
EL PROYECTO DE DECRETO CON LAS MODIFICACIONES ACEPTADAS FUE APROBADOEN VOTACIÓN NOMINAL. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

Propone reformar el artículo 4 de la Constitución, para elevar a rango constitucional el derecho alimentario. Por otra parte, reforma el artículo 27 para que el Estado se responsabilice en elaborar y llevar a cabo políticas públicas encausadas a que el abasto de los alimentos considerados como básicos sean suficientes y de calidad mediante un desarrollo rural integral.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone adoptar al interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un esquema similar al de los órganos jurisdiccionales auxiliares del Poder Judicial de la Federación. Por ello, pretende la creación de “salas auxiliares del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.

La reforma al artículo 2 de la ley en cuestión, es para que el Tribunal esté integrado por la Sala Superior, las salas regionales (que podrán tener el carácter de especializadas o auxiliares) y la Junta de Gobierno y Administración.

De igual manera, se propone la inclusión de un artículo 38–Bis a la Ley para fijar legalmente la finalidad de estas salas, dejando al Reglamento Interior la determinación del número y sedes de las salas auxiliares conforme a los estudios que para el efecto lleve a cabo la Junta de Gobierno y Administración, así como las reglas especiales para su correcto funcionamiento.

Las reformas a los artículos 18 y 41 de la Ley Orgánica, consisten en incluir entre las facultades del Pleno de la Sala Superior la determinación, en sesión privada, de aquellos asuntos en los que las salas regionales o especializadas sean auxiliadas por los nuevos órganos jurisdiccionales, atendiendo, con una visión coyuntural, las cargas de trabajo de las salas regionales; considerando que las salas auxiliares se crean con el fin de que dicten sentencia en aquellos asuntos en los que exista jurisprudencia definida de la Suprema Corte de justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito y que, por lo tanto, sea uniforme el criterio para emitir la sentencia.

De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a los artículos 5 y 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
NORMA ESPARZA HERRERA, PRI.
GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, PAN.
RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, PRD.
TOMÁS TORRES MERCADO, PRD.
SANTIAGO CREEL MIRANDA, PAN.
EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

El dictamen aprueba en sus términos la minuta enviada por la Colegisladora, en la que se propone la inserción de un nuevo comisivo del injusto criminal que habrá de agotarse con la publicidad que se contrate por cualquier medio de comunicación o se realice personalmente, para difundir o divulgar las diversas modalidades que culmina con el sometimiento del sujeto pasivo a los propósitos viles en extremo del agente. Del mismo modo opera para quien contrate anuncios para promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir, para si o para un tercero, a una persona para someterla por medio de la violencia física o moral a su explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o extirpación de un órgano, tejido o sus componentes, será sancionada conforme lo establece el artículo 6 de la propia ley.

De forma adicional el dictamen asienta la adición de un inciso e) al artículo 13 para incluir dentro de las acciones que la Comisión Intersecretarial deberá contemplar en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la obligación de monitorear y vigilar los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto en la Ley.

De la Comisión de Energía, el que contiene punto de acuerdo que cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos para explicar diversa información.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
JESÚS GARIBAY GARCÍA, PRD.
JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ, PRD.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo que solicita al Secretario de Seguridad Pública informe de los resultados de la investigación realizada con relación a los hechos en que murió Karina Ivette Ibarra Soria.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ, PRD.
FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
TOMÁS TORRES MERCADO, PRD.
ROSARIO YBARRA DE LA GARZA, PT.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.