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Gaceta del Senado


Martes 13 de abril de 2010
Gaceta: LXI/1SPO-117

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Iniciativas

Del Sen. Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucional y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Define a la remuneración o retribución a toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Estableciendo que no forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, por concepto de liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se considera: el que ningún servidor público reciba una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación; y, que ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.

Se establece que la remuneración de los servidores públicos se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o mediante otro decreto legislativo o ley y se reglamenta el proceso que deberá seguirse para la previsión presupuestal de los salarios, incluyendo los mecanismos administrativos para la conformación de los tabuladores al interior de la Administración Pública Federal, la administración propia de los poderes Legislativo y Judicial, así como la de los entes autónomos.

Instituye que las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Además se regulan las percepciones por retiro, sea que éstas resulten de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, y se regulan también los beneficios que se concedan como forma de liquidación por la prestación de servicios, sujetándolos a la normatividad legal o contractual aplicable, prohibiendo cualquier acuerdo que las contravenga.

Finalmente se establece un capítulo donde se desarrollan los mecanismos para el control administrativo y la fiscalización en relación al cumplimiento de las disposiciones de la ley; el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales, y la aplicación de sanciones de una y otra naturalezas; se fijan reglas, procedimientos y competencias para la denuncia y el seguimiento oficioso de las investigaciones relacionadas con los ilícitos que derivan de las conductas contrarias a esta Ley; y, se fijan las sanciones que corresponderán a quienes infrinjan las disposiciones de esta ley.

Del Sen. Sergio Álvarez Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone eliminar la limitante legal para que el quejoso o las víctimas de la violación de un derecho humano, puedan aportar ante el juez competente las actuaciones que integran ventilada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo Tercero Transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006.

QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

Establece que la conmemoración del 20 de noviembre de 2010, a celebrarse el día 15, se celebre por excepción el día 22 de noviembre. Las dictaminadores argumentan que resulta relevante que en el año 2010, se traslade el día de descanso obligatorio, del lunes 15 de noviembre al día lunes 22 de noviembre, a efecto de acercar la fecha de la conmemoración del Centenario de la Revolución Mexicana, ya que resulta que el día de descanso obligatorio vigente será presidido por cinco días naturales para llevar a cabo la conmemoración mencionada, perdiendo con ello su real sentido cívico el día de descanso obligatorio.

Señalan que es de destacarse que la fecha que se pretende modificar tiene el carácter de excepcionalidad, generando así la posibilidad del reconocimiento de la conmemoración cívica respectiva, recorriéndola por esta única ocasión.

Finalmente, se resalta que tal medida, no vulnera los derechos, beneficios o prerrogativas a favor de los trabajadores contenidos en los contratos de trabajo individuales, colectivos o convenios que se encuentran celebrados, ya que éstos están salvaguardados en la Ley Federal del Trabajo vigente.

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Información Estadística y Geográfica y por el que se adiciona un párrafo primero al artículo 134 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Dictamen en sentido negativo)

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO).
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

La iniciativa que se dictamina pretende la realización obligatoria de un Censo Agrícola, Ganadero y Forestal cada 10 años. En las disposiciones transitorias señala que el Ejecutivo Federal, a través de sus áreas competentes realizarán el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal para este año 2007, el siguiente se programará para el 2011 y a partir de este año el censo se regularizará cada diez años.

Sin embargo, las comisiones dictaminadoras manifiestan que la pretensión del legislador ya esta comprendida en la nueva Ley que regula las actividades del INEGI, en por lo menos dos de los artículos de esta última, se explicita la realización de los censos de población, económicos y agropecuarios.

Por lo tanto, las dictaminadoras deciden desechar la propuesta en estudio.

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cebada.

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA.

La iniciativa propone expedir la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cebada, en el marco de los artículos 25 y 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto normar las actividades asociadas a la agricultura y a la integración sustentable de la cebada, de los procesos de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la cebada, así como sus productos, subproductos y derivados.

Sin embargo, las comisiones dictaminadoras determinan desechar la iniciativa, en razón de que su contenido está regulado en diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
ROSARIO GREEN MACÍAS, POR LAS COMISIONES.
ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, PRD.
RUBÉN CAMARILLO ORTEGA, PAN.
EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE LA SEN. ADRIANA GONZÁLEZ RESERVÓ PARA SU DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR EL ARTÍCULO 10 Y EL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO RESERVÓ LOS ARTÍCULOS 2, PÁRRAFO V; 31, 32, 33 Y 34.
FUE APROBADO EN LO GENERAL POR 93 VOTOS.
INTERVINIERON LOS SENADORES:
ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN AL ARTÍCULO 10.
TOMÁS TORRES MERCADO, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V; 31, 32, 33 Y 34, LAS CUALES NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN.
LA PROPUESTA DE LA SEN. GONZÁLEZ CARRILLO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN 57 POR VOTOS EN PRO; 38 EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN.
HICIERON USO DE LA TRIBUNA LOS SENADORES:
ROSARIO GREEN MACIAS, PRI.
ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, PAN.
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD, QUIEN PROPUSO QUE LA UBICACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA SEN. GONZÁLEZ SEA EN EL ARTÍCULO 5.
MARÍA TERESA ORTUÑO GURZA, PAN.
TOMÁS TORRES MERCADO, PRD.
SE ADMITIÓ LA PROPUESTA DEL SEN. GÓMEZ ÁLVAREZ.
LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V; 10, 31, 32, 33 Y 34 FUERON APROBADOS POR 101 VOTOS.
LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 5 DEL PROYECTO FUE APROBADA POR 95 VOTOS EN PRO.
EL PROYECTO DE DECRETO SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone la integración de un nuevo ordenamiento jurídico denominado Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, compuesto por treinta y ocho artículos, agrupados en cuatro capítulos: Capítulo I.- Disposiciones Generales; Capítulo II.- De los Tratados Internacionales: Sección I: Del Proceso de Negociación; Sección II: Del Proceso de Aprobación; Capítulo III.- De los Acuerdos: Sección I: De los Acuerdos Interinstitucionales; Sección II: De los Acuerdos Ejecutivos; Capítulo IV.- De la Solución de Controversias.

La Ley que se expide, es reglamentaria de las fracciones X del Artículo 89 y I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular los procesos de celebración y aprobación de tratados internacionales, así como la suscripción de acuerdos interinstitucionales y ejecutivos.

En su glosario contenido en el artículo segundo, define "Tratado", como el convenio regido por el derecho internacional público y celebrado por escrito entre los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asume compromisos jurídicamente vinculantes; define como "Acuerdo Interinstitucional", el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia o entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal o del Distrito Federal y sus Delegaciones o la Procuraduría General de la República o cualquier órgano constitucional autónomo y uno o más órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación; y define como “Acuerdo Ejecutivo”, el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios gobiernos de otros Estados nacionales u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos adquiere compromisos jurídicamente vinculantes.

En referencia a los tratados internacionales establece que sólo podrán ser celebrados por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con uno o varios sujetos de derecho internacional público, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y demás instrumentos aplicables; y de conformidad con la fracción I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados sólo podrán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del Artículo 133 de la propia Constitución.

En la ley, se establece que los tratados en materia económica serán aquellos relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación y cooperación económica; los cuales deberán sujetarse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente durante la negociación.

Se establece que al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá enviar al Senado informes sobre el inicio de negociaciones formales relativas a cualquier tratado. Dichos informes deberán contener los beneficios y ventajas que se espera obtener del tratado en cuestión. Por otra parte se señala que durante el proceso de negociación de un tratado, la PGR y las dependencias de la Administración Pública Federal, encargadas de la representación de México en las negociaciones, deberán presentar a la Secretaría informes periódicos sobre el avance de las mismas y a petición de parte, la Secretaría hará del conocimiento del Senado dichos informes, siempre y cuando su contenido no esté clasificado como reservado, conforme a lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En relación con los informes anteriores se instituye que una vez recibidos, la Mesa Directiva del Senado los turnará a las Comisiones que corresponda y éstas podrán crear grupos de trabajo plurales para dar seguimiento a cada proceso de negociación de tratados, el cual consistirá en recabar sistemáticamente información respecto a su avance y, cuando proceda, intercambiar puntos de vista con el Poder Ejecutivo.

Por otra parte se señala en la ley que en caso de que las negociaciones de un tratado se suspendan, la Secretaría, a petición de parte, deberá informar al Senado acerca de las razones que pudiesen mediar para tal suspensión.

En lo referente al proceso de aprobación de los tratados, la ley señala que se turnarán a las Comisiones competentes, para la formulación del dictamen que corresponda, donde dichas Comisiones, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, deberán realizar la valoración del impacto presupuestario del tratado en proceso de aprobación, en los términos del Artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Una modalidad novedosa de la ley refiere que cuando proceda, el Senado deberá remitir a los Congresos locales el texto de los tratados que apruebe, así como un informe sobre las adecuaciones realizadas a la legislación federal y general mexicana con motivo de su aplicación, debiendo los Congresos locales analizar la procedencia de realizar, lo antes posible, las adecuaciones pertinentes a las leyes de su competencia, que garanticen la aplicación del tratado en el ámbito local.

En referencia a los acuerdos interinstitucionales, la ley señala que sólo podrán ser celebrados entre una o más dependencias o entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal o del Distrito Federal y sus Delegaciones o la Procuraduría General de la República o cualquier órgano constitucional autónomo y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

La ley establece que los convenios que suscriban las universidades y demás instituciones de educación superior, las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal o del Distrito Federal y sus Delegaciones y la Procuraduría General de la República, así como los órganos constitucionales autónomos, estarán obligados a someter a la consideración de la Secretaría el texto de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. A la vez que deberán ser notificados al Senado por la Secretaría y publicados por ésta en el Diario Oficial de la Federación, mediante la expedición de una circular, siempre y cuando su contenido no esté clasificado como reservado, conforme a lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se establece que los acuerdos interinstitucionales en ningún caso podrán suscribirse con Estados nacionales.

Finalmente en lo relativo a la Solución de Controversias, la ley establece que cualquier tratado o acuerdo interinstitucional o ejecutivo que contenga mecanismos internacionales para la solución de controversias legales en que sean parte, por un lado la Federación, o personas físicas o morales mexicanas y, por el otro, gobiernos, personas físicas o morales extranjeras u organizaciones internacionales, deberá de otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean Parte en la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional; asegurar a las Partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas; y garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad. Asimismo instituye que las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales, derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales, tendrán eficacia y serán reconocidos en la República, y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables.