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Gaceta del Senado


Martes 02 de marzo de 2010
Gaceta: LXI/1SPO-93

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Poder Ejecutivo Federal

Comunicaciones

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
Oficio con el que remite la Estrategia Nacional de Energía.

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SE REMITIÓ A LA COMISIÓN DE ENERGÍA.
PARA OBJETAR EL TRÁMITE ASIGNADO, HICIERON USO DE LA TRIBUNA LOS SENADORES:
FRANCISCO ARROYO VIEYRA, PRI.
FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, PRI.
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYÓ REMITIR A LOS SEÑORES SENADORES LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA, RATIFICÓ EL TRÁMITE OTORGADO Y SOLICITÓ A LA COMISIÓN DE ENERGÍA PRESENTAR SUS CONSIDERACIONES A LA MAYOR BREVEDAD.

Comunicaciones

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.

Oficios con los que remite, de la Secretaría de Energía:

  • El Cuarto Informe Trimestral de 2009 respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos y
  • El Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2009.

SE REMITIERON A LA COMISIÓN DE ENERGÍA. PARA OBJETAR EL TRÁMITE ASIGNADO, HICIERON USO DE LA TRIBUNA LOS SENADORES: FRANCISCO ARROYO VIEYRA, PRI. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, PRI. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYÓ REMITIR A LOS SEÑORES SENADORES LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA, RATIFICÓ EL TRÁMITE OTORGADO Y SOLICITÓ A LA COMISIÓN DE ENERGÍA PRESENTAR SUS CONSIDERACIONES A LA MAYOR BREVEDAD.

Junta de Coordinación Política

Comunicación

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que manifiesta su extrañamiento por las declaraciones hechas por la Sen. Norma Esparza Herrera, en relación con el Sen. Jorge Andrés Ocejo Moreno.

INTERVINIERON LOS SENADORES:
FRANCISCO ARROYO VIEYRA, PRI.
JORGE OCEJO MORENO, PAN.
JESÚS GARIBAY GARCÍA, PRD.
RUBÉN CAMARILLO ORTEGA, PAN.
QUEDÓ DE ENTERADO.

Iniciativas

Del Sen. Marco Tulio Munive Temoltzin, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II bis del artículo 2º y el Capítulo V del Título Tercero con los artículos 51 bis y 51 bis1 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

PROYECTO DE LEY O DECRETO, QUE SE DECLARAN CONCLUIDOS EN SU PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN EN COMISIONES. ( VER ACUERDO. )

Pretende crear la Comisión de Autotransporte, como instancia responsable de la planeación y coordinación del autotransporte federal, estatal y municipal en los casos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determine, fungiendo como un organismo coordinador de las distintas representaciones de los tres órdenes de gobierno del país, para proponer soluciones a las diversas problemáticas que enfrenta el subsector autotransporte. La SCT, podrá constituir comisiones de autotransporte en aquellas Entidades Federativas ó el Distrito Federal que requieran coordinación entre las autoridades Federal, Estatal y Local para la planeación, reordenamiento, funcionamiento integral, competitivo, sustentable, seguro y eficiente del autotransporte. El organismo que se propone crear, tendrá la atribución de diseñar estrategias concertadas con los gobiernos estatales y municipales con la participación de los principales actores económicos y sociales, para que la SCT, en el ámbito de sus atribuciones, pueda incorporarlas en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes y en los programas que ejecuta la misma, de común acuerdo con los diferentes órdenes de gobierno.

Entre sus atribuciones se encuentran las de definir las rutas más convenientes considerando la demanda de los servicios de autotransporte de personas y de carga, así como las condiciones de vialidad existentes; planear la ubicación más adecuada de las terminales de origen y destino, incluyendo las rutas interestatales en la distribución de pasaje; las de consulta obligatoria para el diseño, evaluación y seguimiento de políticas, programas e instrumentos en materia de autotransporte federal y los servicios relacionados que ello implica.

Estará constituida por la SCT, representada por el Director General del Centro SCT, quien la presidirá; el titular del Gobierno del estado o estados que correspondan o a quienes designen; el titular del municipio o municipios que correspondan o a quienes designen; los representantes de las Cámaras relacionadas con el transporte de pasajeros; y las instituciones de educación superior e investigación relacionadas con los servicios de autotransporte.

Del Sen. Alfonso Elías Serrano, a nombre propio, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

La iniciativa tiene el objeto de atender las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción, y complementar la iniciativa de reforma constitucional presentada el 23 de febrero del año en curso por el mismo autor.

En la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS se pretende establecer como objeto de la Ley el desarrollo de los mecanismos, instrumentos y medidas de protección de denunciantes y demás personas que participen en los procedimientos para la determinación de responsabilidades administrativas; se establece expresamente, que las denuncias puedan ser anónimas; regula las protecciones generales a las que tienen derecho los denunciantes y las demás personas que participen o aporten elementos en los procedimientos de determinación de responsabilidades oficiales, así como las protecciones específicas a que tienen derecho los servidores públicos que denuncien y participen como testigos, peritos o informantes en los procedimientos de determinación de responsabilidades públicas.

La adición de un artículo 212 bis al CÓDIGO PENAL FEDERAL, pretende establecer los beneficios a los que habrá lugar en caso de que un ciudadano o servidor público denuncie actos de corrupción constitutivos de delito, en los cuales el mismo denunciante haya participado.

Propone en el CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES incluir dentro del catálogo de delitos que ameritan el resguardo de la identidad y la protección de ofendidos y testigos, a los ilícitos penales cometidos por servidores públicos.

En relación con la LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL y la LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIOS DEL ESTADO, pretende que los denunciantes de actos de corrupción en el sector público y los aportantes de pruebas en los expedientes abiertos con motivo de estas denuncias, quedarían cobijados.

Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.

Reforma el primer párrafo del artículo 50 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para introducir la extorsión como una causal más para permitir la intervención de comunicaciones privadas, a petición del Titular del Ministerio Público de alguna entidad federativa.

En complemento a esa disposición se propone reformar la fracción V del artículo 2, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para establecer que el delito de extorsión cometido por algún miembro de la delincuencia organizada, será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 390 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales Estatales o del Distrito Federal.

De los Senadores Alejandro González Alcocer, Alejandro Zapata Perogordo, Pedro Joaquín Coldwell, Tomás Torres Mercado y Arturo Escobar y Vega, la que contiene proyecto de Ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Se crea la obligación de garantizar por todos los medios el derecho a no ser víctima del secuestro, por tal motivo el Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno, de forma conjunta y coordinada desarrollarán políticas en materia de prevención social del delito de secuestro, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores cívicos y culturales, que induzcan el respeto a la legalidad, a la protección de las víctimas y a una cultura de la paz.

Otro aspecto que contempla esta iniciativa es la reinserción de la víctima a la sociedad, de tal suerte que después de haber sido privada de la libertad, el proceso de acoplamiento a la vida cotidiana, sea acompañado por personal especializado que permita la reinserción exitosa de la víctima a su entorno familiar y social.

También se considera que los daños sufridos por el delito de secuestro deben ser establecidos en dos ámbitos distintos, ya que por un lado está el daño que se causa a la víctima y por otro el daño que se causa a la sociedad.

Se contemplan una serie de derechos a favor de la víctima del secuestro los cuales se encuentran divididos en diversos apartados, tomando como base la experiencia de diversas víctimas del secuestro.

En el combate a la esfera patrimonial de los secuestradores se propone que este sea obligatorio para el Ministerio Público y que los bienes que sean recuperados, sirvan para la atención a otras víctimas del secuestro y para reparar el daño a víctimas pasadas. Otros aspectos relevantes de esta iniciativa son los beneficios para la víctima, los cuales van desde la interrupción de los procedimientos administrativos y judiciales en su contra, ya sean civiles, fiscales o mercantiles, hasta la asistencia especializada en materia de salud para que la víctima pueda tener una rehabilitación óptima.

El proyecto se conforma de 85 artículos, divididos en tres títulos, el primero de ellos denominado “De los Derechos de las víctimas del delito de secuestro” con dos capítulos en los cuales se consideran los aspectos generales y de la actuación de las autoridades a favor de la víctima. Un segundo título “De los beneficios a las víctimas del secuestro” que incluye cinco capítulos donde se establecen los derechos de las víctimas, los beneficios de la víctima, en este capítulo se integran seis secciones que refieren de la asistencia y apoyo durante el secuestro, de los derechos y obligaciones de la víctima, de las medidas en materia de salud, educación, laboral, tributaria, un capítulo sobre el daño, de la reparación del daño directo, de la responsabilidad civil por daño social, del procedimiento, un capítulo del procedimiento y un capítulo de las sanciones; un tercer título denominado “De los Centros de atención a víctimas del secuestro” con dos capítulos uno sobre la integración y funcionamiento de los centros y otro del fondo de apoyo a las víctimas del secuestro, finalmente seis artículos transitorios que consideran la entrada en vigor de esta Ley.

Del Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2º, 21 y 45 de la Ley del Banco de México.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

PROYECTO DE LEY O DECRETO, QUE SE DECLARAN CONCLUIDOS EN SU PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN EN COMISIONES. ( VER ACUERDO. )

Propone que la Comisión de Cambios sea presidida por el Gobernador del Banco quien tendría voto de calidad. Esto a su vez se complementaría con la regla de mayoría para dar validez a las decisiones de la Comisión sin posibilidad alguna de cualquier clase de veto.

Asimismo, que las minutas o actas de las sesiones de la Comisión de Cambios y de la Junta de Gobierno se hagan públicas por los medios conducentes a los noventa y veintiún días de realizada la correspondiente sesión, respectivamente. En las actas mencionadas se contendrían las decisiones adoptadas, el sentido del voto y las posturas de los integrantes de las instancias mencionadas, así como el contenido argumentativo de estas últimas y de sus intervenciones en general.

Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone incluir la frase “que mensualmente se le notificará al usuario”, para que sea la periodicidad de su cálculo y se haga del conocimiento al público.

Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone crear incentivos fiscales que promuevan la actividad deportiva en forma particular. Para ello propone que las personas físicas puedan hacer deducible anualmente, los pagos realizados por concepto de inscripción y mensualidades de clubes deportivos o actividades deportivas del contribuyente, así como su cónyuge y sus descendientes en línea recta, siempre y cuando dichas erogaciones se hagan en establecimientos que se dediquen al deporte con autorización o con reconocimiento de validez de la Conade, Federaciones y Confederaciones deportivas o autoridades correspondientes de la SEP.

La cantidad máxima que se podrá deducir de los pagos erogados, incluyendo las inscripciones por cada ejercicio fiscal, será el equivalente hasta 500 salarios mínimos del área geográfica del Distrito Federal.

El autor señala que esta disposición legal, lejos de representar una disminución en los ingresos fiscales, tendrá un mayor impacto en la disminución del gasto en salud, que se tiene que erogar para la atención de enfermedades crónico degenerativas, provocadas por el sobrepeso y la obesidad.

Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone atribuirle a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la difusión de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, así como de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural y las operaciones y ramos de seguros que los mismos practican al amparo del registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

PROYECTO DE LEY O DECRETO, QUE SE DECLARAN CONCLUIDOS EN SU PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN EN COMISIONES. ( VER ACUERDO. )

Propone que la farmacoeconomía forme parte de un requisito indispensable en las licitaciones públicas, al tiempo de convertirse en un instrumento de análisis que permita al Estado mexicano evaluar científicamente las compras de medicamentos en el sector salud más allá de la promoción comercial.

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA. INTERVINO EL SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN.
FUE APROBADO POR 96 VOTOS. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El dictamen modifica el contenido orgánico y la estructura operativo-militar de la Armada de México, incorporando definiciones y conceptos más claros y precisos que faciliten su comprensión y aplicación. Se establece una reorganización de carácter político estratégica de los Mandos Navales en ambos litorales, logrando con ello dar mayor eficacia a la participación de la Armada en el combate a la delincuencia organizada e inseguridad, así como para proteger la vida, el patrimonio, la integridad de los mexicanos y contribuir al desarrollo nacional.

Dentro de las atribuciones de la Armada de México, se excluye la relativa a la de realizar acciones de salvamento, por corresponderle a la SCT. Se adiciona como atribución de la Armada, la intervención del personal naval en los órganos del fuero de guerra. Se eliminan las figuras de subsectores, apostaderos y brigadas navales; se actualizan las definiciones de fuerzas, regiones, zonas, sectores navales, unidades de superficie de la Armada y unidades de infantería de marina; se definen los conceptos de flotillas y escuadrillas. Se plantea la inclusión de los Consejos de Disciplina para que conozcan, resuelvan y sancionen las faltas que cometan los cadetes y alumnos de los establecimientos educativos navales. Se omite la reforma propuesta al artículo 26, con la que se pretende incluir la facultad del Consejo del Almirantazgo como segunda instancia revisora para las resoluciones emitidas por la Junta Naval, en virtud de que en la reforma al artículo 27 fracción II se precisa esta facultad al señalar que el Consejo del Almirantazgo en su modalidad de reducido, conocerá de las inconformidades a que se refieren los artículos 31 y 33 de la Ley.

Se adicionan a las facultades de la Junta Naval la de conocer de las inconformidades de adecuaciones de grado y pase de la milicia auxiliar a la milicia permanente, con el objeto de que el personal naval que se sienta afectado en sus derechos en estas materias, pueda recurrir ante un organismo competente que conozca y resuelva su inconformidad. Se elimina la figura “Comisión Coordinadora para la Designación de Cargos”.

Se crea el Servicio de Logística Naval, el cual se integrará con personal que cuente con conocimientos técnicos y profesionales a fines.


En cuanto al contenido del artículo 31, en el segundo párrafo se propone establecer que el Recurso de Inconformidad podrá interponerse en un plazo de 15 días naturales. Sobre este particular, las dictaminadoras precisan que en la Ley debe establecerse un término y no plazo, toda vez que sus consecuencias jurídicas son diferentes.

Partiendo de que en la propuesta de reforma se señala que “Las inconformidades se regularán conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas”, se considera innecesario abundar en las formalidades del procedimiento como la expresión del acto impugnado y los agravios que el mismo cause, que debe ir acompañado de las pruebas convenientes y el termino que tiene la autoridad competente para resolver. Por otra parte, se sustituye el concepto “plazo”, por “término

Finalmente las comisiones dictaminadoras arriban a la conclusión de que es inconveniente la derogación del párrafo segundo del artículo 80 y la reforma del numeral 82.

De las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, INTERVINO EL SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN.
FUE APROBADO POR 89 VOTOS. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil

INTERVINIERON LOS SENADORES:
FRANCISCO HERRERA LEÓN, PRI.
ULISES RAMÍREZ NÚÑEZ, PAN.
FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI, CONV.
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD, QUIEN SE REFIRIÓ ADEMÁS A UNA INICIATIVA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES EN LA MATERIA. EL PRESIDENTE FORMULÓ EXCITATIVA A FIN DE QUE SE PRESENTE EL DICTAMEN SOBRE LA INICIATIVA REFERIDA POR EL SEN. GÓMEZ.
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ DE LA RESERVA DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES DÉCIMA SÉPTIMA Y VIGÉSIMA; 4, FRACCIÓN TERCERA; 15-C, FRACCIÓN QUINTA; 29, 45, 46, 48 Y 56, DEL PROYECTO DE DECRETO.
FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS POR 90 VOTOS. INTERVINIERON LOS SENADORES:
ULISES RAMÍREZ NÚÑEZ, PAN, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS RESERVADOS.
HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, PRI.
LAS PROPUESTAS DEL SEN. RAMÍREZ NÚÑEZ FUERON ADMITIDAS Y APROBADAS.
LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES DÉCIMA SÉPTIMA Y VIGÉSIMA; 4, FRACCIÓN TERCERA; 15-C, FRACCIÓN QUINTA; 29, 45, 46, 48 Y 56 FUERON APROBADOS POR 90 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN.
EL PROYECTO DE DECRETO SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El dictamen tiene como propósito crear instrumentos idóneos que permitan brindar un apoyo real, en auxilio de las políticas públicas del Estado en materia de Protección Civil.

Se incorporan a las disposiciones generales, los principios que deberán regir las acciones de protección civil, siendo ellos la prioridad en la protección de la vida, la salud y la integridad de las personas; la prevención e inmediatez en la prestación de auxilio y la entrega de sus recursos; la coordinación, complementariedad y proporcionalidad de las funciones asignadas a las instancias de Gobierno, y el control, eficacia, racionalidad y transparencia en el gasto.

Se enriquecen los conceptos de Protección Civil, Prevención, Auxilio, Recuperación, Agentes Destructivos, Fenómeno Geológico, Fenómeno Químico-Tecnológico, Emergencia, y Damnificado, e incorpora nuevos conceptos como Fenómeno Social, Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Protección Civil, Junta de Titulares, Unidades internas, Atlas Nacional de Riesgo, Aportación, Brote epidémico, Endemia, Epidemia, Pandemia y Programas internos.

Mandata incluir en el PEF, el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas y asigna la coordinación a la SEGOB y la SAGARPA. Y considerar las adecuaciones presupuestales para propiciar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional y Programa Nacional en materia de protección civil.

Se crea la Comisión Nacional, como un organismo desconcentrado de la Secretaría, en los términos de su Reglamento Interior, con atribuciones especificas para resolver sobre las materias que se señalan en la presente ley y las demás disposiciones relativas, la cual contará con autonomía técnica y de gestión, en los términos de esta Ley y de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria aprobada para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Y establece que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, funcionará como área de apoyo de la Comisión Nacional teniendo como objeto promover la aplicación de las tecnologías para la prevención y mitigación de desastres, impartir la capacitación profesional y técnica sobre la materia, así como apoyar las medidas de preparación y autoprotección de la población ante la contingencia de un desastre.

Faculta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Nacional, pueda convocar, cuando así lo amerite, a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los invitados que se considere pertinente, cuando se presenten situaciones extremas de emergencia, desastre o cuando la probabilidad de afectación por un fenómeno perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de población.

Se establece que la Comisión Nacional podrá vigilar la aplicación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo Revolvente, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos de las normas correspondientes. Con respecto al Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, la Comisión Nacional podrá vigilar su aplicación en coordinación con la SAGARPA.

Estableciendo que cualquier acción de supervisión, evaluación y vigilancia por parte de la Comisión Nacional, se realizará con independencia de las facultades que tienen la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de lo previsto en el artículo 6º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Con el fin de fortalecer la cooperación entre los tres órdenes de gobierno se crea la Junta de Titulares de Protección Civil. Sin perjuicio de lo que establecen los ordenamientos locales en la materia, los responsables de protección civil podrán formar parte de la Junta de Titulares.

Se instituye la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios como la estructura de organización, preparación y capacitación individual y voluntaria, de miembros de la sociedad, con el fin de coordinar y compartir esfuerzos para enfrentar en su entorno riesgos causados por fenómenos de origen natural o antropogénico. Se define a los Brigadistas Comunitarios como las personas capacitadas por la autoridad o por medios propios en materias afines a la protección civil, registradas en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, manteniendo coordinación con las autoridades de protección civil de su comunidad.

Se define lo relativo a las aportaciones para auxiliar a la población; así como se implementan acciones que fomenten la cultura de prevención y protección civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva.

Así también se crea la Escuela Nacional de Protección Civil, abocada a impartir materias teóricas, prácticas y de especialización, para formar, capacitar y actualizar recursos humanos, profesionales y técnicos en la materia, de manera sistemática e institucionalizada mediante el establecimiento de mecanismos de profesionalización, acreditación y certificación.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo)

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
SIN DISCUSIÓN, FUE APROBADO POR 86 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN.

Las dictaminadoras concluyen que en virtud de que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados ya prevé las propuestas contempladas en la iniciativa de la Senadora; y que dicho ordenamiento jurídico es el encargado de regular el tema de la bioseguridad y no la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, dicha iniciativa se considera sin materia.