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Gaceta del Senado


Jueves 11 de febrero de 2010
Gaceta: LXI/1SPO-80

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Iniciativas

Del Sen. Francisco Herrera León, a nombre propio y de los Senadores Adolfo Toledo Infanzón, Alejandro Moreno Cárdenas y Ma. del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone reformar la fracción II del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, ubicado en el Titulo Tercero de la ley definido como de La Política Nacional de Desarrollo Social, en su capítulo III relativo al Financiamiento y el Gasto, para establecer que serán prioritarios y de interés público las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles, las campañas de control de natalidad y de prevención de embarazos en adolescentes y los programas de atención médica.

La iniciativa propone impulsar estas reformas que prevean el establecimiento de programas sociales en beneficio de los grupos más vulnerables de la sociedad, principalmente de las madres solteras, para cumplir con dos objetivos principalmente: por un lado, abatir una realidad social cuyas consecuencias en el ámbito laboral y escolar son desafortunadas tanto para la madre como para el hijo, y por el otro, el decidido impulso a los programas adecuados de control de la natalidad en el país.

Del Sen. René Arce, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación; de la Ley General de Salud; de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

La iniciativa tiene como propósito modificar la Ley General de Educación para fomentar una cultura de alimentación sana y balanceada, donde los educandos conozcan cómo acceder a nutrientes naturales que les ayuden en su crecimiento y desarrollo integral.

Establece que las cooperativas de los centros escolares, deberán ofertar fruta fresca o empaquetada sin conservadores; cereales integrales, verduras y legumbres frescas o empaquetadas sin conservadores, agua y jugos naturales, además de aquellos alimentos por cuyo valor nutritivo sean autorizados y certificados por la Secretaría de Salud; propone capacitar a los educandos sobre el acceso a nutrientes óptimos y fomentar en ellos el hábito de alimentación sana y balanceada. Prohíbe la venta y comercialización de productos de alto contenido calórico o de carbohidratos, azúcar refinada, aceites y grasas saturadas trans como frituras, galletas, barras, pastelillos, dulces, bebidas carbonatadas que provocan directamente trastornos de nutrición, sobrepeso y obesidad infantil y juvenil. La sanción por violar esta disposición estará especificada en el Reglamento de Cooperativas Escolares.

La reforma a la misma ley instruye al Estado a diseñar programas asistenciales, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a crear condiciones sociales de efectiva igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en los servicios educativos. Particular atención recibirán los programas de ayuda alimentaría. Propone que se ofrezca a los educandos acceso a toda clase de información, así como capacitación, sobre una nutrición sana y balanceada y obliga a que se expendan exclusivamente alimentos con estas características y que cumplan con los criterios y certificación que expida la Secretaría de Salud en la materia.

Las reformas contenidas en la iniciativa, propuestas a la Ley General de Salud, Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y los correspondientes a la Ley General de Sociedades Cooperativas, tiene la finalidad de establecer la corresponsabilidad y congruencia con las propuestas de modificación señaladas para la Ley General de Educación.

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al Capítulo V Instrumentos de Política Ambiental, la Sección X, Acción Climática Mitigación de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

La reforma presenta la adicción de una Sección X al Capitulo V de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, referente a la Acción Climática Mitigación de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), misma que propone que los generadores de gases de efecto invernadero pueden llevar acabo acciones de reducir sus emanaciones y en consecuencia mitigar los efectos que se produzcan en el ambiente, indicando que el Gobierno Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas, los gobiernos municipales y el Gobierno del Distrito Federal, organismos descentralizados y empresas paraestatales podrán llevar acabo programas y acciones tendientes a la reducción y así estar en la posibilidad de comercializar los certificados que pudieran ser obtenidos en donde se haga constar la reducción correspondiente.

Se establece que los generadores de gases de efecto invernadero que opten por esquemas de reducción en los que puedan recibir donaciones, aportaciones y en general cualquier tipo de apoyo financiero para la consecución del objetivo de reducción, deberán registrar sus proyectos ante la Oficina de Cambio Climático.

En tanto que al gobierno federal por conducto de la SEMARNAT le atribuye la facultad para que lleve a cabo de manera coordinada con la SHCP y la SENER, en el ámbito de sus respectivas competencias, los proyectos y programas tendientes a incentivar fiscal y financieramente aquellos generadores que se involucren en proyectos de reducción de gases de efecto invernadero.

Finalmente establece que para los efectos de esta sección que se adiciona a la ley serán reconocidos los programas que se han desarrollado a partir del llamado Protocolo de Kyoto, el Programa Voluntario del World Resources Institute y cualquier otro que se encuentre debidamente certificado por alguna organización de reconocimiento internacional y aprobada por las autoridades mexicanas.

Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General de Población.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Propone instituir que a los extranjeros que ingresen de manera irregular al país, ya sea que hayan entrado ilegalmente o su admisión haya sido regular pero su período de estadía expiró, tienen derecho a recibir un trato digno y justo, sin que por ningún medio se menoscabe el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Y establece que todos los migrantes tendrán derecho a acceder a los servicios otorgados por las instituciones públicas, especialmente a los de salud y justicia, en forma gratuita.

Propone sancionar a los empleados de la Secretaría de Gobernación con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando dolosamente o por grave negligencia entorpezcan o retrasen el trámite normal de los asuntos migratorios e incorpora como motivo de sanción el acto de participar en las violaciones a las disposiciones de la Ley y su Reglamento en materia que no constituya delito.

Para asegurar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, establece que los trámites administrativos para determinar la situación jurídica de los migrantes, no podrá realizarse hasta que un representante de la Embajada o Consulado del lugar del que es nacional el extranjero. Por otra parte la reforma propone que las estaciones migratorias donde se aseguren a los extranjeros que haya infringido la ley deberán de contar mínimo con secciones adecuadas al sexo y edad de las personas, instalaciones sanitarias higiénicas, abastecimiento suficiente de agua y alimentos de calidad y en buen estado, servicio médico y legal. Y establece que en casos de aseguramientos masivos, las autoridades realizaran los esfuerzos necesarios a fin de reducir los tiempos para la realización de trámites administrativos, con el objeto de evitar el hacinamiento en medida de lo posible. Prohíbe habilitar como estaciones migratorias los centros penitenciarios cuando se establezca como medida administrativa el aseguramiento de los migrantes, independientemente del modo en como hayan ingresado al territorio nacional, señalando que se deberán efectuar inspecciones y vigilancia para asegurar su cumplimiento en forma semestral.

En materia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno establece que se fomentarán la organización y participación de la sociedad civil para que coadyuve en la prestación de servicios de asistencia para los migrantes en situación irregular. Y les atribuye la obligación de promover políticas y mecanismos en beneficio de este grupo de personas, estableciendo incentivos a favor de las personas físicas y/o morales que de manera directa otorguen apoyos gratuitos a los migrantes.

Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Desarrollo Social.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

PROYECTO DE LEY O DECRETO, QUE SE DECLARAN CONCLUIDOS EN SU PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN EN COMISIONES. ( VER ACUERDO. )

La reforma constitucional al artículo 6, propone complementar el derecho a la información que actualmente esta vigente, estableciendo la obligación de Estado de garantizar la protección de los ciudadanos que en la realización de su actividad periodística, proponiendo se ubiquen como un grupo vulnerable frente al crimen organizado, funcionarios públicos, representantes populares o militares. Así propone que el derecho a la información y la protección de quienes en el desempeño de sus actividades periodísticas pongan en riesgo su integridad física y mental, serán garantizados por el Estado

Para la protección de los trabajadores de los medios de comunicación la iniciativa establece que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias se regirán por el principio de coordinación para garantizar la protección de los ciudadanos que realicen actividades periodísticas que los ubiquen como un grupo vulnerable frente al crimen organizado, funcionarios públicos, representantes populares o militares.

Señala que el Estado establecerá un sistema de protección física, jurídica, laboral y social a los ciudadanos que realicen actividades periodísticas y establece que las leyes orgánicas dictarán las disposiciones necesarias para evitar, sancionar e inhabilitar que funcionarios públicos, representantes legales o militares violenten la integridad física, mental, patrimonial de los de los ciudadanos que realicen actividades periodísticas y contra instalaciones de los medios de comunicación.

La reforma a la Ley de Desarrollo Social, propone incluir en la definición de grupos sociales en situación de vulnerabilidad a aquellos grupos sociales que en ejercicio de su actividad laboral (periodistas) enfrentan situaciones de riesgo, discriminación o seguridad que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención, inversión o protección del Gobierno para lograr su bienestar.

De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Adicionar las fracciones XVI y XVII al artículo 7º, de la Ley General de Educación, para añadir dos fines adicionales a los actualmente señalados en las fracciones I a XV, con la finalidad de que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se orienten a promover entre la población escolar, los hábitos relacionados con el consumo de alimentos con alto valor nutricional y de esta forma, prevenir la aparición de padecimientos tales como desnutrición, sobrepeso y obesidad; y promover programas coordinados de los tres ámbitos de gobierno, que garanticen desayunos escolares con alto valor nutricional; y así mismo se prevean programas destinados a establecer comedores comunitarios en las escuelas.

Con estas disposiciones se busca que los problemas de desnutrición y sobrepeso sean erradicados con educación, a fin de que, los adultos ordenen los hábitos alimenticios de sus hijos y con ello se tenga una niñez y una futura población adulta sana.

Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 225 del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Establecer como delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, el registrar datos falsos en las comunicaciones o partes informativos policíacos, en los que se hagan del conocimiento de la autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos.

La misma iniciativa propone establecer que a quienes cometan este delito se les impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además de su destitución e inhabilitación como servidores públicos, de tres a diez años, para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.

De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y se adicionan los artículos 12, 13, 14 y 15 del Estatuto de las Islas Marías.

INTERVINIERON LOS SENADORES: RICARDO MONREAL ÁVILA, PT.
RENÉ ARCE, PRD.
JESÚS MURILLO KARAM, PRI.
EL PRESIDENTE INFORMÓ DE LAS RESERVAS A LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 9 DEL PROYECTO DE DECRETO, POR PARTE DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA.
EL SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD, SE REFIRIÓ AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8 Y AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9.
EL DICTAMEN FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS POR 75 VOTOS; 11 EN CONTRA.
EL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA PRESENTÓ PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 9.
LA PROPUESTA AL ARTÍCULO 7 NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN. FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS POR 78 VOTOS; 11 EN CONTRA.
INTERVINIERON LOS SENADORES:
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ QUIEN SE REFIRIÓ AL CONTENIDO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8 Y DE LA ÚLTIMA PARTE DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9.
ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER, PAN.
TOMÁS TORRES MERCADO, PRD.
EL ARTÍCULO 8 EN SU PARTE NO IMPUGNADA, SE APROBÓ POR 76 VOTOS; 14 EN CONTRA.
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 8 SE APROBÓ POR 69 VOTOS; 12 EN CONTRA.
EL ARTÍCULO 9 EN SU PARTE NO IMPUGNADA, SE APROBÓ POR 74 VOTOS; 11 EN CONTRA.
LA ÚLTIMA PARTE DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 SE APROBÓ POR 67 VOTOS; 14 EN CONTRA.
EL PROYECTO DE DECRETO SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

Se propone sustituir el término “Colonia Penal” por el de “Complejo Penitenciario” el cual tendrá como objeto fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional, a través de la redistribución planificada de sentenciados federales o del orden común y favorecerá los tratamientos de reinserción social, con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.
Se establece que la administración, organización y control del Complejo estará a cargo del servidor público, nombrado a través de la Secretaría de Seguridad Pública por conducto del titular del área facultado para ello.
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el establecimiento del órgano jurisdiccional que deba conocer de los asuntos que se susciten en el Complejo. El Instituto Federal de Defensoría Pública, asignará al defensor público federal y asesor jurídico que brindarán los servicios respectivos en el Complejo. La PGR establecerá la Agencia del Ministerio Público de la Federación y fijará su competencia para conocer de los asuntos que se susciten en el Complejo.

Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

LA PRESIDENCIA FORMULÓ EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.