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Gaceta del Senado


Jueves 19 de marzo de 2009
Gaceta: LX/3SPO-352

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Poder Ejecutivo Federal

Iniciativas

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
Oficio con el que remite Iniciativa de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

La reforma al artículo 4º. de la Ley, para facultar al Ejecutivo Federal, por conducto del Banco de México cubrir, el equivalente a 3,000,000.00 (tres millones) de dólares estadounidenses, correspondientes a la última reposición de capital del Fondo Especial del Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe, a que se refiere el artículo 8 del Convenio Constitutivo del propio Banco.

Con la aprobación de la iniciativa de decreto, México dará cumplimiento a las resoluciones de Contribuyentes al Fondo Especial para el Desarrollo (FED), de fechas 20 de octubre de 1995, 13 de diciembre de 2001 y 13 de octubre de 2005, las cuales acuerdan llevar a cabo la cuarta, quinta y sexta reposición de recursos para financiar diversos programas de préstamo con el propósito de reducir la pobreza en la región del Caribe, el fortalecimiento de capacidades, la reducción de la vulnerabilidad de la zona y el desarrollo sustentable y la mejora de las instituciones locales, por un monto superior a los 400 millones de dólares estadounidenses.

El Ejecutivo informa que México como miembro del Banco de Desarrollo del Caribe, acordó las aportaciones correspondientes a 3,000,000.00 (tres millones) de dólares estadounidenses, en cada una de las resoluciones citadas. La atención de lo anterior complementará una cantidad total de contribuciones al FED equivalente a 29,333,000.00 (veintinueve millones trescientos treinta y tres mil) dólares estadounidenses.

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores

Iniciativas de Ciudadanos Senadores

De los Senadores Marko Antonio Cortés Mendoza, Humberto Aguilar Coronado, Eduardo Nava Bolaños y Ricardo Torres Origel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone que el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para el ejercicio fiscal de 2009, pueda llevarse a cabo sin el pago de multas, recargos o actualizaciones hasta el 31 de diciembre del presente año. Ello, se afirma en la exposición de motivos, con la finalidad de que los contribuyentes puedan ahorrar parte de sus ingresos de manera gradual y, en cuanto reúnan el monto total del impuesto por pagar, procedan a ejecutar dicho pago.

De los Senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Lozano de la Torre y José Calzada Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan artículos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se reforman la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Uniones de Crédito, la Ley de Crédito y Ahorro Popular, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone establecer un nuevo contrato de crédito, denominado “Contrato de Microcrédito Productivo”, el cual podrá ser utilizado por todas las personas morales que se dediquen de manera habitual y profesional a otorgar crédito. El contrato de microcrédito productivo se ubica en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque la naturaleza de la actividad del sujeto acreditado en la relación de crédito es mercantil, y tendrá como finalidad apoyar la actividad económica productiva de personas excluidas de los servicios financieros formales.

Para su otorgamiento se establecen requisitos mínimos como la identificación del acreditado, la declaración de que se utilizará la suma de dinero precisamente para una actividad económica productiva, con la posibilidad de que el acreditante lleve a cabo una inspección ocular del lugar donde desarrollará dicha actividad.

Además, al establecer las normas aplicables al microcrédito productivo en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se pretende que éste instrumento pueda ser utilizado por todas aquellas instituciones y sociedades dedicadas a la prestación de servicios financieros de crédito de manera habitual y profesional, desde las sociedades financieras de objeto múltiple, las sociedades financieras de objeto limitado que aún mantengan tal carácter, pasando por las uniones de crédito, las entidades de ahorro y crédito popular, las sociedades financieras populares, así como también las instituciones de banca múltiple o especializada, con independencia del marco jurídico al que estén sometidas en particular.

Se establece que el monto neto a prestar, después de comisiones y otros cargos, no rebasará el equivalente en pesos a doce mil unidades de inversión (UDIS), caso en el cual, los acreditados no pagarán el impuesto al valor agregado, ya que se propone la exención de dicho gravamen. Respecto al plazo para dichos microcréditos productivos, se considera razonable otorgar un plazo de hasta 36 meses de duración para el contrato de microcrédito productivo, tomando en consideración el nicho de mercado al que está enfocado este instrumento.

La iniciativa de reforma plantea una serie de conceptos y salvedades adicionales, con el objeto de que el costo de dicha operación sea el más bajo posible, teniendo en consideración el grado de riesgo involucrado en la operación.

Finalmente, para evitar que exista un conflicto entre normas y armonizar el entramado jurídico sobre éste tema, se presenta un paquete de reformas que comprende: la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Uniones de Crédito, la Ley de Crédito y Ahorro Popular, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro y de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

PROYECTO DE LEY O DECRETO, QUE SE DECLARAN CONCLUIDOS EN SU PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN EN COMISIONES. ( VER ACUERDO. )

Propone que en la póliza se establezca el plazo máximo dentro del cual se cubrirá la indemnización a partir de ocurrido el siniestro.

Se establecen las siguientes multas: de 1000 a 8000 días de salario a las instituciones de seguros que no cubran la indemnización dentro del plazo convenido; de 1000 a 8000 días de salario, con independencia de la responsabilidad civil o penal en que incurran, a los representantes de las instituciones de seguros que no garanticen la reparación del bien siniestrado en las condiciones estipuladas en el contrato; y de 1000 a 8000 días de salario, con independencia de la responsabilidad civil o penal en que incurran, a los representantes de las instituciones de seguros cuando la reparación del bien siniestrado se realice en condiciones por debajo de los estándares de calidad y racionalidad.

Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone disminuir la tasa que se cobra a las personas morales del 28% al 20%. Del mismo modo, se solicita la reducción proporcional de las tasas a las que están sujetas las personas físicas asalariadas, de manera que la mayor tasa a pagar sea del 20%.

De la Sen. Martha Leticia Rivera Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y adiciona la fracción XVII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

RECTIFICACIÓN DE TURNO:
EDUCACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Propone que en el tipo penal que castiga a quien dañe un monumento arqueológico, artístico o histórico establecido en el artículo 52 de la Ley, se establezca que sea por cualquier medio, que el daño o destrucción sea parcial o total y ya sea dentro o fuera de la zona arqueológica. Asimismo, pretende que dicho delito sea considerado como grave.

Del Sen. Ramiro Hernández García, a nombre propio y de los Senadores Adolfo Toledo Infanzón y Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Propone que los titulares de las dependencias, entidades del sector público, así como de los gobiernos de las entidades federativas que celebren convenios, sean responsables de la administración de los recursos públicos, así como de los resultados de los convenios que celebren, cumpliendo con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En abono a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, la iniciativa propone que el resultado de la evaluación sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, dentro de los siguientes 15 días a la fecha de terminación del convenio, a fin de que sus conclusiones sean de observancia obligatoria para la realización de futuros convenios entre las mismas partes.

Del Sen. Alfredo Rodríguez y Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el inciso i) del numeral 1 del artículo 112; y el inciso d) al numeral 1 del artículo 139 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

PROYECTO DE LEY O DECRETO, QUE SE DECLARAN CONCLUIDOS EN SU PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN EN COMISIONES. ( VER ACUERDO. )

Propone incluir como causa de inelegibilidad para ser candidato a Consejero del IFE, el que sea elegido a un cargo de elección popular federal, estatal o municipal; y en el caso de Consejeros estatales, que no estén desempeñando un puesto de elección popular de carácter federal, estatal o municipal, a menos que se separe del encargo con dos años de anticipación al día de su nombramiento.

Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma el artículo 29 de la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE HAN CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO PARLAMENTARIO APROBADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. ( VER ACUERDO. )

Propone establece a nivel constitucional y legal, que el Estado deba garantizar una educación de calidad en los distintos niveles de aprendizaje, y contribuir en lo necesario para lograr un desarrollo educativo de competencia.

De la Sen. Adriana González Carrillo, a nombre propio y de las Senadoras Claudia Sofía Corichi García, Eva Contreras Sandoval, Blanca Judith Díaz Delgado, Irma Martínez Manríquez, Ludivina Menchaca Castellanos, María Serrano Serrano, María Beatriz Zavala Peniche, Rosalía Peredo Aguilar y María Elena Orantes López, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE A PETICIÓN DE LAS COMISIONES, EN SU REUNIÓN DEL 19 DE OCTUBRE DE 2010, LA MESA DIRECTIVA ACORDÓ AMPLIAR EL PLAZO PARA PRESENTAR DICTAMEN CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 212 DEL REGLAMENTO DEL SENADO.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone que cuando un partido o una coalición registren a una candidata propietaria en las listas de representación proporcional para cargos legislativos federales, la suplencia debe estar ocupada también por una mujer, garantizando así la eficacia de la acción afirmativa de género en los puestos legislativos federales de representación proporcional.

Del Sen. Felipe González González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que expide la Ley Antisecuestro.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE GOBERNACIÓN.

INICIATIVAS QUE HAN CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO PARLAMENTARIO APROBADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. ( VER ACUERDO. )

Propone crear la Ley Antisecuestro, cuyo objeto será prevenir, prever y sancionar el delito de secuestro en sus diversas modalidades, así como establecer los deberes principales de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, fijando el esquema de su coordinación para el combate al secuestro. Estipula que el combate comprende su prevención, investigación, persecución, enjuiciamiento de los probables responsables y aplicación a los responsables de las consecuencias jurídicas de dicho delito. La iniciativa de ley brinda la opción a la familia de contar con la asesoría de expertos para regresar con vida a la víctima.

Crea una Unidad Antisecuestros bajo la coordinación de la PGR y la SSP federal, con participación de las PGJ y las SSP de los estados y el Distrito Federal. Instituye que todos los secuestros son de competencia concurrente y en caso de detenidos, la Procuraduría de Justicia local hará la consignación a un tribunal federal. Promueve el uso intensivo de la facultad de intervenir comunicaciones privadas y de solicitar la colaboración de las empresas de telefonía.

Se crea el Comité Nacional contra el Secuestro integrado con los procuradores de justicia y secretarios de seguridad pública del país. Dispone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública deba entregar información sobre el modo de operar de los secuestradores a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal. Establece la obligación al Comité de formular el Mapa del Secuestro, señalando que sus metas se evaluarán en función de los secuestradores llevados a prisión.

En materia de penas, establece que comete el delito de secuestro el que incurra en alguna o algunas de las conductas previstas en los artículos 366 y 366 bis del Código Penal Federal, aplicando al que cometa la conducta descrita en la fracción I del artículo 366, con excepción del inciso d), de cuarenta a sesenta años de prisión y una multa de cuatro mil a seis mil días multa. Al que cometa alguna de las conductas descritas en las fracciones II y III del artículo 366, se le aplicará una pena de cincuenta a sesenta y cinco años de prisión y una multa de cinco mil a siete mil días multa. Instituye que se impondrá la pena de prisión vitalicia al o a los secuestradores que causen a la víctima del secuestro alguna lesión de las previstas en los artículos 291 al 293 del Código Penal Federal, o mutilen, violen o torturen a la víctima. La misma pena de prisión vitalicia se aplicará al o a los secuestradores que priven de la vida a la víctima. En ambos casos, se aplicará una multa de siete mil a nueve mil días multa.

Se especifica que comete secuestro express el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro, quien cometa el delito de secuestro Express se le aplicará una pena de veinte a cuarenta años de prisión y una multa de dos mil a cuatro mil días multa. Para aquellos que participen en cualquier modalidad del secuestro se establece que se le aplicará una pena de 4 a 9 años de prisión y si la información de que se tenga conocimiento se refiere al paradero de la víctima, se duplicará la pena.

A partir del análisis de la situación y de experiencias de éxito, se ordena llevar a cabo la planeación estratégica del combate al secuestro, y dentro del esquema de coordinación de los 3 niveles de gobierno y mandata la aplicación de un modelo de inteligencia y despliegues estratégicos de prevención policíaca.

Para efectos de la legislación penal, establece que será considerado partícipe del tipo básico de secuestro, el que: participe en la planeación; el que aceche y obtenga información de la víctima, familiares o amigos del mismo; al que proporcione a los autores materiales de información, instrumentos o cualquier cosa que sirva de medio para la comisión del tipo de secuestro; al que con su carácter de servidor público o ex servidor público, comunique a los secuestradores información sobre la averiguación previa, el proceso judicial, planes o actividades de las autoridades que investiguen un secuestro o protejan o hayan protegido a la familia de la víctima; y al que refiere a la víctima con el o los secuestradores para ser privada de su libertad y proporciona datos de su patrimonio, domicilio o hábitos que dicha víctima realiza en sus actividades. A los que realicen cualquiera de las conductas señaladas, sin que se haya consumado el tipo básico de secuestro, se les impondrá hasta la mitad de pena de prisión de 4 a 9 años.

Toda denuncia de secuestro será recibida por el Sub-Procurador actuando en funciones de Agente del Ministerio Público que designe el Procurador de Justicia del estado o del distrito federal, debiendo éste rendir un informe diario al Procurador de Justicia.

Establece que en materia de secuestro, al ejercitarse la acción de extinción de dominio, los bienes serán siempre adjudicados en primer lugar a los ofendidos y, de haber un remanente, la sentencia los aplicará al Estado. Implanta la Reclusión de secuestradores en Centros Federales de Máxima Seguridad, con prisión vitalicia, sin amnistía ni indulto, en áreas sin contacto con el resto de los internos, Queda prohibido el acceso a las personas recluidas por el delito de secuestro a aparatos de telecomunicación de cualquier tipo, autorizándolo solo por conducto del personal del centro penitenciario.

De las Senadoras María Elena Orantes López y Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción IX al apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE HAN CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO PARLAMENTARIO APROBADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. ( VER ACUERDO. )

Propone que la mujer embarazada que deba ser sujeta a proceso por algún delito, tendrá el derecho desde el inicio de su detención a la atención médica y psicológica que le permita resguardar de su salud y la del ser humano en gestación.

Toda autoridad judicial deberá sujetarse a lo que el médico legista establezca para preservar la salud de la mujer en estado de gravidez.

De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE HAN CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO PARLAMENTARIO APROBADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. ( VER ACUERDO. )

Propone incorporar disposiciones que permitan elevar la competitividad de los servicios turísticos; incorpora como servicios turísticos los que prestan los transportes turísticos, arrendadoras de medios de transporte habitualmente usados por el turista, centros deportivos, culturales y educativos, parques ecológicos que oferten servicios turísticos ambientalmente sustentables; dispone que los guías de turistas deberán estar debidamente acreditados por la federación, las entidades federativas o los municipios, de acuerdo con su ámbito competencial;

En materia de planeación turística dispone que la Secretaría, en coordinación con los órganos competentes de las entidades federativas y los municipios y con coadyuvancia del sector privado y social, elabore el programa sectorial turístico, atendiendo que la planeación turística, sea regional, estatal y municipal, atendiendo a las particularidades de las diversas zonas, así como a su oferta y potencial turístico; atendiendo en todo momento a los principios de sustentabilidad y competitividad.

Propone que la Secretaría, integre a las entidades federativas y municipios involucrados, en la promoción, constitución y operación de empresas de miembros del sector social, que tengan por objeto la prestación de servicios turísticos accesibles a la población, promoviendo el desarrollo estatal y municipal, mediante la conjunción de esfuerzos.

Asimismo establece que la Secretaría, promueva con los órganos competentes de las entidades federativas y los municipios, la suscripción de acuerdos con prestadores de servicios turísticos.

En materia de Zonas de Desarrollo Turístico prioritario, propone que la formulación de las mismas considere su expedición conforme a los planes locales de desarrollo urbano, las declaratorias de uso del suelo turístico, para crear o ampliar centros de desarrollo turístico prioritario, así como para la creación de centros dedicados al turismo social, en los términos de las leyes respectivas, y se establezcan los beneficios legales y administrativos conducentes a efecto de potencializar el desarrollo turístico sustentable, atraer inversión privada y dar certeza jurídica a las actuaciones de inversionistas y prestadores de servicios turísticos.

Por otra parte reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría de Turismo formule en coadyuvancia con las entidades federativas los municipios y el sector social, políticas multisectoriales y transversales de desarrollo de la actividad turística nacional; así como incluir a los municipios turísticos en la promoción de las zonas de desarrollo turístico nacional.

Asimismo faculta a la Secretaría de Turismo para que emita opinión técnica respecto de los proyectos privados que impacten el turismo; y le asigna la tarea de apoyar permanentemente en la gestión de trámites administrativos de carácter federal, estatal o municipal, necesarios para la prestación de servicios turísticos.

De los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando Castro Trenti y Pedro Joaquín Coldwell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Propone crear un nuevo órgano para la decisión de posibles contradicciones de tesis entre los tribunales pertenecientes a un mismo circuito: los Plenos de Circuito. Estos órganos estarán integrados por los miembros de los mismos tribunales colegiados, esto permitirá generar una homogeneización de los criterios hacia adentro del circuito previniendo así que tribunales diversos pero pertenecientes a la misma jurisdicción decidan cuestiones distintas para casos iguales.

Se establece la atribución del Consejo de la Judicatura Federal para expedir acuerdos generales para determinar la integración de los plenos de circuito, con base en los criterios de número y especialización de los tribunales colegiados que pertenezcan a cada circuito. Estos plenos se integrarán por los magistrados adscritos a los tribunales colegiados del circuito respectivo, bastando la presencia de la mayoría de ellos para sesionar y la mayoría de votos para la adopción de decisiones, sin embargo, en caso de empate, se establece que el presidente del pleno tendrá voto de calidad.

En relación con la presidencia de los plenos, se establece que serán los propios integrantes de los plenos quienes la elijan por un período de un año no pudiendo ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Otra de las reformas, se refiere al otorgamiento de la facultad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las materias de su competencia.

Se ajusta la redacción al mandato que prevé en los casos en que la jurisprudencia sea obligatoria, extendiéndose dicha obligatoriedad a la jurisprudencia que emitan los nuevos plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales.

Se propone reformar el artículo 100 constitucional, a fin de establecer nuevos supuestos de excepción a los principios de inatacabilidad y definitividad de las resoluciones y decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, los que consistirán en aquellos casos en que se trate de resoluciones que afecten derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación, resoluciones en materia laboral, y resoluciones que se refieran a los cambios de adscripción de jueces y magistrados, suprimiéndose además la limitante establecida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que ésta sólo podía verificar que hubiesen sido adoptadas conforme a las reglas que estableciera la ley orgánica respectiva.

Establece atribución a los tribunales de la federación para resolver en amparo toda controversia que se suscite no sólo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones en que ésta incurra. También deben tomar en cuenta los criterios emitidos por los órganos internacionales y regionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano forme parte, siempre que no contradiga la Constitución.

Propone otorgar a los Tribunales Colegiados de Circuito la facultad para admitir, de entre todas las demandas que se les presenten, sólo aquellas que, dentro de ciertas reglas, sean de importancia y trascendencia, por implicar un pronunciamiento novedoso o excepcional.

Primera, establecer la figura del amparo adhesivo, esto es, dar la posibilidad a la parte que haya obtenido sentencia favorable y a la que tenga interés en que subsista el acto, para promover amparo con el objeto de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio que determinaron el resolutivo favorable a sus intereses. Se impondrá al quejoso o a quien promueva el amparo adhesivo la carga de invocar en el escrito inicial todas aquellas violaciones procesales que, cometidas en el procedimiento de origen, estimen que puedan violar sus derechos.

Asimismo, se otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de emitir una declaración general en aquellos juicios de amparo indirecto en revisión en los que establezca jurisprudencia por reiteración en la cual determine la inconstitucionalidad o la interpretación conforme de una norma general respecto de la Constitución.

Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone establecer que el monto anual destinado a aquellos programas que fomenten la formación, desarrollo y consolidación de científicos y tecnólogos represente, cuando menos, el 30 por ciento, del monto total del presupuesto anual para el Programa de Ciencia y Tecnología a que se refiere la Ley del ramo.

El autor de la iniciativa considera que con la provisión mayor de recursos presupuestales, de políticas públicas que prevengan tanto el éxodo definitivo de personal especializado, así como el diseño de incentivos, permitirá que se generen las condiciones para el regreso a México de aquellos que realicen estudios en el extranjero, garantizándoles en ambos casos mejores condiciones laborales que las actuales, con lo que se lograría un mayor compromiso y vínculo con el desarrollo del país.

De los Senadores Mario López Valdez y Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

INICIATIVAS QUE HAN CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO PARLAMENTARIO APROBADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. ( VER ACUERDO. )

Propone instituir una uniformidad en cuanto a los criterios que deben contener los contratos de adhesión y las facultades de las autoridades financieras, a partir de una iniciativa de adición que establezca que en los contratos de adhesión de apertura de crédito a cuenta corriente contengan algunas disposiciones básicas, entre ellas que los modelos de contratos de adhesión deberán contener el procedimiento de reporte por robo o extravío y el plazo con que la emisora se podrá responsabilizar de los cargos realizados de manera fraudulenta con anterioridad a dicho reporte, determinando que este plazo no podrá ser mayor a 72 horas. Asimismo establece que la entidad bancaria deberá establecer un seguro para los casos de robo y extravío en donde se utilice de manera fraudulenta la Tarjeta de Crédito o se realicen cargos no reconocidos por el titular; el seguro será a cargo de los entes financieros.

De esta manera, la iniciativa uniforma el procedimiento para reportar el robo o extravío conforme a las reglas que para ese efecto emita el Banco de México. Y a partir de la jurisprudencia que sobre el caso ha dictado la Suprema Corte, se asegura que los vouchers o pagarés que son declarados por ser falsa la firma, deberán ser declarados nulos, sin cargar este monto al titular de la tarjeta.

Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVAS QUE HAN CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO PARLAMENTARIO APROBADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. ( VER ACUERDO. )

Propone incorporar a la Ley de Aguas Nacionales las variables geográficas y climáticas que caracterizan a nuestro país, a partir de la reforma a las fracciones III y IV del artículo 9, en lo correspondiente a las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, atribuyéndole como tales, la integración y formulación del Programa Nacional Hídrico, debiendo para ello considerar en forma obligatoria las características climáticas y geográficas de la región norte y sur del país.

Complementariamente la reforma propone que al elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales La Comisión Nacional del Agua, deberá de garantizar la coordinación y cooperación de las regiones climáticas, a fin de mejorar la distribución del recurso hídrico.

El autor de la iniciativa concluye que con estas medidas se creará una nueva coordinación interestatal con respecto al uso del agua, al considerar las condiciones de dos regiones con características climáticas respecto al territorio geográfico nacional y de considerar la ubicación de las cuencas, logrando así proyectar en mejor medida la distribución del agua, para de este modo realizar una mejor planificación del Programa Nacional Hídrico, asignando adecuadamente los recursos; y por demás importante, atender las demandas de los sectores productivos y de la población.

Del Sen. Francisco Herrera León, a nombre propio y de los Senadores Carlos Lozano de la Torre, Ramiro Hernández García, Adolfo Toledo Infanzón y Jesús María Ramón Valdés, PRI, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone adicionar una fracción IX, al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que las personas físicas residentes en el país puedan deducir las colegiaturas pagadas por el contribuyente a aquellas instituciones del sistema educativo nacional, no importando el tipo ni la modalidad de educación de que se trate, siempre que las mismas cuenten con reconocimiento de validez oficial, ya sea para sí mismo, sus ascendientes o descendientes hasta el segundo grado o para aquellos sobre quienes ejerzan la tutela.

Establece de forma específica que la cantidad máxima que se podrá deducir de las colegiaturas por ejercicio fiscal, en las que se incluyan todos los desembolsos por gastos de inscripciones y colegiaturas realizados por el contribuyente, será determinado para cada nivel educativo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el Reglamento que para tal efecto publique, procurando la inclusión de todos los desembolsos por gastos de inscripciones y colegiaturas realizados por el contribuyente.

Para los efectos de lo señalado en la fracción cuya adición se propone, las instituciones educativas deberán indicar el nombre del contribuyente que ejerce la deducibilidad, así como el beneficiario de dicho pago. En caso de que el contribuyente reciba como prestación social el apoyo para el pago de inscripciones y colegiaturas, solamente será deducible la proporción no cubierta por esta prestación.

En artículo transitorio mandata para que la reforma propuesta, entre en vigor el día 1º de enero de 2010.

Dictámenes a Discusión

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una XII fracción del artículo 2° de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

INTERVINO LA SEN. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO, POR LAS COMISIONES.
FUE APROBADO POR 96 VOTOS. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

La Minuta en estudio, propone adicionar el artículo 1º para establecer que se entenderá por militares a las mujeres y a los hombres que presten sus servicios al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Las Comisiones Dictaminadoras consideran procedente lo propuesto en la Minuta, sin embargo, por cuestiones de técnica legislativa modifican la redacción y se insertará en una fracción XII al artículo 2° de la Ley, ya que en este artículo se definen los conceptos relativos al citado ordenamiento.

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a los artículos 10 y 122; y se reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

FUE APROBADO POR 92 VOTOS. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

La Minuta en estudio, propone establecer que sin distinción de género, las mexicanas y los mexicanos miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a todos los niveles de mando, incluyendo a los órganos del alto mando del Ejército y la Fuerza Aérea.

Las comisiones dictaminadoras consideran viable la propuesta, sin embargo, proponen eliminar la frase “las mexicanas y los mexicanos” en virtud de que ese supuesto ya se encuentra contemplado en el párrafo tercero del artículo 32 constitucional.

Legislaturas de los Estados

Comunicaciones

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

REALIZADO EL ESCRUTINIO, SE DIO FE DE LOS VOTOS APROBATORIOS DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, CHIAPAS, CHIHUAHUA, COLIMA, DURANGO, GUANAJUATO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, SINALOA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS.
SE DECLARÓ APROBADO EL DECRETO. SE COMUNICÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Comunicaciones

Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE REALIZÓ EL ESCRUTINIO Y SE DIO FE DE LOS VOTOS APROBATORIOS DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, CHIAPAS, COLIMA, DURANGO, GUANAJUATO, MICHOACÁN, MORELOS, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, SINALOA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN, Y ZACATECAS.
SE DECLARÓ APROBADO EL DECRETO. SE COMUNICÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.