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Miércoles 05 de diciembre de 2007
Gaceta: LX/2PPO-170

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE PUESTO A DISCUSIÓN.
PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN, HIZO USO DE LA TRIBUNA EL SEN. JESÚS MURILLO KARAM, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTAS DE ADECUACIÓN AL TEXTO DEL DICTAMEN, LAS CUALES SE AUTORIZÓ APLICAR.
INTERVINO EL SEN. JOSÉ LUIS LOBATO CAMPOS, CONV., QUIEN PRESENTÓ VOTO PARTICULAR A NOMBRE DE SU GRUPO PARLAMENTARIO.
PARA FIJAR LA POSICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, HICIERON USO DE LA TRIBUNA LOS SENADORES:
ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, PT.
DANTE DELGADO, CONV.
ARTURO ESCOBAR Y VEGA, PVEM.
ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA PARA MODIFICAR LA UBICACIÓN DEL CAPÍTULO PRIMERO CORRESPONDIENTE A "LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA", QUE PASARÍA AL TÍTULO SEGUNDO DENTRO DEL LIBRO SEGUNDO DEL PROYECTO DE DECRETO.
EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE SE RESERVARON PARA SU DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS 4; 5; 41, PÁRRAFO 4; 49; 66; 95, PÁRRAFO 9; 96, PÁRRAFO 3; 100, 208; 218; 220; 228; 236; 237; 252, PÁRRAFO 5.
EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS POR 93 VOTOS A FAVOR; 16 EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN.
LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 218. FUERON APROBADOS EN SUS TÉRMINOS POR 77 VOTOS EN PRO; 29 EN CONTRA.
EL ARTÍCULO 41, PÁRRAFO 4. FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS POR 79 VOTOS EN PRO: 29 EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN.
EL ARTÍCULO 49. FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS POR 81 VOTOS EN PRO; 25 EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN.
EL ARTÍCULO 66, FUE APROBADO POR 96 VOTOS EN PRO; 6 EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN.
EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO 9. FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS POR 78 VOTOS; 15 EN CONTRA; 8 ABSTENCIONES.
EL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO 3. FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS POR 83 VOTOS EN PRO; 21 EN CONTRA; 2 ABSTENCIONES.
EL ARTÍCULO 100 Y PROPUESTA DE ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO TRANSITORIO. EL ARTÍCULO 100 MODIFICADO Y EL NUEVO TRANSITORIO FUERON APROBADOS POR 99 VOTOS EN PRO; 9 EN CONTRA.
EL ARTÍCULO 208. FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS POR 80 VOTOS EN PRO; 24 EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN.
EL ARTÍCULO 220. FUE APROBADO POR 100 VOTOS.
EL ARTÍCULO 228. FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS POR 96 VOTOS EN PRO; 9 EN CONTRA.
EL ARTÍCULO 236. FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS POR 95 VOTOS EN PRO; 3 EN CONTRA.
EL ARTÍCULO 237. FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS POR 93 VOTOS EN PRO; 12 EN CONTRA.
EL ARTÍCULO 252, PÁRRAFO 5, FUE APROBADO POR 80 VOTOS EN PRO; 27 EN CONTRA.
PROPUESTA DE CAMBIAR LA UBICACIÓN DEL CAPÍTULO PRIMERO CORRESPONDIENTE A "LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA", QUE PASARÍA AL TÍTULO SEGUNDO DENTRO DEL LIBRO SEGUNDO DEL PROYECTO DE DECRETO. APROBADA.
SE DECLARÓ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL PROYECTO DE DECRETO. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.

Las dictaminadoras consideran que son de atender y aprobar tanto la estructura que se propone mantener para el COFIPE contenido en el proyecto de Decreto, como sus contenidos fundamentales. Coinciden también con la necesidad de que la nueva normatividad electoral, refleje tanto las disposiciones fundamentales contenidas en la Constitución, como su desarrollo en la ley secundaria a fin de otorgar certidumbre a todos los involucrados en su interpretación y su aplicación.

Respecto de asuntos de forma, las Comisiones Unidas decidieron aprobar diversos cambios de redacción, o incorporar agregados en diversos artículos, con el único objetivo de mejorar la redacción para su cabal entendimiento. En los cambios de fondo, el más relevante se refiere a la posibilidad de que, tratándose de coaliciones, los partidos que las integran puedan convenir la aportación de votos suficientes para que cada uno de ellos cumpla el requisito del 2% de la votación nacional emitida, siempre y cuando los partidos que resulten beneficiarios de tal medida hayan obtenido, por si mismos, al menos el 1%.

De igual manera, la prerrogativa consistente en franquicia postal se ve incrementada a fin de cubrir las necesidades de los partidos en este rubro.

Finalmente se destacan diversos cambios en materia de acciones afirmativas en beneficio de la equidad de género, atendiendo el reclamo de las legisladoras de todos los grupos parlamentarios al hacer eco de la demanda social.
SINOPSIS DEL PROYECTO DE DECRETO:

SISTEMA DE PARTIDOS:

• Propone la adecuación de los derechos y obligaciones de los partidos políticos, ello con el propósito de fortalecer la regulación aplicable a su vida interna, con el propósito de atender las obligaciones legales derivadas de la reciente reforma al artículo 6º constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, se establece en el COFIPE, un nuevo capítulo en el que se contienen las obligaciones de los partidos políticos en esa materia, la forma en como los ciudadanos accederán a la información de los partidos y aquella que no será pública por ser confidencial o reservada, o bien porque atañe de manera directa a las decisiones de estrategia política o electoral que cada partido adopta.

• En materia de la creación y registro legal de nuevos partidos se propone, por una parte, la adecuación obligada a las disposiciones constitucionales en lo que hace a la no intervención de organizaciones gremiales, o de otra naturaleza, ajenas al sistema de partidos; se propone que el registro de nuevos partidos se realice cada seis años en el año posterior al de la elección presidencial y que el derecho constitucional de asociación política se reglamente en el COFIPE de una forma amplia, no restrictiva, como corresponde a un derecho fundamental.

• Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, tendrán la obligación de ceñir su intervención en los asuntos internos de los partidos a lo que señale la ley, así como la obligación para los ciudadanos afiliados a los partidos políticos de agotar las instancias internas de solución de conflictos antes de acudir a la autoridad electoral para la protección de sus derechos.

• Permite a los partidos y a sus afiliados desarrollar su vida interna sin estar sujetos al cuestionamiento inmediato ante las autoridades electorales respecto de asuntos y decisiones que constituyen materias en las que, con apego a normas democráticas, cada partido puede y debe resolver internamente, y solamente una vez agotadas esas instancias, dejar abierta y garantizada la vía de la queja o denuncia ante las autoridades electorales.

COALICIONES ELECTORALES:

• Propone que, de así convenirlo los partidos coaligados, el convenio respectivo pueda establecer para el caso que alguno de ellos no alcance el mínimo de votación requerido, pero su votación sea al menos del uno por ciento, de la votación obtenida por otro partido –u otros- se asigne a los primeros el porcentaje necesario a fin de que acrediten ese mínimo, sin poder en ningún caso excederlo. Serán los partidos que integren una coalición quienes decidan aplicar o prescindir de esta posibilidad que deja abierta la norma legal;

• En todo caso cada uno de los partidos coaligados que aparezca en la boleta con su propio emblema, los votos serán sumados a favor del candidato de la coalición y contaran por separado, a favor de cada partido. En consecuencia, los partidos coaligados deberán registrar, por si mismos, listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y a senadores por el mismo principio.

FINANCIAMIENTO:

• Se reproduce en su integralidad las normas contenidas en el artículo 41 constitucional, siguiendo la misma técnica legislativa, así, el Consejo General del IFE deberá aplicar la nueva fórmula para el cálculo del financiamiento público ordinario, y en 2009 la relativa al financiamiento de campaña. Los demás rubros del financiamiento público se adecuan al mandato constitucional.

• El financiamiento privado quedará sujeto no solamente a mayores y más estrictas regulaciones, sino que el monto total permitido a cada partido sea sustancialmente menor al hasta hoy autorizado.

PRERROGATIVAS
RADIO Y TELEVISIÓN:

• Se propone un capítulo específico en el COFIPE, con objetivo de dotar al IFE de la normatividad que deberá aplicar para la asignación del tiempo a que se refiere la Base III, en sus apartados A) y B) del nuevo artículo 41 constitucional, distinguiendo, primeramente, por tipo de elección y campaña, tanto federales como locales; para tal fin, se determina en el COFIPE el tiempo que deberá destinarse para cada campaña –federal o local- así como la duración de los mensajes que los partidos políticos trasmitirán, en radio y televisión, durante las precampañas y campañas.

• Las normas relativas a la asignación de tiempo por tipo de campaña buscan compatibilizar, de manera simultanea, dos objetivos: que las autoridades electorales y los partidos políticos tengan un marco normativo preciso, no sujeto a interpretaciones en su aplicación práctica, pues de lo que se trata es de asignar tiempo y mensajes, y simultáneamente permitir a los partidos tomar las decisiones que mejor se correspondan con sus estrategias de campaña, decidiendo ellos, dentro de cierto margen, el uso de sus prerrogativas en radio y televisión según el tipo de campaña.

• De los 48 minutos que en todas las estaciones de radio y canales de televisión quedarán a disposición del IFE durante los procesos electorales, para las precampañas serán asignados 18 minutos diarios, en conjunto para todos los partidos, mientras que durante el periodo de campañas federales se asignarían 41 minutos diarios como prerrogativa a los partidos políticos; quedando para los fines propios de las autoridades electorales, tal y como lo dispone el texto constitucional, siete minutos diarios.

• Del tiempo asignado a los partidos políticos para sus precampañas durante los procesos electorales federales, éstos podrán a su vez destinar espacio para la difusión de la de ámbito local en los procesos coincidentes con el federal.

• Para las campañas locales coincidentes con la federal se propone destinar 15 minutos diarios por entidad federativa; ese tiempo estará comprendido dentro de los 41 minutos diarios que el IFE pondrá a disposición de los partidos.

• En las demás entidades federativas, en las que solamente se lleve a cabo la elección federal, los partidos políticos tendrán asegurado el uso de los 41 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión con cobertura en esas entidades.

• En el año de la elección correspondiente, del tiempo a que cada partido tiene derecho, convertido en número de mensajes, por lo menos un 30 por ciento deberá destinarse a alguna de las campañas –presidencial o legislativa- que coinciden en el año de la renovación general de los dos poderes federales de elección popular.

• Los partidos harán uso del tiempo que les corresponda en mensajes con duración de treinta segundos, uno y dos minutos, según las reglas que se especifican para cada tipo de campaña.

• En los estados con elección o jornada comicial no coincidente con la federal, del tiempo que el IFE dispondrá en cada entidad federativa, se asignarán para las precampañas locales de los partidos políticos seis minutos diarios, en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate.

• Se propone asignar en las elecciones locales no concurrentes 18 minutos diarios en todas las estaciones de radio y canales de televisión en la entidad de que se trate.

• El tiempo asignado a los partidos, tanto en precampaña como en campaña, será distribuido conforme a la norma constitucional: treinta por ciento en forma igualitaria y el resto de manera proporcional a los votos obtenidos en la elección federal para diputados inmediata anterior; en el caso de las entidades federativas, la distribución proporcional se realizará considerando los resultados de las última elección para diputados locales en la entidad de que se trate.

• Establece cuáles serán las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate a través de las cuales se difundirán los mensajes de propaganda partidista de precampaña y campaña, así como los utilizados para sus propios fines por las autoridades electorales.

• Los tiempos permanentes, fuera de proceso electoral, se regulan conforme al mandato constitucional, asignando a los partidos, en su conjunto, la mitad del tiempo a disposición del IFE, equivalente al doce por ciento del que dispone el Estado.

• Cada partido tendrá derecho a un programa mensual de 5 minutos. Una vez cumplido lo anterior, el tiempo restante en radio y televisión se distribuirá en forma igualitaria para la transmisión de mensajes de veinte segundos.

• Propone la creación del Comité de Radio y Televisión como órgano permanente del IFE, en el que los partidos políticos tengan participación directa e igualitaria, responsable de conocer y aprobar los aspectos técnicos y pautas de transmisión que sean necesarias a fin de asegurar el acceso legal, equitativo y proporcional de los partidos.

• El IFE ejercerá facultades de autoridad sancionadora, en la esfera administrativa, respecto de conductas que infrinjan las normas constitucionales y reglamentarias en la materia, asunto que se desarrolla en el nuevo Libro Séptimo del Código de la materia.

• Regula los debates entre candidatos presidenciales y la forma para garantizar su difusión en radio y televisión, abriendo la posibilidad de acuerdos y acciones de cooperación en la materia entre el IFE y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL:

• Establece nuevas reglas en materia del plazo de mandato de los consejeros electorales y del consejero Presidente del Consejo General del IFE, su renovación escalonada.

CONSEJO GENERAL Y ÓRGANOS EJECUTIVOS:

• En materia de facultades y atribuciones del Consejo General, se incorporan las relativas a la radio y televisión.

• Propone adecuar los requisitos, hasta hoy vigentes, que el Código establece para ser consejero electoral.

• Determina con precisión las comisiones permanentes de consejeros electorales que deberán constituirse, que el número máximo de sus integrantes sea de tres, que su presidencia sea rotativa, anualmente, entre los consejeros que las integran y que cada tres años se produzca su renovación.

• En el mismo espíritu, la función de secretario técnico de las comisiones permanentes, que la norma vigente asigna a los directores ejecutivos de las áreas correspondientes a la esfera de cada comisión, sea ejercida por quien designe el consejero que presida cada comisión, de entre el personal que tiene asignado para su asesoría y apoyo. De esta forma, los directores ejecutivos mantendrán la obligación y derecho de asistir a las reuniones de las comisiones vinculadas a su área de competencia, sin menoscabo del ejercicio de sus facultades y atribuciones legales.

• Se establece la fusión de las comisiones permanentes de consejeros electorales relativas a la organización electoral y la capacitación y educación cívica, que se considera necesaria a fin de asegurar la plena coordinación de ambas actividades y una mejor vigilancia y supervisión de las mismas, que son las de mayor relevancia dentro de los procesos electorales. Tal fusión se propone solamente a nivel de comisiones, no de direcciones ejecutivas.

• Los órganos desconcentrados tendrán un papel auxiliar en materia de radio y televisión.

• Se queda abierta la posibilidad de que el IFE asuma, mediante convenio, la organización de elecciones locales, optándose por una medida que debe ser considerada como un paso hacia esquemas de cooperación interinstitucional que preserven la soberanía interior de los estados.

• La Junta General Ejecutiva, a solicitud expresa de una autoridad administrativa electoral de ámbito local, realizará los estudios y propuestas que, en su caso, podrían derivar en convenios para que el IFE asuma la organización y desarrollo, solamente en aspectos y tareas ejecutivas, es decir de operación, de procesos electorales locales.

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES:

• Establece un plazo de vigencia para la credencial para votar;

• Se pone término a la obsoleta norma que obliga al RFE a entregar a cada partido político, de manera impresa, el padrón y las listas nominales de electorales, teniendo acceso permanente y directo, por medios electrónicos, sin embargo, se conserva vigente la obligación del RFE de hacer entrega, a través de las juntas distritales, de un ejemplar impreso del listado nominal de electores, con fotografía, para su utilización por dichos representantes en la jornada electoral.

PROCESO ELECTORAL:

• Establece las definiciones y disposiciones generales aplicables, a los procesos electorales de selección interna de candidatos a cargos de lección popular y las precampañas electorales; los plazos para la realización de dichos procesos y de las precampañas, conforme a lo ya establecido en el artículo 41 de la Constitución.

• Se regula el registro de precandidatos, sólo a través de algún partido político, así como los derechos y obligaciones que en tal condición ejercerán y cumplirán; las normas relativas al acceso de los precandidatos a la radio y la televisión, en congruencia con las disposiciones constitucionales que dan sustento al nuevo modelo de comunicación política y electoral entre partidos y sociedad.

• Se establece un sistema simplificado para hacer posible el registro de precandidatos, conforme a las convocatorias que apruebe cada partido, así como los medios de defensa y los órganos partidistas facultados para su atención y resolución.

• Se determinan topes al gasto de precampaña para los precandidatos, así como la obligación de rendir un informe sobre el origen y aplicación de los recursos que utilicen en sus actividades de precampaña.

• Se armonizan los plazos de registro de candidatos a las disposiciones constitucionales, garantizando que en el año de la elección presidencial las campañas se ajusten al plazo de 90 días, y en elecciones intermedias a 60 días.

• Una nueva forma de cálculo para determinar el tope de gasto de campaña por tipo de elección. De esta manera, dicho tope para la elección presidencial sería equivalente a un veinte por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos políticos.

• Regulación más estricta en materia de colocación de propaganda electoral, lo anterior con el fin de impedir los abusos y excesos que han terminado por provocar irritación social y deterioro del equipamiento urbano. Igualmente, como una medida de protección ecológica, prohibir de manera total el uso de material plástico en la propaganda electoral impresa.

• Se expande el derecho a la información sobre las preferencias electorales de los ciudadanos a través de encuestas, reduciendo el periodo de prohibición para la difusión de las mismas de los ocho días previos al de la jornada electoral, hoy vigente, a tres días previos, lo que es compatible con el “periodo de silencio” que ordena la ley.

• Se propone que en las llamadas “casillas especiales”, para electores en tránsito, solamente puedan votar aquellos que se encuentran fuera de su distrito electoral.

• Se propone los recuentos totales de votos, en los casos que la ley determine, y se establece que sean realizados en los consejos distritales. Bajo esta nueva modalidad, el Tribunal Electoral solamente podría ordenar recuento de votos respecto de casillas que no hayan sido objeto de tal procedimiento, sin causa justificada, en la sesión de cómputo distrital.

PROCEDIMIENTOS, SUJETOS, CONDUCTAS Y SANCIONES:

• Propone la regulación, en un nuevo Libro séptimo del Cofipe, de los procedimientos para la imposición de sanciones a los sujetos que incurran en conductas prohibidas por la Constitución o el propio Código, estableciendo con la precisión requerida las sanciones aplicables.

• Se establecen sanciones ante conductas ilegales, graves y reiteradas, en que llegasen a incurrir los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, y solo serán aplicables, en casos de violación grave de la ley, a quienes detentan las concesiones que el Estado les ha otorgado para usar un bien propiedad de la Nación. Desde luego, en todo caso, los sancionados tendrán garantizado su derecho a defenderse ante los tribunales que la Constitución y la ley establecen.

• Ante conductas ilegales graves y reiteradas por parte de concesionarios de radio y televisión, la sanción consistirá en la suspensión de la publicidad pagada que difunden en una hora y hasta en treinta y seis horas, según lo determine la autoridad considerando la gravedad de la falta.

• Se definen los sujetos que pueden incurrir en infracciones, se tipifican las conductas sancionables y se determinan las sanciones aplicables por parte de la autoridad administrativa, es decir, por el Consejo General del IFE. Entre los sujetos contemplados se incluyen ciudadanos, y en general cualquier persona física o moral, así como los concesionarios y permisionarios de radio y televisión.

• En lo que respecta a los procedimientos y sanciones aplicables a los servidores públicos del IFE por faltas administrativas en que incurran, corresponderá a la Contraloría General del propio Instituto.

• El consejero presidente, el secretario ejecutivo y los consejeros electorales del Consejo General, no podrán ser sancionados por la Contraloría General con motivo de la forma en como actúen, o en su caso voten, en ejercicio de sus facultades y atribuciones de naturaleza electoral. En su caso, el procedimiento y sanciones aplicables a los antes referidos servidores públicos, por infracciones administrativas graves, quedará sujeto a lo dispuesto por el Título cuarto de la Constitución.

• Se otorga al Consejo General del IFE la facultad para sancionar al Contralor General por la realización de conductas contrarias a la Constitución o al propio COFIPE, incluyendo la posibilidad de solicitar a la Cámara de Diputados la destitución de dicho funcionario, previo cumplimiento de las formalidades que la propia ley determina.

• En el régimen transitorio se proponen normas para la inmediata entrada en vigor del Cofipe, así como para regular los procesos de cambio organizativo interno en el IFE y el plazo para la elección del titular de la Contraloría General por parte de la Cámara de Diputados. Se dispone también que la propaganda impresa colocada en sitios públicos por los partidos políticos o los entes públicos, cuando resulte violatoria de las normas constitucionales o legales, deberá ser retirada en un plazo de 30 días.