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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE DERECHOS DE LA NIñEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.


Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN.

La que suscribe, Martha Elisa González Estrada, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 49 Bis y 49 Ter a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y reforma el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos
I. Antecedentes

La Convención sobre los Derechos del Niño señala que el niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, y que para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión con la intención de prepararlo para una vida independiente en sociedad, en consecuencia, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.

Los primeros cinco años son determinantes en la vida de todos los niños y niñas, ya que durante ese periodo se sientan las bases de su desarrollo físico, motor y socioemocional. Por ello, en esta etapa es fundamental garantizarles las mejores condiciones de salud, nutrición, protección y cuidados para que tengan todo lo necesario para un buen comienzo.

Es por lo anterior que todo “...niño tiene derecho a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado...”

La sociedad enfrenta la violencia que se ejerce en contra de las niñas, niños y adolescentes, de varias formas que hasta este momento ninguna ha detenido, el maltrato y el abuso infantil, este fenómeno social actual, lacerante, delictivo y creciente, que daña a nuestra sociedad y en su forma más destructiva representa la pérdida del normal desarrollo de la personalidad del menor, de su libertad emocional, sexual e incluso de la vida.

La mayoría de las conductas abusivas en agravio de nuestra niñez, que es hasta antes de cumplir los 18 años, penosamente y dolosamente se presenta en el seno familiar, y sus manifestaciones van desde las ofensas verbales hasta los golpes, pasando por conductas delictivas graves como la violación, la explotación sexual y laboral e incluso la utilización del menor para la comisión de delitos aprovechando su condición de inimputabilidad penal y en ocasiones traen como consecuencia el homicidio o el suicidio.

Aunado a lo anterior en las familias en donde se ha cometido un feminicidio, los menores, en algunas ocasiones por una mala integración de la carpeta o por situaciones externas al proceso, deben de quedarse equivocadamente con el agresor de la víctima, por lo que el estado debe de proteger a los menores desde el primer momento.

La Violencia que se está viviendo actualmente como lo indica la ONU en México, es de once mujeres asesinadas al día, y el Estado no ha implementado ninguna medida para proteger la integridad de aquellos niños que quedan huérfanos después de que estos crímenes son cometidos y cuya situación económica y psicológica se ve gravemente afectada poniendo en riesgo su futuro.
La violencia que viven los menores que quedan huérfanos a causa de los feminicidios no concluye con la muerte de las madres, pues en muchos casos se mantienen en el círculo de violencia, siendo estos revictimizados en el tema de salud, económico, emocional y de seguridad.

Además, con la orfandad llegan los problemas psicológicos, la desatención médica e, incluso, las agresiones físicas en el núcleo familiar.

De conformidad con lo que establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado otorgará facilidades a los particulares, descendientes, tutores y custodios para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

La realidad es que actualmente los niños huérfanos por un feminicidio no están recibiendo apoyo del Estado, por lo que varias activistas y colectivos de familiares de mujeres que murieron por la violencia feminicida han interpuesto 9 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Aun con lo anterior falta ya que, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puede dirigir recomendaciones, falta mucho para que en nuestra legislación se tengan las herramientas para proteger y poner en un lugar seguro a todas y todos esos niños que quedan desprotegidos primero por su familia y después por el Estado.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 109 y 137 prevé medidas de protección a favor de las víctimas de delito, cuando se refiere específicamente a víctimas que sean personas menores de dieciocho años, únicamente establece que, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los tratados, así como los previstos en ese código.

Con lo anterior se evidencia que en los citados artículos no se satisface las necesidades de protección que necesitamos y sobre todo la celeridad, y la urgencia con la que debe actuar el Ministerio Público para proteger la integridad, la vida o la seguridad de las niñas, niños o adolescentes.
II. Planteamiento del problema:
a. En México hay 40 millones de niños y de adolescentes.
b. 13 millones de familias los niños crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de sus padres.
c. De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los principales responsables del maltrato suelen ser, en este orden: la madre, el padre, ambos padres, padrastro, madrastra, tíos y abuelos. Debido a que la mayoría de los niños maltratados no son alejados del circulo de violencia, muchos casos terminan con la muerte del menor por las lesiones infligidas.
d. El Instituto Nacional de Pediatría ha recibió y atendió 5 mil 553 casos por maltrato infantil; de ellos, 11 casos fueron turnados a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.
e. En 2017, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia reportó que en la región centro del país hubo un total de 14 mil 937 denuncias por maltrato infantil, de las cuales 52.2 por ciento se comprobó algún tipo de maltrato, pero sólo 21.4 fue presentado ante el Ministerio Público.
f. En 2017, de acuerdo con el registro anual de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales del DIF, se reportaron 39 mil 516 casos de abuso contra niños y niñas, 27 mil 675 de ellos se comprobaron.

El maltrato o violencia infantil en México, revela un claro y delicado problema respecto que debe ser contrarrestado y erradicado de nuestra realidad social.

En el fenómeno de la violencia infantil existen causas sociales, económicas o culturales que influyen en el sometimiento violento del desarrollo, integridad o seguridad de las personas menores de edad, las consecuencias son en general la perpetuación del ciclo violento en su etapa adulta, y es a su vez factor de riesgo para la generación de delincuencia, pero entre una cosa y la otra están las cifras enormes de casos no investigados o en los que no interviene el Ministerio Público.

Aunando a lo anterior los infantes que han sufrido la pérdida de su madre, por causas de femenicidio, quedan completamente a la deriva de los familiares o de los propios femenicidas por lo que el Ministerio Público, junto con los defensores de derechos humanos o de víctimas e incluso organizaciones de la sociedad civil que tienen conocimiento directo de este grave problema deben de intervenir de una manera inmediata y precisa cuando un caso de esta índole se presenta.

Para que los instrumentos jurídicos de protección a los menores sean efectivos y  logren la cesación inmediata de la violencia que sobre ellos se ejerce, deben de ser apoyados por las personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, como familiares, amigos o vecinos e incluso asociaciones civiles, que son testigos silenciosos del día a día de infantes y adolescentes maltratados por encontrase impedidos para ejercer o participar en la denuncia de estos casos por no contar con las herramientas jurídicas necesarias.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Las medidas de protección, pueden ser solicitadas por la víctima de violencia y por cualquiera de sus familiares que tengan conocimiento y total cercanía con las víctimas de violencia, que conocen el ambiente en el que se desenvuelve el o los menores de edad.

Debemos de precisar que estas Medidas de Protección deben de ser inmediatas y tener seguimiento cuando se encuentre en riesgo la vida, integridad y seguridad del menor y más aún en casos de feminicidio cuando el padre de los infantes, o la pareja sentimental lo haya cometido, por lo que el MP tiene la obligación de estar al pendiente, al igual que el DIF, de la protección de sus derechos humanos y a la par de trabajo social, con la opción de poder cambiar o quitar la guardia y custodia y poner las medidas que mejor convengan al menor, cuando se encuentren en peligro.

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente el siguiente proyecto de:

Decreto

Único. Se adicionan los artículos 49 Bis y 49 Ter a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y se reforma el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera:

De la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 49 Bis. Para la protección integral de personas menores de dieciocho años, las medidas de protección previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales las pueden solicitar cualquier persona por la comisión de delitos o sus tentativas contenidos en las leyes federales o generales del país, así como las conductas que vulneren el derecho internacional de protección de los niños y los adolescentes.

El Ministerio Público actuando incluso oficiosamente, otorgará la medida o medidas de protección inmediatamente cuando se encuentre en riesgo la vida, la integridad o la seguridad de la o el menor, incluso cuando esté siendo utilizado o exista riesgo de que pueda serlo, como medio para la realización de delitos.

Las medidas de protección inmediatas podrán ser solicitadas por:
1. La o el menor que esté siendo o haya sido víctima.
2. El pariente ascendiente o colateral sin limitación de grado de la o menor víctima que sea mayor de edad y no se trate de alguno de los padres.
No se requerirá mayoría de edad cuando el solicitante sea hermana o hermano de la víctima.
3. La dependencia o entidad de la administración pública perteneciente al sistema nacional de salud o sus empleados que en el ejercicio de sus funciones hayan tenido contacto con la o el menor víctima.
4. El docente o institución educativa perteneciente al sistema educativo nacional en la que se encuentre inscrito o del que sea educando la o el menor víctima.
5. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en los términos de su Estatuto Orgánico.
6. El Instituto Nacional de Migración o su personal, que en el ejercicio de sus funciones tengan o hayan tenido contacto con la o el menor víctima.
7. La Comisión Ejecutiva de Víctimas o su personal, que en el ejercicio de sus funciones tengan o hayan tenido contacto con la o el menor víctima.
8. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el personal de ésta, que en el ejercicio de sus funciones tengan o hayan tenido contacto con la o el menor víctima.
9. Organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades consistan en la atención, asistencia o protección de los derechos de las niñas, niños o adolescentes.

Artículo 49 Ter. Cuando la medida de protección consista en separar al menor de su núcleo familiar, el Ministerio Público indagará sobre la existencia de otros parientes de la víctima quienes tendrán preferencia para recibir la custodia o estancia temporal del menor de acuerdo con la medida otorgada previa verificación de la idoneidad de sus circunstancias para recibirla o recibirlo.

Del Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo 109....
...

  • a XXIX....

En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los tratados, así como los previstos en el presente código.
...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a agosto de 2019.

Martha Elisa González Estrada
Diputada Federal
Notas

  • Clase de instrumento: tratado internacional; fecha de firma: 20 de noviembre de 1989; fecha de entrada en vigor internacional: 2 de septiembre de 1990; vinculación de México: 21 de septiembre de 1990 (ratificación); fecha de entrada en vigor para México: 21 de octubre de 1990; DOF: 25 de enero de 1991.
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, Clase de instrumento: tratado internacional, adopción: 22 de noviembre de 1969, fecha de entrada en vigor internacional: 18 de julio de 1978, vinculación de México: 24 de marzo de 1981 (adhesión), fecha de entrada en vigor para México: 24 de marzo de 1981, DOF: 7 de mayo de 1981, artículo 19.
  • Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño; observación general número 8; CRC/C/GC/8, 21 de agosto de 2006; El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, México, 2014, página 127.
  • Interés superior del menor. Su concepto. Décima época, registro 159897, instancia: Primera Sala, tipo de tesis: jurisprudencia, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, Materia(s): constitucional, tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.), página 334.
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva oc-17/2002, del 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, página 10.
  • Informe anual Unicef México
  • Maltrato y abuso infantil en México: factor de riesgo en la comisión de delitos, Secretaría de Seguridad Pública, gobierno federal,
  • Algunas consideraciones sobre el maltrato infantil en México, Salvador Moreno Pérez, Cámara de Diputados, LXII Legislatura, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo número 146, México, Marzo de 2013, página 17.