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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública; y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a iniciar las investigaciones pertinentes a la ciudadana Fryda Medina Rodríguez, directora general de la Unidad de Alta Especialidad, Doctor Victorio de la Fuente Narváez, conocida como Magdalena de las Salinas, quien tiene acusaciones sobre actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, discriminación, maltrato y diversas violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores que ponen en riesgo la salud y bienestar de los derechohabientes.

Se dio turno directo a la Primera Comisión.


Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta a la titular de  la Secretaría de  la Función Pública y al Director General del Instituto Mexicano de Seguridad Social a iniciar las investigaciones pertinentes a la Directora General de la Unidad de Alta Especialidad, Doctor Victorio de la Fuente Narváez, conocido como Magdalena de las Salinas, Fryda Medina Rodríguez quien tiene acusaciones sobre actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, discriminación, maltrato y diversas violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores que ponen en riesgo la salud y bienestar de los derechohabientes.

El que suscribe, Emmanuel Reyes Carmona integrante de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79 numerales 1 fracción II y 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción es un problema que captura de las instituciones, los recursos y las decisiones del Estado para utilizarlo con propósitos particulares. Se trata de una forma de organización que se caracteriza por la apropiación y la distribución excluyente y restringida de recursos, servicios, bienes y acceso al poder, ajenos a los fines del Estado.

Se manifiesta a través de la captura de puestos, presupuestos, procesos y decisiones públicas que impide la eficiencia de los recursos públicos, obstaculiza la eficacia del Estado, impide la buena marcha de las administraciones públicas y genera el entorno favorable para el uso abusivo de la autoridad. La corrupción es la apropiación ilegítima y sistémica del espacio público, para propósitos particulares.

La corrupción derivada de la apropiación sistémica e ilegítima del Estado y sus recursos por parte de grupos e intereses ajenos a lo público, se origina en diversas manifestaciones de captura.

El origen de los actos de corrupción es la apropiación privada y abusiva de las atribuciones y las facultades otorgadas a los servidores públicos. La corrupción es un fenómeno derivado de la discrecionalidad con que se ejercen funciones otorgadas, al margen del mandato recibido en función de los objetivos públicos, cuyas consecuencias de la corrupción son múltiples.

En el entendido que la corrupción constituye un fenómeno cuyo punto de origen es la apropiación privada de la función y/o de las competencias otorgadas para obtener beneficios económicos o políticos, la discusión reciente en México ha hecho notar algunos problemas conceptuales que no deben ignorarse en el diseño de una estrategia nacional de combate a la corrupción.

En primer lugar, una conceptualización clara del problema de la corrupción permite identificar con nitidez las vertientes en las que se desdobla. Si se asimila que la corrupción se manifiesta en la acumulación de malas prácticas administrativas, la discrecionalidad aparece como la condición necesaria para que sucedan los hechos de corrupción. Sin embargo, el exceso de regulación en las tareas administrativas puede facilitar la interpretación facciosa de las atribuciones concedidas a las oficinas públicas.

En la discusión sobre arbitrariedad versus discrecionalidad, se ha señalado que esta última es necesaria para que la administración desempeñe de la forma más eficiente posible sus funciones, ante escenarios cambiantes o casos sui generis. Sin embargo, la discrecionalidad necesaria debe enmarcarse en un escenario en el cual existen mandatos y reglas de procedimiento claras, conocidas, explícitas y aplicables que establezcan el control difuso de la discrecionalidad administrativa y un marco de acción que otorgue certeza a la actuación de los funcionarios públicos. Este no es el caso de México.

La desnaturalización de la función pública explica por qué el fenómeno de la corrupción, antes que un problema de arbitrariedad —denotando este concepto como aquello contrario a las leyes— es un problema de discrecionalidad, debido que las consecuencias de los actos de corrupción rara vez son sancionadas, dado que los hechos deshonestos de apropiación de los espacios públicos no necesariamente transgreden las normas, sino que suceden dentro de sus márgenes y no es sino hasta que esa apropiación produce otras consecuencias, cuando es eventualmente detectado. El ejercicio discrecional en México, ha dado como resultado la ausencia de mandatos claros, de procedimientos observables, de resultados verificables y de métodos precisos de rendición de cuentas, hace posible que la mayor parte de los hechos de corrupción permanezca sin sanción. De suerte que, si existiera una escala de necesidad para atender las causas de la corrupción, la primera que debería atajarse sería la discrecionalidad ilimitada.

Los mecanismos para establecer límites en el marco del principio de legalidad atañen a la prevención de las malas prácticas administrativas y los actos deshonestos, mediante la inteligencia institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.

La arbitrariedad, por su parte, está siempre asociada a una transgresión normativa y en este sentido es necesariamente posterior al acto.

Por ello no podemos dejar pasar la situación que se vive al interior de la Unidad de Alta Especialidad, Doctor Victorio de la Fuente Narváez, conocido como Magdalena de las Salinas, en el que se tienen acusaciones en contra de la Directora General Fryda Medina Rodríguez, sobre actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, discriminación, maltrato y diversas violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores que ponen en riesgo la salud y bienestar de los derechohabientes.

En la denuncia interpuesta ante el órgano de control interno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),con el número de expediente IN-164/2018, la empresa Electrónica y Medicina SA. de CV, denunció las irregularidades que cometió la doctora Fryda Medina Rodríguez respecto al proceso de contratación para la prestación del servicio de digitalización, almacenamiento, y distribución de imágenes radiológicas, evitando la participación de otros consorcios, al no reponer los procesos de fallo y continuar aplicándolos a modo para empresas ya determinadas.

Además, en días recientes, trabajadores pidieron la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para iniciar una averiguación sobre los actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, hostigamiento que la doctora Fryda Rodríguez comete contra empleados del sector salud mismos que sufrieron de represalias, al negarse a participar en las peticiones para favorecer a proveedores en específico con malas referencias en operatividad que ponen en riesgo la salud de los derechohabientes.

Pues a decir de las declaraciones hechas por el personal que labora en la institución de salud, refieren que desde el 2016, la doctora Medina se dedicó a confeccionar una red de personas a su servicio, trabajadores y externos, así como proveedores que le ayudan a obtener beneficios personales, como disfrazar obras y políticas para mejorar la unidad, mientras asegura su bienestar a costa del Instituto, así como los actos de corrupción en los que incurrió la servidora pública como es el caso de la empresa Soluciones Integrales Pirámide SA de CV, a quien a través del consorcio Hermes, fueron ganadores de amplias licitaciones para la comercialización y distribución de medicamentos y suministros médicos pese a no cumplir con los requisitos y tener diversas quejas sobre su operatividad y funcionalidad que ponen en riesgo la salud de la población. Además, la servidora mantiene relación con la empresa Fujifilm México “donde es de importancia para la directora que esta empresa se mantenga para continuar con sus actividades de showroom”. Indicaron que hay pruebas fehacientes de conflictos de interés que tiene junto con Raúl Isaac Hernández Peña “quienes se aprovechan tanto del IMSS como de la Concanaco para su propio beneficio”.

En este sentido, el ejercicio arbitrario de la función pública se traduce en faltas administrativas o penales, por deberse a conductas que contradicen o violan las normas. La arbitrariedad alude a una violación ya cometida y en consecuencia no sólo omite la posibilidad de que la apropiación del Estado para fines particulares suceda en los marcos de ley establecidos, sino que además remite inexorablemente a la visión exclusivamente punitiva del combate a ese fenómeno, dejando intactas sus causas principales.

Es indispensable que toda política pública constituya un conjunto de decisiones y acciones dirigidas a resolver un problema público tan grave en México como es la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente:

Punto de acuerdo.

Único: La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta a la titular de  la Secretaría de  la Función Pública y al Director General del Instituto Mexicano de Seguridad Social a iniciar las investigaciones pertinentes de la Directora General de la Unidad de Alta Especialidad, Doctor Victorio de la Fuente Narváez, conocido como Magdalena de las Salinas, Fryda Medina Rodríguez quien tiene acusaciones sobre actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, discriminación, maltrato y diversas violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores que ponen en riesgo la salud y bienestar de los derechohabientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 09 días del mes de julio de 2019.

Suscribe.

Emmanuel Reyes Carmona

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