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Gaceta de la Comisión Permanente



Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

Del Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a no firmar instrumento o compromiso bilateral alguno con los Estados Unidos de América, que tenga implicaciones iguales o similares para nuestro país, a las de un acuerdo de Tercer País Seguro.

Se dio turno directo a la Segunda Comisión.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN A NO FIRMAR INSTRUMENTO O COMPROMISO BILATERAL ALGUNO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, QUE TENGA IMPLICACIONES IGUALES O SIMILARES PARA NUESTRO PAÍS, A LAS DE UN ACUERDO DE TERCER PAÍS SEGURO

El que suscribe, Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Luis Ebrard Casaubón a no firmar instrumento o compromiso bilateral alguno con los Estados Unidos de América, que tenga implicaciones iguales o similares para nuestro país, a las de un Acuerdo de Tercer País Seguro, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Antecedentes

  • El 18 de diciembre de 2018, el gobierno de los Estados Unidos decidió invocar la Sección 235 (b)(2)(C), de su ley de Inmigración y Nacionalidad, bajo el plan "Protocolos de Protección Migratoria", por el que los migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos en la frontera sur serán retornados a México en lo que su destino migratorio es definido.
  • Ante esta posición, el gobierno de México, comunicó que reafirmaba su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, en ejercicio de su política migratoria. Sin embargo, que el Ejecutivo había decidido:
  • Autorizar por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada, hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país, y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un Juez Migratorio, apelando a lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo, así como la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.
  • Permitir la estancia de personas extranjeras “por razones humanitarias”, para que puedan realizar entradas y salidas múltiples del territorio nacional.
  • Garantizar que las personas extranjeras que hayan recibido su citatorio gocen plenamente de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano, así como en la Ley de Migración.
  • El documento señala de manera puntal que las acciones que tomen los gobiernos de México y de Estados Unidos no constituyen un esquema de Tercer País Seguro, sino que están dirigidas a facilitar el seguimiento de las solicitudes de asilo en los Estados Unidos.
  •  Ante la imposibilidad del gobierno de los Estados Unidos de exigir a México el cumplimiento de la Sección 235 (b)(2)(C) como una; Trump decidió el 30 de mayo de 2019, lanzar a través de un Tweet, la amenaza a México de que, de no detener el flujo migratorio de Centroamérica a su país, se impondrían aranceles del 5% a importaciones procedentes de México a partir del 10 de junio, con un aumento gradual que llegaría al 25% para octubre de 2019.
  • Esta situación derivó en que una delegación mexicana encabezada por el Canciller Marcelo Ebrard viajara a los Estados Unidos con la intención de establecer un proceso de negociación para impedir que la amenaza de aumento de aranceles se hiciera realidad.
  • Según el informe que la Cancillería hizo llegar al Senado mexicano, la delegación tuvo una serie de encuentros informales con actores clave de la política en los Estados Unidos, para posteriormente desarrollar los puntos que México presentaría en la negociación.
  •  La posición de la Delegación mexicana constaba en desarrollar los siguientes puntos:
    • Externar que el Gobierno de México ha ejecutado diversas acciones para responder al flujo irregular de personas.
    • Señalar que las acciones del Gobierno de México han dado resultados.
    • Señalar que se están persiguiendo a las redes de traficantes de personas.
    • Informar sobre el despliegue gradual de cerca de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur.
    • Indicar otras acciones del Gobierno Federal como:
            • La modernización de los puntos fronterizos en la frontera sur.
            • El reforzamiento de puntos de control y revisión en carreteras y líneas férreas para prevenir el tráfico ilícito de personas.
            • Intercambio de información con las autoridades estadounidenses.
            • Ampliar la capacidad de las estaciones migratorias en el sur del país; así como la colaboración con empresas de transporte privado para evitar que sus unidades sean utilizadas para el traslado irregular de personas.
    • Solicitar que el gobierno de Estados Unidos acelere la resolución de las solicitudes de asilo de ciertos nacionales centroamericanos que son devueltos a México.
    • Manifestar la confianza de México en que los resultados positivos de las acciones que se informaron, en conjunto con las actividades para detonar el desarrollo en Centroamérica, contribuirán a que el flujo irregular de migrantes disminuya dramáticamente.
    • Informar sobre el aumento sustancial en solicitudes de refugio en nuestro país.
  • El vicepresidente Mike Pence respondió a la posición de la Delegación, indicando que el número de aprehensiones de migrantes, efectuadas en la frontera sur de Estados Unidos ha ido en aumento, llegando a 144 mil tan sólo en mayo, lo que representa un incremento del 32% con respecto al mes anterior, y que de éstas 100 mil fueron menores de edad. La intención de Estados Unidos es que México suscriba un Acuerdo de Tercer País Seguro para que los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos sean devueltos a México, por haber transitado por nuestro país.
  • Ante esto ambos países, propusieron 3 ejes para la negociación:
  • Acciones de control migratorio en México, incluido el despliegue de la Guardia Nacional.
  • Expansión de la implementación de la sección 235(b)(2)(c).
  • Medidas para detonar el desarrollo en Centroamérica.
  • El pasado 7 de junio ambas delegaciones presentaron una Declaración Conjunta que, en lo sustancial, compromete a México a los siguiente:
    • Incrementar sus esfuerzos en la aplicación de la ley para detener la migración irregular.
    • Respetar la ampliación de la aplicación de la sección 235(b)(2)(c) por parte de Estados Unidos.
    • Ofrecer oportunidades laborales, de acceso a la salud, y educación a los migrantes mientras permanezcan en territorio nacional.
  • Por su parte Estados Unidos se comprometió a:
    • Acelerar la resolución de solicitudes de asilo y proceder con los procedimientos de remoción lo más expedito posible.
    • Ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad.
    • De ser necesario, a continuar sus conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos, mismas que serán concluidas y anunciadas en un periodo de 90 días.
  • Derivado de esta negociación, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, llamó a comparecer al Canciller Marcelo Ebrard y a la Titular de la Secretaría de Economía, la Doctora Graciela Márquez Colín, con el fin de explicar los alcances y acuerdos producto de sus actos diplomáticos, misma que tuvo lugar el pasado viernes 14 de junio.
  • Durante la comparecencia, el Canciller Marcelo Ebrard hizo énfasis en que México no está dispuesto a firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro.
  • Sin embargo, el Presidente Trump, ha señalado que México deberá firmar un documento de este carácter. Diversos especialistas han subrayado que es altamente probable que México sea orillado a signar un instrumento de este tipo pues países con dinámicas migratorias similares han tenido que sumarse a este tipo de acuerdos .

PROPUESTA
La idea de "tercer país seguro" está contemplada en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951. México se adhirió a dicho instrumento y su Protocolo de 1967, el 7 de junio de 2001 .
El concepto indica que cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones.

Sin embargo, la experiencia internacional señala que cuando estos acuerdos se dan entre países vecinos con asimetrías económicas y sociales, se delegan las responsabilidades migratorias a un tercero. A este fenómeno que diversos especialistas han denominado como “externalización de las fronteras”, le han sido identificados graves riesgos, mencionando los peligros de los acuerdos de readmisión, lo que exige que los “países seguros” tengan condiciones para garantizar el asilo, es decir, estándares mínimos de protección para personas refugiadas.

“Desde hace varios años, la frontera norte de México ha sido escenario de un proceso de reforzamiento de los efectivos y, en general, de recursos en materia de seguridad bajo el argumento de que es necesaria (para los intereses estadounidenses) la persecución y detención de los migrantes indocumentados que se internan por su frontera sur” (Calderón Chelius, 2012) .  Desde una perspectiva de centro-periferia , países como Marruecos, Turquía o Libia se han visto orillados a firmar acuerdos de este tipo para contener la migración sur-norte.

México por su condición geopolítica, y sus dinámicas socioeconómicas, no sólo es expulsor, receptor y país de tránsito de migraciones, sino que presenta paralelamente consecuencias derivadas de estos procesos que generan presiones internas y externas, que confluyen con otras problemáticas públicas que compiten por la atención gubernamental.

Los compromisos adquiridos hasta el momento por México, no han tenido ratificación alguna del Senado mexicano según lo contemplado en el Artículo 76 de la CPEUM, porque se sitúan en el rango de una Declaración Conjunta no vinculante . Por esta razón, el despliegue de acciones por parte del Ejecutivo Federal responde estrictamente a la voluntad del actual gobierno de llevarlas a cabo.

Sin embargo, se prevé que dichas acciones tengan efectos en el corto plazo, pues las autoridades estadounidenses tienen el objetivo de revisar los resultados de éstas en menos de 45 días, y de no contar con su visto bueno, se reactivarían tanto la amenaza de aranceles, como el interés de los Estados Unidos, porque México firme un Acuerdo de Tercer País Seguro.

En este último supuesto, es de destacar que las leyes de Estados Unidos tienen consideraciones respecto a la necesidad de contar con acuerdos de este tipo. La reforma a la Ley de inmigración ilegal, y la Ley de Responsabilidad (IIRIRA) de 1996 modificaron la sección 208(a)(2)(A) de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA por sus siglas en inglés) para prohibir el asilo a aquellos extranjeros que pueden ser devueltos a un "tercer país seguro". Sin embargo, para invocar esta condición la Ley (INA) requiere que los Estados Unidos tengan un "acuerdo bilateral o multilateral" en su lugar con el tercer país, lo que no sucede en el caso de México.

El Comité Ejecutivo del ACNUR en sus conclusiones no.151 y no.852 ha establecido algunos estándares de garantía para que este tipo de acuerdos no representen esfuerzos unilaterales arbitrarios. El planteamiento, señala que la definición de un país seguro, no puede tener aplicación para cada solicitante en cualquier circunstancia, sino que esta eventualidad debería ser considerada (bajo criterios objetivos, fundados y motivados) con un análisis caso por caso, procurando no generar listas de países que no puedan garantizar seguridad alguna.

La experiencia nacional indica que México es incapaz de proteger los derechos humanos de las y los migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro territorio con el objeto de llegar a los Estados Unidos.

El Informe Anual de Actividades 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indica que, de 3,424 solicitudes de asilo recibidas en 2015, la cifra se elevó considerablemente toda vez que, para el cierre de 2017, se habían recibido más de 10,260 solicitudes, de las cuales apenas 10% de éstas fueron otorgadas. De las más de 58 mil personas que tuvieron contacto con personal de la CNDH ese año, se recibieron al menos 1600 quejas directas que procedieron a ser investigadas por dicha entidad.

Entre los casos más alarmantes tenemos las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, como uno de los episodios más crueles de los que se ha documentado evidencia .

Un informe elaborado por la Women’s Refugee Commission, indica que “México es claramente un país no seguro, o en muchos casos viable como alternativa para muchos solicitantes de asilo o migrantes vulnerables en búsqueda protección internacional” .

El citado informe, señala que existen significativas barreras para que México pueda garantizar el derecho de asilo como país seguro a los migrantes toda vez que:

  • Muchos migrantes son detenidos arbitrariamente, y son hacinados en instalaciones de procesamiento en malas condiciones.
  • En dichas instalaciones los migrantes no tienen acceso a asesoría legal.
  • Los niños migrantes están siendo sistemáticamente detenidos, lo que viola sus derechos humanos. Entre 2014 y 2015, el número niños migrantes no acompañados detenidos en México se duplicó, pasando de 10,943 a 20,368
  • Tanto los migrantes adultos como niños que son detenidos por el Instituto Nacional de Migración, no son informados sobre sus derechos como lo requiere la ley mexicana.
  • La infraestructura de la Comisión Mexicana de Refugiados es insuficiente, se señala que en 2015 contaba apenas con solo 15 agentes para llevar a cabo los procesos de asilo en todo el país, en comparación con el gran aumento en las solicitudes de asilo en los últimos años, y la limitación e cobertura geográfica ya que solo cuenta con tres oficinas - Tapachula (Chiapas), Acayucan (Veracuz), y Ciudad de México. Se calcula un rezago de más de 26 mil solicitudes.
  • En 2017 de 77,197 aprehensiones, se recibieron 14,596 solicitudes de asilo de personas provenientes de países del Triángulo Norte, de las cuáles, únicamente se otorgaron 1,907 de éstas, mientras que el 94% de las personas que fueron deportadas pertenecían a alguno de estos países.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, a través de su Evaluación núm. 1787-GB a la Política Pública Migratoria, señala que:

“La política migratoria en México no cuenta con mecanismos institucionales para garantizar una participación permanente de las autoridades migratorias (SEGOB, COMAR, INM y SRE), aun cuando la Ley de Migración establece que son las responsables de su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, ni de las autoridades auxiliares que enuncia esta ley: SECTUR, SS, SNDIF, PGR, INMUJERES y PF, las cuales, por sus actividades, también deben atender a la problemática de los flujos migratorios. La SEGOB coordina a todas las instituciones que tengan relación con los migrantes; sin embargo, las estrategias y acciones instrumentadas han sido débiles e insuficientes para atender el fenómeno migratorio de forma integralCabe señalar que en la LM no se establecieron las competencias de la COMAR en cuanto al refugio, protección complementaria y asilo político, los cuales son un derecho de los migrantes presentados en las estaciones migratorias y estancias provisionales, por ello, existe un área de oportunidad en la inclusión de éstas, a fin de que se identifique con claridad la interacción entre cada autoridad en esas entidades en materia de ayuda humanitaria, y que se establezca a la COMAR, o bien como autoridad migratoria, o como autoridad auxiliar de la política migratoria, debido a que sus competencias son imprescindibles para resolver la situación de los migrantes víctimas del delito, menores de edad o de extranjeros que solicitan refugio en México por diversos conflictos en su país de origen.”

Ante la imposibilidad de garantizar plenamente los derechos y garantías de centroamericanos que solicitan asilo en los Estados Unidos, y ante la presión que esto generaría para las autoridades mexicanas, el Ejecutivo Federal, debe comprometerse a no firmar bajo ningún escenario, un Acuerdo de Tercer País Seguro, o ningún otro instrumento con las mismas implicaciones para nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprueba el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Luis Ebrard Casaubón a no firmar instrumento o compromiso bilateral alguno con los Estados Unidos de América, que tenga implicaciones iguales o similares para nuestro país, a las de un Acuerdo de Tercer País Seguro.

Atentamente

Dip. Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 17 días del mes de julio 2019.


Petrich, Blanche (17 de junio de 2019). Empuja EU a México a ser un país-jaula, advierte Oscar Camps, La Jornada.

Sin embargo, México ha presentado dos Declaraciones Interpretativas sobre la Convención:

La primera señala que “Corresponderá siempre al Gobierno de México determinar y otorgar, de conformidad con sus disposiciones legales vigentes, la calidad de refugiado, sin perjuicio de la definición de refugiado prevista en el artículo 1 de la Convención y I de su Protocolo”

Y la segunda que “Es facultad del Gobierno de México otorgar a los refugiados mayores facilidades, para la naturalización y asimilación, que aquellos que concede a los extranjeros en general, en el marco de su política de población y particularmente en materia de refugiados, de conformidad con su legislación nacional”.

En el mismo sentido ha presentado las siguientes Reservas:

  • “El Gobierno de México está convencido de la importancia de que todos los refugiados puedan acceder a un empleo remunerado como medio de subsistencia, y afirma que los refugiados serán tratados, conforme a la ley, en las mismas condiciones que los extranjeros en general, incluyendo las leyes y reglamentos que establecen la proporción de trabajadores extranjeros que los patrones están autorizados a emplear en México, y no afectará las obligaciones de los patrones en relación con el empleo de trabajadores extranjeros.
  • Ahora bien, en virtud de que el Gobierno de México no puede garantizar a los refugiados que reúnan cualquiera de los requisitos a que se refieren los incisos a), b) y c) del párrafo 2, del artículo 17 de la Convención, la exención automática de las obligaciones para obtener un permiso de empleo, hace reserva expresa a estas disposiciones”.
  • “El Gobierno de México se reserva el derecho de asignar, conforme a su legislación nacional, el lugar o los lugares de residencia de los refugiados y de establecer modalidades de circulación en territorio nacional, por lo que hace reserva expresa a los artículos 26 y 31.2 de la Convención.”

Calderón Chelius, Leticia “Cambios en la agenda migratoria: entre el nuevo marco jurídico y las nuevas formas de migración en México”, en “México ante los recientes desafíos de la migración internacional”, CONAPO, México, 2012.

Salomón, Mónica (2014) Centro, Periferia y la recepción de la Teoría de las Relaciones Internacionales en Brasil, Relaciones Internacionales, Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM, pp.13-15  

En el periodo 2007-2016, el INM vulneró 117 veces los derechos humanos de los migrantes (48.3%); las secretarías de estado, 36 (14.9%); los gobiernos estatales, 32 (13.2%); los gobiernos municipales, 21 (8.7%); la PGR 18 (7.4%); la COMAR, 8 (3.3%); la Comisión Nacional de Seguridad, 6 (2.5%), y los congresos estatales, 4 (1.7%).

Chavla, Lea (2018) Why Mexico does not qualify as Safe Third Country, Women’s Refugee Commission. En línea: https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/SafeThirdCountries.pdf

ASF (2018) Evaluación de Política Pública Migratoria 1787-GB, ASF, en línea: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_1787_a.pdf