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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Ficha Técnica

Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que, en el ámbito de sus facultades, informen sobre el monto y destino de todos los bienes asegurados y/o decomisados a Joaquín Archivaldo.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA TERCERA COMISIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, INFORMEN SOBRE EL MONTO Y DESTINO DE LOS BIENES ASEGURADOS Y/O DECOMISADOS A JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA, INCORPORANDO TANTO CUENTAS BANCARIAS, FONDOS O INVERSIONES, PROPIEDADES MUEBLES TALES COMO VEHÍCULOS, OBRAS DE ARTE, JOYERÍA, COMO BIENES INMUEBLES TALES COMO RANCHOS, TERRENOS Y RESIDENCIAS EN MÉXICO O EL EXTRANJERO.

HONORABLE ASAMBLEA:

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58  y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

El 22 de febrero de 2014, elementos de la Marina recapturaron a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el “Chapo”. En dicha captura, el otrora Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, señaló que le fueron decomisados 97 armas largas, dos lanzagranadas, un lanzacohetes, 43 vehículos, 16 casas y 4 ranchos. [*] El valor de los vehículos asegurados se estimó que ascendía a los 22 millones de pesos. [*]

Posterior a su detención, le fueron decomisados también, bienes inmuebles cuyo valor superarían los 160 millones de pesos. Dentro de los inmuebles en comento, y conforme a los registros de las causas penales 206/2010, 50/2011, 65/2011 y 364/2012, se encuentran 6 terrenos, huertas, establos, bodegas, haciendas, restaurantes, gasolineras, departamentos, aeronaves y casas de descanso. [*]

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó en 2016, que durante dicha administración federal, se habían detectado operaciones por 5 mil 300 millones de pesos vinculados a la organización criminal del Chapo, el Cártel de Sinaloa. [*] En dicho informe, se señaló también que se decomisaron bienes inmuebles en al menos 15 entidades federativas, y da cuenta de una relación de 165 inmuebles vinculados con el Cártel en cuestión. [*]

Por último, dicho informe señala que fueron decomisadas 71 propiedades en Sinaloa, 40 en Sonora, 22 en Jalisco y 12 en la Ciudad de México. Además, la autoridad ubicó tres en Nayarit, y dos en Baja California, Chiapas, Guerrero y Nuevo León, respectivamente, así como una en cada uno de los siguientes estados: Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí. Hay reporte de una propiedad cuya ubicación aparece como “no identificada” y dos domicilios se encuentran en Estados Unidos. [*]

El 20 de mayo de 2016 la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición de Joaquín Guzmán Loera para que continúe el proceso penal ante las autoridades de los Estados Unidos de América; actualmente la Fiscalía de Nueva York, donde Guzmán enfrenta juicio, pretende confiscar alrededor de US 14 mil millones de dólares equivalente a la ganancia estimada durante su tiempo al mando de la organización criminal del Cartel de Sinaloa.

Es preciso señalar, que los bienes asegurados y/o decomisados producto y objeto de un delito del orden federal, deben sujetarse a lo que señala el Código Penal Federal; mismo que en sus artículos 40 y 41 disponen lo siguiente:

Artículo 40.- El Órgano jurisdiccional mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de las disposiciones aplicables o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio.

En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado o sentenciado, se podrá decretar el decomiso de bienes propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio.

Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refieren los artículos 139 Quáter, 400 o 400 bis de este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquel tenga con el imputado o sentenciado, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante el procedimiento. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito.

Artículo 41.- Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales, que no hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello, en un lapso de noventa días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificado, no se presenta dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta se destinará al mejoramiento de la administración de justicia, previas las deducciones de los gastos ocasionados.

En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad, que no se deban destruir y que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública, y el producto se dejará a disposición de quien tenga derecho al mismo por un lapso de seis meses a partir de la notificación que se le haga, transcurrido el cual, se aplicará al mejoramiento de la administración de justicia.

A su vez, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, señala en su capítulo Séptimo, Del Aseguramiento de Bienes Susceptibles de Decomiso, lo siguiente:

Artículo 30.- Cuando existan indicios razonables, que permitan establecer que hay bienes que son propiedad de un sujeto que forme parte de la delincuencia organizada, o de que éste se conduce como su dueño, además del aseguramiento previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público de la Federación, bajo su responsabilidad, fundando y motivando su proceder, podrá asegurarlos. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento de inmediato y hacer la entrega de los mismos a quien proceda.

Artículo 31.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, podrá realizarse en cualquier etapa del procedimiento penal.

Por último, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector

Público, señala en su artículo primero, fracción primera que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, es el órgano competente para la llevar a cabo la administración y destino de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales; dicha disposición reza de la siguiente manera:

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público, de observancia general en toda la República y tiene por objeto regular la administración y destino, por parte del SAE, de los bienes siguientes:

I.- Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales;

Por lo anteriormente expuesto, queda claro que los bienes decomisados y/o asegurados al Chapo, debieron haber quedado en posesión y administración de las autoridades federales competentes. Sin embargo, queda pendiente esclarecer el monto de dichos bienes y el destino que se les haya dado por parte de la Administración Pública Federal. Ello, porque resultan relevantes dos hechos; la contradicción entre las cifras publicadas y la ausencia de un informe final que precise cuánto está en vías de recuperar el Estado Mexicano del fruto de la vida delictiva del hasta su detención, el narcotraficante más poderoso del mundo.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con punto de:

A C U E R D O

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que en el ámbito de sus facultades, informen sobre el monto y destino de los bienes asegurados y/o decomisados a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, incorporando tanto cuentas bancarias, fondos o inversiones, propiedades muebles tales como vehículos, obras de arte, joyería, como bienes inmuebles tales como ranchos, terrenos y residencias en México o el extranjero.

A t e n t a m e n t e

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín


[*] ibis.

[*] ibid.