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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a garantizar los derechos a la dignidad humana, el respeto a la vida y una vida libre de violencia a las mujeres detenidas por autoridades estatales de procuración de justicia.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA PRIMERA COMISIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO A GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA DIGNIDAD HUMANA, EL RESPETO A LA VIDA Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES DETENIDAS POR AUTORIDADES ESTATALES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

De acuerdo con el World Justice Proyect, México mantuvo una calificación de 0.45 en el Índice de Estado de Derecho 2019, lo cual lo posicionó en el número 99 de 160 países en materia de seguridad y justicia penal. [*]

Según datos del Estudio, una de las entidades federativas con mayores problemas en materia de respeto de los derechos humanos en el ámbito penal fue el Estado de Tabasco, que obtuvo una calificación de 0.38, por el contrario los estados mejor evaluados fueron Yucatán y Aguascalientes. [*]

De todos los datos recabados por este estudio internacional Tabasco registró una calificación especialmente baja en cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Además, la entidad se destacó por tener el primer lugar en materia de tortura sexual contra mujeres detenidas. La investigación reveló que en Tabasco se concentra el 27% del total de abusos sexuales que las autoridades de procuración de justicia realizan al momento de la detención. [*] Estos actos, además de estar prohibidos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, revelan una actitud misógina que violenta derechos humanos de las mujeres que se encuentran en un procedimiento penal.

Se trata de una actitud arbitraria y e infamante que parte del absoluto incumplimiento de las autoridades de respetar, proteger y atender los derechos humanos de las personas, y en especial de las mujeres.

A decir verdad, esta situación muestra que las autoridades locales han actuado en contra de las garantías y derechos que se establecen en los artículos 1, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto es porque de acuerdo con el artículo primero Constitucional, toda autoridad está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución toda detención de cualquier persona, deberá hacerse con el debido respeto de los derechos humanos y de conformidad con las reglas planteadas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe destacar que según los principios planteados en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los derechos de los imputados, es fundamental que la autoridad respete los derechos de todas las personas detenidas. Para ello se le deberán de dar a conocer los derechos, proporcionar asistencia médica o psicológica si la requieren y en todo momento, seguir las reglas del procedimiento penal.

Así, se advierte además que, en el marco del sistema acusatorio, ninguna persona puede ser detenida o retenida en la Agencia del Ministerio Público. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad investigadora deberá realizar una investigación y una vez que se establezcan datos suficientes para presumir la existencia de un delito, entonces se judicializará la carpeta y se realizará un citatorio para que la persona imputada acuda a la audiencia inicial. Es en este lugar en donde el juez de control determinará si amerita prisión preventiva oficiosa o prisión a petición del ministerio público.

A decir verdad, los únicos supuestos previstos por los cuales se permite una detención en las instalaciones del Ministerio Público, es cuando se acredita la flagrancia (es decir que se observa la persona cometiendo un delito) o en caso urgente (donde hay datos suficientes de la existencia de un delito grave, peligro de que la persona se sustraiga de la justicia y por la hora no exista un juez que pueda librar la orden de aprehensión).

Si se llegan a dar estos dos supuestos, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, las personas sólo podrán estar detenidas por 48 horas máximo, se deberá calificar de legal la detención e inmediatamente llevarla al juez para calificar que se respetaron los derechos humanos.

Así, los datos mostrados por World Justice Proyect revelan una violación absoluta y sistemática de la Ley constitucional y las garantías del proceso penal; se observa el uso de penas inusitadas y trascendentales que en México se encuentran prohibidas y un abuso de autoridad que está destinado a degradar a las mujeres tabasqueñas.

Es obligación de las autoridades atender, proteger y respetar los derechos de las personas, de ahí que las prácticas que realizan diversos servidores públicos de procuración de justicia son actos que lastiman los esfuerzos y trabajos que se han realizado para garantizar un país libre de toda violencia para las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Tabasco a garantizar los derechos a la dignidad humana, el respeto a la vida y una vida libre de violencia a las mujeres detenidas por autoridades estatales de procuración de justicia.

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de la República para que abra una carpeta de investigación sobre los casos de tortura sexual ocurridos en la entidad y se deslinden responsabilidades.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al día 12 de junio de 2019.

ATENTAMENTE

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, Vicecoordinador, en representación del Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros.