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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores


Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CáMARA DE SENADORES.


SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

EN LA LXIV LEGISLATURA.

PRESENTE.

El suscrito, MANUEL AÑORVE BAÑOS, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la propuesta siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de acuerdo a la siguiente:

Exposición de motivos

Consideraciones.

El hambre y la malnutrición es un problema que ha aquejado a todas las sociedades del mundo sin distinción, es una condición que lastima a los grupos más vulnerables de nuestros pueblos y que se agrava incesantemente si los gobiernos no ponen empeño en su erradicación.

En 1948 se promovió en la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, México reconoció en ella los 30 Derechos inherentes e inalienables de todas las mujeres y hombres sin distingo alguno, en dicha Declaración se establece:

Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido la vivienda, la asistencia médica, y los servicios sociales necesarios;…

 México también signó en noviembre de 1974 la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, documento que reconoce lo antiquísimo y complejo del problema del hambre en el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo. La Declaración, entre otros, proclama:

1. Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales. La sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y tecnología suficiente y, por tanto, la capacidad para alcanzar esta finalidad. En consecuencia, la erradicación del hambre es objetivo común de todos los países que integran la comunidad internacional, en especial de los países desarrollados y otros que se encuentran en condiciones de prestar ayuda.

2. Los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de colaborar entre sí para conseguir una mayor producción alimentaria y una distribución más equitativa y eficaz de alimentos entre los países y dentro de ellos. Los gobiernos deberían iniciar inmediatamente una lucha concertada más intensa contra la malnutrición crónica y las enfermedades por carencia que afectan a los grupos vulnerables y de ingresos más bajos. A fin de asegurar una adecuada nutrición para todos, los gobiernos deberían formular las políticas de alimentos y de nutrición adecuadas, integrándolas en planes de desarrollo socioeconómico y agrícola de carácter general, que se basen en un conocimiento adecuado tanto de los recursos disponibles para la producción de alimentos como de los potenciales. A este respecto debería subrayarse la importancia de la leche humana desde el punto de vista de la nutrición.

3. Los problemas alimentarios deben abordarse durante la preparación y ejecución de planes y programas nacionales de desarrollo económico y social, haciéndose hincapié en sus aspectos humanitarios.

En el año 2000 nuestro país formo parte de los trabajos que dieron pie a los  Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), como resultado vieron luz ocho objetivos que figuraron hasta el 2015 como el Plan vector para erradicar la pobreza y el hambre; en el 2012 el Secretario General de la ONU promovió la estrategia “Hambre Cero” durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), en ella se establece:

Metas

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

En nuestra Constitución el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el Artículo 4º con la adhesión del párrafo tercero el 13 de octubre de 2011, otorgando un carácter constitucional y ya no sólo convencional en materia de la lucha contra el hambre y la malnutrición en el país; dicho artículo observa en su párrafo tercero:

Art. 4º. …

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Adicionalmente, la Ley General de Desarrollo Social refuerza las obligaciones Estatales en materia de protección a los grupos más vulnerables, singularmente en materia de alimentación y acceso a las políticas presupuestarias y sociales para erradicar el hambre y la malnutrición son las siguientes:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa.

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;

II. Seguridad social y programas asistenciales;

III. Desarrollo Regional;

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. …

II. …

III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad;

IV. …

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición materno-infantil;

En suma, el derecho a la alimentación y la lucha para erradicar el flagelo del hambre, quedan plasmados en nuestra Constitución, en los Tratados internacionales y en las leyes generales que se citaron anteriormente. Conjugadas como Ley Suprema de la Unión comprometen y exigen que el Estado mexicano provea uno de los derechos esenciales del ser humano: el alimento.

Sería inconcebible que el Estado no sea capaz de garantizar siquiera las medidas más elementales para hacer frente al problema del hambre y la malnutrición recomendadas por las instituciones internacionales de las que tenemos a bien formar parte, y de las que nuestra Carta Magna nos compromete; considerando que gran parte de nuestro país necesita una política social alimentaria robusta y eficaz.

Las políticas sociales alimentarias en México son indudablemente una necesidad, que trasciende colores y partidos, es una deuda con la población más desfavorecida, con las y los campesinos, con las y los obreros, es una deuda histórica de aquellos que heredaron la lucha de los mexicanos que exigieron sus derechos en la Independencia, es una deuda con los campesinos que pelearon por sus tierras en la Revolución, es una deuda con los mexicanos que hicieron crecer la industria en el siglo XIX, y con aquellos que a la luz de los avances y embates del capitalismo del siglo XXI siguen padeciendo de hambre y desnutrición.

En México, las consecuencias del acceso insuficiente a los alimentos afectan a gran parte de la población en el país: de acuerdo con datos del CONEVAL en 2016, 24.6 millones de mexicanos padecen carencia alimentaria; de los cuales, 10.9% son niños de 0 a 5 años, 6.8% son adultos mayores de 65 años o más, 9.9% son personas con discapacidad y 8.9% son hablantes de alguna lengua indígena. [*]

De acuerdo con datos del Módulo de Condiciones Socio-económicas (MCS) del INEGI 2016, del total de personas que padecen tres o más carencias en el país, más de la mitad (54.5%) presentan carencia por acceso a la alimentación. [*]

De cara al grave problema que significa la carencia alimentaria el Gobierno Federal lanzó en enero del año 2013 la Cruzada contra el Hambre, un programa que “busca asegurar el acceso a alimentos suficientes y de calidad para su población objetivo…” [*] , entre otros objetivos, dentro del marco de ésta estrategia en septiembre de ese mismo año entra en operaciones el Programa de Comedores Comunitarios (PCC) como una medida para dar acceso alimenticio a la población que se encuentra en situación de “pobreza extrema alimentaria” que, en 2012 se estimó en 7.01 millones de mexicanos, según datos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) [*] .

De acuerdo con el último reporte realizado en 2017-2018, el Programa Comedores Comunitarios logró tener cobertura en las 32 entidades federativas, con presencia en el 26% de los municipios del país. [*]

Al cierre de 2018, la SEDESOL operaba más de 5 mil comedores comunitarios en todo el país que beneficiaban a más de 540 mil personas. [*]

El 85% del costo lo absorbía el gobierno federal y había una cuota de recuperación de entre $3 a $10 pesos por comida, dependiendo la región. [*]

Las niñas y niños menores de 11 años son el principal grupo beneficiario de los comedores (36%), seguido de las personas en situación de vulnerabilidad (29%), tales como: migrantes, desempleados, personas en situación de calle, entre otros. [*]

En Guerrero, los comedores comunitarios tienen presencia en los 81 municipios: En la región de la montaña, una de las más vulnerables del estado, se encuentran 285 comedores comunitarios donde se atienden a más de 31 mil beneficiarios; mientras que en la Costa Chica funcionan 242 comedores a los que acudían 27 mil 246 personas.

En la zona Centro, 185 comedores servían dos alimentos diarios a 21 mil 556 beneficiarios y, en la Costa Grande, 167 comedores atendían a 17 mil 380 personas.

En la parte norte existían 136 comedores; en Tierra caliente, 108; y en Acapulco, 77, a donde acudían 14 mil 175, 12 mil 457 y 8 mil 324 beneficiarios, respectivamente. [*]

En junio de  2017 se publicó la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, sin duda vino a robustecer el sistema de asistencia alimentaria de la ciudad más poblada del país. En ella se establecieron principios como los siguientes:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en la Ciudad de México, para dar cumplimiento al Artículo 4 Constitucional, y tiene por objeto hacer efectivo el derecho de los habitantes de la Ciudad de México a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en condiciones de accesibilidad.

Artículo 2.- Toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene derecho a ser beneficiario de los comedores sociales, sin importar su condición social, etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite su derecho humano a la alimentación, con un programa especial para la infancia.

Artículo 19.- Los Comedores Públicos contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de la población que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de media, alta o muy alta marginalidad, en especial para las personas en situación de vulnerabilidad como: niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, desempleados, personas en situación de calle y en general toda aquella persona que solicite el servicio.

No obstante todo lo anterior, como es bien sabido, el Proyecto de Ley de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019 presentado por el Ejecutivo Federal a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contempló un recorte al "Programa de Comedores Comunitarios" del  100%. Con la aprobación del mismo se eliminó el programa en su totalidad, dejando a la deriva y en total incertidumbre a los más de 5,000 comedores en el país.

El programa social de comedores comunitarios ha sido una gran oportunidad para incrementar las condiciones de acceso a la alimentación, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Dicho programa no sólo generaba un acceso a la alimentación sino que también, fomentaba la relación familiar y social, la sana convivencia, la igualdad de género, la cultura, la comunicación, el encuentro, la participación, la cohesión e inclusión social. Básicamente era un buen puente de conexión para reducir la brecha de desigualdad y justicia social y  canalizar el problema de la carencia alimentaria en una política pública operable.

Innegablemente la decisión del Ejecutivo federal de eliminar el presupuesto y con ello hacer inoperables los comedores comunitarios de todo el ancho y largo del país ha sido una decisión equivocada, la cual transgrede a los miles de beneficiarios que gracias a éstos tenían una opción de acceso a una alimentación de calidad y que hoy en día se han quedado desprotegidos.

El grupo parlamentario del PRI conjuntamente con diversas asociaciones de la sociedad civil, lamentamos profundamente que los recursos para el PCC no se hayan incluido en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2019, así como lamentable es que no se hayan tomado en cuenta las voces que en tribuna expusimos sobre la necesidad de que se reintegraran los recursos para no desamparar a los miles de mexicanos que formaban parte de este programa y que con esta medida unilateral, se han socavado sus derechos elementales.

Por todo ello consideramos necesario e impostergable elevar a nivel constitucional la obligación del Estado de proveer específicamente este derecho de acceso alimentario y así solventar este error mayúsculo, pero sobre todo, para que nunca más, los derechos de los grupos más vulnerables  vuelvan a estar en riesgo.

Cuadro comparativo.

En el cuadro a continuación se detalla la modificación propuesta al tercer párrafo del artículo 4° constitucional.

Texto vigente

Propuesta

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

….

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

….

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará mediante la implementación de políticas públicas alimentarias y el abastecimiento, habilitación y operación de comedores comunitarios en las entidades federativas.

….

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Art. 4o .- ...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará mediante la implementación de políticas públicas alimentarias y el abastecimiento, habilitación y operación de comedores comunitarios en las entidades federativas.

Transitorios

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día veinte de marzo del año dos mil diecinueve.

SEN MANUEL AÑORVE BAÑOS.


[*] FUENTE: REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA COMEDORES

COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509780&fecha=30/12/2017

[*] ídem

[*] FUENTE: PROGRAMA NACIONAL MÉXICO SIN HAMBRE 2014-2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014

[*] FUENTE: SEDESOL. Consultado en “El programa de comedores comunitarios: análisis de su diseño e instrumentación”. UNAM. Disponible en: http://www.pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/documentos-trabajo/016.pdf

[*] Fuente: SEDESOL https://www.gob.mx/alimentacionydesarrollo/articulos/los-comedores-comunitarios- te-ayudan-a-comer-sano-variado-y-suficiente

[*] ídem

[*] ídem

[*] Fuente: CONEVAL. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/392052/FMyE_20_U009_VF.pdf

[*] FUENTE: DICONSA. https://www.gob.mx/diconsa/prensa/diconsa-abastece-a-1-200-comedores-comunitarios-de-guerreropara-beneficio-de-130-mil-familias