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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, a revisar la problemática en torno a los jóvenes mexicanos integrados al Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia a los Estados Unidos de América.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA SEGUNDA COMISIóN.


Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al poder ejecutivo federal, a revisar la problemática en torno a los jóvenes mexicanos integrados al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, de los estados unidos de américa (deferred accion for chilhood arrivals –daca- por sus siglas en inglés) a cargo del C. diputado Mario mata carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, C. Dip. Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62 y 79  del Reglamento de la Cámara de Diputados; 58 y 176 Del Reglamento para el Congreso Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a revisar la problemática en torno a los jóvenes mexicanos integrados al Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia, de los Estados Unidos de América ( Deferred accion  for chilhood arrivals -DACA- por sus siglas en inglés ) de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera: Que la migración es un fenómeno global que conlleva efectos positivos como el aumento de la competitividad, la generación de ingresos, las mejoras económicas y un mayor entendimiento cultural; por lo que se deben buscar soluciones que impulsen estrategias regionales que promuevan el desarrollo como un medio para disminuir los impactos negativos de los flujos migratorios [*] .

Segunda. Que la problemática que se pretende abordar en este instrumento legislativo versa sobre el pronunciamiento hecho por el Presidente Donald Trump a principios del mes de septiembre del año 2017, en donde se anunció la derogación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA por sus siglas en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals.)

Tercera. Que como principales antecedentes tenemos, que DACA es un programa del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, que fue creado en el año de 2012 en la Administración a cargo del Expresidente Barack Obama y que fue destinado principalmente a permitir que los niños que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos de América, en compañía de sus padres en un periodo de tiempo determinado, contaran con una autorización temporal para vivir, estudiar y trabajar en ese país.

Este tipo de facilidades se generaron toda vez que no fue posible que se aprobara en el Congreso Americano la reforma en materia de migración. A falta de dicha legislación, se implementaron para los extranjeros en situación irregular, diversas medidas de alivio que Obama propuso en concordancia con sus propias expresiones vertidas en diversas oportunidades, en el sentido de que los Estados Unidos de América han sido tradicionalmente un refugio en el mundo durante más de dos siglos; por ser una nación diversa e influyente y porque es una nación de inmigrantes.

Contando con esta premisa como base, se trabajó en la elaboración del programa, pretendiendo crear una especie de autorización temporal para evitar el riesgo de la deportación. De esta manera, los solicitantes fueron sometidos a una amplia investigación por anticipado, donde se fue revisando caso por caso, para verificar si contaban antecedentes penales. En esa lista se incluía el no haber sido declarado culpable por delito grave, por delito menor significativo o por tres delitos menores, así como por otros delitos que pudieran amenazar a la seguridad nacional del país.

Por otro lado, también se verificaba que fueran realmente estudiantes o que se hubieran graduado o hubieran obtenido un diploma de la escuela secundaria o de Desarrollo Educativo General. Adicionalmente podían calificar los veteranos retirados con honores de las Fuerzas Armadas de los EE.UU., o de la Guardia Costera.

En este contexto, el cumplimiento del requisito de no contar con antecedentes penales representó en su momento algunos inconvenientes. Esto debido a la injusta criminalización de que fue objeto la comunidad migrante, como consecuencia de las directrices emitidas inicialmente en la administración de Donald Trump, en donde podía ocurrir que cualquier individuo que a juicio de un agente de inmigración representara un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos, podía ser detenido para enfrentar un proceso de deportación, incluso ante la comisión de un delito menor; hecho que aumentó considerablemente el grado de vulnerabilidad de este tipo de connacionales, frente al estado norteamericano.

Bajo estas reglas, si el resultado de la investigación era considerado como positivo, las medidas para que estas personas fueran deportadas, se diferían durante dos años con la posibilidad de renovación; de esta forma podían contar también con un permiso de trabajo temporal, con un número de seguro social, con identificación, así como con licencia de conducir del estado y seguro médico.

Cuarta. Que debe referirse además, que los aspirantes al DACA tuvieron que cumplir con otros elementos para ser admitidos en el programa, por lo que facilitaron una parte importante de su información y datos personales de sus familiares, con el propósito de ser aceptados en el programa sin problema alguno.

De esta forma destaca, que las 787 mil, 580 personas que aplicaron en su tiempo para pertenecer al programa de referencia, debieron haber sido calificadas como carentes de un estatus migratorio legal, así como debieron haber obtenido su aprobación mediante este programa hasta antes del anuncio de su desaparición y además los interesados debieron haber cumplido supletoriamente con los requisitos siguientes al momento de postularse:

1. Haber sido considerados como indocumentados.

2. Tener menos de 31 años, considerando como fecha de corte el 15 de junio del 2012, época en que dio inicio el programa.

3. Demostrar que se llegó a los EUA antes de haber cumplido los 16 años; tener como mínimo 15 años y que se vivió en el país de manera continua desde el mes de junio del 2007 o antes de esa fecha.

4. Contar con diploma de bachillerato (high school) diploma GED/TASC o estar estudiando algo similar.

En este contexto sobresale que fueron poco más de 622,000 mil los jóvenes mexicanos inscritos en el programa, por lo que representan la mayoría de los aceptados; al igual que jóvenes de otros países, entre los que se encuentran algunos indocumentados del Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina, Brasil e inclusive de algunas otras partes del mundo como Europa.

Otro dato que pudiera resultar relevante para efecto de estas consideraciones, es que la mayoría de los jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 38 años, viven en el Estado de California, en el de Texas, el de la Florida, en Nueva York y en algunos otros en menor escala.

Quinta. Que un hecho sin precedente y a favor de este importante segmento de personas, tiene que ver también con la singularidad de que algunos de los grandes empresarios de la nación del sueño americano, han señalado en repetidas ocasiones, que es necesario proteger a este sector de la población; porque se les reconoce que poseen perfiles muy específicos y que es importante considerar en todo este contexto el factor de la productividad que representan para la nación.

En mérito de esta condición, vale la pena recordar la carta enviada a Donald Trump por 400 ejecutivos de Empresa; en la cual exponen que la supresión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, supone la pérdida de 460,300 millones de dólares en el PIB y 24,600 millones de dólares en los sistemas de Seguridad Social y cobertura sanitaria. Entre los firmantes de esta memorable misiva, se pueden rescatar algunos nombres como los de Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Facebook, Meg Whitman de Hewlett-Packard y Mary Barra de General Motors, entre otros.

Sexta. Que es preciso destacar que Donald Trump solicitó al Congreso de Estados Unidos de América, que el Programa de Acción Diferida fuera reemplazado por un instrumento normativo, antes de que expirara por completo para el 05 de marzo del 2018.  No obstante, si bien Donald Trump afirmó que “Estados Unidos es una nación de oportunidades porque es una nación de leyes”, esto no puede darse a consecuencia de aumentar la vulnerabilidad de los individuos y en el caso del citado programa, el mandatario estadounidense lo abordó como una especie de “amnistía”.

Sin embargo, existe plena coincidencia en que el programa por sí mismo, representa un mecanismo que ha contribuido al fortalecimiento de la economía estadounidense a través de la fuerza laboral que representan estos miles de jóvenes.

Es por ello y bajo estas consideraciones, que se generó un rechazo importante a esta disposición por parte de los legisladores del Partido Demócrata, de entre los cuales destacan los líderes de ese partido en el Congreso; mismos que han recordado en innumerables ocasiones, que Trump prometió y acordó en eventos públicos, revisar la manera  en que se podría proteger a este tipo especial de emigrantes a través de una adecuada legislación y paralelamente a través de un mayor gasto en la seguridad fronteriza. 

Séptima. Que afortunadamente también se cuenta con algunas condiciones que podrían considerarse como ventajas a favor del programa. Dentro de estos escenarios positivos se puede ejemplificar lo ocurrido en diversos estados de la Unión Americana que anunciaron sus intenciones de demandar a Trump por su controvertida determinación de rescindir el programa de apoyo a jóvenes.

En este sentido se puede señalar, que finalmente fueron por lo menos 18 los estados de la Unión Americana, que desafiaron mediante una acción legal las acciones de Trump, asegurando justicia y oportunidades para los jóvenes de DACA. De entre los Estados que demandaron al Ejecutivo Federal de los EUA por rescindir el amparo de Acción Diferida, se encuentran Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Columbia, California y recientemente en Marzo del 2019 se sumó la Fiscalía de Colorado a la demanda judicial presentada en su oportunidad por la Coalisión de Procuradores Generales  de dichos estados.

Vale la pena destacar, que para efectos de la suspensión del Programa, algunos de los argumentos que se utilizaron en la demanda, tienen que ver con que no se había seguido de manera adecuada la Ley de Procedimientos Administrativos (APA, por sus siglas en inglés) además de que se infringieron los derechos constitucionales al debido proceso que las leyes confieren a los beneficiarios del programa.

Como resultado de los recursos legales de referencia, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos, indicó que no permitiría que el Presidente Donald Trump pusiera fin de inmediato al programa de apoyo a jóvenes de la era de Barak Obama. Aunado esto a que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito -con sede en San Francisco- mantuvo la orden judicial que bloqueó la decisión del mandatario, de terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

En esta misma secuencia, algunas de las demandas como las presentadas en California y otros estados que también cuestionaron en su momento la decisión de la Administración de Trump, continúan en el Tribunal Federal mientras se mantiene en proceso el recurso judicial.

Octava. Que por otro lado es necesario señalar, que algunos líderes estatales del sector conservador del Partido Republicano, entre los que figuraron Texas, Alabama, Arkansas, Lousiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, -considerados como de carácter antiinmigración- decidieron forzar las acciones del ejecutivo argumentando que el programa es inconstitucional y que los beneficiarios con su carácter de ilegalidad, amenazaban los empleos y la cultura estadounidenses. Además argumentaron que Obama con la implementación del Programa, se excedió en sus atribuciones al no contar con una acción legislativa por parte del Congreso.

Así sobresale que fue Warren Keneth Paxton, el Fiscal General de Texas, quien en julio del 2017, dirigió a un grupo de fiscales generales republicanos y al gobernador de Idaho Butch Otter, a amenazar a la administración de Trump, argumentando que litigarían si el Presidente no terminaba con la política del programa DACA; señalando directamente que su demanda se direccionaba al respeto del Estado de Derecho de la nación norteamericana, porque la rama ejecutiva federal -haciendo alusión nuevamente a que  Barack Obama, carecía del poder para otorgar unilateralmente una presencia legal y la autorización de trabajo a los extranjeros.

Novena: Que otro dato adicional de relevancia, tiene que ver con el hecho de que el Presidente Trump, ofreció en Enero del 2019, extender por tres años la protección a los inmigrantes indocumentados amparados bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, así como para los protegidos por el Programa  TPS (Estatus de Protección Temporal) [*] a cambio de que los legisladores demócratas del Congreso Americano aprobaran el presupuesto de 5,700 millones de dólares, para construir el muro fronterizo con México; siendo éste recurso de vital importancia para el mandatario, puesto que fue una de sus principales promesas de campaña.

Aunado a esto cabe agregar, que Trump instrumentó el cierre del Gobierno de nuestro vecino del norte, hasta por 35 días; intentando presionar de manera adicional al Congreso para obtener los Fondos que necesitaba para dicho muro. Hecho sin precedente en la Administración Pública Norteamericana, puesto que el máximo lapso de tiempo para este tipo de resistencia, había llegado a poco más de veinte días en el año de 1995.

En este contexto, Trump ha pretendido dar continuidad a su intención de construcción del muro divisorio, utilizando diversas estrategias, entre las que se encuentran las de presionar al Congreso Americano. Así tenemos que en Febrero del 2019, declaró el estado de emergencia nacional para financiar el muro, aduciendo que el recurso administrativo sería necesario como para controlar la migración ilegal y de esta manera frenar el ingreso de drogas y delincuencia al país.

Esta acción la pudo realizar porque en Estados Unidos, el Presidente puede declarar a discreción que el país se encuentra en estado de emergencia nacional. Sin embargo, no logró nuevamente su objetivo, puesto que la Ley Presupuestaria aprobada en el Congreso Americano contempla mil 375 millones de dólares para únicamente 88.5 kilómetros de barrera fronteriza. 

Décima. Que ante estos acontecimientos, los postulantes del programa que nos ocupa continúan en la incertidumbre, puesto que su estatus legal y otros permisos relacionados como el trabajar de manera regular y el de asistir a las aulas universitarias siguen pendientes de resolución.

Y lo más preocupante de todo esto, es que a medida que su estatus migratorio autorizado vaya caducando, podrían llegar a ser deportados y enviados de vuelta a sus países de origen; esto sin tomar en cuenta que muchos de ellos no están familiarizados ni conocen con exactitud la manera en que podrían lograr adaptarse a una nueva vida regresando al lugar donde nacieron. Aunado esto al hecho de que dicha deportación se traduciría en el detrimento del avance que ya hubieran logrado en su estabilidad económica, social, afectiva y cultural en los Estados Unidos de América.

Décima Primera. Que resulta pertinente recordar, que sigue siendo una gran responsabilidad para la Cámara de Diputados de la presente legislatura del Congreso Mexicano, el promover acciones de apoyo a los connacionales que residen en el extranjero, en aras de lograr que el gobierno de los Estados Unidos de América siga pendiente de la situación migratoria de los jóvenes que aún se encuentran al amparo del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). [*]

Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados, en su carácter de máximo representante de los intereses del pueblo Mexicano y bajo un ejercicio estricto de diplomacia parlamentaria, tiene la tarea permanente de fortalecer los lazos que unen y nutren la relación bilateral. Así pues, se están proponiendo una serie de medidas tendientes a mitigar los efectos de la suspensión del programa; por lo que se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. En el marco de la problemática en torno a los jóvenes mexicanos integrados al Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (Deferred accion for chilhood arrivals -DACA- por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos de América, la Comisión Permanente exhorta a:

La Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de nuestra basta red consular, se intensifique el apoyo de los miles de jóvenes que están en espera de la resolución del Programa, atendiendo los postulados de los compromisos internacionales suscritos por ambas naciones, en materia de derechos políticos, económicos, Sociales y Culturales, a efecto de procurar la debida atención a la problemática, con los objetivos siguientes:

  1. Que se realicen los pronunciamientos pertinentes ante los Foros  Internacionales en favor de este tipo de jóvenes, considerando que la problemática que están viviendo, afecta no solo a los mexicanos sino a otras personas de diversas partes del mundo.
  2. Que se entable respetuosa comunicación con los Legisladores del Congreso de los Estados Unidos de América, considerando para esto la oportunidad de que se realice un intercambio directo de propuestas, acciones y recomendaciones y que deseablemente se analice la posibilidad de actualizar su legislación migratoria, en concordancia con los nuevos tiempos que marcan la relación bilateral.   

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del Mes de Mayo del año 2019.

Proponente:   C. Dip. Mario Mata Carrasco.

Firma ___________________________________


[*] Delegaciones México-Estados Unidos, Declaración conjunta de la LXIII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, H. Cámara de Diputados, México, 05 de Junio del 2017.

[*] El Programa de Estatus de Protección Temporal o TPS, es también un programa de beneficio migratorio temporal que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales de un determinado país, o parte de él, cuando éste resulta temporalmente incapaz de manejar de manera adecuada o segura el regreso de sus ciudadanos provenientes de los Estados Unidos, debido a algunas condiciones del propio país, como en el caso de conflictos armados en curso, guerras civiles, desastres ambientales como terremotos o huracanes, epidemias, al igual que otras condiciones extraordinarias pero temporales. En el programa de TPS no se localizaron aplicaciones de connacionales mexicanos viviendo en los EUA.

[*] Para mayor información de los antecedes en pasadas legislatura se puede consultar el texto completo en: Boletín N°. 4042. Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Septiembre/12/4042-Exhorta-Pleno-a-Ejecutivo-federal-a-apoyar-a-dreamers-en-aras-de-que-Estados-Unidos-cumpla-con-el-DACA última consulta 16/04/2019.