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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNó A LAS COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21 y 122 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Según el más reciente informe del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), la inseguridad y la violencia se ha venido incrementando en la Ciudad de México desde el año 2018, y para este año 2019 ha tenido un repunte significativo que resulta ya preocupante.

De acuerdo al informe más reciente del OCN, la mayoría de las 16 alcaldías de la capital han experimentado un incremento grave en los índices de violencia y delitos como el homicidio doloso, la violación, el narcomenudeo, robo a casa habitación y el robo con violencia.

Al mes de enero, la demarcación territorial con mayor crecimiento en incidencia delictiva fue Iztacalco, con un ascenso de 36 por ciento respecto al año pasado. La siguiente fue Cuajimalpa, con un aumento del 26 por ciento, seguida de Magdalena Contreras con el 23 por ciento, y Álvaro Obregón con un alza del 18 por ciento.

Iztapalapa tuvo un ascenso del 15 por ciento, mientras que Tlalpan tuvo un aumento en el 14 por ciento. Miguel Hidalgo pasó de una carpeta de investigación en 2018 a cinco en 2019; Tláhuac pasó de 2 a 9 casos; Xochimilco, con un 200 por ciento de aumento; Álvaro Obregón, con un incremento del 150 por ciento; Venustiano Carranza, aumentó 60 por ciento y la Gustavo A. Madero con un repunte de casi 19 por ciento.

Conforme a estos datos es evidente que la CDMX atraviesa por su peor crisis en materia de seguridad.

En el caso de homicidio doloso, este delito se incrementó en 14 de las 16 alcaldías. Venustiano Carranza, con una tasa de 22.71 crímenes por cada 100,000 habitantes; Cuauhtémoc, con una tasa de 22.52, y Gustavo A. Madero, con una tasa de 20.56, ocuparon los tres primeros lugares en el ranking en este delito.
Toda la capital tuvo su tasa histórica más alta alcanzando un 14.39, que es mayor a la tasa nacional de 11.01 por ciento. Con estos registros la CDMX ocupa el lugar 22 en el país.

Respecto al robo con violencia, este delito creció en las 16 zonas. Incluso, la tasa registrada en 2018 posicionó a la capital 106% por arriba de la tasa nacional y en el segundo lugar del ranking en todo México. Por alcaldía, el top 3 lo conforman Cuauhtémoc, con una tasa de 953.94 por cada 100,000 habitantes; Miguel Hidalgo, con una tasa de 835.29, e Iztacalco, con una tasa de 606.97.

Por lo que toca al robo a casa habitación, este delito incrementó en las 16 alcaldías capitalinas. Los tres primeros lugares fueron Benito Juárez, con una tasa de 215.71 por cada 100,000 habitantes; Cuauhtémoc, con una tasa de 142.68, y Miguel Hidalgo, con una tasa de 108.91.

El delito de violación tuvo un incrementó en 15 demarcaciones territoriales. Las que ocupan los tres primeros lugares son Cuauhtémoc, con una tasa de 22.33 por cada 100,000 habitantes; Coyoacán, con una tasa de 10.59, y Xochimilco, con 7.46. Cuauhtémoc se ubicó 91 por ciento por arriba de la tasa nacional y 188 por ciento por arriba de la tasa de la CDMX.

El narcomenudeo se mantiene al alza. En 2018, tuvo un incremento en las 16 alcaldías, Cuauhtémoc tuvo la tasa más alta, con 200.97 casos por cada 1000,000 habitantes, seguida de Venustiano Carranza, con una tasa de 169.83, y de Miguel Hidalgo, con una tasa de 118.99. 

Como se puede apreciar, los índices delictivos han tenido un incremento alarmante en la Ciudad de México durante el último año y uno de los puntos más criticables a la reforma política de la Ciudad de México es el hecho de que las alcaldías en la Ciudad de México carecen de autonomía o, en todo caso, su autonomía se encuentra bastante limitada en el rubro de la seguridad pública, ya que no cuentan con atribuciones para disponer de las fuerzas policiales que les permitan garantizar la seguridad en sus demarcaciones.

La mayoría de los alcaldes han manifestado que tienen plenamente identificados los puntos rojos en materia de seguridad en sus territorios, pero se ven limitados a actuar y desplegar fuerzas policiacas, ya que no tienen atribuciones plenas para ello y dependen en todo momento del gobierno central de la Ciudad de México.

Hay que recordar que el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México.

La reforma al artículo 122 constitucional estableció un nuevo orden de gobierno para la ciudad de México y sus demarcaciones territoriales. En este sentido, dicha disposición constitucional precisa que el gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. Su integración, organización administrativa y facultades se establecerán en la Constitución Política y leyes locales.

El mismo texto constitucional dispone que las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años.

Ahora bien, en materia de seguridad pública el referido artículo 122 en su apartado B señala que corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública.

Como se puede apreciar la reforma política de la Ciudad de México ha sido un paso importante en el proceso de equiparar el estatus de la Ciudad a de las otras entidades del país, las cuales gozan de una autonomía plena de gobierno y administración, y que además transfieren o conceden un grado de autonomía a sus estructuras más básicas como lo son los municipios, sin embargo, las alcaldías aún tienen muchas limitaciones sobre todo en materia de seguridad pública.

En efecto, uno de los principales objetivos de esta reforma política es que las alcaldías se establezcan como una figura similar a la de los municipios, ya que éstos hacen posible la autonomía de sus Estados al descentralizar ciertas funciones de gobierno.
No obstante, las buenas intenciones de la reforma y sus alcances respecto al nuevo orden de gobierno no fue el más avanzado que se hubiera querido, ya que, a pesar de la insistencia histórica por reestablecer el municipio en la Ciudad de México, en esta ocasión no se eligió esta figura como forma de gobierno, sino que se crearon las alcaldías.

Una de las debilidades de la figura de las demarcaciones territoriales es el hecho que el gobierno central de la Ciudad de México no le transfiere o no le concede a sus Alcaldías una autonomía plena y equiparable a la que los demás estados del país les conceden a sus municipios.

Como se señaló, el artículo 122 constitucional prevé para las alcaldías un marco de atribuciones limitado y delega casi todas sus competencias a la constitución local. Es en los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 de la Constitución Política de la CDMX en donde se concentran todas sus atribuciones, ahí se abordan principalmente los temas de las demarcaciones territoriales; la integración, organización y facultades, de las personas titulares, de los concejos, del cabildo de la Ciudad de México, de los recursos públicos y de la participación ciudadana.

El texto del artículo 53 de la Constitución Política de la CDMX cita una serie de finalidades y competencias, tales como promover, facilitar, garantizar, impulsar, propiciar, pero que no implican necesariamente funciones o atribuciones concretas y bien definidas, sino que resultan vagas y ambiguas.

Ahora bien, una de las funciones que tienen las Alcaldías en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México, es ejecutar políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial y disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia, pero siempre bajo la subordinación del gobierno central; proponiendo y opinando previamente ante la Jefatura de Gobierno, respecto de la designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que correspondan a la demarcación territorial; y supervisar los mandos de la policía preventiva dentro de su demarcación.

Este último punto es uno de los temas de gobierno interno que generan mayor controversia, ya que simplemente asumen un rol secundario y subordinado al tutelaje del gobierno central en materia de seguridad pública, dado que es el Jefe de Gobierno el que tendrá el control de las fuerzas policiales, el que designará los mandos de la policía y el que decidirá cuáles son los convenios de asociación que le convienen a las alcaldías.

Estas limitaciones han sido identificadas por la mayoría de los alcaldes, y podemos afirmar que la mera existencia de atribuciones compartidas y subordinadas sugiere el hecho de que las zonas en la Ciudad de México carecen de autonomía o, en todo caso, se encuentra bastante limitada en rubros tan importantes como el de disponer de las fuerzas policiales para garantizar la seguridad de sus demarcaciones.

En efecto, en materia de seguridad pública, a diferencia de los municipios, en donde la policía preventiva estará al mando del presidente municipal, aunque acatará las órdenes del Gobernador del Estado en los casos que éste juzgue sean de fuerza mayor y excepcionales (artículo 115, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), las alcaldías solo se ejecutaran las políticas de seguridad que disponga el gobierno central, es decir, podrán disponer de la fuerza pública básica pero siempre y cuando se haya solicitado al Gobierno de la Ciudad, además de que sólo podrán proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno respecto de la designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que correspondan a la demarcación territorial y supervisar los mandos de la policía preventiva.

Ahora bien, toda vez que la seguridad pública es un Derecho fundamental que el Estado Mexicano está obligado a garantizar, la presente iniciativa de reforma pretende fortalecer las competencias de las Alcaldía de la Ciudad de México en esta materia, por eso se propone reformar el artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la figura de las alcaldías dentro de la función de seguridad pública.

Asimismo, acorde a la propuesta anterior, se prevé una reforma al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para definir las atribuciones de las alcaldías de la Ciudad de México en materia de Seguridad Pública y estén posibilitadas legalmente para garantizar con policía bajo su mando y dirección, la seguridad pública en cada una de sus demarcaciones.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 21 y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTICULO ÚNICO. Se reforma el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se adiciona un inciso g) a la fracción VI, del Apartado A, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 21. (…)

(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

(…)
(…)
(…)
(…)

Artículo 122. (…)

A. (…)

I a III (…)

VI. (…)

(…)

(…)

a) a la f) (…)

g) Los Alcaldes tendrán a su cargo la dirección de las instituciones de seguridad pública en sus demarcaciones, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución Política de la Ciudad de México y de las leyes locales.

VII a la XI (…)

B a D (…)

 

Artículos Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. La Legislatura de la Ciudad de México deberá llevar a cabo las reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y a las leyes locales, para adecuarlas al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala