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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De la Dip. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA COMISIóN DE HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, EN MATERIA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA TERESA REBECA ROSA MORA RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Diputada Federal de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 55, 56 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de faltas administrativas graves, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  1. ANTECEDENTES

La presente iniciativa tiene por objeto promover la incorporación como falta administrativa grave, de la expedición, utilización, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, cometida por los servidores públicos y particulares, contemplada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas

El artículo 134 constitucional, establece que los recursos económicos de los cuales dispongan los tres órdenes de gobierno, deben ser administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos para los que son destinados.

De acuerdo con el principio de honradez, el ejercicio de los recursos públicos por parte de los servidores públicos, implica que este no se lleve a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. Por otro lado, el principio de economía, refiere a que las erogaciones deben realizarse de manera recta y prudente, buscando las mejores condiciones de contratación del Estado .

Frente a la necesidad de diseñar normas e instituciones encargadas de impulsar una política de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, se aprobaron y publicaron reformas constitucionales en materia anticorrupción el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, fueron publicadas 4 nuevas leyes secundarias y reformadas otras 3 más, de entre las cuales se encuentra la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Este Sistema Nacional Anticorrupción, tuvo como propósito establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental para implementar dicha política, la cual contempla responsabilidades para particulares también. No obstante, se requieren de nuevos instrumentos de prevención y disuasión de faltas administrativas, complementando el diseño de este andamiaje jurídico.

En este sentido, el pasado 21 de marzo de 2019 fue aprobado en el Senado de la República, el Dictamen con proyecto de decreto en materia de inhabilitación permanente por hechos de corrupción, el cual proponía establecer dicha sanción administrativa a servidores públicos y particulares, tanto personas físicas como morales, por la comisión de faltas administrativas graves, para establecer su inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; minuta la cual fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.

Asimismo, en la Cámara de Diputados fue aprobado el pasado 8 de abril de 2019, el Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, cuyo objetivo fue incrementar la sanción penal aplicada por expedición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

A pesar de que aún no concluye el proceso legislativo de dichas iniciativas, resulta fundamental complementarlas y reforzar el marco jurídico actual para disuadir la comisión de este delito en materia fiscal, debido a los diversos escenarios suscitados en la vida pública de México durante los últimos años.

El esquema de operaciones fiscales simuladas, aplicado al arrendamiento, adquisición de bienes o servicios de la administración pública, demostró ser una constante en el alarmante evento denominado como Estafa Maestra, con el cual se evidenció el desvío de recursos financieros del Estado de 11 dependencias del Gobierno Federal, a través de 8 universidades públicas y 186 empresas .

La operación cada vez más común de este tipo de prácticas, entre empresas fantasmas e instituciones públicas, se ha generado por medio de la simulación de contratos de obra, adquisición de bienes o prestación de servicios, dado que ninguno de ellos se ejecuta, aún y cuando la contraprestación es pagada y se emite el comprobante fiscal correspondiente.

  1. CONSIDERACIONES

Las operaciones inexistentes por medio de las cuales los contribuyentes hayan emitido comprobantes fiscales, sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos documentos o no se localice al contribuyente, debe ser considerado como una falta grave administrativa, aplicada tanto a servidores públicos como a particulares .

La corrupción, entendida en términos generales como “la apropiación privada e ilegítima del espacio público” , se ha convertido en un obstáculo para la democracia, el estado de derecho y el ejercicio pleno de los derechos humanos, restringiendo el acceso de estos últimos por medio de actos y omisiones que impiden el ejercicio oportuno de los recursos y cumplimiento de sus objetivos, como lo puede ser el caso de esta falta administrativa grave propuesta.

Actualmente, México ocupa el lugar 138 de 180 posiciones, dentro del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, obteniendo una calificación de 28 puntos de 100 posibles, es decir, nuestro país se encuentra dentro del grupo de los países peores evaluados con altos niveles de corrupción, teniendo una caída de 43 puestos en relación al 2015 .

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de la Función Pública, se han aplicado 678 sanciones de inhabilitación a servidores públicos en el periodo 2015-2019 . A su vez, se tiene el registro de 1,371 particulares que han sido inhabilitados o multados por faltas administrativas graves en el mismo periodo de tiempo señalado .

Por su parte, con base en la Relación de Contribuyentes con Operaciones Presuntamente Inexistentes, publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encuentra que hay 9, 866 personas , tanto físicas como morales, que se ubican en la presunción de este tipo de delito de defraudación fiscal, desde el año 2014 hasta el 26 de marzo de 2019; conducta la cual pone en peligro las funciones del Estado Mexicano, la integridad del erario público y vicia los procedimientos administrativos, brindando un beneficio o ventaja para los particulares involucrados.

Con respecto a este problema, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), señala que el Fisco Federal ha dejado de recaudar alrededor de $2.4 billones de pesos, como producto de la simulación de operaciones fiscales, afectando al 70 por ciento de la recaudación total del año 2018 .

Aunado a dicha cifra, las investigaciones realizadas por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, detectaron contratos ilegales por la cantidad de $7,670 millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino de $3,433 millones , los cuales fueron entregados a empresas “fantasmas”, las cuales no contaban con la infraestructura, personal o capacidades para prestar los servicios para los que fueron contratadas.

En este sentido, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que son meritorios de una sanción administrativa, los servidores públicos que causen daño a la hacienda pública federal, los que no cumplan con las disposiciones de programación, los que distraigan de su objeto dinero para usos propios o ajenos, y los que lleven a cabo acciones u omisiones que impidan el ejercicio de los recursos y el logro de los objetivos y metas de las dependencias y programas .

Si bien, la legislación actual tipifica las conductas de contratación indebida, colusión, peculado, desvío de recursos o utilización de información falsa, como faltas administrativas graves, las cuales podrían vincularse a los actos de compra, expedición y/o utilización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes y/o simuladas, es necesario, aplicar el principio nulla poena sine lege (no existe pena sin ley), en donde no puede existir una pena sin una norma que lo establezca, pudiéndose así describir esta acción como sujeta a una sanción administrativa.

Por tales motivos, es que el poder legislativo debe encaminar las acciones necesarias para combatir la simulación y comercialización de operaciones fiscales falsas o inexistentes, mediante la adición de un artículo 59 BIS a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contenga este tipo de conducta como una falta administrativa grave para servidores públicos, con la finalidad de garantizar la protección de la hacienda pública federal y evitar el desvío de recursos públicos.

Título Vigente

Reforma Propuesta

SIN CORRELATIVO

Artículo 59 BIS.- Incurra en la expedición, utilización, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Fiscal Federal.

Asimismo, se considera indispensable incluir esta responsabilidad como una falta administrativa grave para los particulares, teniendo el propósito disuadir las acciones y omisiones previamente señaladas, así como garantizar la libre competitividad entre los proveedores que vendan o renten bienes y servicios al Estado.

Título Vigente

Reforma Propuesta

Artículo 69.- Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna.

Artículo 69.- Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o alterada, o expida, utilice, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna.

Finalmente, se propone reformar el artículo 71 de dicha ley, estableciendo que es responsable del uso indebido de recursos, aquel particular que incurra en la   simulación de rendición de cuentas encaminada a comprobar el destino para el que se otorgan recursos públicos, como lo es, entre otros casos, la utilización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Título Vigente

Reforma Propuesta

Artículo 71.- …

También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.

Artículo 71.- …

También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión o simulación de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.

El combate frontal a la corrupción, requiere de nuevos instrumentos y mecanismos que garanticen la prevención y disuasión de delitos de defraudación fiscal que vulneren a las instituciones del Estado Mexicano, así como la repetición de estas conductas por parte de particulares, cuando bien pudieron haber sido ya sujetos de penas por el delito penal ya tipificado, pero no en el ámbito administrativo.

Es por ello que se propone adicionar esta falta administrativa grave dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de que de forma explícita esté contenida en este ordenamiento jurídico, se colme el principio de la aplicación exacta de la ley, y no se les dé oportunidad de argumentar lagunas legales o inexistencia de la norma aplicable a la sanción que se establece, debiendo ser estos servidores públicos y/o particulares sujetos al procedimiento sancionador establecido en los capítulos II y III de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 69 y el segundo párrafo del artículo 71; y se adiciona el artículo 59 BIS de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 59 BIS.- Incurra en la expedición, utilización, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 69.- Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o alterada, o expida, utilice, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna.

Artículo 71.- …

También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión o simulación de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones, a los 02 días del mes de mayo del 2019.

MARÍA TERESA REBECA ROSA MORA RÍOS

Tesis Ailada 1ª CXLV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, septiembre de 2009, p. 2712.

Animal Político. (2017). La Estafa Maestra. Consultado en: https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

Tesis Ailada 2ª XCVII/2015, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. XXII, septiembre de 2015, p. 694.

Merino, Mauricio. (2008). La importancia de la ética en el análisis de las políticas públicas. Revista del CLAD: Reforma y Democracia, 41, p.2.

Transparency International. (2019). Corruption Perceptions Index 2018. Consultado en: https://www.transparency.org/cpi2018

SFP. (2019). Sanciones Administrativas de Inhabilitación impuestas a un servidor público. Consultado en: http://www.rsps.gob.mx/Sancionados/publica/buscapublicas.jsp

SFP. (2019). Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Consultado en: https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm

SAT. (2018). Relación De contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. Consultado en: https://www.sat.gob.mx/consultas/76674/consulta-la-relacion-de-contribuyentes-con-operaciones-presuntamente-inexistentes

Prodecon. (2018). Se requiere voluntad política para combatir eficazmente empresas fantasmas. Consultado en: http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/BoletinesPrensa/2018/Nacional/BoletinPrensa-11-Oficinas%20centrales%20CDMX-2018/boletin_011_facturas_falsas.pdf

Animal Político. (2017). La Estafa Maestra. Consultado en: https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

Artículo 114, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2006, México.