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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la práctica generalizada del gobierno federal, de realizar adquisiciones de bienes y servicios sin licitación pública, y exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a la Administración Pública a su cargo, a utilizar los mecanismos de adjudicación directa y de invitación restringida solo de manera verdaderamente excepcional.

SE DIO TURNO DIRECTO A LA PRIMERA COMISIóN DE TRABAJO.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA PRÁCTICA GENERALIZADA DEL GOBIERNO FEDERAL DE REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SIN LICITACIÓN PÚBLICA, Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A SU CARGO A UTILIZAR LOS MECANISMOS DE ADJUDICIACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN RESTRINGIDA SOLO DE MANERA VERDADERAMENTE EXCEPCIONAL COMO LO SEÑALA LA LEY

El que suscribe Senador de la República MAURICIO KURI GONZÁLEZ Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del Senado de la República, en representación del Grupo Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76 numeral 1, fracción IX; 231, fracción II; y 276, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA PRÁCTICA GENERALIZADA DEL GOBIERNO FEDERAL DE REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SIN LICITACIÓN PÚBLICA, Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A SU CARGO A UTILIZAR LOS MECANISMOS DE ADJUDICIACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN RESTRINGIDA SOLO DE MANERA VERDADERAMENTE EXCEPCIONAL COMO LO SEÑALA LA LEY, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con profunda preocupación, nos hemos ido enterando por diversos medios de comunicación, así como por revelaciones de organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento y monitorean la función pública, que a partir del inicio de la gestión del nuevo gobierno federal, se han incrementado de manera exponencial las adquisiciones de bienes y servicios que hace el propio gobierno utilizando el mecanismo de la adjudicación directa o bien, el mecanismo de la invitación restringida.

Como es bien sabido, el procedimiento ortodoxo, el procedimiento que como regla general debe utilizarse para las compras de gobierno, es el de la licitación pública, también conocido como concurso público. A este respecto, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en su artículo 134 cuando señala, en la parte conducente, lo siguiente:

“Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.”

La Constitución es, pues, bastante clara a este respecto, y si bien es cierto que admite que en determinadas circunstancias, la ley pueda regular otras opciones distintas a la licitación pública, también lo es, que estas otras opciones deben utilizarse exclusivamente cuando el concurso público no resulte idóneo. Así lo señala el mismo precepto constitucional previamente invocado, así como la ley secundaria en la materia, es decir, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su artículo 26, además de referir que las tres modalidades de adquisición son precisamente la licitación pública, la invitación a por lo menos tres, y la adjudicación directa, enseguida enfatiza que:

“Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, …”.

De hecho, en su artículo 40, esta misma ley se refiere a los procedimientos de invitación restringida y de adjudicación directa como “procedimientos de excepción”, y señala que solo pueden utilizarse cuando se actualice alguno de los supuestos específicos a los que se refiere en su artículo 41.

En cuanto a la asignación de obra pública, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, señala prácticamente lo mismo que la ley de adquisiciones, lo hace en sus artículos 27, 41 y 42, y éstos últimos dos artículos por cierto, se encuentran ubicados dentro del capítulo denominado precisamente “De las excepciones a la licitación pública”.

Ajustar las compras de gobierno a los principios del concurso público ha sido no solo una exigencia añeja de las y los ciudadanos, ha sido también, una exigencia razonable, que garantiza transparencia, pero sobre todo, garantiza que los funcionarios del Estado no incurran en hechos de corrupción mediante compras dirigidas a favor de personas concretas a las que desean beneficiar indebidamente al cobijo del dinero del pueblo.

En documentos relevantes de la campaña presidencial del hoy Presidente de la República, como el denominado “Proyecto de Nación 2018-2024”, se aseguraba que el eje central de la acción gubernamental del presidente López Obrador sería el combate a la corrupción. En consecuencia, mucho ha llamado la atención de todas y todos nostros, enterarnos de que, no obstante ello, la práctica de utilizar los procedimientos excepcionales como regla generalizada, con todo lo que ello significa en términos de abrir las puertas de par en par a la corrupción, son hoy, la práctica más recurrente.

En su informe de los 100 días, el Presidente dijo que se han generando ahorros importantes con austeridad y combatiendo la corrupción. En materia de austeridad puso como ejemplo la venta de vehículos extravagantes que antes usaban algunos servidores públicos; sin embargo, la realidad se impone, porque recientemente se dio a conocer que la oficina de la presidencia gastó casi un millón de pesos en café, galletas y comida gourmet tan solo en el primer mes de su gestión. Y eso que antes de asumir la presidencia, López Obrador se comprometió a prohibir el gasto en comidas para los servidores públicos. Esto dista mucho de la austeridad republicana que se pregona, es un clarísimo dispendio.

En materia de combate a la corrupción las cosas están aun peor; a través de la prestigiada revista Expansión, nos enteramos de que en los primeros cien días de su gobierno, el 46 por ciento de los casi mil contratos que se habían concedido hasta entonces en obra pública por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por Caminos y Puentes Federales de Ingresos, por la Comisión Nacional del Agua, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, etc., han sido precisamente sin licitación pública.

Tan solo entre enero y febrero de este año, se asignaron alrededor de quinientos contratos por un importe de casi 3 mil 200 millones de pesos, de los cuales prácticamente la mitad fueron por adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, es decir, mediante mecanismos que –como hemos dicho- se supondrían excepcionales. Tan solo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó en ese mismo periodo, 388 contratos de mantenimiento carretero sin que se concursaran públicamente.

A todo esto habría que agregar el escandaloso caso de la adquisición de 671 pipas por 92 millones de dólares mediante un procedimiento que no pudo ser más opaco, en el que se hizo una adjudicación directa a empresas extranjeras.

Por si todo esto no bastare, en estos días se revela, por una investigación de la organización denominada Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que en lo que va del actual gobierno, se han adjudicado el 74% de los contratos sin licitar.

En esta información de la que se han hecho eco medios tan relevantes como el diario Reforma o Animal Político, entre otros, se ventila que:

“En lo que va del año, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha adjudicado de manera directa 74.3 por ciento de los contratos registrados en Compranet. De 28 mil 458 contratos subidos a la plataforma, solo en el 18.3 por ciento se utilizó la licitación pública y en el 7 por ciento la invitación restringida. En los 116 días que lleva este gobierno se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la Constitución y sus principios. Ejemplos de esos contratos son los estudios para el Tren Maya por un total de 90.8 millones de pesos; la adquisición de 671 pipas para el abasto de gasolina por mil 765 millones de pesos o siete contratos de Pemex de invitación restringida por 44 mil millones de pesos. Los estudios internacionales señalan que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental es la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes”.

Una de las decisiones mas escandalosas del gobierno actual en esta materia es sin duda, la asignación del proyecto de la refinería de “Dos Bocas”, en Tabasco, precisamente por invitación restringida. Un proyecto que el propio gobierno estima en 8 mil millones de dólares, es decir, de aproximadamente 150 mil millones de pesos, pero que los expertos señalan que costará en realidad entre 10 mil y 11 mil millones de dólares, es decir, más de 200 mil millones de pesos, se está asignando mediante invitación a tan solo cuatro proveedores. Esto no se habría visto ni en la etapa más obscura de la corrupción política en México.

Es indispensable poner un freno inmediato a este patrón de comportamiento, si no queremos que pronto, las finanzas públicas y México todo, termine descarrilado.

Exigimos lo elemental: transparencia, probidad y apego a la ley en las compras de gobierno, nada más, pero nada menos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República expresa su preocupación por la práctica generalizada del Gobierno Federal de realizar adquisiciones de bienes y servicios sin someterlas a licitación pública.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a la Administración Pública a su cargo a utilizar los mecanismos de adjudicación directa y de invitación restringida solo de manera verdaderamente excepcional como lo señala la ley.

ATENTAMENTE

SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República a  seis de mayo de 2019.