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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar un informe respecto al estatus jurídico y/o, en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre la presentación que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos que, por su naturaleza, son considerados de lesa humanidad, perpetrados en las ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el estado de Coahuila de Zaragoza y que cobraron la vida de cerca de 300 personas.

ASUNTO CON TURNO DIRECTO DE LA SESIÓN DEL JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018.

SE TURNó A LA COMISIóN DE JUSTICIA.


SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA.
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracciones II, VII y 276 del Reglamento del Senado de la República,  me permito  someter  a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos brinde un informe respecto al estatus jurídico y/o en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional en el marco de su competencia, sobre la presentación que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos que por su naturaleza, son considerados de lesa humanidad, perpetrados  en las Ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y que cobraron la vida de cerca de 300 personas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tal y como ha sido del conocimiento público, en marzo del año 2011 se registraron diversos actos de barbarie en los Municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila en los que perdieron la vida, cerca de 300 personas ante la omisión irresponsable de autoridades de los tres órdenes de Gobierno, no obstante que dicha masacre se perpetró a lo largo de una semana en la que se privó de la libertad, se saqueó y se destruyó el interior de los domicilios de las víctimas a plena luz del día de aquel deleznable acontecimiento.

De lo anterior, se dio cuenta y testimonio a través de diferentes medios de comunicación impresos, así como por parte de Organismos y Asociaciones de carácter civil, defensores de Derechos Humanos, tales como la fundación “Más por más”, que denunció la inoperancia de las autoridades estatales y municipales que siempre estuvieron enteradas de los sucesos criminales antes señalados.   Adicionalmente, han ido apareciendo durante los años subsecuentes, fosas clandestinas en el norte de Coahuila con restos óseos de quienes pudieran ser parte de aquellas víctimas de Allende, y de los cuales no han logrado ser identificados por las autoridades correspondientes.

Por su parte, el entonces Subprocurador José Ángel Herrera Cepeda, responsable del área para personas desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, confirmó durante una entrevista en vivo ocurrida el 9 de junio del año 2012, la existencia de los lamentables hechos así como el control que de esa zona del norte del Estado y de las autoridades del CERESO, se tenía por parte del crimen organizado cuya autoría, le era atribuida sobre aquellos crímenes despiadados.

Resulta entonces inadmisible, el hecho de que una autoridad judicial del Estado de Coahuila de tal envergadura, haya no sólo “aceptado la presencia de aquel grupo delincuencial”, sino que peor aún, que haya” confirmado el control al interior del centro penitenciario en donde eran privadas de la vida e inhumadas, diversas personas catalogadas por el crimen organizado para después verterlos en el Río San Rodrigo, ubicado en la carretera Piedras Negras – Jiménez, Coahuila” sin que se hubiesen adoptado las medidas pertinentes conforme su competencia.  

Por lo anterior, se infiere que diversas autoridades del Gobierno del Estado de Coahuila participaron de manera activa o por omisión en esos crímenes que, por su naturaleza, son catalogados de lesa humanidad, toda vez que durante toda una semana en que se perpetraron los asesinatos y se llevaron a cabo los hechos de destrucción de bienes de las familias de Allende, los criminales circularon por las calles del municipio con toda libertad y sin que nadie los detuviera.

Otro hecho contundente que confirma todo lo arriba señalado, se constituye por lo publicado en el Diario San Antonio Express News, a través del cual se dio a conocer por parte de un testigo declarado ante la Corte de Justicia del Estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica de nombre Humberto Uribe Tapia, quien manifestó que “Humberto Moreira Valdés, siendo Gobernador del Estado de Coahuila, recibió de una organización criminal, cantidades millonarias en dólares americanos a cambio de protección durante su gestión”, lo cual reafirma el señalamiento antes hecho sobre el control de los cuerpos de seguridad de los penales de Coahuila que se tenía por parte de esas organizaciones.

En consecuencia y ante la inexplicable indiferencia exhibida o probable complicidad por parte de las autoridades de entonces y actualmente en funciones,  el suscrito acudió personalmente a presentar la denuncia correspondiente ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el día 12 de julio del año 2016, momento en el cual acompañé con pruebas fehacientes y testimonios el cuerpo de la denuncia en contra del Gobierno de Coahuila y/o quienes resulten responsables, por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de casi 300 personas desaparecidos en la masacre  de Allende y Piedras Negras, Coahuila y que, por su naturaleza, corresponden a lo establecido en el Artículo 7.1 del Estatuto de Roma, del cual México es parte.

No obstante y a pesar de que diversas investigaciones han evidenciado el mal gobierno de los últimos doce años ejercido en el Estado de Coahuila, no solo por motivos de fraudes y endeudamientos, sino por hechos como los antes mencionados, así como las multicitadas y penosas acciones de  justicia llevadas a cabo en favor de los intereses del Estado de Coahuila por parte de tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica y de España por todos conocidas, así como la rapante corrupción predominante en la impartición de nuestro sistema de justicia federal durante la administración 2012-2018, como lo evidencian casos como el de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, Odebrecht y la larga lista de ex gobernadores acusados por desfalco y daño al patrimonio de la Administración Pública de sus respectivos Estados, y ante la nula intención de realizar una investigación de fondo sobre el genocidio perpetrado en Allende y Piedras Negras,  es que nos vimos en la necesidad de acudir a instancias internacionales de impartición de justicia ,  a efecto de se imparta justicia respecto a los delitos de lesa humanidad en contra de casi 300 personas de la comunidad de Allende y Piedras Negras, Coahuila.

Asimismo, y en congruencia con la esencia del Senado facultado para ratificar Acuerdos y Tratados de índole internacional celebrados por el Ejecutivo de la Unión, y dado que nuestra membresía ante el Estatuto de Roma data del año 2006, hacemos un respetuoso y urgente exhorto a esa Corte Internacional para que conozca, investigue y castigue a los responsables de dichos crímenes.

Por todo lo anteriormente expuesto y en atención y seguimiento a la denuncia originalmente presentada en tiempo y forma ante la Corte Penal Internacional, así como a lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de Roma, someto ante esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se hace un exhorto respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de su competencia, y con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 7, 13, 14 y 15 del Estatuto de Roma, se le solicite a la Corte Penal Internacional, el estatus jurídico de la denuncia presentada en julio de 2016 con respecto a  los delitos de lesa humanidad perpetrados en contra de ciudadanos de los municipios de Allende y Piedras Negras, por el Gobierno de Coahuila y/o quienes resulten responsables.

Asimismo, se solicita la traducción al inglés del presente instrumento, a efecto de presentarlo en el idioma oficial de trabajo vigente para los asuntos de competencia para la Corte Penal Internacional.

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores.  

SEN. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA.