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Proposiciones


De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el pasado primero de enero de dos mil dieciocho.

SE TURNó A LA SEGUNDA COMISIóN DE TRABAJO.


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA POR LA ELECCIÓN DEL JURISTA MEXICANO EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT COMO PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CUYO PERIODO INICIÓ EL 1 DE ENERO DE 2018, A CARGO DE LA SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el 1 de enero de 2018, y le desea el mayor de los éxitos en el encargo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA.

A la fecha, 25 naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al secretario general de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al secretario general de la OEA, el 10 de septiembre de 2012.

Este tratado regional es obligatorio para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona, fue aprobada por los Estados miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.

A fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de las violaciones de los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros.

Sin embargo, el tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la convención. El 22 de mayo de 1979, los Estados parte en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, DC.

La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después por los Estados parte en la convención durante el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.

Durante el noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte y, en agosto de 1980, la corte aprobó su reglamento, el cual incluye las normas de procedimiento. En noviembre de 2009 durante el LXXXV periodo ordinario de sesiones, entró en vigor un nuevo reglamento de la corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente ante la corte.

El 10 de septiembre de 1981, el gobierno de Costa Rica y la corte firmaron un convenio de sede, aprobado mediante Ley Número 6889 del 9 de septiembre de 1983, que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la corte, de los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella. Este convenio de sede está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la corte, especialmente por la protección que da a todas las personas que intervengan en los procesos. Como parte del compromiso contraído por el gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste donó a la corte la casa que hoy ocupa la sede del tribunal.

El 30 de julio de 1980, la Corte Interamericana y el gobierno de la República de Costa Rica firmaron un convenio, aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Número 6528, del 28 de octubre de 1980, por la cual se creó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Al amparo de este convenio se establece el instituto como una entidad internacional autónoma, de naturaleza académica, dedicado a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos, con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. El instituto, con sede también en San José, Costa Rica, trabaja en apoyo del sistema interamericano de protección internacional de los derechos humanos.

A partir del 1 de enero, el jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot asumió la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convirtiéndose en el tercer juez de nacionalidad mexicana en ocupar el cargo, después de los juristas e investigadores eméritos del instituto Héctor Fix-Zamudio y Sergio García Ramírez.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot es juez de la Corte Interamericana desde 2013, se desempeñaba como vicepresidente (2016-2017) y fue elegido presidente cabo durante el 120 periodo ordinario de sesiones de ese organismo.

Ferrer Mac-Gregor es un reconocido jurista mexicano de prestigio internacional que laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y ocupó distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Además, es presidente de los Institutos Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y miembro de más de 20 asociaciones académicas y científicas. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones sobre derecho constitucional, procesal, amparo y derechos humanos y profesor visitante en destacadas universidades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Ferrer Mac Gregor Poisot es licenciado en derecho y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California, así como doctor en derecho por la Universidad de Navarra, España, con estudios en derechos humanos en el Institut International des Droits de l’Homme, en Estrasburgo, Francia.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 89, fracción X, que es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el 1 de enero de 2018, y le desea el mayor de los éxitos en su encargo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)