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Proposiciones


Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas autoridades para que se aceleren las investigaciones de desvío de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral.

SE TURNó A LA PRIMERA COMISIóN DE TRABAJO.


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ACELERAR LAS INVESTIGACIONES DE DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS EN EL INE, A CARGO DEL SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quien suscribe, Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano y 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los cuales se solicita acelerar las investigaciones de desvío de recursos públicos actualmente en proceso en el Instituto Nacional Electoral, fundado de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 22 de diciembre de 2017, el periódico Reforma publicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisa al menos 19 casos por posible financiamiento ilícito de campañas y el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, tanto por gobiernos estatales como por Odebrecht, es una noticia recurrente pero sin consecuencias, como fue el proceso electoral del estado de México.

El INE cuenta con la Unidad Técnica de Fiscalización, de acuerdo con el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales cuenta con la facultad de auditar con plena independencia técnica la documentación, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar, particularmente que dichos recursos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos.

Esa unidad tiene la obligación de presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, particularmente verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores.

Lo anterior aplica en los mismos términos para las candidaturas independientes de acuerdo con el artículo 72, párrafo octavo, del Reglamento Interior del INE.

Aunque actualmente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales realiza una investigación sobre un posible financiamiento ilícito de sus campañas tanto por gobiernos locales como por la empresa brasileña Odebrecht, en el proceso de campaña presidencial del actual gobierno federal. El INE como autoridad electoral también investiga las denuncias por financiamiento ilegal de Odebrecht relacionado con el ex director de Pemex Emilio Lozoya y el supuesto financiamiento a la campaña de Peña.

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral tiene al menos 19 casos en los que investigan recursos recibidos y ejercidos por el PRI de cuyo origen y destino no se tiene certeza. La última actualización de estas indagatorias es del 7 de diciembre de 2017, a esto se suman los desvíos en Chihuahua, se investigan gastos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y financiamientos de campañas y de los comités en el estado de México, Zacatecas, Veracruz, Colima, Coahuila y Baja California.

Entre las indagatorias en Chihuahua se encuentra el presunto desvío de 250 millones de pesos al CEN del PRI y el gasto de 31.5 millones de pesos que el tricolor de esa entidad pagó el 31 de diciembre de 2015 a una empresa constructora que no se encuentra registrada en el padrón de proveedores electorales.

De acuerdo con el diario Reforma, otra de las investigaciones es la retención de cuotas de 800 empleados estatales por cerca de 100 millones de pesos que fueron entregados al PRI. En otro expediente relacionado con Pedro Mauli Romero, ex tesorero del PRI de Chihuahua, actualmente preso por peculado electoral, se indagan contratos de supuestas obras de remodelación y construcción de edificios del PRI.

Además, el INE investiga la celebración de un convenio realizado entre el PRI y el proveedor Servicios Integrales de Aviación que ampara erogaciones por 10.7 millones de pesos y la condonación de un monto de 28.8 millones y de 17.2 millones de pesos intereses moratorios.

También están en la mira 52 cuentas bancarias no registradas por el PRI y que fueron reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como 9.7 millones de pesos presuntamente ilícito que recibió el PRI en Baja California.

El INE tiene abiertos cinco procedimientos oficiosos para revisar posibles irregularidades financieras y transferencias bancarias realizadas por la Fundación Colosio.

Además, se investigan transferencias de dependencias de Zacatecas al tricolor, depósitos a empleados estatales en Veracruz y retenciones de nómina a trabajadores de Frontera, en Coahuila, para “donarlos” al PRI.1 Pero esta práctica recae no sólo en el PRI sino en todos los partidos, incluso líderes ciudadanos de Nuevo León compendian un expediente para documentar anomalías en la recolección de firmas en favor del gobernador Jaime Rodríguez Calderón en su búsqueda por la Presidencia de la República.2

Integrantes de la sociedad civil presentarán en próximos días recursos jurídicos para que haya castigos por tales faltas de la ley, pues sostienen que es muy posible que haya desvío de recursos públicos para tales fines; es decir, peculado.

No son desconocidos para el Congreso de la Unión los mecanismos de desvío de recursos públicos que se realizan en la administración pública en proceso electoral. Como legisladores, es muy difícil pensar que las autoridades hacendarias federales o locales no identifiquen los mecanismos por los cuales se realizan prácticas antidemocráticas, como fue el caso del gobierno de Javier Duarte.

El tema de desvío de recursos públicos no puede quedar como una noticia para la opinión pública.

El Congreso de la Unión está en la obligación de redoblar esfuerzos para garantizar que los recursos de los contribuyentes sean destinados, de manera eficiente y correcta para los proyectos y servicios públicos que autorizo la Cámara de Diputados.

Es vital salvaguardar el proceso electoral de una práctica que se ha vuelto tradición para los partidos políticos que se encuentran en el poder: el uso electoral de programas sociales o simplemente desviar por distintos mecanismos de alquimia contable, los recursos para la compra y coerción del voto.

Particularmente, el Grupo Parlamentario del PRD demanda y exige a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la sociedad civil establecer una estricta vigilancia sobre todos los recursos públicos aprobados para la reconstrucción. Esos recursos no son una dádiva sino un derecho por la situación de emergencia que viven miles de familias al perder su vivienda en los sismos de septiembre pasado.

Las instituciones del Estado, particularmente el Congreso de la Unión como órgano de fiscalizador, están en la obligación de separar las funciones del servicio público de las actividades electorales de los partidos; violar este principio es llevar la contienda electoral a un espacio de confrontación y polarización innecesario. Si ya es inaceptable el desvío de los recursos de los contribuyentes a través de estos mecanismos de alquimia contable, más aun lucrar con la necesidad de los damnificados que esperan desesperadamente los recursos federales para reconstruir sus viviendas.

Por lo expuesto, la Comisión Permanente debe pronunciarse sobre cuatro temas de protección de los recursos públicos en tiempos electorales:

a) El Consejo General del INE debe acelerar las investigaciones en torno a los desvíos de recursos públicos dirigidos para el proceso electoral de 2018 y establecer inmediatamente medidas administrativas y penales contra los servidores públicos y partidos políticos responsables de este delito;

b) El Ejecutivo federal debe instruir al titular de la SHCP para realizar una ampliación presupuestal a fin de fortalecer las capacidades de fiscalización del INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con objeto de prevenir y actuar contra servidores públicos que cometan delitos electorales como el desvío de recursos públicos para las campañas electorales en mejores condiciones de las que actualmente operan;

c) La Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe llamar a comparecer al subsecretario de Egresos de la SHCP y al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para informar de las acciones que implantará el gobierno federal a fin de blindar el desvío de recursos federales a los procesos electorales, independientemente de si éstos se entregan a las entidades federativas; y

d) El Consejo General del INE debe instruir a la Comisión de Fiscalización la máxima publicidad de los registros y movimientos contables y contratación de servicios de los partidos políticos y candidatos independientes, así como, en el ámbito de sus facultades, establecer un mecanismo de cooperación con el Sistema Nacional Anticorrupción para acelerar las investigaciones de las denuncias de corrupción relacionados con el desvío de recursos públicos para las campañas electorales.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta en pleno respeto de la autonomía del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que instruya a su Unidad Técnica de Fiscalización, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a fin de acelerar las investigaciones en torno a los desvíos de recursos públicos dirigidos para el proceso electoral de 2018, con objeto de establecer inmediatamente las sanciones administrativas y penales contra los servidores públicos y partidos políticos responsables de este tipo de delitos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar una ampliación presupuestal a fin de fortalecer las capacidades de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con objeto de prevenir y actuar contra servidores públicos que cometan delitos electorales como el desvío de recursos públicos para las campañas electorales.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión llama a comparecer ante el pleno al subsecretario de Egresos de la Federación y al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para informar de las acciones que implantará el gobierno federal para blindar el desvío de recursos federales a los procesos electorales.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente en pleno respeto de la autonomía del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que instruya a la Comisión de Fiscalización la máxima publicidad de los registros, movimientos contables y contratación de servicios de los partidos políticos y candidatos independientes, así como, en el ámbito de sus facultades, establecer un mecanismo de cooperación con el Sistema Nacional Anticorrupción para acelerar las investigaciones de las denuncias de corrupción relacionados con el desvío de recursos públicos para las campañas electorales.

Notas

1 Fuente: Cita textual del artículo “Llueven indagatorias al PRI”, publicado por el diario Reforma el 22 de diciembre de 2017. Sitio en internet: https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx

2 Sitio en internet: http://www.elhorizonte.mx/local /denunciaran-a-el-bronco-por-firmas/2039982

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)