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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica


De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de celebrar elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que no cumple con los requisitos de su constitución; y exhorta al Gobierno Federal a impulsar una estrategia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que se declare un embargo de armas al gobierno de Nicolás Maduro.

SE TURNó A LA SEGUNDA COMISIóN.


SEN. PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y DANIEL ÁVILA RUIZ, Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN LAMENTA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DE CELEBRAR ELECCIONES PARA UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SU CONSTITUCIÓN Y EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A IMPULSAR UNA ESTRATEGIA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA QUE SE DECLARE UN EMBARGO DE ARMAS AL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 1 de mayo del año en curso, en medio de una concentración por el día del trabajo, anunció ante sus simpatizantes su decisión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, la cual, afirmó es “una constituyente ciudadana no una constituyente de partidos políticos y élites. Será una constituyente ciudadana, obrera, comunal, misionera, campesina”. Así, el gobierno venezolano no pretende convocar una legítima Asamblea Nacional Constituyente, ya que, su intención es acudir al fraudulento mecanismo de una "Constituyente Ciudadana o Comunal" para consolidar el golpe a la democracia.

La solicitud para activar el mecanismo fue presentada el 3 de mayo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que se formulara el cronograma de elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

Cabe señalar que, según el artículo 347 de la actual Constitución, una Asamblea Constituyente busca "transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución", por lo que es convocada cuando se requieren hacer cambios profundos a la Constitución, que no podrían hacerse a través de una enmienda o de una reforma. Este mecanismo es utilizado para "refundar" la República.

La Constitución actual data de 1999, impulsada por Chávez, en cuyo proceso se llamó al pueblo en tres ocasiones: la primera el 25 de abril de 1999 para celebrar el Referéndum para la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para consultar a los ciudadanos si estaban, o no, de acuerdo con modificar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico. El 25 de julio de ese año, se realizaron elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente para elegir a los 128 integrantes de dicho órgano colegiado, con una participación del 48.2 por ciento. Finalmente, tras los trabajos de la Constituyente, se celebró un Referéndum Constitucional para aprobar, o no, la nueva Carta Magna.

Es un hecho que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es un fraude, ya que se está saltando la primera elección para que el poder originario que reside en el pueblo, pueda expresarse a través de un referendo consultivo, en el que debe aprobar o rechazar la convocatoria a una Constituyente.El hecho de que no se consulte al pueblo, tal como se hizo en 1999, ha hecho que figuras como la Fiscal General señalen que se trata de un retroceso en los derechos humanos consagrados en la Constitución venezolana.

2. Según la Resolución 170607-118 del CNE, señala que la Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por 364 integrantes electos territorialmente, 8 electos por los pueblos indígenas y 173 electos sectorialmente divididos en cuatro grupos: campesinos y pescadores; personas con discapacidad; empresarios; y estudiantes, según una sectorización muy ambigua de cada sector, los cuales son afines al chavismo.

Cabe mencionar que la Constitución de 1999 no contempla la figura de Asamblea Constituyente Comunal. Ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Popular (normativa promulgada por el Gobierno en el año 2010 donde se contemplan los concejos comunales y la organización en comunas) existe la figura de una Constituyente “ciudadana” o “comunal”. Es decir, el proceso está fuera de la Ley.

3. Además, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala lo siguiente:

Artículo 347-El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución.

Artículo 348- La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros: la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales de cabildeo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral.

Artículo 349- El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva Constitución, esta será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.

4. A la luz de la ciencia política, muchas de las teorías consideran la democracia generalizada como principio básico de un Estado socialista, entendida como la participación democrática de los trabajadores en todos los niveles de la administración estatal y económica, mientras que estas teorías varían en el grado en que consideran deben ser delegadas las decisiones de planificación económica en los funcionarios públicos y especialistas administrativos. Los Estados que carecen de democracia pero cuya economía está en gran medida en manos del Estado fueron denominados por León Trotsky como “Estados obreros degenerados” o “deformados”, según su libro “The Workers’ State, Thermidor and Bonapartism” de 1935.

Trotsky sostiene que Rusia fue, en ese momento, un Estado obrero degenerado o “distorsionado” y no una república o Estado socialista, porque la “burocracia arrebató el poder de las manos de las organizaciones de masas”, haciéndose necesaria la revolución política en lugar de una la revolución social completamente nueva, para recuperar el control político de los trabajadores (es decir, la democracia de Estado).

Además, argumentó que se mantuvo sobre la base del Estado de los trabajadores porque los capitalistas y terratenientes habían sido expropiados.

5. Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de absorber las facultades de la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano salió a las calles a protestar diariamente, desde el 31 de marzo del año en curso se ha recrudecido la violencia contra los manifestantes por parte de las fuerzas de la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana, que se ha traducido en 103 ciudadanos venezolanos fallecidos y más de 400 presos políticos.

En ese sentido, un grupo de venezolanos ha pedido oficialmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que apruebe una resolución en el que se embarguen armas y explosivos a fin de que ningún país de la ONU venda estos artefactos que son utilizados por el gobierno de Maduro para asesinar a su población.

Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad son: Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajstán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia, por lo que es viable que México, en coordinación con la Representación de Uruguay, impulse dicha resolución en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como medida preventiva ante la violencia contra los manifestantes venezolanos.

Cabe señalar que, en la primera quincena de junio, Brasil decidió detener la exportación de gases lacrimógenos a Venezuela por la brutal represión del régimen militar de Nicolás Maduro contra la población civil en los últimos meses; se trata de cerca de 80 mil bombas de la empresa Condor Tecnologías Nao-Letais.

CONSIDERACIONES

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

3. Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estable

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta la decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de celebrar elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que no cumple con los requisitos constitucionales establecidos, que no asegura la participación ciudadana mediante el sufragio libre, universal, directo, secreto y equitativo, que no incluye a todas las fuerzas políticas, ni resuelve la crisis económica, política, social, económica y humanitaria que atraviesa la hermana república sudamericana.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, impulse en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en coordinación con el Representante Permanente de la República Oriental del Uruguay, una resolución para evitar que continúe la venta de bombas de gas y perdigones al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela puesto que han sido utilizadas para reprimir violentamente las protestas y que han provocado la muerte a más de cien ciudadanos venezolanos.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ

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