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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica


De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la detonación de un artefacto explosivo en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


SEN. PABLO ESCUDERO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y DANIEL ÁVILA RUIZ , Senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA POR LA DETONACIÓN DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Desde su origen a mediados de la década de 1960, las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros han cometido atrocidades sistemáticas contra civiles, que incluyen el reclutamiento de niños, secuestros y delitos generalizados de violencia sexual.

Así, hasta el 1 de diciembre de 2016, la Unidad de Víctimas, establecida por el gobierno, había registrado las siguientes cifras: casi 8 millones de víctimas del conflicto desde 1985, entre las que había unas 268 mil víctimas de homicidio, la mayoría civiles; más de 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado; alrededor de 46 mil víctimas de desaparición forzada; al menos 30 mil casos de toma de rehenes; más de 10 mil víctimas de tortura; y aproximadamente 10 mil 800 víctimas de minas terrestres antipersonales y de artefactos explosivos no detonados.

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido acusado de abusos contra los derechos humanos y contra civiles siendo las minas antipersonales y ataques explosivos los más recurrentes. Las últimas cifras ligadas a este grupo guerrillero, fueron manifestadas por el Director de la Fundación Paz y Reconciliación de la República de Colombia, Ariel Ávila, quien compartió tener un registro de 23 ataques con explosivos en los años 2015-2017, relacionados a disputas personales y extorsiones.

Entre 2003 y 2006, se constató que organizaciones paramilitares que han tenido estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos que participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves errores, y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos; los cuales continuaron cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violencia sexual.

Con el propósito de poner fin a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases para la paz, el Gobierno de Colombia y las FARC-Ejército del Pueblo iniciaron en agosto de 2012 el proceso exploratorio de los puntos que conformarían la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; el cual estaría encaminado a definir reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demandara, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Dicho Acuerdo Político Nacional, fue ratificado por el Congreso de Colombia el 30 de noviembre de 2016, acción que suponía el marcar oficialmente el fin del conflicto armado entre el gobierno y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el inicio de un proceso de desmovilización y desarme de 6 meses de duración; no obstante, hubo un aumento de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos. Aunado a que se documentó que al concluir el año 2016, aún no se había iniciado un proceso de paz con el segundo mayor grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El pasado 17 de junio de 2017, en uno de los centros más exclusivos de la capital del país, el Centro Comercial Andino,se llevó a cabo un atentado en el baño de mujeres, el cual tuvo como consecuencia la pérdida de la vida de 3 civiles de las cuales una era ciudadana francesa de 23 años recién llegada de Cuba y quien trabajaba para una ONG vinculada con reinsertados; cabe destacar que fue parte del Comité de recepción del ex presidente François Hollande cuando este visitó uno de los campamentos ocupados por la FARC.

Expertos en seguridad y conflictos armados, a pesar de desconocer al responsable del ataque civil, consideran que el atentado fue una forma de acudir al terror y hacer un llamado al Gobierno, con el objetivo de presionarlo o simplemente desestabilizar el próximo cierre de la dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

CONSIDERACIONES

Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión condena el atentado terrorista ocurrido en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, en la República de Colombia, al tiempo que envía sus condolencias a las familias de las tres personas fallecidas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veintiún días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ