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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ejercer su facultad prevista en el inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.


La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, , Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, propongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO “DE URGENTE RESOLUCIÓN” POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A EJERCER SU FACULTAD PREVISTA EN EL INCISO G) FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 16 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.

El pasado 29 de abril en el Pleno del Senado de la República aprobamos como Cámara Revisora dicho proyecto de decreto con demasiada premura, de madrugada y sin los consensos indispensables, se impidió analizar el excesivo alcance de la jurisdicción militar en la esfera de las y los ciudadanos.

Ahora bien, derivado del rápido análisis realizado al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales se identificaron una serie de elementos problemáticos que impactarán el Estado de derecho en nuestro país de publicarse el decreto. Es este sentido, dentro de las disposiciones más preocupantes destacan cinco aspectos preocupantes:

a) La definición que para efectos del Código Procesal se hace de víctima del delito.

b) La ausencia del concepto de reparación integral del daño.

c) El cateo a propiedad de civiles.

d) La intervención de comunicaciones privadas de particulares.

e) Comparecencia de civiles en la jurisdicción militar.

Como podemos observar se trata de un Decreto que contiene aspectos preocupantes, particularmente en un contexto donde la indebida función que realiza el Ejército y la Marina en materia de seguridad públicoha puesto a la ciudadanía en grave riesgo.

Este decreto contiene aspectos preocupantes, particularmente la facultad otorgada a los tribunales castrenses para el cateo de los domicilios de las personas; así como la invasión de sus comunicaciones privadas y aspectos igualmente graves como la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar, así como aquellos actos de investigación tan amplios que no requieren control judicial. Todo ello no sólo contraviene nuestra el texto de nuestra Constitución sino Tratados Internacionales y sentencias de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tan preocupante es este Dictamen que las víctimas apenas si son consideradas. Sólo se reconocen a aquellas que su único derecho a la reparación monetaria del daño, sin considerar la reparación integral en los términos de lo establecido en la Ley General de Víctimas.

Preocupa también la comparecencia de personas, testigos o expertos  en los procedimientos militares, sin ninguna regulación para que la misma se produzca de forma que contribuya a la justicia sin poner en riesgo el derecho a las personas a no ser sometidas a jurisdicción militar alguna.

Es de destacarse que el Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió al Senado de la República una serie de observaciones al proyecto en comento, mismas que no fueron tomadas en cuenta, donde señala que es necesario establecer criterios claros en:

a) la jurisdicción militar en casos donde se afecten o pudieran afectarse a civiles, donde se excluya que los mismos puedan llevar a cabo investigaciones o procesamiento;

b) la colaboración con autoridades civiles cuando de una misma actividad delictiva se desprendan delitos de competencia militar y del fuero común o federal;

c) el traslado al fuero civil y federal en los casos en los que no se detecten delitos del fuero militar;

d) la participación de personas testigos o expertas civiles en procedimientos militares;

e) precisar los derechos y la participación de las víctimas y ofendidos del delito, y

f) que las disposiciones del Decreto sean más acordes al Código Nacional de Procedimientos Penales.

En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición como de urgente u obvia resolución

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a su autonomía exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a  ejercer la facultad prevista en el inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ