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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones sobre el proceso y sentencia de los sistemas de justicia civil y/o militar referente a los siete jornaleros secuestrados en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en el estado de Zacatecas.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPEUTOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL PARA QUE REALICEN CONEXHAUSTIVIDADE IMPARCIALIDADLAS INVESTIGACIONES SOBRE EL PROCESO y sentencia DE los sistemas de justicia civil y/o militar referente a LOS SIETE JORNALEROS SECUESTRADOS EN EL MUNICIPIO DE CALERA DE VISTOR ROSALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo primero constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen obligación de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Asimismo indica que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte.

Después de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, diversos organismos internacionales emitieron una variedad de recomendaciones al gobierno federal mostrando su mayor preocupación por las violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas federales.

Los cada vez más frecuentes enfrentamientos de las fuerzas castrenses, la localización de fosas clandestinas, y cadáveres en algunos estados de la República son evidencia de la falta de implementación de acciones del gobierno mexicano en materia de seguridad y justicia.

Si bien el gobierno federal este año destinó un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia en el país, es claro que persisten graves deficiencias pues las instituciones de justicia no han sido capaces de dar resultados y de entregar  informes convincentes, lo anterior se refleja en la poca credibilidad que se tiene del sistema de justicia mexicano.

Un claro ejemplo es el caso Ayotzinapa, que según el reciente informe de la CNDH se revelan fallas y omisiones en las diligencias ministeriales y advierte sobre la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación.

Según una fuente periodística son varias las situaciones o casos en los que existe poca credibilidad en el actuar de las fuerzas federales, tan solo en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en cuatro años se han documentado periodísticamente 13 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, de las cuales solo tres casos terminaron en proceso; uno actualmente continua en juicio y en los otros dos, supuestamente fueron sentenciados miembros militares, sin embargo las víctimas desconocen los términos de dichas condenas.

Así también, el pasado mes de julio en el estado de Zacatecas se suscitó un hecho en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en el que según sus habitantes denunciaron que elementos del 97 Batallón de Infantería con sede en el municipio de Fresnillo de González Echeverría, estaban implicados en la desaparición de siete personas, uno de ellos ex militar, mismas que fueron detenidos en el interior de su domicilio.

Según se derivó de las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar, había indicios de una probable participación de personal militar en la desaparición de los jóvenes, posteriormente el lunes 20 de julio se informó que un Teniente Coronel, y tres militares, fueron separados de sus cargos y puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia Militar, por su presunta responsabilidad en la desaparición de estos siete jóvenes, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida y con el tiro de gracia.

Ante esta situación el Consejo de la Judicatura Federal emitió una nota informativa el día 31 de julio del presente año, en la que se da a conocer que se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Aldrete y Juan Ordóñez Prado, elementos militares del 97° Batallón de Infantería, por su probable participación en la comisión de hechos que la ley señala como delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada de personas, y homicidio calificado, con las agravantes establecidas de ventaja y alevosía.

Esta acción por parte de la autoridad jurisdiccional se debe a que el artículo 167, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente al delito de homicidio contempla la prisión preventiva oficiosa en contra de los cuatro inculpados, por el tiempo que dure el proceso y hasta que se dicte la sentencia correspondiente.

Lo anterior, muestra un avance en el proceso, sin embargo es necesario hacer hincapié en los informes o investigaciones de las que está obligada la Procuraduría General de la República y de Justicia Militar para solicitar mayor transparencia, teniendo como antecedente  la entrega de información que instruyó el Instituto Nacional de Accesos a la Información (INAI), el pasado mes de julio a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para dar a conocer datos sobre delitos investigados y sancionados por el fuero militar.
Tal información deberá ser entregada en formato electrónico o abierto, con datos relacionados con investigaciones de la Procuraduría de Justicia Militar por los delitos de tortura, abuso de poder y lesiones cometidos entre 1960 y 2015.

De esta manera se evita que se sigan llevando a cabo mayores discrepancias en aquellos casos en los que el Ejército se encuentre inmiscuido, y de tal forma se ponga sobre aviso a las autoridades militares de las consecuencias jurídicas para no continuar ejerciendo actos que vayan en contra de los derechos inherentes a las personas.

La gravedad de este tipo de circunstancias por las que atraviesa el país en relación al grado de inseguridad que persiste y caso concreto en el estado de Zacatecas, sobre los jornaleros ejecutados resulta preocupante, porque si bien la función de las fuerzas federales, militares y policiacas, debiera ser garantizar con plenitud el libre ejercicio de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la vida.

Por lo anterior es necesario asegurar que los miembros de las fuerzas armadas que desempeñan operaciones policiales cumplan irrestrictamente el derecho internacional de derechos humanos, que prohíbe, en toda circunstancia, las desapariciones forzadas, los homicidios extra-judiciales o ilícitos, la tortura y la detención arbitraria.

Así como garantizar que la Sedena publique regularmente información fiable y detallada sobre denuncias de violaciones de derechos humanos contra persona de las fuerzas armadas; sobre procesamientos y sentencias en los sistemas de justicia civil y militar, lo anterior fundamental para conocer las circunstancias reales o motivos por los que fueron ejecutados los siete jóvenes detenidos por elementos del Ejército en el municipio de Calera.

Por estos motivos es que se requiere mayor transparencia y conocimiento en cuanto al desarrollo de la política criminal, esto con el objetivo de adoptar en conjunto con la sociedad las autoridades un protocolo en la aplicación de órdenes y procesos en los que se vea inmiscuidos integrantes de las fuerzas castrenses que permita generar condiciones que eviten la violación a los derechos humanos.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional para que:

  1. Realicen con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones sobre el caso de los siete jornaleros presuntamente asesinados por militares del 97 Batallón de Infantería con sede en el municipio de Fresnillo de González Echeverría, asimismo a que en el momento procesal oportuno informen a esta Soberanía los avances y estado que guardan dicha investigación, lo anterior sin perjuicio al proceso judicial en comento.  
  1. Aseguren que los miembros de las fuerzas armadas que desempeñan operaciones policiales cumplan irrestrictamente el derecho internacional de derechos humanos, que prohíbe en toda circunstancia, las desapariciones forzadas, los homicidios extra-judiciales o ilícitos, la tortura y la detención arbitraria.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de agosto de 2015.


Administración EPN: Un gobierno incapaz de dar Rumbo. CIDAC. 28 de julio de 2015 [En línea] Disponible en: http://cidac.org/administracion-epn-un-gobierno-incapaz-de-dar-rumbo/

Militares mataron a mi hija y la hacen pasar como delincuente. Periódico La Jornada a 02 de agosto del 2015 [En línea] Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/08/02/politica/006n1pol

Concluyen pruebas de perfil genético; los siete jóvenes desaparecidos en calera fueron ejecutados. Periódico la Jornada Zacatecas a 22 de julio de 2015 [En línea] Disponible en: http://ljz.mx/2015/07/22/concluyen-pruebas-de-perfil-genetico-los-siete-jovenes-desaparecidos-en-calera-fueron-ejecutados/?doing_wp_cron=1438366016.6661679744720458984375

Consejo de la Judicatura Federal, Nota Informativa, 31 de julio de 2015 [En línea] Disponible en: http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2015/notaInformativa84.pdf

Inai solicita a Sedena información sobre los delitos militares. Periódico el Economista fecha 31 de julio de 2015 [En línea]Disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/26/inai-solicita-sedena-informacion-sobre-delitos-militares

Ídem…