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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a implementar un programa nacional de promoción y capacitación para la formación de intérpretes indígenas.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


El suscrito, Senador ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el Senado de la República LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaria de  Educación Pública, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas,  para que implemente un  programa  nacional de  promoción y  capacitación  para la formación de  interpretes  indígenas, con el objeto de generar mayores condiciones de accesibilidad y equidad  en el trato para los hablantes de lenguas indígenas en materia  de  acceso  a la  justicia., al tenor de los siguientes:

Consideraciones:

El acceso a la justicia es un derecho fundamental, bajo la garantía de la igualdad de trato ante la ley y la no discriminación, que posibilita a todas las personas, incluyendo aquéllas pertenecientes a los sectores más vulnerables, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones. Lo anterior, implica un acceso  a los beneficios de la justicia y del asesoramiento legal y judicial, en forma adecuada a todas las personas físicas o jurídicas, sin discriminación alguna por sexo, raza o religión.

El acceso a la justicia es reconocido como un derecho humano en los  diversosinstrumentos internacionales, tales comola Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ante ello, el Estado mexicanoen su configuración como un Estado Constitucional  reconoce este derecho en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo  señalando  que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

Por lo tanto, en nuestro país la impartición de justicia debe ser legal, equitativa, con orden y seguridad para todo individuo, y el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizarlo. Sin embargo, a lo largo de la  historia  este derecho  presenta serias dificultades para su plena aplicación a la mayoría de los ciudadanos, siendo aún más difícil y precario para la población indígena.

Respecto del contexto indígena, en nuestro paísexisten distintos componentes del derecho de acceso a la justicia o del derecho de “acceder plenamente a la jurisdicción del Estado”. La garantía para que las personas indígenasalcancen de manera efectiva  la jurisdicción del Estado en pie de igualdad y el respeto de  sus derechos sustantivos y procesales se encuentra establecida en el artículo 2do Constitucional, el cual establece en la fracción VIII que en dentro de los juicios o procedimientos ante el Estado las personas indígenas tienen derecho a ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. A la letra  dice lo siguiente:

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Asimismo, el artículo10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, establece que es  responsabilidad  el Estado garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes, en todos los procedimientos y juicios en que sean parte individual o colectivamente.Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

Parael debido cumplimiento de lo antes mencionado, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)promueve el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. Este Institutotiene entre sus características y atribuciones establecer la normatividad para formular programas que certifiquen y acrediten a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües e impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismosean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación

En este contexto, actualmente existen 575 intérpretes acreditados dentro del padrón del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para atender a toda la población indígena del país que necesite asistencia dentro de un proceso legal, sin embargo y a pesar de la  reforma  aprobada  en 2011,  este  sector sigue enfrentando serios obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado, ya que  presenta una insuficiencia  de intérpretes acreditadospara garantizar este derecho y cubrir las 68 lenguas indígenas  y sus 364 variantes que pertenecen a 11 familias lingüísticas.

En algunos estados como  Jalisco  aun no cuentan con ningún intérprete  de la lengua wixárika, lengua materna del principal pueblo indígena del estado y  donde desafortunadamentecae un gran porcentaje de indiciados wixaritari. En otros casos como el estado de Chihuahua solo  existen 10  traductores certificados  para  atender a  una  población de 80 mil 185 personas que hablan una lengua indígena originaria. Otro  caso  es el estado de Sonora donde  habitan alrededor de 60 mil 800 hablantes de las nueve lenguas indígenas y de acuerdo al padrón del INALI no se cuenta con ningún traductor acreditado para las  diversas  variantes con que cuenta el estado.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas  se identifican  25 regiones indígenas en 20 estados del país; sin embargo, en todas  las entidades  federativas  se  encuentra población  indígena que no  habla español ,en este  sentido  la obligación de contar con  intérpretes para que la población indígena  cuente con una efectiva  procuración de justicia debe  tener una  amplia  cobertura en todo el territorio nacional. Si bien dentrodel Plan Nacional de Desarrollo del  gobierno federal se  desarrolla la  estrategia 1.4.1 que tiene como línea deacción consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo de los agentes del Ministerio Público Federal, peritos profesionales intérpretes, traductores, especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del sistema, no  ha sido  suficiente para garantizar  que la población indígenaacceda plenamente a la justicia, ya que se han presentado diversos casos, a lo largo del territorio nacional, donde las autoridades no han garantizado el debido proceso por la falta de intérpretes acreditados lo que ha limitado al sector indígena la garantía de sus derechos  sociales.

Por lo tanto, es necesario que el Gobierno Federal  implemente programa nacional  de promoción y capacitación  para la formación de interpretes  indígenas, con el objeto de generar mayores condiciones de accesibilidad y equidad  en el trato para los hablantes de lenguas indígenas en materia  de  acceso  a la  justicia. Se Debe recordar que el incumplimiento de  este  derecho vulnera el derecho al debido proceso y puede  derivar  en una injusta perdida de la libertad de las personas indígenas. Además, un programa nacional  generaría que mayores personas se vinculen con las lenguas indígenas de nuestro país y garanticen su preservación.

Por lo anteriormente expuesto someto esta  soberanía la siguiente proposición con:

 

PUNTO DE ACUERDO

Único.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de  Educación Pública, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenasy al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas,  para que implemente un  programa  nacional de  promoción y  capacitación  para la formación de  interpretes  indígenas, con el objeto de generar mayores condiciones de accesibilidad y equidad  en el trato para los hablantes de lenguas indígenas en materia  de  acceso  a la  justicia.

 

Suscribe

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ