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Gaceta de la Comisión Permanente



Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos de los municipios a implementar políticas públicas que permitan promover la convivencia y cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra.

INTERVINO LA DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, NA.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS MUNICIPIOS, A PREVENIR LA DELINCUENCIA INFANTIL Y A GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIÓR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CONVIVENCIA SOCIAL.

 

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las proposiciones con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta a las entidades federativas y ayuntamientos de los municipios respecto de la convivencia y cultura de la paz en favor de niñas, niños y adolescentes, y por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que implementen políticas y programas de prevención de delincuencia infantil.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

 

ANTECEDENTES

1. Con fecha  27 de mayo 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum bajo, Juana Leticia Herrera Ale,  María Cristina Díaz Salazar,  Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y Mayela Quiroga Tamez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las entidades federativas y ayuntamientos de los municipios respecto de la convivencia y cultura de la paz en favor de niñas, niños y adolescentes.

2. En la misma fecha, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que implementen políticas y programas de prevención de delincuencia infantil.

3. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnaran para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum bajo, Juana Leticia Herrera Ale,  María Cristina Díaz Salazar,  Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y Mayela Quiroga Tamez, establecen expresamente en sus consideraciones:

“1.-Con base en datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), todos los años 275 millones de niñas y niños de todo el mundo sufren a causa de la violencia doméstica, lo que conlleva a un abuso físico y psicológico, abandono o negligencia, explotación y abuso sexual.

En México, UNICEF estima que el 62por ciento de niñas y niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida, situación que coloca a nuestro país en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores de edad, ya que tan sólo en los últimos casi 25 años, murieron asesinados diariamente 2 niños o adolescentes, menores de 14 años.

En este tenor, se han identificado diversos factores de riesgo sobre el maltrato infantil que muestran una visión general para comprender sus causas, entre las que podemos encontrar, entre otros, el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; tener necesidades especiales; llorar mucho o vivir con alguna discapacidad.

Por su parte, de acuerdo a cifras de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia y de los sistemas estatales DIF, durante 2014 se reportaron 39 mil 516 casos de abusos en contra de niñas y niños, lo que representa un incremento de 50 por ciento respecto al 2013.

Las denuncias se clasifican de las siguiente forma: abuso físico 10 mil 538 casos, omisión de cuidados 9,190, maltrato emocional 5,896 abuso sexual 1,411 y explotación sexual comercial 91.

2.- Aunado a lo anterior, estamos viviendo un contexto social en donde la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes está siendo generada por ellos mismos, siendo testigos y teniendo conocimiento de alarmantes hechos en los cuales menores de 18 años de edad son víctimas de maltrato, lesiones y hasta privación de la vida, realizados por niñas, niños y adolescentes.

Lamentablemente, uno de los fenómenos que ha potenciado estos hechos denominado “Bullying” o acoso escolar, ha tenido un gran incremento en cuanto a su incidencia, que de acuerdo con diversas instancias e instituciones, reflejan los siguientes resultados:

a).- Cifras del Acoso escolar en México:

•Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el bullying aumentó en 10% durante los últimos dos años,

•En 2011, la CNDH reportó que el 30% de los estudiantes de primaria declaraba sufrir algún tipo de bullying. Para 2013, el porcentaje subió al 40%.

•La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que México es el primer lugar internacional en este problema, pues 18 millones 781,875 alumnos de primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas, sufren acoso escolar.

•El estudio El bullying o acoso escolar, realizado en agosto de 2011 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reveló que el 25.3% de los alumnos de educación básica ha sido insultado o amenazado por sus compañeros, mientras el 16.7% ha sido golpeado y el 44.7% ha vivido algún episodio de violencia.

•Según la CEPAL, entre los siete y los 14 años se presentan las actitudes más violentas en niños.

•En México, el 11% de los estudiantes mexicanos de primaria ha robado o amenazado a algún compañero, y en la secundaria el 7% lo ha hecho, indica la Comisión.

Adicional a los datos anteriores, recientemente se tiene registrados en nuestro país una serie de actos de acoso escolar tan graves que van desde impactar en la autoestima de los estudiantes hasta casos más drásticos en donde estudiantes han perdido la vida.

Ejemplo de ello, son los hechos que se dieron a conocer a través de medios de comunicación, en donde el 14 de mayo de 2014, un estudiante fue agredido físicamente por sus compañeros de clase, balanceándolo estrellarlo contra una pared en reiteradas ocasiones, ocasionándole lesiones por las cuales ingresó al hospital con muerte cerebral, falleciendo una semana después.

Asimismo, se inició una investigación por los agravios cometidos contra una adolescente que fue víctima de violencia en Zacatecas, Zacatecas. En el video de tres minutos, que fue grabado por los mismos atacantes, se aprecian escenas donde la víctima es agredida por un grupo de jóvenes.

Finalmente, hace unos día, salió a la luz pública la muerte de un niño de 6 años de edad en Aquiles Serdán, Chihuahua, que perdió la vida como consecuencia de un “juego” en donde quienes realizaron dicha actividad (niñas, niños y adolescentes) pretendían simular un secuestro, llegando a tal instancia la situación, que el citado niño fue torturado brutalmente y privado de su vida. Si bien, este último caso no representa o forma parte del nombrado “acoso escolar”, da clara muestra del contexto que vivimos y la necesidad de realizar acciones dirigidas a concientizar y cimentar la cultura de la paz desde la niñez y adolescencia.

3.- Ante los hechos señalados es una realidad que el Estado Mexicano ha implementado acciones para atender dichas problemáticas:

a).- Acciones del Ejecutivo:

El 30 de mayo de 2014 la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó 15 acciones concretas para prevenir y erradicar el bullying, siendo estas las siguientes:

1. Fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente las manifestaciones de violencia escolar, conocer sus causas, sus alcances y sus consecuencias, así como diseñar las estrategias para contribuir a su prevención y contención.

2. Incorporar en las páginas electrónicas institucionales vínculos para la recepción y canalización de las denuncias.

3. Fomentar la creación de redes de colaboración interinstitucionales para coadyuvar en la prevención y atención de la violencia escolar.

4. Desarrollar protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y para auxiliar a los padres de familia con el propósito de prevenir, y en su caso, encauzar adecuadamente situaciones de violencia en el entorno escolar y propiciar que se proporcione de inmediato el apoyo que se requiera en cada caso.

5. Enriquecer las currículas de la educación básica, media superior y de formación de maestros con instrumentos que permitan la prevención y atención de casos de violencia escolar.

6. Organizar foros de consulta sobre temas relacionados con la violencia escolar.

7. Reforzar en las estrategias de gestión y organización escolar, la promoción y la supervisión cotidiana del ejercicio y protección de los derechos humanos, la vida democrática y el aprecio a la diversidad, como elementos de la convivencia escolar, de manera tal que en todo momento quede asegurado el respeto por el principio del interés superior de la niñez.

8. Proveer los materiales para fortalecer las labores de los consejos técnicos escolares para que en el mes de junio, la discusión se concentre en los temas de la mejora del ambiente escolar y propicie la realización de talleres con el mismo tema para padres de familia.

9. Establecer en la entidad federativa una instancia oficial, dependiente de la autoridad educativa local, para la atención de casos de violencia escolar.

10. Reconocer y fortalecer la función de maestros y directivos dotándolos de las herramientas que les permitan la comprensión de la cultura infantil y juvenil, el fomento de una cultura de inclusión, paz y tolerancia, así como el establecimiento de relaciones sustentadas en el respeto mutuo y la resolución de los conflictos en un marco de sana convivencia.

11. Incorporar en los programas de “escuelas para padres de familia” los elementos que permitan dar atención a la violencia en el entorno escolar y en el seno familiar.

12. Promover que el consejo nacional, el consejo estatal, los municipales y escolares de participación social en la educación, realicen actividades para la prevención y atención de la violencia.

13. Impulsar la participación de los padres de familia y otros actores sociales en la vida cotidiana de los planteles, para desarrollar una comunicación continua y efectiva que propicie la prevención y atención de la violencia escolar y acompañen las trayectorias educativas de los alumnos.

14. Desarrollar campañas sistemáticas y permanentes de comunicación social para difundir las acciones emprendidas para la prevención de la violencia escolar, y de los medios de que se dispone para recibir asesoría o formular denuncias.

15. Elaborar estudios a nivel nacional, estatal y regional respecto del problema de la violencia escolar; identificar las escuelas con mayor incidencia de problemas, a efecto de contar con elementos que permitan diseñar un mapa e implementar soluciones así como concientizar a padres, alumnos y maestros.

b).- Acciones del Legislativo:

En México, se han impulsado reformas trascendentales en la legislación nacional en favor de los derechos humanos de niñas niños y adolescentes, con las que entre otros, se tiene como objetivo erradicar los riesgos a los que se enfrentan y garantizarles un desarrollo adecuado.

Ejemplo de lo anterior lo tenemos con la reforma publicada el 12 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, a través del Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4° y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene su fundamento enlas particulares condiciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, el pasado 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como primordial objetivo dar un enfoque garantista que reconozca a sus destinatarios como sujetos de derechos humanos.

Específicamente en el tema de violencia a niñas, niños y adolescentes, la citada Ley establece acciones y la coordinación de las autoridades señaladas, a partir de la creación de un Sistema Nacional y sistemas locales, así como el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección en los tres órdenes de gobierno.

4.- Derivado de lo señalado en el desarrollo del presente y reconociendo las acciones realizadas, es necesario que el Estado Mexicano refuerce las estrategias en materia fomento a la convivencia y la cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad desde la primera infancia, con la finalidad de coadyuvar en la erradicación de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, como un mecanismos que desde la educación y el fomento del deporte incida favorablemente en la sociedad y cimente una dinámica intergeneracional y con continuidad en el tiempo, que se traduzca en un ambiente de respeto y garantía absoluta para la integridad y derechos de la niñez y adolescencia.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los Ayuntamientos de los Municipios a diseñar o fortalecer mecanismos que promuevan la convivencia y cultura de la paz con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra.”

Por su parte, la diputada María Sanjuana Cerda Franco motiva su proposición con las siguientes consideraciones:

En días pasados, un niño en el Estado de Chihuahua de seis años fue asesinado por cinco menores, tres de ellos sus primos de 11, 13 y 15 años. En sus declaraciones los agresores manifestaron que la intención original fue “jugar a recrear un secuestro.” Un juego en el que amarraron a Cristopher Márquez Mora y lo llevaron hasta un lugar contiguo al barrio donde viven, para aparentar torturarlo como si fuera realmente un secuestro. El juego se salió de sus manos, Cristopher sangró con motivo de heridas causadas por una piedra y al final los niños decidieron quitarle la vida para evitar que los acusara. La forma en que lo mataron resulta alarmante: Lo apuñalaron, cubrieron su cabeza con una bolsa de plástico y lo enterraron en una fosa cavada por ellos mismos tratando de encubrir la situación “como si no hubiera pasado nada”.

Hay quienes sostienen que los menores por estar aún en un proceso de maduración psicológica bajo ningún concepto puede considerarse delincuentes, sino que sus acciones son el resultado de las influencias del medio social o de sus progenitores, quienes en la mayoría de las ocasiones los determinan para incurrir en actividades delictivas.

En México, los menores que oscilan entre 12 y 18 años por su condición de “personas en desarrollo” no son penalmente imputables. No obstante, sí son responsables por la comisión de conductas tipificadas como delitos. La Constitución Federal en su artículo 18 ordena la creación de un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes a nivel federal y en cada entidad federativa a cargo de autoridades y tribunales especializados que tiene como objetivo imponer a los menores infractores medidas que tienen como fin no sólo una justicia restaurativa sino también la reintegración social y familiar del adolescente y el proporcionarle una experiencia de legalidad y una oportunidad de valorar los beneficios de la convivencia armónica, del civismo y del respeto a las normas y a los derechos de los demás.

Las leyes de justicia para niños y adolescentes vigentes, tanto en el ámbito federal como en el local, prevén las reglas conforme a las cuales se tramitan investigaciones que tienen por objeto establecer la existencia jurídica de una conducta tipificada como delito, quién es su autor o partícipe, y su grado de responsabilidad. De igual forma, prevén para los infractores la aplicación de medidas (en vez de sanciones) que pueden consistir en orientación, asesoramiento psico-emocional, protección, libertad asistida, prestación de servicios a favor de la comunidad, reparación del daño e incluso en la prohibición de relacionarse con determinadas personas, entre otras.

Se trata de un sistema en el que las medidas, que pueden cumplirse en libertad, son siempre de aplicación prioritaria, en tanto que las que implican la privación de libertad deben aplicarse como último recurso y en ningún supuesto pueden ser aplicadas a menores de 14 años.
 
La ley parece completa, sin embargo en la práctica las condiciones bajo las cuales se implementa, lejos de favorecer la reinserción de los menores a la sociedad y proporcionarles una experiencia de legalidad, los prepara para convertirse en verdaderos delincuentes del futuro.

De las visitas de supervisión realizadas por personal de la CNDH en los meses de febrero y marzo del 2014 a 56 Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes a lo largo del país, se desprende que en la gran mayoría de dichos centros existen irregularidades graves y deficiencias que contravienen diversas normas no sólo nacionales sino también internacionales en materia de derechos humanos.

Situaciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, inadecuadas condiciones de las instalaciones, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, así como irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, ausencia de programas contra adicciones y en general falta de capacitación a los servidores públicos adscritos a los mencionados Centros y deficiencias en su supervisión, son una muestra clara de que en dichos Centros son insuficientes las condiciones para cumplir con los objetivos de reinserción social exigidos por nuestra Constitución.

En Nueva Alianza consideramos que la política contra la delincuencia infantil para ser efectiva, debe necesariamente incluir programas de prevención encaminados a eliminar el ambiente hostil en el que crecen y se desenvuelven los niños y adolescentes en nuestro país, a través de una labor en conjunto de todos los organismos encargados en mayor o menor grado de proteger los intereses de los niños, con el fin de impedir o desincentivarla comisión de conductas antisociales por parte de los mismos.

Debemos reconocer que los menores de 15 años que infringen las leyes penales son víctimas de un ambiente social inadecuado, de un medio familiar deficiente o corrompido por el descuido, perversión e ignorancia de los padres.

Conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos los niños del país tienen derecho a un sano desarrollo integral y libre de violencia, en un medio ambiente sustentable y bajo condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, y crecimiento saludable tanto físico como mental.

Dicha ley impone a las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la obligación de adoptar las políticas y medidas de prevención necesarias para evitar situaciones que orillen a los niños y adolescentes a convertirse en delincuentes y de incorporar en sus proyectos de presupuestos la asignación de recursos que se los permita.

Es indudable que la minoría de edad es la más vulnerable ante la desintegración familiar, el medio social hostil, la mala educación, la influencia nociva de los medios de información y la pobreza.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión exige que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringido propicie la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez y la difusión de valores culturales éticos y sociales; debiendo evitar contenidos contrarios al respeto a la dignidad de todas las personas, o que estimulen o hagan apología de la violencia.

Asimismo, impone tanto a los concesionarios que prestan servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringido como a los programadores, la obligación de adoptar medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la obligación de supervisar que la programación dirigida a la población infantil cumpla con lo anterior y debe informar a la Secretaría de Gobernación los resultados de las referidas supervisiones, para que dicha autoridad, de resultar procedente, sancione a los infractores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de contenidos.
En este contexto y tomando en cuenta que el interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre toda cuestión debatida que involucre a menores de edad, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos indispensable que los gobiernos tanto federal como locales pongan mayor atención y dediquen recursos económicos a la prevención de la delincuencia infantil, a la implementación de programas de diagnóstico de prevención y control, ya generar indicadores de avance en la aplicación de tales programas; también se requieren campañas de difusión de programación a favor de una vida libre de delincuencia entre los niños y el desarrollo de modelos de atención integral a víctimas y victimarios de este tipo de conductas.

Ante lo expuesto, la legisladora propone los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, a los Titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que implementen políticas y programas preventivos, de diagnóstico y de control en materia de delincuencia infantil; a que generen indicadores de avance en la aplicación de tales programas y realicen campañas de difusión dirigidas a la sociedad a favor de una vida libre de delincuencia entre los niños; así como para que desarrollen modelos eficientes de atención integral a víctimas y victimarios de este tipo de conductas, con estricto cumplimiento a las obligaciones que les impone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente en el territorio Nacional.

SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar prioridad y cumplir cabalmente con su obligación de supervisar que la programación dirigida a la población infantil cumpla con los requisitos de ley, e informe de inmediato a la Secretaría de Gobernación sobre cualquier contenido en las programaciones de radiodifusión y televisión y audio restringido que pudiera propiciar o favorecer la delincuencia entre los niños, niñas y adolescentes del país.

 

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con las proposiciones de mérito, por considerar como temas altamente complejos y sensibles el sano desarrollo y la adecuada integración social de la niñez, así como el preocupante fenómeno de delincuencia infantil y juvenil.

El largo proceso mediante el cual los infantes adquieren de su familia, de sus maestros y de la sociedad, las experiencias que les permitirán forjar su personalidad, constituye una responsabilidad que no se limita al núcleo de influencia del menor, sino que involucra a nuestra sociedad en su conjunto. Por tanto, propiciar los factores que permitan a nuestra niñez convertirse en adultos cabales, requiere la coadyuvancia del Estado y la ciudadanía

Los tristes y lamentables hechos que culminaron con la muerte del niño Cristopher Márquez Mora a manos de otros menores, conmocionaron a la sociedad y pusieron de manifiesto un problema al que no se le da la atención debida, que tiene que ver con los estragos que está causando la violencia que prevalece a nivel nacional en la psique del menor. Para los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora, el tema de mayor interés no se refiere a la justicia para adolescentes y niños, consideramos que aquel es un debate que no debe darse de forma reactiva a un caso en particular, por conmovedor e inquietante que resulte. El abordar este tema afectados por la conmoción de un caso particular, atropella la posibilidad de diálogo y debate.

En este sentido, no son el caso particular ni la investigación penal en curso, los temas de mayor trascendencia, sino las causas subyacentes y la preocupación de que los mismos factores que propiciaron tan doloroso crimen, estén influenciando a más niños.

II.- Esta Dictaminadora considera de suma importancia no adoptar medidas que pudieran resultar perjudiciales ni tiendan a discriminar al menor, tales como el endurecimiento de penas o la reducción de la edad para ser sometidos al sistema de justicia para menores. Al respecto conviene señalar que el Segundo congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del delincuente recomendó que en la caracterización del fenómeno delincuencial juvenil:

  1. El significado de la frase delincuencia de menores se limite lo más posible a las transgresiones del derecho penal, y
  2. No se creen, ni siquiera con el fin de protección, nuevas formas legales de delito que castiguen las pequeñas irregularidades o manifestaciones de inadaptación de los menores, pero por las que no se procesaría a los adultos.

Es entonces conveniente recalcar la importancia de no estigmatizar al menor por el mero hecho de no observar cabalmente todos los convencionalismos sociales o incluso por quebrantarlos abiertamente mientras esto no constituya un delito, dado que la conducta de la juventud rara vez se atiene de modo constante a las pautas formuladas por los adultos y a lo que éstos esperan de los jóvenes.

En torno al problema de la delincuencia infantil y juvenil, resulta de mayor trascendencia identificar las causas. En este tenor, coincidimos con lo señalado por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, a quien preocupa la apología al delito que se observa en algunas transmisiones de radio y televisión, pues si bien no se puede determinar el grado de influencia de esa causa, la niñez es más vulnerable a influencias nocivas de los medios de información.

En este particular, hacemos nuestra la propuesta de la diputada Cerda Franco para solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones un celo mayor en el ejercicio de sus facultades de supervisión de la programación dirigida a la población infantil. Debe señalarse que en materia de contenidos audiovisuales, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dispone para dicho instituto las siguientes obligaciones:

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

I.  Vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales establecidos en esta Ley;

II.  Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado por esta Ley;

III.  Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes;

IV.  Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en esta Ley en las materias a que se refieren las fracciones II y III, previo apercibimiento, y

V.  Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas en términos de la fracción III, para que éstas ejerzan sus facultades de sanción.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III del presente artículo, podrá celebrar convenios de colaboración con Dependencias u órganos federales.

Así mismo, dicha ley señala que los contenidos deberán tener las siguientes características:

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:

I.   La integración de las familias;

II.  El desarrollo armónico de la niñez;

III.  El mejoramiento de los sistemas educativos;

IV.  La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales;

V.   El desarrollo sustentable;

VI.  La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional;

VII.  La igualdad entre mujeres y hombres;

VIII.  La divulgación del conocimiento científico y técnico, y

IX.  El uso correcto del lenguaje.

Los programadores nacionales independientes y aquellos programadores que agregan contenidos podrán comercializar éstos en uno o más canales para una o más plataformas de distribución de dichos contenidos. Las tarifas de estas ofertas comerciales serán acordadas libremente entre estos programadores y las redes o plataformas sobre las que se transmitirán, conforme a las prácticas internacionales.

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

I.  Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales;

II.   Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

III.  Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia;

IV. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia;

V. Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional;

VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana;

VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y sociales;

VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad;

IX.  Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente;

X.  Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud;

XI.  Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de trata de personas;

XII Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones;

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

XIV. Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales, y

XV.  Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos pornográficos.

Los programas infantiles que se transmitan en vivo, los grabados en cualquier formato en el país o en el extranjero, los tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables, deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los programadores, en relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

III.- La Segunda Comisión considera de la mayor trascendencia promover la convivencia y cultura de la paz, como factor fundamental para la plena y armoniosa construcción de la personalidad de los infantes y su adecuada inserción a la sociedad, considerando su condición de persona en desarrollo.

Creemos que es responsabilidad del Estado diseñar políticas públicas que contrarresten la agravada vulnerabilidad que el clima de violencia que impera en ciertas regiones de México ha causado. Reconocemos que la delincuencia organizada, el narcotráfico, las bandas de secuestradores, las redes de trata de personas y muchos de los más crueles y escalofriantes aspectos de nuestra realidad no han podido permanecer ocultos ni ajenos a la niñez y que los infantes mexicanos, en mayor o menor grado dependiendo de una multiplicidad de factores, han sido expuestos a elementos tóxicos, que pueden desequilibrar la conciencia de un adulto y cuanto más de un niño.

Los cruentos hechos que cimbraron a la sociedad de Chihuahua y de todo México, son en mucho resultado de las condiciones de vulnerabilidad a la que es expuesta nuestra infancia. Es difícil saber si estos factores fueron catalizador o detonante, pero es también innegable que el entorno es un factor decisivo para la criminología.

En México, diariamente millones de niños sobreviven en medio de pobreza, abandono, ausencia de educación, discriminación, violencia y vulnerabilidad. Estos niños suelen ver truncada su infancia, ante la constante amenaza de malos tratos o invisibilidad social. Al respecto señala la UNICEF en la publicación titulada “Un mundo apropiado para los niños” la importancia que tiene tomar medidas a favor del interés superior del niño, para asegurar que el tema de la infancia tenga la mayor prioridad, y garantizar la protección de la niñez contra los conflictos y contra toda forma de malos tratos, explotación y violencia.

En este sentido, es necesario que el estado evalúe el riesgo al que ha sido expuesta nuestra niñez y a partir de ese diagnóstico establezca políticas públicas preventivas y de atención. Al respecto debe señalarse que puede reducirse la delincuencia mejorando todos los aspectos de la vida relativos al desarrollo de la personalidad de los niños y extendiendo y mejorando todos los servicios destinados a la infancia. Ahora bien, carecería de sentido aplicar este tipo de políticas públicas sin tener la seguridad de que éstas tendrían carácter continuo e interdisciplinario y su aplicación sería a nivel nacional, por los tres niveles de gobierno, pero involucrando a la ciudadanía.

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los Ayuntamientos de los Municipios a implementar políticas públicas que salvaguardando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, permitan:

 

  1. Promover la convivencia y cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra;
  2. Desarrollar modelos eficientes de atención integral a víctimas y transgresores en los casos de delincuencia infantil y juvenil, observando lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de disminuir su incidencia, y
  3. Prevenir, atender y reducir la delincuencia infantil; generando indicadores de gestión que faciliten el diagnóstico y caracterización de este problema.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a cumplir estrictamente con su obligación de supervisión de la programación dirigida a la población infantil, procediendo a la suspensión precautoria de las transmisiones que puedan propiciar o favorecer la delincuencia entre niñas, niños y adolescentes, e informando de cualquier violación en materia de contenidos a la Secretaría de Gobernación para que ésta ejerza su facultad de sanción.

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 2 días del mes de junio de 2015.


POR LA SEGUNDA COMISIÓN

 

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Sen. Armando Ríos Piter
Presidente

 

 

 

Sen. Daniel Amador Gaxiola
Secretario

 

 

 

Sen. Fernando Yunes Márquez
Secretario

 

 

 

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes
 Secretaria

 

 

 

Dip. Alejandro Montano Gúzman

 

 

 

Dip. Filiberto Guevara González

 

 

 

Sen. René Juárez Cisneros

 

 

 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

 

 

 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks

 

 

 

Dip. Rocío Reza Gallegos

 

 

 

Dip. Fernando Rodríguez Dova

 

 

 

Dip. Amalia García Medina

 

 

 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo

 

 

 

Sen. Manuel Bartlett Díaz

 

 

 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco

 

 

 

Dado en la Sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, a los 2 días del mes de junio del año 2015.