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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales que aún están pendientes de homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos y las tesis jurisprudenciales recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES DE HOMOLOGAR SUS CÓDIGOS CIVILES CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LAS TESIS JURISPRUDENCIALES RECIENTEMENTE EMITIDAS POR LA CORTE, A QUE ARMONICEN SU LEGISLACIÓN ESTABLECIENDO EXPLÍCITAMENTE EL MATRIMONIO IGUALITARIO

Con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante esta soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a la defensa de los derechos humanos la mayor jerarquía jurídica y establece la obligación que tiene el Estado de garantizar el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, pese a ello, diversos Códigos Civiles en los Estados del país, son omisos de los derechos y libertades de las personas; del principio de universalidad de los derechos humanos reconocido mundialmente por los tratados internacionales; así como de principios fundamentales del derecho internacional como el derecho a la no discriminación.

La Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1954 establece que todas las antiguas Leyes, así como las costumbres y prácticas referentes al matrimonio que sean violatorias a la Carta de Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos Humanos deben derogarse y en su lugar deben establecerse nuevas disposiciones para garantizar la libertad en la elección del cónyuge.

Los legisladores de todo el país tenemos la obligación de actualizar permanentemente las normas de nuestro marco jurídico y una de nuestras principales responsabilidades es la de garantizar que en todas nuestras disposiciones legales, queden resguardados los derechos humanos, tal como lo mandata nuestra Carta Magna.

No obstante lo anterior, en diversos Códigos Civiles de los Estados del país, aún subsisten disposiciones anacrónicas que atentan contra los derechos humanos, contradicen sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violan tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y además, son contrarias con nuestro texto constitucional actual.

El matrimonio debiera ser concebido por todos los Códigos del país como un contrato civil fundado en un acto de amor en el que dos personas adultas, sin importar el sexo y sin la intervención de ninguna persona ajena, asumen con plena conciencia, el compromiso de compartir un proyecto de vida en común, procurándose respeto, afecto, ternura, solidaridad y generosidad. Sin embargo, el matrimonio igualitarioha tenido que librarvarias batallas jurídicas para lograr su pleno reconocimiento.

A partir de la reforma del 2009 al Código Civil en la que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal instauró nuevas disposiciones en torno al contrato del matrimonio, el tema ha sido objeto de muchas resistencias que han sido desahogadas jurídicamente en la Suprema Corte de Justicia.

En 2010, después de haber sido promulgadas y publicadas las reformas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Procurador General de la República, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Acción de Inconstitucionalidad para invalidar los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal argumentando que los fines del matrimonio son proteger y establecer los derechos y obligaciones que surgen con motivo de la procreación de los hijos de los cónyuges y que el derecho de fundar una familia era exclusivo al hombre y la mujer, argumentando que es ése tipo de vínculo el que reúne las características necesarias para poder generar descendencia.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido contundentes, queda claro que no existen distintos tipos de matrimonio, solo existe uno, el que no excluye, ni discrimina a las personas. En la sentencia de la Corte se redefinió el concepto del matrimonio, se estableció el derecho de adopción de los menores a todos los matrimonios sin excepción alguna, se clarificó que la protección constitucional a la familia se aplica sin ningún tipo de discriminación y se otorgó validez jurídica en todas las entidades federativas del país al matrimonio celebrado en el Distrito Federal.

Aunado a las resoluciones de la Corte de 2010, hubo otro acontecimiento de gran relevancia que reivindica los principios universales de derechos humanos para establecer la igualdad de las personas ante la ley, el ejercicio de la libertad para ejercer las preferencias sexuales y la prohibición de toda forma de discriminación.Tal acontecimiento tiene que ver con la concreción de la reforma del 2011 al título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hecho que tiene una enorme relevancia para la historia de nuestro país en el ámbito de los derechos humanos porque establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución y porque incorpora el principio Pro Persona, lo cual significa que en la interpretación de las leyes, se deberá aplicar la norma que garantice la protección más amplia para las personas, en nuestro caso la interpretación se hará conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Con ésta reforma, el Congreso estableció Constitucionalmente, que la libertad para ejercer las preferencias sexuales debe ser considerada un derecho humano.

De manera reciente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las siguientes tesis jurisprudenciales:

Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.)

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.

“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.”

Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.)

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO.

“Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad”.

A pesar de todo lo expuesto, diversos Estados de la República aún no han reformado sus Códigos Civiles y por tanto las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia los consideran inconstitucionales.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los Congresos Locales que aún están pendientes de homologar sus Códigos Civiles con los Principios Constitucionales en materia de Derechos Humanos y con las tesis jurisprudenciales 1a./J. 43/2015 (10a.) y 1a./J. 46/2015 (10a.) recientemente emitidas por la Suprema Corte de Justicia, a que armonicen su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.

Suscribe,

FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 24 de Junio de 2015

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