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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a intervenir ante el gobernador y presidentes municipales de Baja California para levantar el boicot que ilegítima e ilegalmente pesa sobre los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete, con moción de urgente resolución, a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, con toda atención, al Titular de la Secretaría de Gobernación a efecto de que intervenga ante el gobernador y presidentes municipales de Baja California para levantar el boicot que ilegítima e ilegalmente pesa sobre los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada, con base en las siguientes:

C o n s i d e r a c i o n e s

La violación sistemática de los derechos humanos.

En Baja California se registra una violación permanente a la libertad de expresión. Desde el 13 de marzo del año en curso se reproduce día con día el hecho continuado de violar la libertad de expresión a través del conocido subterfugio consistente en suspender la publicidad de carácter público en medios de comunicación a los que se considera críticos. No se trata de un hecho aislado pues la autoridad local ha perpetrado otras violaciones a derechos fundamentales que hacen pensar en que se trata de una práctica sistemática que aleja cada vez más al gobierno de dicha entidad del Estado de Derecho. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo presentado por legisladoras de todas las fuerzas políticas reprobando las expresiones discriminatorias del Titular del Poder Ejecutivo que afectan a las mujeres. [*] Por otro lado, en lugar de dar respuesta a los jornaleros del valle de San Quintín que anunciaron pacíficamente su inconformidad, el mismo alto funcionario optó por reprimir a los campesinos que ante la falta de atención a su pliego petitorio tomaron las calles para hacer público su rechazo a las condiciones infrahumanas en las que realizan su trabajo en los sembradíos. La suma de todos estos episodios violatorios a libertades civiles y falta de satisfacción a derechos sociales coloca al Estado de Baja California en el umbral de ausencia del orden constitucional. En este contexto, destaca el ataque a los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenadaya que a través del boicot se pretende inhibir su trabajo informativo principalmente respecto de los demás conflictos que la actitud alejada de la ley del gobierno del Estado ha provocado en dicha entidad. En su parte medular, el desplegado contiene lo siguiente:

“En las últimas semanas ha sido una constante de los citados medios de comunicación, el manejo de información fuera de toda objetividad, que no atenta contra los gobiernos que encabezamos, sino contra el desarrollo armónico y la imagen de esta entidad, que se caracteriza por ser una tierra de gente trabajadora, gente honesta, que diariamente pone su mayor esfuerzo por aumentar las oportunidades de bienestar.

Este manejo informativo se deriva de la imposibilidad financiera del Estado y los municipios de dar una respuesta afirmativa a la demanda económica de periódicos Healy, la cual sale de toda proporción con relación al presupuesto que ejercen las instancias responsables de las partidas correspondientes a difusión y publicidad, ya que ceder a ellos sería una grave irresponsabilidad en el destino de los recursos públicos.”

Los medios de comunicación aludidos rechazaron tajantemente la acusación y emprendieron acciones legales para preservar sus derechos. Por su parte, el gobernador externó a los pocos días que la denuncia se condensaba en el desplegado, sin ofrecer prueba alguna de la supuesta extorsión, mientras que los presidentes municipales declararon que el desplegado era asunto del gobernador. Todo lo anterior sosteniendo en todo momento el boicot anunciado.

En un Estado que fue pionero en la transición a la democracia a través de la alternancia en el Poder Ejecutivo así como en la Legislatura, lo que se esperaba era el avance y consolidación de las libertades civiles y las instituciones políticas. En lugar de ser testigos de la ampliación de la vida democrática, hoy día los habitantes del estado más septentrional de la República se enfrentan a una auténtica regresión autoritaria. El titular del Poder Ejecutivo se empeña en anteponer su voluntad a la ley e imponerla por la fuerza, fuera de los cauces del Derecho olvidando el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución así como el principio de que las autoridades sólo pueden llevar a cabo lo que la norma expresamente les faculta. Siendo la libertad de expresión un derecho que habilita a los ciudadanos para ejercer otras prerrogativas públicas, resulta de primer orden la necesidad de restablecer la normalidad en la relación del titular del Poder Ejecutivo así como de los ayuntamientos del Estado que atrajo hacia su ilegítimo desplegado y boicot para restablecer la situación que se vivía con anterioridad al ataque en contra de la libertad de expresión.

En íntima relación con lo anterior, la conducta de desprecio a los derechos fundamentales del pueblo de Baja California entraña un peligro para la entidad ya que en la cultura política mexicana los subalternos acostumbran imitar las actitudes y el estilo personal de gobernar de los altos funcionarios. Con ataques a la prensa, expresiones de desprecio hacia las mujeres y acciones represivas en contra de los más pobres del Estado no se va a lograr la formación de una cultura de la legalidad ni mucho menos el respeto y vivencia de los derechos humanos. De ahí la urgencia de estimular la intervención, dentro la esfera de su competencia, de autoridades externas para que conminen, a través del diálogo y el convencimiento, al titular del Poder Ejecutivo de Baja California para que retorne a la legalidad y a la ética política.

La libertad de expresión como sustento de la democracia.

La transición a la democracia se viene abriendo paso en nuestro país desde hace más de un cuarto de siglo. La ampliación de la vida democrática va más allá de la alternancia en el poder y de introducir condiciones demayor equidad en las elecciones. La intensidad de las exigencias de la ciudadanía de la mano del ímpetu de numerosas organizaciones de la sociedad civil ha dado lugar a cambios sustantivos en el entramado institucional mexicano. Es así que ante la formación de una opinión pública más crítica e informada se han introducido nuevas decisiones políticas fundamentales en el texto de la Constitución Federal.

La presión del pueblo, en cuyo seno el hartazgo ha llegado al clímax con episodios diversos como llamados reiterados a anular el voto, permitieron figuras inéditas en la Ley Fundamental. Los partidos políticos se vieron obligados a participar en el consenso en torno a medidas progresistas como la creación de organismos constitucionales autónomos a los cuales se les asignan materias que se consideran esenciales para el desarrollo de la nación como los derechos humanos, las telecomunicaciones, los procesos electorales, con el propósito de que hagan de ellas auténticas políticas de Estado, más allá de los intereses de coyuntura. Entre estas materias destaca la información y transparencia.

Lo anterior constituye lo que pudiéramos denominar el piso de la democracia, sobre el cual se debe seguir levantando todavía una estructura orgánica e institucional que permita a través del ejercicio del voto y una conducta ética cotidiana dar satisfacción a todas y cada una de las demandas de la sociedad en su conjunto y en particular de los grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes; adultos mayores, personas con discapacidad, etc.En el marco de la tradición liberal decimonónica, la libertad de expresión ocupaba ya un lugar de primacía, ahora bajo el concepto de gobiernos abiertos característico del Siglo XXI la libertad de expresión adquiere mayor fuerza. En conjunción con la reforma constitucional de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la libertad de expresión se ha convertido en la columna vertebral de las libertades civiles, supuesto necesario para el ejercicio en primer término de los derechos políticos y de todos los demás derechos como los económicos, sociales, culturales y ambientales.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ha dado muestras inequívocas también de su interés por la vigencia efectiva de la libertad de expresión, en los siguientes términos:

“Ser periodista en México es por demás difícil. La acción más apremiante en este momento es proteger y garantizar que en este país se ejerza la libertad de expresión sin miedo a amenazas, intimidaciones o limitaciones. La prevención y la protección, entonces, no están en manos de una sola persona o instancia, es trabajo de quienes creen en los derechos humanos.” [*]

Un gobierno abierto gira en torno al concepto de la soberanía, en el sentido de que no basta la mera declaración de que los Poderes se constituyen en beneficio del pueblo sino que se ha de reducir el abismo entre los altos funcionarios y la ciudadanía para que ésta reciba de manera inmediata y directa la satisfacción que merecen sus derechos fundamentales. Bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, la democracia a través de los gobiernos abiertos supone el ejercicio sin restricciones de la libertad de expresión. Es por ello que en la Federación así como en las entidades federativas la posibilidad de una democracia deliberante caracterizada por el diálogo, la crítica y la tolerancia deben ser la praxis institucional de los servidores públicos.

En el escenario de nuestra democracia inacabada, el piso básico de libertades civiles presididas por la libertad de expresión debe mantenerse en cada uno de los Estados libres y soberanos para conservar y potenciar la posibilidad de desarrollo político en la incipiente democracia mexicana. De ahí que resulta grave que en Baja California se registre una violación de momento a momento, esto es, continua a la libertad de expresión. La sociedad de Baja California ve restringido su derecho a la información en cuanto el gobierno del Estado sostiene un boicot a diversos diarios pertenecientes a un mismo grupo editorial. El proceso de transición a la democracia en Baja California se encuentra enervado en razón de la suspensión a la publicidad oficial que ha dirigido el gobierno del Estado en contra de un grupo de medios de comunicación con el ánimo evidente de acallar la crítica periodística. La única forma de salir de la parálisis democrática que se experimenta en el Estado donde comienza la República mexicana consiste en retornar a la situación que prevalecía con anterioridad al boicot, la cual se puede identificar con claridad en el devenir histórico a partir del desplegado que lo anunció y pretendió inútilmente justificar. Mientras persista el boicot a medios de comunicación en Baja California no podrá prosperar el avance en las instituciones políticas y, al contrario, surge y se intensifica cada día que pasa un ambiente que mineraliza las libertades civiles.José Woldenberg, ex presidente del Instituto Federal Electoral considera respecto a la dinámica de la libertad de expresiónlo siguiente: " … es una construcción, un producto histórico, sujeto a los vaivenes de la vida pública y siempre sujeta a relaciones de poder y tramas institucionales y normativas que pueden modificarse.” [*]

El boicot, violación grave a la libertad de expresión.

Alrededor del mundo es bien conocida la práctica de gobiernos con tentaciones autoritarias de intentar imponer contenidos a la prensa tratando de manipular algunos aspectos que resultan condicionantes de los medios de comunicación como  empresas productivas. En México, durante la mayor parte de la centuria pasada, el método fue controlar el papel. Se creó una empresa pública que distribuía la materia prima para las rotativas, quedando los diarios obligados a adquirir el papel en dicha empresa. El método anterior demostró su eficacia pues cuando un medio de comunicación se atrevía a emprender una línea editorial ya no digamos crítica sino al menos independiente, de inmediato se quedaba sin papel. La frase "no pago para que me pegues”, ilustró ampliamente la visión patrimonialista que respecto de la prensa se tenía por parte del pináculo en el poder. Esos tiempos que parecían idos, al parecer han retornado en Baja California con el boicot permanente decretado por el gobierno del Estado y los presidentes municipales de la entidad.

Para una joven democracia como la mexicana, la libertad de expresión es la correa de transmisión que mantiene palpitantes los espacios para la deliberación cotidiana. Por ello, no es gratuito que recientemente nuestro país haya recibido la visita de los dos principales relatores en relación con la libertad de expresión. En agosto del 2010 el señor Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión visitó nuestro país. También lo hizo la señora Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2011 los Relatores presentaron su informe acerca de la situación de la libertad de expresión en México. De dicho reporte destaca la importancia que se concede al derecho objeto de esta proposición:

"El derecho a la libertad de expresión constituye un pilar fundamental para la vigencia de una sociedad abierta, plural y democrática. Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos consagran dicha libertad y son varios los organismos internacionales que a nivel mundial y regional se ocupan de supervisar y evaluar su cumplimiento.” [*]

Llama la atención que entre el cúmulo de ataques de que es víctima la prensa y los periodistas, los relatores pongan en primer lugar el boicot contra los medios críticos. En efecto, el informe asienta lo siguiente: " De acuerdo con los expertos independientes que a nivel internacional promueven la libertad de expresión, los principales desafíos que enfrenta este derecho en el orbe son: los mecanismos ilegítimos del control gubernamental sobre los medios de comunicación. " [*]

En relación con los boicots, el informe de los relatores le dedica el apartado C del Capítulo IV. De esta manera, la asignación de la publicidad oficial fue uno de los puntos concretos que los relatores analizaron durante su visita a México. [*]En el párrafo 247 se asentó expresamente lo siguiente: " En el contexto de este marco legal, la Relatoría recibió información sobre casos en los cuales la publicidad oficial había sido asignada en función de las líneas informativas de los medios de comunicación. La CNDH acreditó, por ejemplo, que después de que la revista Contralínea publicó una serie de reportajes críticos sobre Petróleos Mexicanos, esta entidad pública dejó de contratar publicidad oficial en dicha revista. La CNDH recomendó al director de Petróleos Mexicanos girar sus instrucciones a quien corresponda, para que Petróleos Mexicanos cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, en el otorgamiento y distribución de la publicidad oficial. Según información de la CNDH, esta recomendación no fue aceptada por el director general de Petróleos Mexicanos”. [*]

Sendas recomendaciones de contenido similar fueron formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Guanajuato que procedió de la misma manera en relación con los diarios AM y Al Día. Dicha autoridad rechazó por igual la recomendación. Finalmente el ombudsman conoció del caso de la revista Proceso, la cual interpuso una queja ya que el gobierno federal, de la misma manera, recurrió al boicot en su contra " a pesar de que la revista tendría una amplia y reconocida circulación. " [*]

Como se puede observar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha establecido el criterio claro de que el boicot es una violación evidente a la libertad de expresión en un intento de imponer contenidos a los medios de comunicación.El motivo de retirar la publicidad oficial, de acuerdo con lo manifestado en el desplegado, es la inconformidad del gobierno del Estado con la línea de información crítica. En relación a las restricciones ilegítimas a la prensa desde el poder, Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera lo siguiente: " un cuarto principio tiene que ver con la protección frente a sanciones ulteriores por la divulgación de información. ¿Cuál es el bien superior a tutelar por ejemplo, qué pasó con el caso Snowden o algunos otros? " [*]

Al unísono, las organizaciones de periodistas han mostrado su rechazo en contra del boicot ordenado y mantenido por el gobernador y los presientes municipales de Baja California. Gustavo Mohme, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresó la solidaridad de la organización con el Grupo Healy en los siguientes términos: “Esta campaña de desprestigio demuestra que los diarios están haciendo bien su trabajo”.

Por su parte, Artículo 19, organización de defensa de periodistas con presencia en numerosos países del mundo, expresó lo siguiente: " La acusación por extorsión lanzada por el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, y los cinco alcaldes de esa entidad, contra los directivos de los periódicos Frontera, Frontera Ensenada y la Crónica de Baja California Grupo Healy es un acto de intimidación que pretende condicionar e inhibir el ejercicio periodístico del consorcio media mediático.”

Vulnerabilidad de la prensa derivada del boicot.

Ningún estado en México está exento de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Lo que sí se ha logrado en algunos Estados, gracias a esfuerzos concertados entre los organismos defensores de derechos humanos, políticos comprometidos con la justicia y las organizaciones de periodistas, es hacer que las agresiones sean la excepción, hechos aislados fuera de un esquema sistemático de contención de la prensa. En Baja California persisten las agresiones a periodistas. Muchos de los ataques son perpetrados por las propias autoridades que interfieren con la labor informativa de los comunicadores. [*]De ahí que el hecho de que la primera autoridad de la entidad se decida a perpetrar un ataque directo a medios de comunicación con presencia en casi todos los municipios del Estado es un retroceso inaceptable. Es importante tener presente quedurante las investigaciones en muchas de las agresiones se topa con la participación de servidores públicos. La impunidad es precisamente lo que permite la reproducción de los ataques a los periodistas y a los medios de comunicación. En nada ayuda que el titular del Poder Ejecutivo encabece un intento de acallar a la prensa pues la afectación va dirigida no únicamente a los diarios a los cuales se retiró la publicidad oficial sino que, sin duda, entraña una amenaza velada para los restantes medios de comunicación que se ven día con día ante el dilema de presentar la información en un formato que resulte agradable al gobierno del Estado o poner en peligro ingresos económicos importantes.

El peligro en que se encuentran los periodistas y medios de comunicación en nuestro país hallegado ya a tal extremo que el H. Congreso de la Unión se vio en la necesidad de modificar el régimen de competencias de la Constitución Federal para resultar habilitado y poder legislar en materia de protección a periodistas. Gracias a dicha decisión, fue posible organizar un Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además, se han tomado medidas legislativas adicionales para salvaguardar el ejercicio de la libertad de expresión, tales como la descriminalización del quehacer periodístico al quitar el carácter penal al delito de difamación, así como establecer la prohibición en la ley de obligar a los periodistas a revelar sus fuentes. En realidad, gracias a esta nueva preceptiva en favor de la libertad de expresión, no deberían registrarse ataques por parte de servidores públicos y mucho menos de altos funcionarios. La exigencia de respeto la libertad de expresión es unánime entre la sociedad civil en México de modo que el boicot que se sufre en Baja California es una decepción que debe ser corregida lo antes posible.

La Secretaría de Gobernación es la dependencia que en el marco del Federalismo mexicano tiene a su cargo la función principal de mantener el orden constitucional. En dicha tarea, ha de cuidar que los derechos humanos, antes garantías individuales, tengan plena vigencia en particular por parte de las autoridades del país. Así resulta evidente del siguiente precepto:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto;

Cobra aplicación igualmente, a efecto de excitar la intervención de la Secretaría de Gobernación para levantar el boicot en contra de medios de comunicación en el Estado de Baja California, la fracción que sigue:

X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática;

Se requiere hacer entender al gobierno del Estado que con el boicot no afecta únicamente a los periódicos sobre los cuales descargó su inconformidad, sino que se priva a la totalidad de los habitantes de la posibilidad de una democracia deliberante. Se priva a la ciudadanía del ejercicio de la crítica, de la manifestación de ideas que cuestionen el ejercicio del poder, que es propio de cualquier Estado que se precie de vivir en democracia sometiéndose a la transparencia y rendición de cuentas.

PUNTO DE ACUERDO
 

Único.Se requiere, con toda atención, al titular de la Secretaría de Gobernación para que intervenga ante el Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales de Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito con el propósito de restablecer la normalidad constitucional regresando a la situación que prevalecía con anterioridad al boicot decretado por dicha autoridad a partir de la publicación del desplegado de fecha 13 de marzo del año en curso, preservando así la democracia deliberante y el régimen de libertades civiles y políticas a que tienen derecho los habitantes de Baja California.

México, Distrito Federal a 25 de mayo de 2015.

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS.


[*] Véase la Gaceta del Senado de fecha 21 de abril de 2015: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-21-1/assets/documentos/Dict_Genero_Nayarit_y_BCS.pdf

[*]DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EXHORTA RESPETUOSAMENTE  ALA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  PARA QUE ATRAIGA E INVESTIGUE  EL ASESINATO DEL PERIODISTA ARMANDO SALDAÑA MORALES; Gaceta de la Comisión Permanente del 20 de mayo del 2015, consultada el 25 del mismo mes y año en el vínculo siguiente: http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=54903

[*]Libertad de expresión, disidencia y democracia Senado de la República Instituto Belisario Domínguez, México, 2014, p. 16

[*]Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, México, 2012, p. 5

[*] Ibidem, p. 5

[*] Véase el Informe en la página 120

[*] Ibidem, pags. 132 y 133.

[*] Véase la página 133 del Informe antes citado.

[*]Libertad de expresión, disidencia y democracia Senado de la República Instituto Belisario Domínguez, México, 2014, p. 48

[*] Conferencia “Cómo proteger a periodistas y defensores de derechos humanos" impartida por Édgar Cortez Morales, integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación a la Comisión de Derechos Humanos y Comunicación Social del Congreso del estado de Baja California el 9 de marzo del 2015.