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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica


De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con punto de acuerdo sobre la violencia política hacia las mujeres.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ALTO A LA VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES.

 

Las Senadoras Angélica de la Peña Gómez integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El jueves 30 de abril del presente se llevó a cabo una reunióncon integrantes del grupo denominado “Mujeres en Plural”; integrado por las C. Cora Amalia Castilla, Refugio Esther Morales Pérez, Marcela Talamas, Beatriz Cossío Nava, Cecilia Soto y María Eugenia López Brun con el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Miguel Barbosa Huerta, los Vicepresidentes Senador Luis Sánchez Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el Senador José Rosas Aispuro Torres; Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo; la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Senadora Angélica de la Peña Gómez; la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, la Senadora Marcela Torres Peimbert, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la Senadora Alejandra Barrales Magdalena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la Senadora Lucero Saldaña Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

 

En la reunión en comento se entregó un documento donde se manifiesta la preocupación por la creciente violencia que enfrenta gran número de mujeres que quieren hacer valer su derecho a contender por cargos de representación y ejercerlos; violencia que se expresa a través de amenazas, hostilidad, chantajes, presiones por parte de las dirigencias partidistas para que no se postulen, no impugnen o acepten candidaturas mayoritariamente en distritos con bajas o nulas posibilidades de triunfo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó diversas sentencias mediante las cuales se aprobaron los criterios de paridad de género en las fórmulas de candidaturas para diputaciones e integrantes de los ayuntamientos de Querétaro, Estado de México, Guerrero, Nuevo León y Sonora para el proceso electoral 2014-2015, en su sesión del 29 de abril del presente, sin embargo y pese a que los proyectos reconocen el principio de paridad y su falta de aplicación a los casos concretos, las propuestas plantearon la irreparabilidad de las violaciones recurrentes cometidas contra los derechos de las mujeres, aduciendo como pretexto lo avanzado del proceso electoral.

Cabe destacar que en el Senado de la República se han presentado hasta el día de hoy, cuatro iniciativas relativas a la violencia política en contra de las mujeres, a saber:

  1. El 8 de noviembre de 2012, la senadora Lucero Saldaña Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al –entonces- Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
  2. El 4 de noviembre de 2014, la Senadora Lucero SaldañaPérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
  3. El 23 de octubre de 2014, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez y la Senadora Marcela Torres Peimbert, integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, presentaron la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General en materia de Delitos Electorales.
  4. El 8 de abril de 2015, las senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Gastélum Bajo y Adriana Fernández Dávila, prestaron la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.

De las anteriores iniciativas, la primera que se presentó fue dictaminada por la Comisión para la Igualdad de Género en positivo y se remitió a la Cámara de Diputados, en donde continua hasta la fecha el proceso legislativo.

Por último, diversas senadoras y senadores han presentado puntos de acuerdo referentes a la violencia política existente en contra de las mujeres, mismos que han sido dictaminados por la misma comisión en comento y aprobados en el Pleno del Senado de la República.

CONSIDERANDOS

Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporó desde el año 2011 el reconocimiento a los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte.

Que los derechos humanos tienen como características ser universales, indivisibles e interdependientes y progresivos, su existencia va más allá del reconocimiento “formal” por parte delos Estados.

Que la violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales.

Que hemos conocido de casos que implican violencia política contra mujeres que pretenden acceder a cargos de elección popular, como el de Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero quien fue secuestrada, torturada y asesinada. En Tamaulipas, la Alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar sufrió un ataque armado el pasado 8 de marzo.

Que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una grave violación a los derechos humanos, que limita total o parcialmente a las mujeres el goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw) [*] define la discriminación contra las mujeres como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, […] de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (Artículo 1°)

Que el Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos [*] establece el compromiso de los Estados Partes de garantizar a mujeres y hombres “la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos” referidos en el Pacto (artículo 3°). Asimismo, reconoce el derecho de toda persona a la vida (artículo 6°), prohíbe las torturas, penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7°), y reconoce la libertad y la seguridad personales (artículo 9°).

Que la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer [*] determina que debe entenderse por violencia contra las mujeres, cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo1°).

De lo anterior se desprende, que el principio de igualdad está ampliamente reconocido, entendiendo que este sólo puede hacerse realidad mediante herramientas o medidas que permitan fortalecer dicho principio, o para eliminar esquemas de discriminación.

 

ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprueba fehacientemente los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

SEGUNDO.Se exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a los Organismos Públicos Locales y demás autoridades correspondientes a fin de que se garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y la seguridad de aquellas que participan en los procesos electorales y se establezcan mecanismos de denuncias y atención oportuna de situaciones de acoso y violencia política en su contra.

TERCERO.- Se adopten medidas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a puesto de decisión por vía electoral o designación, tanto a nivel nacional como localmente, dentro y fuera de los partidos políticos.

 

ATENTAMENTE

 

  

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

 

 SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

 


[*] Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el18 de junio de 1981.

[*] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) 20 de mayo de 1981.

[*] Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (oea) el 2 de mayo de 1948. Aprobada por México el 24 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 29 de abril de 1981.