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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción e investigue los hechos de violencia ocurridos en las semanas recientes en contra de candidatos y candidatas a puestos de elección popular de distintos partidos políticos.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN EXHORTANDO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN E INVESTIGUE LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN LAS SEMANAS RECIENTES EN CONTRA DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR DE DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El actual proceso electoral en México se encuentra enfrentando diversos retos que lo colocan en una situación de especial relevancia para la vida política inmediata futura. Por un lado nos enfrentamos a una crisis en materia de derechos humanos evidenciada con las graves violaciones que se han cometido en los meses recientes y que han llamado la atención de la comunidad internacional; y por otro, nos enfrentamos al descrédito, la falta de confianza y de credibilidad que buena parte de la sociedad tiene en relación a los partidos políticos y al sistema electoral en su conjunto.

A lo anterior, debemos adicionar que este proceso se encuentra inmerso también en un clima de violencia y debilidad de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, que ha colocado a las y los candidatos a puestos de elección popular en una situación de riesgo desproporcionado e intolerable.

Los actores políticos son los más expuestos a padecer las agresiones criminales de la delincuencia organizada, como lo muestran los asesinatos de tres candidatos y dos precandidatos a puestos de elección popular en lo que va de las campañas electorales: en febrero, Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a una diputación federal, en el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca; en marzo, Aidé Nava González, precandidata del mismo PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, Guerrero; en mayo, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI y PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero; Enrique Hernández, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán; Héctor López Cruz, candidato priista a noveno regidor de Huimanguillo, Tabasco, y Jehová de la Cruz Gallegos, líder del PRD en Juchitán, Oaxaca.

A los asesinatos, debemos agregar otras agresiones sufridas en Guerrero, como las amenazas realizadas por un grupo armado al candidato a Gobernador por Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto; el secuestro de la candidata a diputada por el PRD, Silvia Romero; así como la reciente dimisión de la candidata a la alcaldía de Acatepec por Morena, Valentina Rosendo Cantú, después de ser amenazada.

El día 21 de mayo pasado, sujetos desconocidos lanzaron granadas en las instalaciones del Instituto Nacional electoral y de la Policía Federal en Matamoros, Tamaulipas. Es importante mencionar que este hecho, ocurrió el mismo día de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a esa entidad federativa.

El día viernes 23 de mayo, integrantes del equipo de campaña del candidato a gobernador del PAN, Jorge Camacho Peñaloza, fueron atacados a balazos por un grupo de hombres armados en Coyuquilla, municipio de Petatlán, resultando ilesos debido a que la camioneta en la que viajaban estaba blindada.

Contrario a lo que se ha señalado por muchos actores políticos, la violencia que se vive contra las candidatas y los candidatos no tiene precedentes en la historia reciente en el país, y tampoco pueden considerarse como hechos aislados, ya que han ocurrido en lugares donde el propio Gobierno Federal y los partidos políticos han manifestado su preocupación por la presencia y control que tienen los grupos de la delincuencia organizada.

Atendiendo a que se trata de delitos graves cometidos en contra de candidatas y candidatos de todas las expresiones políticas acaecidos en distintas partes del país, resulta fundamental que la autoridad investigadora analice todos y cada uno de estos hechos de manera integral y no sólo como hechos aislados, que formule una hipótesis en donde algunos de estos hechos pudiera tener relación entre sí o que incluso pudieran haber sido perpetrados por los mismo grupos criminales.

De igual forma, es necesario que la autoridad se allegue de información por parte de los organismos especializados en materia electoral, para que de manera conjunta se pueda analizar el contexto, las condiciones, los antecedentes, las referencias de casos semejantes, así como toda aquella información que pudiera servir para integrar una investigación amplia e integral de estos casos.

Por ello, resulta fundamental que la Procuraduría General de la República atraiga todos estos casos a través de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para que de manera conjunta se permita identificar la posible intromisión de algunos grupos delincuenciales en las elecciones y el ataque a las candidatas y candidatos de diferentes partidos políticos.

Más allá de los comicios del día 7 de junio, la sociedad mexicana necesita conocer de manera cierta porqué sucedieron estos hechos violentos, cuáles fueron las motivaciones y fines que perseguían estos grupos al realizar esas acciones violentas.Esta verdad no podrá conocerse si las investigaciones se mantienen desagregadas en cada una de las procuradurías o fiscalías estatales, pues un mismo grupo criminal puede operar en más de una entidad federativa, por lo que dejar las investigaciones en el ámbito local, sería limitar el alcance de dichas investigaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

ÚNICO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerza su facultad de atracción a fin de realizar una investigación integral de todos los homicidios, secuestros, ataques, amenazas y actos de intimidación perpetrados en contra de candidatos y candidatas a puestos de elección popular en el actual proceso electoral con la finalidad de identificar la posible intromisión de algunos grupos delincuenciales en estos hechos, analizando de manera integral y no aislada todos y cada uno de los actos delictivos que han tenido conocimiento las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas.

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de mayo de 2015

SUSCRIBE

 

 SEN. DOLORES PADIERNA LUNA

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