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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De los Diputados Edith Avilés Cano y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.


La iniciativa pretende incluir el concepto de accesibilidad a la Ley General de Desarrollo Social como concepto aglutinador de las demandas sociales, y que se refiere a la capacidad que tienen los individuos o las colectividades de acceder a los beneficios otorgados por el Estado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

La que suscribe Diputada Edith Avilés Cano y el Dip. Javier Filiberto Guevara González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, fracción I,77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, lainiciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 3; reforma la fracción II del artículo 10; y modifica la fracción II del artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social, a tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

En México, los distintos órdenes de gobierno se encuentran facultados para diseñar y llevar a cabo programas sociales que tengan por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos con los que cuentan todos los habitantes del territorio nacional, lo cual se encuentra consagrado a lo largo del texto constitucional, pero adicionalmente y de manera amplia, con la reforma del 2011 en los tratados internacionales aprobados por México. Y es que de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), todas aquellas facultades que no están expresamente concebidas por nuestra Carta Magna a los servidores públicos federales, se entienden reservadas a los de los Estados.

Las reglas de operación de las políticas públicas no sólo contienen la forma de acceder a los programas sociales, sino también los requisitos y los sujetos que son afines a ellas, lo que establece los lineamientos que deben seguir los individuos y/o las colectividades que pretendan acceder a estos beneficios.

En nuestras leyes obra una terminología jurídica basta con la que son redactados las bases y lineamientos a los que deben sujetarse los programas sociales; los que debiera buscar ampliar no sólo en la teoría el principio de  accesibilidad, sino también en la práctica, buscando el sentido más amplio posible de otorgamiento.

De ahí que sería importante incluirel términoaccesibilidada nuestra Ley General de Desarrollo Social como concepto aglutinador de las demandas sociales, que se refiere a la capacidad que tienen los individuos o las colectividades de acceder a los beneficios otorgados por el Estado de manera expedita y sencilla, para su correcto desenvolvimiento.

El concepto ha sido reconocidoampliamente a nivel internacional, principalmente en diferentes tratados en los que México es parte como la Convención Americana sobre Derechos Humanoso Pacto de San José, Costa Rica; el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre la Protección y Promoción de las Diversidad de las ExpresionesCulturales, Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención sobre los Derechos del Niño; entre otros tratados.

En efecto, la terminología con la que se hacen las leyes debe dejar de ser ajena a los ciudadanos, por lo cual es necesario definir de manera clara los conceptos básicos y los principiosbajo los que la Administración Pública, ya sea Federal, estatal o municipal, permite el acceso a los programas sociales. Ello enaltece no sólo la conceptualización de nuestra norma, sino tambiéngenera un compromiso legítimo de mayor apertura,creando los mecanismos para superar problemáticas específicas como los relativos al acceso a los servicios de salud, la pobrezao la desigualdad.

Uno de los objetivos principales de los programas sociales en nuestro país es garantizar de manera plena el derecho de las personas ode las colectividades,para permitir su correcto desenvolvimiento y desarrollo humano. Ello quiere decir que las políticas públicas tienen el propósito de enfrentar situaciones específicas que no pongan en riesgo la integridad de los mexicanos por situación de discriminación o por carencia económica.

Impulsar un mejoramiento constante de los niveles de vida y, por lo tanto, otorgar una amplia atención del gobierno, es uno de los principales retos que debeenfrentar el Poder Ejecutivo, apoyado invariablemente desde el Poder Legislativo, por mediode la creación de mejores leyes para la sociedad.Pese a los múltiples esfuerzos legislativos y de los órganos administrativos especializados, la realidad es que siguen predominando hondas diferencias entre los distintos sectores sociales en las entidades federativas, municipios y delegaciones, lo que también demanda su responsabilidad.

En un Estado como México, los programas sociales se encuentran delineados por los principios de laCPEUM, pero de manera particular se plantean en las leyes secundarias, pudiéndose apreciar la normatividad particular decada uno de ellos.Con el objetivo de hacerlos más accesibles y garantizar una mayor cobertura es necesario establecer en ellos requisitos más flexibles, una conceptualización más robusta, pero sobre todo, hacerlos operar correctamente en la realidad.

Por ejemplo, el Programa de Infraestructura Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que promueve y ejecuta acciones para contribuir el abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica,exige para su acceso que al menos el cuarenta por ciento (40%) de los habitantes de una población se identifiquen como indígena y que tengan entre 50 y 15 mil habitantes;de manera ejemplificativa,muchas comunidades hidalguenses han quedado fuera y no han logrado solicitar su inscripción como elegibles, en razón de que el porcentaje de población que ha sido establecido (40%) es demasiado alto, por lo que uno de los propósitos que las instituciones deben tener en cuenta es ampliar su cobertura, con tal de que este tipo de requisitos sea disminuido o bien, sea matizado, para que exista un alto nivel de accesibilidad.

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación e la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en materia de acceso a los derechos sociales, se aprecia un importante incremento en la cobertura de servicios básicos (educación, salud y vivienda). Sin embargo, aún queda una importante tarea ¿qué hacer para universalizar la cobertura y la calidad de los servicios?

El acceso efectivo a los derechos sociales debe ampliarse de manera tal que todos los grupos vulnerables como los indígenas, discapacitados, adultos mayores y mujeres, puedan acceder a ellos de acuerdo con su condición específica.

La problemática por la que atraviesa la economía y las finanzas internacionales desde hace algunos años, ahondan las dificultades sociales en nuestro país. El poder adquisitivo se ha vistoreducido desde 1992, las crisis económicas de 1994 y 2009 han afectado la economía, la crisis alimentaria y la volatilidad de los precios desde 2007 afectan a los sectores sociales más desfavorecidos, provocando falta de crecimiento y de productividad en largo plazo.

De acuerdo con la CPEUM, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Dentro de esas autoridades se encuentra,sin duda, el Poder Legislativo mexicano, por lo que con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos es necesario reformar la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de fortalecer los elementos jurídicos y administrativos para la accesibilidad de los apoyos en los distintos órdenes de gobierno.

CUADRO COMPARATIVO DE LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL


TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:                                                             

I a X. …

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:                                                      

I a X …

XI. Principio cualitativo que permite que todas las personas puedan acceder de manera plena y efectiva a los programas sociales otorgadas por el gobierno, independientemente de sus cualidades intrínsecas.

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:              

II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura;

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación que deberán estar sustentadas en el principio de accesibilidad a todas las personas interesadas así como a sus recursos y cobertura;

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes:

i.  …

II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social en los ámbitos regional, estatal y municipal;

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes:

i. …


II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social en los ámbitos regional, estatal y municipal; y que éstos sean de fácil comprensión para garantizar su accesibilidad.

Conforme con los argumentos anteriores, se somete al análisis y consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XI del artículo 3, se reforma la fracción II, del artículo 10 y la fracción II del Artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I a X. …

XI.- Accesibilidad:Principio cualitativo que permite que todas las personas puedan acceder de manera plena y efectiva a los programas sociales otorgadas por el gobierno, independientemente de sus cualidades intrínsecas.

Artículo 10.Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y obligaciones:

I…

II.- Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación que deberán estar sustentadas en el principio de accesibilidad a todas las personas interesadas así como a sus recursos y cobertura;

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes:

I.  …

II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social en los ámbitos regional, estatal y municipal; y que éstos sean de fácil comprensión para garantizar su accesibilidad.

TRANSITORIOS

Único.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente a los 26 días del mes de mayo de 2015.

ATENTAMENTE

Diputada Edith Avilés Cano

Diputado Javier Filiberto Guevara González