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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar acciones y políticas que permitan impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE EVALÚEN Y DISEÑEN ACCIONES Y POLÍTICAS QUE PERMITA IMPULSAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS DE TODO EL PAÍS, A TRAVÉS DE LA FORMALIZACIÓN DEL SECTOR, INTEGRACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, GARANTIZAR EL DERECHO A UN SALARIO Y TRABAJO DIGNO, DE ACCESO A UNA VIVIENDA CÓMODA E HIGIÉNICA Y AGRUPACIÓN SINDICAL; A CARGO DE LA DIPUTADA LILIA AGUILAR GIL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT.

La que suscribe, diputada federal LILIA AGUILAR GIL, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Nacional de Derechos Humanos a que emita una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

Los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas han sido ignorados por mucho tiempo, tanto por la sociedad como en el marco jurídico mexicano. La mano de obra de jornaleros agrícolas se da en al menos 19 Estados de la República y en todos ellos se presentan casos de abusos y explotación.

Se calcula que en México hay entre 1 millón 484 mil 638 y 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas. Se estima que el grupo presenta altos índices de masculinidad, si no se considera a la familia, pobreza, baja educación y con una fuerte presencia indígena. Alrededor del 87.6% de los jornaleros son hombres, el 68.8% presenta pobreza patrimonial, la mayor parte de ellos no finaliza la primaria, menos del 10% de los niños y niñas de familias de jornaleros asiste a la escuela y 40% son indígenas.

Los jornaleros en México son por lo general migrantes internos, provenientes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, es decir, de las Entidades Federativas que presentan mayor pobreza en el país, por lo que no tienen acceso a redes sociales estructuradas a las que puedan recurrir en caso de sufrir un abuso.

En cuanto a los derechos laborales, se advierte que en la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores del campo son considerados como un trabajo especial, por lo que las normas que les aplican les limitan derechos que los trabajadores en general cuentan, a pesar de que ambos son trabajadores conforme a dicho ordenamiento, toda vez que prestan un trabajo personal subordinado.

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estos trabajadores, como cualquier otro tienen derecho a:

  • Duración máxima de una jornada;
  • Derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo;
  • Derecho a un salario mínimo, que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación de los hijos;
  • Edad mínima de quince años;
  • Pago doble de las horas extras;
  • Derecho a habitaciones cómodas e higiénicas –misma que se cumple a través de aportaciones al fondo nacional de la vivienda–;
  • Brindar capacitación o adiestramiento para el trabajo;
  • Responsabilidad por los accidentes de trabajo y de las enfermedades de los trabajadores –sufridas con motivo del trabajo que lleven a cabo–;
  • El derecho a formar sindicatos o asociaciones gremiales, entre otras.

No obstante la realidad de los jornaleros es otra, carecen de un contrato formal: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, 90 por ciento de los jornaleros carece de un contrato formal; se obliga a los jefes del hogar a integrar al trabajo a sus hijos contrariando la edad mínima y generando una alta tasa de trabajo infantil; se vulneran reglas básicas de sanidad e higiene pues se encuentran expuestos a químicos que les provoca daños en la salud, principalmente en los pulmones y la piel; en casos extremos a las mujeres que dan a luz sólo se les brindan un día de descanso; existe un impedimento de acceso a la justicia cuando sufren de delitos.

La situación de vulnerabilidad en que se encuentra este sector de la población y la discriminación de la que son objeto les impide gozar de un trabajo digno, derecho consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que conforme al artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo se refiere a:

Artículo 2º.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

[…]

De conformidad con la normativa transcrita se advierte que para el caso del jornaleros agrícolas no existe un trabajo digno, pues los patrones no respetan su dignidad humana como trabajador, y no les reconocen su utilidad social, no se les garantiza su acceso a la seguridad social o a un salario que permita el sostenimiento digno de su familia.

Todo lo contrario, ya que 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes y tampoco pueden dejar de trabajar. Situación que sucede frecuentemente dado a los riesgos y productos tóxicos a los que se encuentran expuestos.

Bajo este contexto no es extraño que situaciones como la de los jornaleros de San Quintín Baja California se presenten, pero no son las únicas ya que la vida precaria de los jornaleros agrícolas se reproducen también en Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Es necesario que las autoridades competentes reanuden esfuerzos para garantizar a este grupo de trabajadores los derechos que les reconoce la Constitución y bajo una lógica de progresividad de los derechos sociales se amplíen aquellos que les permita acceder a un trabajo digno, donde se les reconozcan sus derechos, reciban un trato adecuado y conforme a la Constitución.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social; así como al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores para que evalúen y diseñen acciones y políticas que permita impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical.

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 19 de mayo de 2015.

 

DIP. LILIA AGUILAR GIL
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

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