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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 en las obras contratadas con grupo Tradeco.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INVESTIGAR, DENUNCIAR Y EN SU CASO, PROCEDER EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, DERIVADO DE LAS IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN EL PERIODO 2003-2012 EN LAS OBRAS CONTRATADAS CON GRUPO TRADECO.

Los que suscriben, Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones:

El servicio público es una de las actividades profesionales más nobles que puede ejercer un ciudadano debido a la oportunidad de servir a México y a sus habitantes.

Lograr un desempeño satisfactorio en este ámbito, demanda del servidor público circunscribir todas sus actividades durante el ejercicio de sus funciones, al estado de derecho, para brindar certeza y seguridad permanentemente a la gente.

Otro factor indispensable en beneficio de la confianza ciudadana -de la cual debe allegarse cualquier gobernante- es la ética, entendida como la acción para conducirse sobre lo correcto en términos de lo justo, lo virtuoso y la legalidad.

Gobernar no es sinónimo de administrar, representa llevar a cabo acciones que permitan transformar vidas, máxime en un país con una brecha de desigualdad tan amplia como ocurre en México.

En esta racionalidad, hacer uso eficiente de los recursos económicos de los que dispone la Federación, como mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa más que una prescripción de nuestro máximo ordenamiento jurídico y del régimen de sanciones penales, observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de obras públicas.

Lamentablemente, no siempre ocurre así. Existen excepciones de servidores públicos que optan por sustraerse de las conductas legales y honestas para beneficiarse en lo particular, como fue el caso ampliamente publicitado en diversos medios de comunicación, durante las administraciones de los sexenios correspondientes a los periodos 2000-2006 y 2006-2012 con particulares adscritos a Grupo Tradeco.

Grupo Tradeco, es una empresa constructora y desarrolladora de infraestructura, con capital 100 por ciento mexicano, fundada el 18 de febrero de 1992 y dirigida por Federico Alberto Martínez Urmaneta, según se lee en su portal electrónico1. Está conformado por empresas especializadas como: Tradeco Infraestructura; Industrial; Urbana; Ingeniería; Innovaciones Técnicas en Cimentación (ITECSA); Compañía Mexicana de Taxis Aéreos (COMETA); Avance Concesionarias y Operaciones y Rentas Costa Afuera (ORCA), entre otras.

En diversas publicaciones se ha ventilado que sus ingresos representan una facturación anual de 800 millones de dólares, es decir, representa una empresa exitosa por sus proyectos logrados en obras públicas en diversas latitudes del mundo.

Lamentablemente no todas las obras de Tradeco han operado bajo las mejores prácticas del sector, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, le ha reclamado a la constructora distinguida del sexenio 2006-2012 más de 400 millones de pesos en créditos fiscales. El crédito de mayor monto que el Servicio le exigió, fue de 47 millones 123 mil pesos, con motivo del incumplimiento del pago por el Impuesto al Valor Agregado, IVA, durante el 2010.

A pesar de estas acciones en contra del erario, la constructora en cita, continuó siendo la privilegiada del anterior gobierno presidencial, concediéndole más proyectos bajo la figura de adjudicación directa, como fue el caso de la autopista Durango-Mazatlán2 y el Puente Baluarte3 Bicentenario.

En este último caso, la Auditoria Superior de la Federación realizó múltiples observaciones por incumplimiento de normatividad, lo cual ocasionó que su costo pasará de los 8 mil 889 millones de pesos a los 22 mil 100 millones, en 2012. Sin embargo, la contratista permaneció activa.

El Puente Baluarte4, reconocido en el libro Guinness de los Récords del Mundo, debido a sus características atirantadas y por ser el más alto del mundo, también es identificado como uno de los más grandes monumentos a la opacidad, corrupción e impunidad, a propósito de múltiples “errores” entre estos…

“(…) un pago con exceso de 27 millones de pesos por el concepto “Habilitado y colocación de acero estructural GRADO 50 en superestructura por unidad de obra terminada piezas puente”, debido a que aplicó un precio unitario parcial de $16.97 pesos en lugar del precio unitario contratado de $24.24 a un volumen de 1,592,800.00 kg”5

A pesar de estas acciones, la contratista preferida del sexenio anterior se privilegió de múltiples contratos con el gobierno federal. Tan solo entre 2003 y 2012 los proyectos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 millones de pesos6, de acuerdo con la investigación publicada en Reporte Índigo, cuya constante fue el sobrecosto y retrasos en las obras.

Resulta evidente el daño a la hacienda pública pues también en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, presentado por la Auditoria Superior de la Federación el 20 de febrero de 2014, se dio a conocer el sobrecosto generalizado en la construcción de autopistas durante todo el 2012, destacando el gasto en la autopista Durango-Mazatlán, cuyo dictamen negativo7 presentó 45 observaciones, de las cuales solo una fue solventada, lo que derivó en sobrecostos más allá del 30 por ciento de lo invertido.

Abunda el Informe que se determinaron recuperaciones por más de mil 615 millones de pesos, de los cuales, apenas 11 millones 511 mil pesos se regularizaron y el resto, mil 604.44 millones de pesos quedaron como recuperaciones probables8.

Asimismo, se desprende del análisis del órgano fiscalizador que las probables recuperaciones por casi mil 616 millones de pesos se debieron a errores en las diferencias de volúmenes; trabajos de mala calidad; errores en la integración de precios unitarios extraordinarios; variaciones de la tasa de interés; así como, por intereses de pagos anticipados, entre otros.

La Auditoría señaló que, no obstante, que el periodo de ejecución original de este proyecto era entre 2002 y 2010, su fecha de conclusión se modificó hasta el 2013, pasando de un monto de inversión original de 8 mil 889.9 millones de pesos a 22 mil 100.2 millones de pesos.

En suma, las irregularidades son abundantes y claras; se aprecia un claro desprecio por la conducta ética y apegada a derecho entre gobierno y contratistas, así como una franca omisión por parte del titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes9 para la recuperación de recursos mayoritaria.

Los sexenios gobernados por Acción Nacional, sin duda explican como una empresa cuyo capital inicial fue de 10 mil pesos, según constó en la escritura tirada por el notario Felipe Alfredo Beltrán, en solamente 20 años logró incrementar su capital social hasta los 30 mil millones de pesos.

El ejemplo de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses   de Tradeco justifican sus altísimas ganancias. Vale la pena recordar que en el 2003 el fundador del Grupo se incorporó a PEMEX como director ejecutivo del Proyecto Cantarell -el pozo más productivo ene se momento- y benefició a una empresa dirigida por su hijo, con un contrato por 379 millones de pesos.

La historia no concluye aquí. Recientemente, diversos medios de comunicación, publicaron las irregularidades de las nuevas instalaciones del Colegio del Aire y la respectiva ampliación de la Base Aérea Militar en Zapopan, Jalisco, ambas a cargo y por adjudicación directa en el sexenio anterior a la empresa “Avance Concesionarias S.A.P.I. de C.V.”10 también propiedad del Grupo Tradeco.

Así, una empresa con absoluto desapego a la legalidad, evasora de impuestos, omisa en el cumplimiento de contratos en los términos pactados y desatenta con la normatividad ambiental -como lo denunció la PROFEPA respecto a la manifestación de impacto ambiental para el muelle de Manzanillo en Colima- permanece activa (sin rendir cuentas) en varias obras públicas, al amparo de la impunidad que, tal vez, en el servicio público de otras administraciones era la regla.

Al tenor de estos argumentos y con las evidencias expuestas que no limitativas, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estamos obligados a ejercer con base en nuestras facultades constitucionales la función de control sobre las acciones u omisiones del Poder Ejecutivo Federal, en este caso, durante el periodo 2003-2012 en relación con la contratista denominada Grupo Tradeco.

El objetivo es que las autoridades correspondientes como la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, investiguen y procedan en contra de quien resulte responsable por los múltiples daños en perjuicio del patrimonio del Estado, cometidos tanto por particulares como por cualquiera de los servidores públicos enunciados en el artículo 108 constitucional.

En este razonamiento, debe alertarse a las dependencias de los tres órdenes de gobierno, para que, en su caso, se abstengan de contrataciones en lo futuro con Grupo Tradeco.

El Gobierno de la República tiene un férreo compromiso con el combate a la corrupción, por ello, hacer pública la información derivada de este caso, sin duda, será un avance ejemplar en beneficio de los gobernados, quienes están ávidos por recuperar la credibilidad y confianza pérdida en los detentadores de poder.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoria Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 con Grupo Tradeco.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública transparentar la cantidad y el nombre de los proyectos en los que participó Grupo Tradeco durante 2003-2012, que incluya el desglose de las obras con dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación y exponer el estado que guarda la recuperación de dichos recursos.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil quince.

Atentamente

 


1 Cfr. http://www.tradeco.com/es/

3 Además utilizaron agua del rio del mismo nombre sin la autorización de la Comisión Nacional del Agua como se lee en el mismo documento.

4 Destaca que cuenta con 152 piezas de tirantes de acero, según se lee en http://www.tradeco.com/proyectos/puenteBaluarte/

10 Consultado el 17 de mayo de 2015 en http://www.estadomayor.mx/51777