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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Dip. Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena la represión realizada por la administración del gobernador Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y exige que se agoten las vías de negociación para superar el conflicto que viene afectando a esa región.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CONDENA LA REPRESIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBERNADOR FEDERICO VEGA DE LAMADRID EN AGRAVIO DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, Y EXIGE QUE SE AGOTEN LAS VÍAS DE NEGOCIACIÓN PARA SUPERAR EL CONFLICTO QUE VIENE AFECTANDO A ESA REGIÓN.

El suscrito, Javier Filiberto Guevara González, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

El pasado día 9 de mayo un grupo de jornaleros agrícolas del valle de San Quintín fueron reprimidos por la policía estatal de Baja California.

De acuerdo con fuentes del gobierno de esa entidad federativa, el operativo habría tenido lugar luego que se recibió un reporte que indicaba que en la calle Lomas de San Ramón, en la colonia Nueva San Juan Copala, se encontraban varias personas que intentaban ingresar a la fuerza a un rancho ubicado en la zona triqui, con la intención de incendiar el lugar.

De acuerdo con la versión oficial, los agentes policiacos llegaron al lugar, donde constataron que varias personas cometían disturbios al incendiar parcelas, por lo cual procedieron a intervenir para evitar cualquier tipo de riesgo.

En un boletín oficial se asentó que fueron capturadas algunas personas, acción que detonó agresiones contra los oficiales, así como daños contra las patrullas de la corporación, las cuales fueron incendiadas con gasolina, además de que tres elementos estatales resultaron con heridas menores a causa de piedras y palos.

Eso es lo que dice el Gobierno del Estado. Veamos ahora lo que no dice.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el saldo del operativo policiaco habría sido de setenta heridos, siete de ellos de gravedad y cinco detenidos por diversos delitos.

Los policías habrían usado de manera injustificada balas de goma para detener originalmente a una persona, lo que habría generado una trifulca entre los jornaleros y las fuerzas del orden.

Según algunas versiones periodísticas, los agentes dispararon contra la gente, detuvieron a personas que nada tenían que ver con los hechos y despojaron de sus celulares a quienes grabaron la agresión. No conformes con esto, los policías también habrían proferido amenazas de muerte en contra de varios miembros de la comunidad.

Por si no fuera suficiente lo anterior, la fuerza pública habría allanado domicilios particulares y detenido a diecisiete personas, entre ellas varios menores de edad, la mayoría lesionadas por la fuerza pública, para posteriormente trasladarlos a las instalaciones del Ministerio Público.

Promover el orden público es una cosa, pero reprimir de manera injustificada a un movimiento social es otra. Con lo primero podemos coincidir, con lo segundo jamás.

Los hechos a que hemos hecho referencia tuvieron lugar en medio de un paro que los jornaleros agrícolas mantienen en el valle de San Quintín para exigir de sus patrones mejoras laborales. Se tiene noticia de que las negociaciones han sido tensas y que no ha sido fácil procurar que las partes en conflicto alcancen acuerdos que permitan superar el conflicto. Es por ello que recurrir a la fuerza en vez de privilegiar el diálogo nos parece una irresponsabilidad inexcusable que refleja la vena autoritaria de un gobierno estatal que ha optado por delegar la solución de esta problemática a la federación, en vez de asumir su responsabilidad y procurar la resolución de la problemática laboral que ha afectado las actividades productivas de una de las regiones más dinámicas de aquel estado.

Lo que se requiere en San Quintín es que se agoten los recursos que nos ofrece la política, en vez de recurrir como primera instancia al uso de la fuerza pública, solución ésta última que no es tal, pues su aplicación indiscriminada enciende los ánimos de las partes, en vez de serenarlos. Condenamos la represión pues ella genera más agravios y pospone la solución real del problema, la cual pasa, necesariamente, por la mejora de las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la represión realizada por la administración del gobernador de Baja California, Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Baja California para que se sancione a los responsables de los actos represivos efectuados el 9 de mayo en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y a que agote las vías de negociación para superar el conflicto que viene afectando a esa región.

ATENTAMENTE

Diputado Javier Filiberto Guevara González.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de mayo de 2015.

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