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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica



De los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Ensenada, al gobierno del estado de Baja California, al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar, atender y resolver los conflictos generados en la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA ATENCIÓN DEL CONFLICTO DE LOS OBREROS AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

Los suscritos, Diputadas y Diputados  JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDÍVIL, AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA, LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO y ALEIDA ALAVEZ RUIZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que investiguen,  atiendan y resuelvan mediante el diálogo y la concertación,  los conflictos generados en  la zona del Valle de San Quintín, Baja California.

CONSIDERACIONES:

Como es del conocimiento público, el sábado 09 de  mayo del año en curso, jornaleros agrícolas y sus familias  de la comunidad Triqui Nuevo San Juan Copala, en el Valle de San Quintín,  Baja California, fueron agredidos por fuerzas policiacas del Gobierno del Estado. Según los reportes de algunos medios de comunicación, la fuerza pública arremetió contra la comunidad Triqui en San Quintín, irrumpió en casas y detuvo a varios jornaleros, incluidos menores de edad, arrojando un saldo de 80 trabajadores lesionados, algunos de gravedad, y 11  detenidos.

Apenas tres días antes, los trabajadores habían sido objeto del  menosprecio  político por el Gobierno Federal, cuando  una reunión previamente pactada para la atención de sus demandas,  fue cancelada de último momento  con razones poco creíbles, por un funcionario de la Secretaría de Gobernación.

Todo ello sucede  en el marco de una atmósfera crispada por varios meses de   lucha y  movilizaciones, que incluyen bloqueos de carreteras, plantones y negociaciones  emprendidas por miles de jornaleros agrícolas que demandan mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, asi como  el respeto a sus derechos laborales y sociales, sin que a la fecha  hayan obtenido respuesta favorable a sus demandas.

Como se recordará, el origen de este movimiento se encuentra en la denuncia realizada en marzo pasado por las condiciones inhumanas en que laboraban unos 200 campesinos, entre hombres, mujeres y niños, la mayoría indígenas tarahumaras,  en los ranchos agrícolas “El cerezo” y “El Cerrito”, del Municipio de Comondú,  Baja California Sur. Desde entonces, autoridades y patrones solo  han dado largos al asunto, con el  inevitable sufrimiento, desesperación y enojo de los trabajadores y sus familias.

El cuadro de sometimiento y maltrato que presentan los jornaleros  del Valle de San Quintín, no es exclusivo de los trabajadores de esta región. Las actividades de la llamada agricultura moderna, cuyos propietarios son verdaderos encomenderos del siglo XXI, demandan grandes cantidades de mano de obra que se cubre básicamente con población rural procedente de regiones y  sectores de los más pobres del país, entre los que se encuentran las comunidades indígenas, especialmente los trabajadores migrantes. Entre hombres, mujeres y niños, más de 3.5 millones de personas laboran en los campos agrícolas de Baja California, de Sonora  y Sinaloa; en las plantaciones de aguacate y limón de Michoacán;  en las fincas cafetaleras de Chiapas y Veracruz; y en los campos cañeros de 15 entidades del país. En todos los casos casi podríamos hablar de campos de concentración donde los trabajadores y sus familias viven recluidos durante los períodos de cosecha, sin respeto a sus derechos y  condiciones mínimas de bienestar: sin contratos colectivos, sin prestaciones de ley, sin consideración al trabajo de las mujeres y con explotación de mano de obra infantil.

Bajo estas circunstancias, hay una percepción general de la nación en  el sentido de que es necesaria y urgente la intervención del Estado  a fin de hacer respetar las leyes del trabajo y modernizar las relaciones obrero-patronales en este sector de la agricultura nacional. Es por demás claro  que las demandas y reclamos del movimiento de los jornaleros agrícolas de San Quintín, son auténticas y legítimas, y es una irresponsabilidad que las autoridades federales no hayan encontrado todavía, después de más de dos meses de negociaciones, propuestas para resolver los reclamos por demás justos  de estos trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados abajo firmantes sometemos a la consideración de esta representación nacional el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

 Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que investiguen, atiendan y resuelvan mediante el diálogo y la concertación,  los conflictos generados en  la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las condiciones en que  viven los jornaleros agrícolas; asimismo, se investigue y se castigue a los responsables de la violación de derechos humanos en la  agresión que sufrieron dichos trabajadores el sábado 09 de mayo del año en curso.

Segundo.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el marco de su respectiva competencia,  atiendan y se busquen soluciones favorables a las demandas laborales y sociales que presentan los jornaleros agrícolas del Valle de  San Quintín y sus familias. Asimismo, se incrementen las medidas de  control y la supervisión de las condiciones laborales y de servicios bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros agrícolas, asi como a poner en  marcha de inmediato los programas sociales necesarios,  a fin de garantizar condiciones dignas de trabajo, de salud, educación y vivienda estos trabajadores y sus familias, en el país y particularmente   del Valle de San Quintín, Baja California.

Suscriben,


DIP. JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDÍVIL            

DIP. AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA

DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO                 

   DIP. ALEIDA ALAVÉZ RUIZ

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente;  Senado de la República,  11 de mayo de 2015

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