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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enfáticamente el exceso de la fuerza pública ocurrida el pasado fin de semana en la región del Valle de San Quintín y exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a deslindar las responsabilidades a que haya lugar.

SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXTERNA CONDENA ENFÁTICAMENTE EL EXCESO DE LA FUERZA PÚBLICA OCURRIDA EL PASADO FIN DE SEMANA OCURRIDA EN LA REGIÓN DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, Y EXHORTA A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESLINDE LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, así como senadores cuya firma se acompaña al presente, integrantes de la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado mes de marzo presenté ante el pleno del Sedado de la República un punto de acuerdo que exhortaba a distintas autoridades federales a intervenir en el caso de violación a los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas en la región del Valle de San Quintín en el municipio de Ensenada, Baja California.

Derivado de lo anterior, solicité a la Mesa Directiva, mediante una adición al punto de acuerdo de referencia, que se creará una comisión plural de senadores para atender, dar seguimiento, vigilar los acontecimientos en San Quintín y evitar que se siguieran vulnerando los derechos de los trabajadores agrícolas de la región.

Posteriormente, el 21 de abril del corriente por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica se constituyó un Grupo de Trabajo Plural para dar seguimiento a los acontecimientos en el Valle de San Quintín, del cual tuve el honor de formar parte.

El 24 de abril viajé junto con los senadores Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández, Víctor Hermosillo y Celada, Hilaria Domínguez Arvizu al Valle de San Quintín, Baja California.

En esa reunión externé la urgencia de que los empresarios agrícolas de San Quintín tuvieran voluntad y una mejor actitud ante el problema laboral que enfrentan los jornaleros agrícolas.

Asimismo, manifesté mi solidaridad y total respaldo a los representantes de los jornaleros agrícolas, en su mayoría provenientes de Oaxaca, y que laboran en condiciones violatorias a sus derechos humanos.

Entre las demandas de los trabajadores del campo bajacaliforniano están: incremento de los salarios; respeto de la jornada laboral en estricto apego a lo que estipula la Ley Federal de Trabajo; afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Así como, vacaciones conforme a la Ley y el respeto del día de descanso; horas extraordinarias a voluntad y pagadas conforme a la norma; y acabar e investigar los casos de acoso sexual que se dan comúnmente contra mujeres jornaleras.

Sin embargo este fin de semana, 9 y 10 de mayo, nos enteramos de una serie de enfrentamientos entre jornaleros agrícolas de la comunidad triqui del Valle de San Quintín y policías locales, incluso varios videos de los hechos violentos circulan ya en redes sociales.

Esto da cuenta, del doble discurso de la autoridad local, que por un lado se sienta en la mesa para negociar una salida a tan lamentable conflicto y por otro lado hace uso de la fuerza para reprimir a los trabajadores del campo.

Para lograr, con esto, callar las voces que exigen una solución al problema.

Es evidente que el interés de la autoridad local, tal y como lo exhiben los enfrentamientos, no es el de velar por el trabajador, sino conservar sus pactos con el empresariado bajacaliforniano, al que en nada la interesa la situación del jornalero.

Se estima que los enfrentamientos dejaron saldo de más de 70 heridos, algunos de ellos de gravedad.

CONSIDERACIONES

Sin duda, el pago precario a los trabajadores del campo representa el pendiente más urgente en la agenda del Presidente de la República en materia del agro mexicano. Amén de lo anterior, la pobreza de trabajadores jornaleros complica aún más el rezago crisis que vive hoy, el campo en nuestro país.

Los trabajadores están hartos de los bajos sueldos, las condiciones de vida miserable, horas extras que no eran abonadas, y, en general, la explotación laboral.

No obstante de los esfuerzos de los gobiernos federales y estatales para implantar programas de financiamiento e inversiones en el rubro; a los jornaleros se les sigue explotando, sin que haya la mínima consideración de otorgar para ellos un beneficio como la seguridad social ni mucho menos una prestación laboral más ambiciosa como la pensión a la hora de su retiro.

Asimismo, los jornaleros de San Quintín solicitan que se concrete el diálogo de negociación que incluya a los jornaleros, los patrones y el gobierno.

Debemos recordar, que la explotación de los trabajadores agrícolas es una práctica recurrente y tolerada por las autoridades en diversas regiones del país.

De esta forma, compañeras y compañeros legisladores integrantes de Soberanía, es urgente atender las graves violaciones del que son víctimas los jornaleros campesinos que laboran en la zona norte del país.

Los jornaleros agrícolas no reciben los requisitos mínimos de seguridad social que la Ley exige como beneficio a un trabajador, en este caso derecho a la salud y vivienda.

El Presupuesto de Egresos de la Federación destina al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), más de 300 millones de pesos al año en subsidios.

Y si bien, se podría pensar que los recursos del Programa de Jornaleros Agrícolas son una suma considerable de dinero, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer los campos agrícolas del norte del país, se puede constatar la enorme cantidad de carencias y privaciones que viven cada día los jornaleros agrícolas.

Situación que se ha constatado con lo que ocurre en San Quintín, que no es más, que la punta del iceberg de una situación que se repite por todo el territorio nacional.

Por ello nos cuestionamos si los recursos destinados a los jornaleros realmente se están aplicando en tiempo y forma, e igualmente nos cuestionamos porque no se han tomado las medidas adecuadas que permitan mejorar las condiciones laborales de los jornaleros.

Ante la legislación mexicana los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo y en una gran cantidad lo hacen acompañados de sus familias.

De acuerdo con datos de la UNICEF, los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas mexicanos son un grupo especialmente vulnerable ya que el 44% de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con al menos un niño o niña trabajador y en los hogares donde tienen que trabajar niños jornaleros, los ingresos de ellos representan casi el 41% de los ingresos totales de la familia, así como el hecho de que en el 44.9% de las familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas.

Lo verdaderamente lamentable de este sector de trabajadores es que no cuenta con contratos, ni regulaciones que lo respalden laboralmente, no tiene acceso a servicios médicos, viviendas dignas, sistema de pensiones y de seguridad social. Incluso, los trayectos y las condiciones en las que se desplaza son en extremo peligrosas, un ejemplo de ello son las pésimas condiciones en las que se encuentran los autobuses que los trasladan.

Lo anterior vuelve inminentemente de atención prioritaria para el Estado Mexicano en sus órdenes de gobierno, pues el latente peligro para la salud y para el sano desarrollo de los menores, así como la falta de educación escolar redunda en una omisión jurídica deleznable.

En ese mismo sentido, y recuperando el carácter social del Senado de la República, resulta imperativo contar con su apoyo para aprobar el presente punto de acuerdo por el que se solicita lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Titular de la Procuraduría General de la República deslinde las responsabilidades penales a que haya lugar por los hechos cometidos los días 9 y 10 de mayo del presente año en la comunidad triqui del Valle de San Quintín, jornadas de violencia que tienen como agravante el exceso de la fuerza publica de la policía local en contra de los trabajadores agrícolas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enfáticamente el uso de la fuerza pública, el exceso de violencia de la autoridad estatal y se pronuncia por que inmediatamente se restablezca la mesa de diálogo.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar los informes correspondientes sobre los derechos humanos de los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California.

CUARTO.-  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a responder las demandas de los jornaleros agrícolas de la región de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California.

SUSCRIBE

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

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