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Proposiciones de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la intervención del Secretario de Finanzas del estado de Baja California Sur, así como del uso indebido de recursos públicos para el pago de encuestas a favor del candidato del PAN a la gubernatura del estado y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan.

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES  EN RELACIÓN A LA INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO DEL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA EL PAGO DE ENCUESTAS A FAVOR DEL CANDIDATO DEL PAN A LA GUBERNATURA DEL ESTADO, Y EN SU CASO SE APLIQUEN LAS SANCIONES QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN.  

Los que suscriben, Diputados Federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Consideraciones:

A un mes de que se celebre la jornada electoral a través de la cual se elegirán a los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados; se renueve la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los Congresos de 16 entidades; a los jefes delegacionales y presidencias municipales de 15 estados; así como la gubernatura de 9 estados: Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Baja California Sur, es fundamental vigilar que en el desarrollo del proceso electoral prevalezca la legalidad.

Por lo que respecta a la elección de gobernador del estado de Baja California Sur, en días recientes se dio a conocer un audio en el que se escucha al candidato del Partido Acción Nacional, Carlos Mendoza Davis, exigiendo al secretario de Finanzas de la entidad, Isidro Jordán Moyrón, que pague el costo de la encuesta contratada. 

De acuerdo con medios de comunicación, a la letra, en el audio se escucha lo siguiente: “Oye, en otro tema, lo de las encuestas,… porque ya están aquí estos batos y no van a arrancar hasta que no se les ponga en la mano eso eh, (el dinero)”.

La gravedad de asunto radica en que si bien es cierto, las encuestas son mecanismos inherentes al desarrollo de los procesos electorales, también lo es que en el caso del estado de Baja California Sur, las mismas no son pagadas con los recursos destinados por ley a la campaña del candidato del PAN, sino que son a través de la Secretaría de Finanzas, con recursos del Gobierno del estado.

Los hechos referidos contravienen claramente los principios que por imperio de ley deben observar los servidores públicos de los tres órdenes: integridad, honestidad, transparencia, capacidad y liderazgo, todo en función del combate a la corrupción.

Los hechos constituyen un delito electoral, en este sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos que establece la ley, asimismo, señala que tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos electorales, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

Cabe mencionar que hasta el momento dichas imputaciones no han sido desmentidas ni por el candidato ni por gente de su equipo de campaña.

Aunado a lo anterior, el día 04 de abril de 2015, en redes sociales comenzó a circular un audio en el que supuestamente se escucha a Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis, Senadores con licencia y actuales candidatos por el Partido Acción Nacional (PAN), a las gubernaturas de Querétaro y Baja California Sur, respectivamente.

En dicho audio conversaban sobre un apoyo económico por 30 millones de pesos que les otorgaría un empresario identificado como el “Cours” para la campaña en Querétaro. Bajo esta tesitura, es preciso destacar que por el propio desarrollo de la conversación, se infiere que ese mismo esquema aplicaría para financiar la campaña de Carlos Mendoza Davis en Baja California Sur.

Es necesario que se investiguen los audios que involucran al candidato del PAN a la gubernatura de Baja California Sur, porque además de generar condiciones de inequidad en la contienda electoral, se vulneran los derechos político-electorales de la ciudadanía e incluso se incurre en la comisión de conductas tipificadas como delitos electorales.

En cuanto a la intervención del Instituto Nacional Electoral, así como de su homólogo estatal, es oportuno señalar que el numeral 2, del artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que: La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su comisión de fiscalización.

El artículo 192 del propio ordenamiento jurídico, señala que el Consejo General del Instituto ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la que entre otras, tiene las siguientes atribuciones: Supervisar de manera permanente y continua las auditorías ordinarias, de precampaña y de campaña; Ordenar la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos de manera directa o bien a través de terceros especializados en la materia; y Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes.

En cuanto a la comisión de delitos, cuando menos se estaría en el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que a la letra dispone lo siguiente: “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.”

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que en medida el éxito del presente proceso electoral radica en garantizar contiendas equitativas a través del estricto cumplimiento de la norma, por ello consideramos de vital importancia que los hechos que motivan la presente proposición con punto de acuerdo, sean esclarecidos y en su caso, se actué conforme a derecho proceda.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, para que en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes  en relación a la intervención del Secretario de Finanzas del estado de Baja California Sur, así como del uso indebido de recursos públicos para el pago de encuestas a favor del candidato del PAN a la gubernatura del estado, y en su caso se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan.

Segundo.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de Baja California Sur, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo una revisión exhaustiva de los gastos de campaña de Carlos Mendoza Davis, candidato por el PAN a la gubernatura del estado.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 06 días del mes de mayo del año dos mil quince.