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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la solicitud para que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias evalúe los arrestos que han tenido lugar en la República Bolivariana de Venezuela.

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN.


Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A PROMOVER ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, LA SOLICITUD PARA QUE EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS EVALÚE LOS ARRESTOS QUE HAN TENIDO LUGAR EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El pasado 4 de febrero iniciaron en Venezuela una serie de manifestaciones tanto a favor como en contra del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, mismas que hasta la fecha han cobrado la vida de 42 personas, se han reportado más de 800 heridos y casi 3 mil detenidos de los cuales alrededor de 200 permanecen encarcelados.

Existen diversos casos de líderes de la oposición al gobierno venezolano que han sido encarcelados aparentemente a causa de sus posiciones políticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

2. Existe una gran preocupación por parte de la comunidad internacional, derivada de la supuesta violación de derechos fundamentales a los ciudadanos venezolanos, por parte de los elementos policiacos. La organización no gubernamental Anmistía Internacional considera que “la grave situación por la que atraviesa el país podría haberse evitado si el gobierno hubiese priorizado la promoción y los derechos humanos; fortaleciendo las instituciones que sustentan el Estado de Derecho; y combatido los altos índices de criminalidad, así como la proliferación de armas y municiones en manos de la población.”

3. Las manifestaciones en Venezuela se han desarrollado en un ambiente de violencia, el cual se ha visto agravado por las condiciones de crisis económica que azotan al país. El pasado viernes 13 de junio se dio a conocer que la inflación en Venezuela alcanzó un 60.9 por ciento, cifra muy por encima de las que presentan otras naciones en América Latina; como es el caso de Argentina que la mantiene en 28 por ciento, Uruguay en 8.50 por ciento y Bolivia en 6.48 por ciento.

4. Hace unos días, el Secretario Ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, afirmó que el diálogo con el Gobierno había sido suspendido debido a la falta de respuestas de la administración de Nicolás Maduro, además de la estrategia de desviación de la atención pública nacional a internacional a los temas de inflación y desabastecimiento.

5. El gobierno venezolano ha declarado en diversas ocasiones que cuenta con pruebas de un plan que incluía el magnicidio del presidente Nicolás Maduro, e inclusive el mismo presidente ha declarado en numerosas ocasiones que Venezuela sufre lo que él llama un “golpe continuado” con el afán de derrocar a su gobierno. Por esos hechos, el pasado domingo 15 de junio, la depuesta diputada Maria Corina Machado fue interrogada por el Ministerio Público por su participación en la presunta comisión del delito "contra la independencia y la seguridad de la Nación" y de asociación para delinquir, previsto en la Ley venezolana contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

7. El pasado 11 de junio, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, señaló lo siguiente: "Tengo gran inquietud por la interferencia del poder político en el poder judicial y el incremento de los incidentes que vulneran los derechos humanos de los jueces y fiscales venezolanos”, esto durante el evento titulado “Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela” con motivo de la vigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Aclaró que desde que inició su encargo como Relatora Especial, hace ya cinco años, ha recibido constantemente denuncias sobre la falta de independencia de los jueces y los fiscales. Indicó que “la independencia es inherente a la separación de poderes”. Finalmente hizo un nuevo llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que le permita realizar una visita a Caracas con una misión especial con el fin de evaluar la libertad de jueces y fiscales en Venezuela.

La Fiscal General, Luisa Ortega, manifestó el viernes 13 de junio un enérgico rechazo a las declaraciones de la Relatora Knaul y afirmó: “Vamos a mandarle información para que vea los cursos que se han abierto en el Ministerio para darle estabilidad a los fiscales. [Porque] No es cierto que en Venezuela los fiscales no tengan independencia”.

CONSIDERACIONES

I. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

II. Que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas indica en su artículo 1, como parte de sus propósitos, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional así como la supresión de actos de agresión y otros quebrantamientos de la paz por medios pacíficos.

III. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia(artículo 14); que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19).

IV. Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONUes responsable de promover el respeto universal por la protección de os derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto.

V. Que el Grupo de Detenciones Arbitrarias considera “arbitraria” una detención cuando las medidas de privación de la libertad, por una u otra razón son contrarias a las disposiciones internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes ratificados por los Estados.

VI. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 76 que es facultad exclusiva del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal.

VII. Que la Carta Magna de nuestra nación establece los principios normativos de política exterior que debe acatar el Ejecutivo Federal, pues en su artículo 89 fracción X señala el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales como parte de esos principios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para que el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias evalúe los arrestos que han tenido lugar en la República Bolivariana de Venezuela a raíz de las manifestaciones populares.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a respaldar, por todos los medios diplomáticos disponibles, la solicitud de la Sra. Gabriela Knaul, Relatora especial de las Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados, para visitar la ciudad de Caracas y emitir un informe al respecto en aras de la resolución pacífica del conflicto en la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 25 de junio del año dos mil catorce.

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ

JORGE LUIS LAVALLE MAURY


1 Venezuela. Los Derechos humanos en riesgo en medio de protestas. Anmistía Internacional. 2014. p. 1