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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.


Propone derogar la incorporación la fracción XXXI al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dicha fracción concede la atribución a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral para, expresamente, “determinar, en su caso, el haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior”.


La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente a la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 209 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El pasado 10 de febrero de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

Es por tanto, una reforma que modifica sustancialmente el desarrollo de los procesos electorales en nuestro país. Se trata de un cambio radical en el modelo de organización electoral de los últimos veinte años y que impacta de manera directa no sólo en la forma y los procedimientos electorales sino en los funcionarios públicos que serán garantes de las elecciones federales y locales.

En ese sentido el Congreso de la Unión tomó la decisión de convocar a un Periodo Extraordinario de sesiones para aprobar las leyes reglamentarias respecto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores solicitó el 13 de mayo del año en curso a la Comisión Permanente convocar al Senado de la República a convocar a celebrar un periodo extraordinario de sesiones con el propósito de celebrar un periodo de Sesiones Extraordinarias a partir del 14 de mayo. En los mismos términos se pronunció la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Los días 14 y 15 de abril las Cámaras del Congreso de la Unión relocalizaron el periodo extraordinarios de sesiones para dictaminar entre otros temas los relativos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Dicho dictámenes fueron aprobados y al momento de suscribir la presente iniciativa se encuentra pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo uno de los temas que ha sido cuestionado por nuestro Grupo Parlamentario es el que contiene el Dictamen sobre la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su parte relativa a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que indebidamente incorpora facultar a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación determinar, un haber de retiro para las y los Magistrados de la Sala Superior.

Se trata de un exceso de la reforma político electoral, porque mandata delegar en un órgano administrativo del TEPJFla facultad de determinar pensiones vitalicias de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se trata de un exceso, por que la adición de la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no guarda relación con los procesos electorales, por el contrario, dicha disposición es inconstitucional ya que le impone a la Comisión de Administración del TEPJF una atribución discrecional contraria a la política de sueldos en el Estado mexicano, que establece la Constitución, carente además de los criterios que ordene un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país.

La Constitución mandata en su artículo 75 que

Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.

Asimismo el artículo 126 Constitucional dispone: “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”. En el Artículo 108 de ese ordenamiento se definen como servidores públicos a “los miembros del Poder Judicial”, y se les destaca que “serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”, pudiendo incurrir en responsabilidad “por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.

De igual manera en materia de remuneraciones de los servidores públicos el artículo 127 constitucional establece las siguientes reglas:

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.

Finalmente, cabe señalar que artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123, y 127 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, estableció para los integrantes del Poder Judicial lo siguiente:

Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:

a)Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.

b)Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c)Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la remuneración total no excede el monto máximo antes referido.

Con base en estas disposiciones en el Partido de la Revolución Democrática consideramos que una manera de dignificar la función pública es el establecer sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos eluden la aplicación del mandato constitucional.

Resulta por tanto fundamental poner límites a cualquier tipo de abuso o discrecionalidad que pretenda vulnerar la Constitución, con la cual se busque vía legislación secundaria que las y los servidores públicos se asignen percepciones compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, etcétera, sin ningún control.

Por tanto la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía es la derogar la perniciosa facultad de otorgarle a la Comisión de Administración del TEPJF determinar, un haber de retiro para los Magistrados de la Sala Superior que indebidamente contiene la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

Por lo antes expuesto someto a la consideración del pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 209 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación para quedar como sigue:

Artículo 209. ...

I a XXX …

XXXI. Se Deroga

XXXII. ...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ.