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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el quese reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación; se crea la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se crea la Ley General del Servicio Profesional Docente.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (LGSPD.pdf)

Se propone una reforma a la Ley General de Educación que sea espejo de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en lo referente a los aspectos fundamentales de la evaluación educativa y de la Ley del Servicio Profesional Docente, bajo la óptica de la formación profesional y del reconocimiento de derechos laborales.

Se reconocen en la ley la facultad de los maestros, padres de familia y organizaciones de padres de familia, así como de los consejos de participación social en la educación, para opinar en asuntos pedagógicos y de evaluación educativa, tal como lo reconoce la Constitución.

Se propone incluir todos los aspectos contenidos en la reforma constitucional como: Jornada Escolar Completa, Prohibición de Cuotas Escolares, Autonomía de la Gestión Escolar, Universalización de Programas Compensatorios como útiles escolares, uniformes y calzado escolar, fortalecimiento de las acciones de inspección a centros educativos, prohibición de alimentos chatarra y Sistema Nacional de Información y Gestión Escolar.

Se establece en el capítulo correspondiente diversas medidas para fortalecer la inspección, evaluación y calidad de los servicios que ofrecen las instituciones particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Se suprime la facultad de la autoridad educativa federal de realizar la evaluación del sistema educativo nacional, para dejarlo como una atribución fundamental del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Se establece la creación del Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa como una facultad de la Autoridad Educativa Federal en coordinación con el INEG, pero con fines exclusivamente estadísticos y de información, para el funcionamiento del sistema educativo.

Se considerada el establecimiento de las escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas, como una facultad concurrente de las autoridades educativa federal y local, así como para la implementación de programas compensatorios como el suministro gratuito de alimentos nutritivos, uniformes y útiles escolares, calzado, libros de texto, becas, entre otros, conforme a índices de marginación, pobreza y condición alimentaria.

Se impone el desarrollo de la evaluación como un proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, sistemático, contextualizado, permanente e integral que incluye todos los componentes del sistema educativo nacional, planteándose como enfoques de evaluación los aspectos cuantitativos y cualitativos, así como las características personales, escolares e institucionales de los sujetos y objetos de la evaluación.

Se impone la obligación de las instituciones educativas locales, descentralizadas, desconcentradas y particulares de colaborar y prestar todas las facilidades e información requerida por el INEE para el cumplimiento de su función, así como para generar indicadores sujetos a evaluación de programas y métodos para prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación y violencia.

Se obliga a la publicación de los resultados de las evaluaciones practicadas por el INEE y los equivalentes en el ámbito local, y se establecen las reglas para la publicación tanto de los indicadores como de los resultados obtenidos de los procesos de evaluación, ajustados a los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como el carácter vinculatorio de los lineamientos en materia de evaluación que deriven del INEE para las autoridades educativas. Asimismo la obligación de las autoridades educativas del cumplimiento de las directrices que dicho órgano emita.

Se propone la obligación del INEE para diseñar indicadores nacionales y regionales que permitan medir el mejoramiento de la calidad de la educación, así como su competencia para evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Otro de los puntos de la iniciativa, es la creación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con 78 artículos y 15 transitorios, distribuidos en diversos capítulos y secciones.

Se propone una estructura de la ley que garantice una dimensión constructiva y formativa de la evaluación, respetuosa de los derechos y la dignidad humana con tres objetos fundamentales de regulación:

A) Regulación del Sistema Nacional de Evaluación
B) Regulación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
C) Regulación de los mecanismos de participación social en la evaluación de la educación.

Se propone el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación coordinado por el INEE, con dos estructuras fundamentales:

A) La Conferencia, que será el órgano de coordinación de todas las autoridades educativas, incluyendo el INEE, que tengan injerencia en las acciones de evaluación educativa.
B) Los subsistemas: 1) de Educandos, 2) de Educadores o Docentes, 3) de instituciones educativas y 4) de Planes, Programas, Materiales didácticos y demás componentes del Sistema Educativo. Cada Integrante de la Junta coordinará un subsistema.


Se propone un modelo de Evaluación educativa que permita conocer la forma en que se ejerce el derecho universal a la educación de calidad e identificar aquellas circunstancias sociales o institucionales que impiden su ejercicio a niñas y niños, adolescentes y adultos, para ellos se establecen fines de la evaluación y fines del sistema nacional de evaluación.

Se propone un capítulo relacionado con la naturaleza, estructura y funcionamiento del INEE, que fortalece su autonomía constitucional y reconoce los siguientes órganos directivos:

A) La Junta de Gobierno,
B) La Presidencia,
C) Las unidades administrativas y técnicas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.
D) La Contraloría Interna.

Se propone un capítulo especial de participación social en la evaluación educativa que contiene dos estructuras fundamentales:

A) El Consejo Consultivo del Instituto con representación de los sectores académico, público, privado y social, incluyendo las organizaciones del magisterio, de padres de familia, del sector productivo y de los centros de investigación.
B) Órganos Colegiados, que funcionarán con instancias externas de especialistas para la asesoría y consulta del INEE, divididos en Comités Técnicos, Comités Pedagógicos y Comités de Vinculación.

También se propone crear la Ley General del Servicio Profesional Docente, con reglas claras y procesos imparciales, equitativos y transparentes para el Ingreso, la Promoción y el Reconocimiento al Servicio Profesional Docente. Este estará regulado a fin de garantizar perfiles idóneos para la práctica docente desde el proceso de ingreso, con derecho a la definitividad y estabilidad en el empleo desde los 6 meses, en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la SEP y otras disposiciones aplicables.

Se propone que el Servicio Profesional Docente funcione a través de 5 Procesos Administrativos:

1. Ingreso;
2. Formación, capacitación y actualización;
3. Evaluación del desempeño;
4. Recategorización, promoción laboral y reconocimiento, y
5. Permanencia.

Establece que la formación, capacitación y actualización de los maestros, deba ser permanente y obligatoria, para asegurar el mejoramiento del conocimiento teórico y práctica docente.

Se considera que las evaluaciones del desempeño en el Servicio Profesional Docente, deben tener por finalidad la mejora del proceso educativo, fortalecer la formación profesional y subsanar deficiencias del sistema educativo, pero nunca una visión punitiva o sancionadora, que afecte los derechos laborales del magisterio.

El Servicio Profesional debe armonizar el derecho universal a recibir educación de calidad, con los derechos laborales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales para los trabajadores de la educación.