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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos ordenamientos en materia de reforma integral del sector energético nacional.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA CÁMARA DE SENADORES.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (INI_PRD_SECTOR_ENERGETICO.pdf)

La iniciativa contempla la modificación de doce leyes secundarias y la creación de la Ley del Fondo de Excedentes Petroleros, destacando las siguientes reformas:

En cuanto a la Ley de Petróleos Mexicanos, a Pemex se le proporcionan diversos mandatos operativos, de autonomía presupuestal y de gestión y transición energética, con el objeto de:

1.- Hacer eficiente la explotación y el aprovechamiento de los hidrocarburos nacionales con sustentabilidad y responsabilidad ambiental;
2.- Incorporar mayor valor agregado a sus productos integrando a la industria, la tecnología y los recursos humanos nacionales;
3.- Dotar de autonomía presupuestal a Pemex y sustrayéndole del control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
4.- Instituir el objetivo prioritario de internacionalizarse.
5.- Redimensiona de 15 a 9 los integrantes del Consejo de Administración.

Las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, reiteran el carácter de Pemex como empresa pública, con autonomía presupuestal y de gestión. De igual forma, se establece que Petróleos Mexicanos ejercerá un presupuesto de gasto suficiente y adecuado que le permita operar con eficiencia, eficacia y desarrollarse para atender las necesidades nacionales actuales y futuras, de hidrocarburos, petrolíferos, y petroquímicos.

Propone una descarga fiscal para Pemex en concordancia con los requerimientos anuales de inversión pública productiva adicional que necesita.

Pretende modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procure la disminución de la proporción del ingreso petrolero en la recaudación fiscal, como un objetivo tendiente a despetrolizar las finanzas públicas.

Transforma a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en organismo descentralizado y se amplían sus facultades en materia de observancia de estándares internacionales de seguridad industrial.

La Comisión Reguladora de Energía se transforma a organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de gozar de autonomía de gestión operativa, funcional y de gestión, con el fin de brindar mayor independencia respecto a las dependencias sujetas de regulación.

Se define a la CFE como una empresa pública con fines productivos dotada de autonomía presupuestal y de gestión a través de reformas la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

En cuanto a la estructura administrativa de la CFE, se propone modificar su Junta de Gobierno y, al igual, que el caso de Pemex, se le dota de nuevos mandatos que le posibiliten gestionar de mejor manera sus compromisos en materia de adaptación y mitigación ante el cambio climático, en especial en la transición energética.

Se considera pertinente reformar la actual definición de generador, que se debe reducir a las figuras contempladas en Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y que es la generación para el autoabastecimiento, la cogeneración o la pequeña producción, acotando así de manera expresa a los productores independientes en la generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable para la venta a la CFE.


Finalmente, pretende crear la Ley del Fondo de Excedentes Petroleros, con el propósito de acumular y capitalizar, de la manera más racional posible, los ingresos que la nación obtiene de su riqueza natural en hidrocarburos. Una parte de los ingresos que se obtengan de su extracción se orientarán a crear el Fondo para los Excedentes Petroleros, cuyos recursos podrán contribuir a garantizar la estabilidad de los ingresos públicos, y sus rendimientos sólo podrán ser utilizados para financiar a objetivos de largo plazo.