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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Estado Actual: Concluida Art. 219 Ficha Técnica

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 35, 36 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Participación Ciudadana.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA, DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)


Propone la expedición de la Ley de Participación Ciudadana como ley reglamentaria de los artículos 35, fracción VIII, 36, fracción III y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación e iniciativa ciudadanas.

En el Título I, establece en su Capítulo I, las Disposiciones Generales en la materia; en su Título II, en su Capítulo I, desarrolla lo relativo al Procedimiento y la Convocatoria para la celebración de la Consulta; en su Capítulo II, desarrolla lo referente a la Difusión de la Consulta Popular en radio y televisión; en su Título III, en un Capítulo I, desarrolla las Atribuciones de la autoridad electoral.

En un Título IV, desarrolla en su Capítulo I, lo referente a los Resultados vinculatorios de la Consulta Popular; en un Título V, en el Capítulo I, desarrolla lo relativo a los Medios de Impugnación; en un Título VI, que titula de la Iniciativa Ciudadana, establece en el Capítulo I, los requisitos de admisión y trámite; en el Título VII, desarrolla lo relativo a los Observatorios Ciudadanos; en su Título VIII, en un Capítulo I, establece las normas que regulan los recorridos de autoridades; y en un último Título, el IX, en su Capítulo I, desarrolla lo relativo a las Responsabilidades y Sanciones.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 71 CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente Iniciativa de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El pueblo no sólo debe ser tomado en cuenta, sino que debe decidir. El artículo 6º de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, dispone que la ley es la expresión de la voluntad general y que todas y todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente, o por sus representantes, en su formación.

El 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, algunas de éstas con la finalidad de dar una real participación ciudadana en la toma de las decisiones, porque de lo contrario no se estarían tomando con seriedad los derechos de los ciudadanos.

En dicha reforma cobró especial importancia las adiciones a los artículos 35, 36  y 71 del orden constitucional a través de las cuales se reconoció como derecho de los ciudadanos el poder iniciar leyes y el derecho a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

El artículo segundo transitorio de la publicación referida dispuso que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en dicho Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo. En consecuencia, dentro de los primeros días de agosto tiene que ser aprobada la ley secundaria que regule el procedimiento de consulta popular. Estamos en un momento histórico para dar a este instrumento la máxima importancia ya que permitirá asegurar la validez de las decisiones relevantes para la Nación mexicana, que atañen a todos los mexicanos y mexicanas.

En este contexto y con la finalidad de desarrollar el marco legal que permita dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto por el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la reforma política referida,  el miércoles 24 de julio del año en curso, diversos senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 71 CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en la que se destaca, en lo particular, los mecanismos mediante los cuales podrá hacerse efectiva la participación ciudadana en la toma de las decisiones trascendentes para la Nación, así como su derecho para iniciar leyes. La propuesta presentada es adecuada ya que regula los aspectos importantes de los derechos de los ciudadanos reconocidos en la reforma política llevada a cabo en el ejercicio 2012.

Dando continuidad a la propuesta referida, se presenta esta iniciativa que retoma el texto de la iniciativa que fue presentada en días próximos anteriores y solamente pretende fortalecer y complementar el cuerpo normativo presentado por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática con dos puntos importantes que se presentan a continuación:

1.   La participación ciudadana no debe estar sujeta a los tiempos electorales ya que decisiones trascendentes y de importancia para la Nación se toman en cualquier época del año, por lo que en términos del artículo 1º Constitucional deben garantizarse los derechos de los ciudadanos en todo momento, y

2.   En los instrumentos de participación ciudadana deben considerarse las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información.

En consecuencia, el objetivo de la presente iniciativa es complementar la iniciativa presentada en días anteriores con estos dos puntos que deben formar parte del desarrollo y del funcionamiento de la participación ciudadana por las siguientes razones:

El primer punto, referente a que la participación ciudadana no puede sujetarse a los tiempos electorales retoma su importancia al considerar que decisiones trascendentes y de importancia para la Nación se toman en cualquier época del año y no exclusivamente el día de la jornada electoral federal.

Cierto es que debe reconocerse como regla general que estas puedan llevarse a cabo el día de la jornada electoral federal, respetando el texto constitucional, pero no debe limitarse el derecho ciudadano a votar en las consultas populares sólo en esa circunstancia. Por ello, debe reconocerse la posibilidad de que las consultas populares puedan ser realizadas en cualquier momento siempre que exista alguna decisión trascendente en la que los ciudadanos deban ser participes. Debe dejarse abierta la posibilidad de que las consultas populares y la participación ciudadana en éstas pueda realizarse en cualquier época y no sólo de manera limitativa el día de la jornada electoral federal, lo cual no vulnera el espíritu de la reforma constitucional del 2012, pues se trata de una ampliación de derechos, lo que es perfectamente acorde con el modelo de protección a los derechos humanos, establecido en el artículo 1° constitucional.

Por su parte, el segundo punto recobra importancia ya que los mecanismos de participación vinculante para los ciudadanos ya no pueden limitarse a las urnas.

Una meta esencial en la lucha por una mayor apertura gubernamental y transparencia es darles a los ciudadanos más poder. Y para que el gobierno pueda ser receptivo necesita tener una manera rápida y eficiente de trabajar con los votantes y de entender cómo se sienten sobre temas específicos. Hoy, a partir de las innovaciones tecnológicas y científicas, los ciudadanos se han empoderado para interactuar entre sí y, crecientemente, también con las instituciones tradicionales de gobierno.

Una de las claves para una democracia más vibrante es una ciudadanía informada y comprometida. Hoy debemos facilitar la vinculación y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones transcendentes y la mejor forma de lograrlo es utilizando las tecnologías de la información.

En los últimos años el número de usuarios en las redes sociales ha crecido exponencialmente. Además, también ha crecido la proporción de usuarios que publican noticias políticas, que siguen a un candidato o funcionario o que se unieron a algún grupo organizado en torno a un tema de interés político o social. Los adultos jóvenes se identifican con estas formas de participación. Muchas veces las discusiones que comienzan en línea pueden traducirse en compromisos políticos sostenidos. Los medios sociales como plataformas se han convertido en un espacio en donde la gente intenta convencer a la gente para que vote o se posicione de cierta manera. El mundo de la política en las redes sociales no es –para muchos usuarios- un dominio separado de la actividad política.

Hoy los gobiernos necesitan a los ciudadanos para enfocar y resolver los retos de manera colaborativa; se puede acelerar el progreso democrático diseñando las plataformas tecnológicas precisas, que permitan aportar nuevos métodos para la participación ciudadana integrando las virtudes de las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica.

Por las anteriores razones, sometemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se expide la LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, para quedar como sigue:

ARTÍCULO  UNICO.-  Se expide la Ley de Participación Ciudadana como ley reglamentaria de los artículos 35, fracción VIII, 36,  fracción III  y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en  materia  de participación e iniciativa ciudadanas en los siguientes términos:

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA

TÍTULO I
CAPÍTULO  I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La  presente ley es reglamentaria de los artículos 35, fracción VIII, 36,  fracción III  y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional en materia de consulta popular y de iniciativa de leyes ciudadanas.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I.    Garantizar, promover  y proteger el derecho de los ciudadanos  mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones publicas sobre asuntos de trascendencia nacional.

II.   Establecer las normas y principios para regular la consulta popular y la iniciativa ciudadana.

III. Promover y fortalecer la participación democrática de la ciudadanía a través de la consulta popular.

IV. Regular la figura de la iniciativa ciudadana.

V.        Establecer las figuras de observatorios ciudadanos y recorrido de autoridades.
Artículo 3. La consulta popular es el derecho de los ciudadanos mexicanos a participar en la toma de decisiones respecto de temas de trascendencia nacional mediante los siguientes mecanismos:

I.    Consulta popular: procedimiento por medio del cual los ciudadanos mexicanos expresan su aprobación o desaprobación  sobre proyectos legislativos que tengan por objeto expedir, modificar, derogar o abrogar disposiciones de la Constitución o de leyes del Congreso de la Unión.

II.   Iniciativa ciudadana: La facultad de un numero de ciudadanos equivalente, al menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores de iniciar el proceso legislativo de leyes o decretos ante el Congreso de la Unión o cualquiera de sus cámaras;

III. Observatorios  ciudadanos: órganos de colaboración  ciudadana, cuyo objetivo es vigilar el desempeño  de los funcionarios públicos de la Federación, alegrados de manera voluntaria  y con la facultad de realizar análisis y recomendaciones con relación al desempeño de estos funcionarios.

IV. Recorridos   de  autoridades:  instrumento  de  participación  directa  para  los habitantes de una demarcación,  que les permiten  acompañar a una determinada autoridad a la inspección física sobre la forma y condiciones en que se prestan los servicios   públicos   y  el   estado   en   que  se  encuentren   los  sitios,   obras  e instalaciones  en que la comunidad tenga interés, para con ello formular de manera verbal o escrita,  sus opiniones y propuestas de mejora o solución.

Artículo 4.- No podrá ser objeto de consulta popular, en términos del apartado 3° de la fracción VIII del artículo 35 constitucional lo siguiente:

I.    La  restricción  de  los  derechos  humanos  reconocidos  y  protegidos  por  la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II.   La restricción  de los principios consagrados  en el Artículo 40 de la Constitución que  se  refieren  a  que  es  voluntad  del  pueblo  mexicano  constituirse  en  una Republica representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación;

III. La materia electoral;

IV. Los ingresos y gastos del Estado;

V.  La seguridad nacional, y

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 5. La consulta popular, por regla general, se realizara el mismo día de la jornada electoral federal. No obstante y para garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional, de manera excepcional, las consultas populares podrán celebrarse cuando sea necesario, en cuyo caso la convocatoria precisará las fechas y modalidades de participación de la ciudadanía, considerando las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información.

La relevancia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por el Congreso de la Unión.

Artículo 6.  En cada consulta popular, la cantidad máxima de preguntas que podrán realizarse a la ciudadanía será de tres. Los cuestionamientos deberán formularse de manera clara y comprensible.

Artículo 7. En la interpretación de las disposiciones de esta ley se deben garantizar los principios del artículo primero de la Constituci6n para maximizar el derecho a la participación ciudadana y los principios democráticos. En caso de ambigüedad, la interpretación deberá ser extensiva, ampliando en todo momento, los derechos del ciudadano.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a las tesis y jurisprudencia que, en aplicación de la misma, establezca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su competencia.

En caso de que no exista disposición expresa, ni criterio interpretativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estará a los principios generales del derecho.

TITULO II CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACION DE LA CONSULTA

Artículo  8.  Las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

I.    El Presidente de la Republica;

II.   El treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

III. AI menos el dos por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo  9. La solicitud para la consulta podrá presentarse en todo momento.  En caso de que se realice la consulta popular el día de la jornada electoral federal, la solicitud deberá  ser presentada antes  del 31 de enero del año de la elección federal.

Artículo 10. La solicitud deberá presentarse ante la Mesa Directiva de cualquiera de las Cámaras o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; serán presentadas por escrito, con la documentación comprobatoria correspondiente.

Las comisiones competentes en materia de participación ciudadana, ejercerán las facultades que sobre esta materia disponga la legislación aplicable, asimismo tendrán la participación que determinen las mesas directivas de ambas cámaras y de la Comisión Permanente.

Artículo 11. En caso de tratarse de una petición ciudadana, los interesados deberán:

I.    Presentar en medio magnético la lista de ciudadanos a que se refiere el inciso c) del apartado 1° de la fracción VIII del Artículo 35 Constitucional, con el nombre completo, el numero de folio de la credencial para votar con fotografía y la firma de cada uno de los solicitantes.

II.   Nombrar a un representante común.

III. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro del territorio nacional.

Artículo 12. Cuando el escrito de solicitud de la consulta popular no cumpla con las formalidades de ley, sea incomprensible o ilegible, la Cámara correspondiente deberá prevenir a los peticionarios para que subsanen los errores u omisiones en un plazo de 48 horas.

Artículo 13.  El  Congreso  de la Unión,  a través  de  la Cámara  de Diputados, turnara de inmediato la petición ciudadana al Instituto Federal Electoral para que este, en un plazo no mayor a treinta días naturales, verifique la lista de ciudadanos a que se refiere el Artículo anterior.

El  Congreso  de  la  Unión,  a través  de  la  Cámara  de  Senadores,  turnara de inmediato la petición ciudadana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el mismo plazo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

Artículo 14. En los casos establecidos en las fracciones I y II del Artículo 8 de esta Ley, las Cámaras  del Congreso de la Unión otorgaran a la petición de consulta popular tramite preferente.

Aprobada la petición, el Congreso de la Unión emitirá, en un plazo no mayor a diez días naturales, la declaración de procedencia  de la consulta popular, y ordenará que se emita la convocatoria correspondiente y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, en su portal de internet y en,  por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.

Asimismo, turnará la convocatoria al Instituto Federal Electoral para que inicie el procedimiento  de organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados a que se refiere la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

En el procedimiento  de organización, desarrollo, computo y declaración de resultados, el Instituto Federal Electoral deberá considerar las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información para garantizar el derechos de la ciudadanía de votar en las consultas ciudadanas.

Artículo 15. Cuando se presenten dos o mas peticiones de consulta popular, el Congreso  de  la Unión  emitirá una  (mica convocatoria  y  procurara  integrar  los temas de la consulta, garantizando el limite de cuestionamientos establecido en el Artículo 6 de esta Ley.

Artículo 16. Las peticiones de consulta popular serán improcedentes en los siguientes casos:

I.    Cuando la petición no sea presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello;

II.   Cuando no contenga la información y documentación comprobatoria correspondiente, de conformidad con esta Ley;

III. Cuando se refiera a alguna de las materias a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley.

Artículo 17. La convocatoria  para la consulta popular contendrá al menos la siguiente información:

I.    Lugar y fecha de emisión;

II.   El acto que se somete a consulta;

III. Las preguntas especificas que se someterán a la decisión ciudadana;

IV. La  declaración  de  procedencia  de  la  consulta  popular,  emitida  por  el Congreso de la Unión;

V.  La fecha en la que se llevara a cabo la consulta; y

VI. Los requisitos para participar en la consulta.

CAPÍTULO II

DIFUSION DE LA CONSULTA POPULAR EN RADIO Y TELEVISION

Artículo  18.  El  Instituto  Federal Electoral  dispondrá  del  tiempo  que  le  corresponde  en  radio  y  televisión para difundir la materia de la consulta popular.

Artículo 19. El Instituto Federal Electoral promoverá ante los medios masivos de comunicación la realización de mesas de análisis sobre los asuntos que serán sometidos a consulta. En esos debates deberán regir los principios  de equidad y de pluralismo político y social.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD ELECTORAL

Artículo 20. El Instituto Federal Electoral a través de sus órganos centrales y delegacionales, tendrá    en    materia   de   consulta    popular,    las   siguientes competencias:

I.    Verificar que al menos  el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores promueva la consulta popular;
II.   Organizar el proceso de consulta popular considerando las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información.

III. Ordenar, supervisar y vigilar las etapas de desarrollo de la consulta popular;

IV. Realizar los cómputos que se deriven de la consulta popular; y

V.  Declarar los resultados de la consulta popular.

Artículo 21. El Instituto Federal Electoral tomará las medidas conducentes para garantizar la suficiencia  presupuestal para la organización,  desarrollo, compute y declaración de resultados de las consultas populares,  así como para financiar programas de capacitación y difusión en materia de consulta popular.

Artículo 22. El Consejo General del Instituto Federal Electoral emitirá los lineamientos  necesarios  para la organización, desarrollo,  compute y declaración de resultados de la consulta.

Artículo 23. En los procedimientos para la realización de la consulta popular serán aplicables,  en  lo  que  no  se  oponga  a la presente  ley, las  normas  del Código Federal de  Instituciones  y Procedimientos  Electorales  y de la Ley General del Sistema de Medios  de Impugnación  en Materia Electoral  y demás disposiciones aplicables.

Artículo 24. El Consejo General del Instituto Federal Electoral realizara el cómputo final de la consulta y, declarara los resultados el domingo siguiente al de la jornada electoral.

TÍTULO IV CAPÍTULO I
RESULTADOS VINCULATORIOS DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 25. El resultado de la consulta popular será vinculante para los poderes Ejecutivo y legislativo federales, y para las autoridades e instancias competentes encargadas de su ejecución, siempre y cuando participen en la consulta, al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 26. Los plazos aplicables para el debido cumplimiento del mandate popular serán los previstos en los artículos 42 y 49 de la presente Ley.

TÍTULO V CAPÍTULO I
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION

Artículo 27. Las decisiones y determinaciones que adopten los Órganos del Instituto Federal Electoral y que no correspondan al Consejo General, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión en los términos que establece la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral.

Contra las resoluciones que emita el Instituto Federal Electoral en materia de consulta, proceden los recursos de apelación y el juicio para la protección de los derechos político electorales en términos de lo que dispone la Ley de la materia.

TÍTULO V
DE LA INICIATIVA CIUDADANA

CAPÍTULO I
DE LOS REQUISITOS DE ADMISION Y TRÁMITE

Artículo  28.  Los  ciudadanos  mexicanos,  a !raves  de  la  iniciativa  ciudadana, podrán presentar proyectos de leyes respecto de las materias  de la competencia legislativa del Congreso General, salvo en las materias siguientes:

a)  Penal;

b)  Seguridad pública y nacional;

c)  Suspensión de garantías;

d)  Amnistía;

e)  Relaciones internacionales;

f)   Tributaria y fiscal, así como de Egresos de la Federación;

g)  Régimen interno de la Administración Publica Federal;

h)  Regulación interna del Congreso de la Unión y de la Auditoria Superior de
la Federación;

i)    Regulación interna de los tribunales de justicia del fuero federal; y

j)    Las demás que señalen las leyes.

Artículo  29. Los proyectos de iniciativa de Leyes o Decretos que se presenten ante cualquiera de las dos Cámaras,  deberán ir acompañados  de una exposición de motivos en la cual se fundamente y motive las razones del proyecto, así como de  los  antecedentes  necesarios  para  poder pronunciarse  sobre  ellos,  firmados cuando menos por su proponente. Asimismo, deberá ir acompañado de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros.

Las iniciativas ciudadanas serán turnadas de inmediato a la Comisión competente en materia de participación ciudadana para que verifique que se cumplan con los requisitos establecidos en el presente ordenamiento y, de  ser procedente, la remitirá a la Mesa Directiva para que se de el turno para su dictaminación. En caso contrario, se desechara de plano la iniciativa presentada.

La Comisión competente en materia de participación ciudadana deberá decidir sobre la admisibilidad de la iniciativa dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

Artículo  30.    Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio, dictamen y votación, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I.    Escrito de presentación de iniciativa ciudadana dirigido al Congreso de la Unión;

II.   Nombres, firmas y claves de  las credenciales de un mínimo del 0.13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, debiendo nombrar a un comité integrado por cinco representantes;

III. Presentación de  parte expositiva que, en el caso de los anteproyectos de ley, se denominara siempre «exposición de motivos»; parte dispositiva en Ia que se incluye el articulado; y, la parte             final   que   se   integrara   por   disposiciones   adicionales, disposiciones transitorias o disposiciones derogatorias.

Artículo 31. En caso de que se incumpla el requisito establecido en el numeral 3 del artículo anterior, la Comisión correspondiente prevendrá a los promoventes para que, en un plazo de 48 horas, subsane las observaciones.

En caso de que se incumpla el requisito establecido en el numeral 2 del artículo anterior, la iniciativa se tendrá por no presentada.

Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a materias que no sean de la competencia del Congreso de la Unión, la Comisión o el Plena, la Mesa Directiva de la Cámara respectiva la turnara a las autoridades competentes.

La Mesa Directiva de la Cámara respectiva notificara al promotor de la iniciativa ciudadana  sobre el dictamen de admisión de la misma, señalando  las causas y fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión. Esta decisión se difundirá en la página electrónica de la Cámara respectiva.

Una vez declarada la admisión de la iniciativa ciudadana se someterá al proceso legislativo establecido en las leyes y reglamentos respectivos, debiendo ser analizada,  dictaminada y votada en el mismo periodo de sesiones en el que fue presentada.

TÍTULO VI

DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS

Artículo 32.- Los Observatorios Ciudadanos son entes de interés publico, de participación  y  colaboración  ciudadana,  sectorial  y especializada,  en  el ámbito federal desde  los que se analizan y fortalecen las actuaciones de los servidores públicos,  órganos o políticas públicas,  en búsqueda del beneficia de la sociedad, en los que los ciudadanos  de forma honoraria, voluntaria, individual o colectiva, tienen la finalidad de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones publicas y canalizar la reflexión, el análisis crítico, la vigilancia y la construcción de propuestas, en torno a los diferentes temas de la vida publica, hacienda posible una mayor corresponsabilidad entre autoridad y ciudadano, armonizando  con ella, los intereses individuales y colectivos, para construir y garantizar de manera conjunta el desarrollo social.

Los  observatorios  ciudadanos  podrán  ejercer  sus  atribuciones  sobre  toda  la actividad de cualquiera de las funciones de la Federación, salvo en aquellas cuya publicidad este limitada por mandata constitucional o legal.

Artículo 33.- Es obligación de los órganos del Estado, garantizar el acceso a la información que los observatorio ciudadanos requieran para cumplir sus objetivos.

Artículo 34.- Los Observatorios Ciudadanos tienen por objeto:

I.    El        fortalecimiento            de        la         participación,  deliberación    y          organización ciudadana;

II.   La construcción de análisis objetivos y especializados sobre la actuación de los órganos del Estado, las políticas publicas o los servidores públicos, así como de las diversas problemáticas de la vida publica de la Federación;

III. El monitoreo y evaluación de los 6rganos del Estado, la gestión publica, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos;

IV.             La generación de propuestas sobre las diversas problemáticas de la vida publica; y,

V.  Servir de apoyo especializado para la realización de los procedimientos de Consulta Ciudadana e lniciativa Popular, siempre que sean relacionados con su materia.

Artículo 35.- Los ciudadanos que integren estos órganos, serán honorarios y tendrán el carácter de observadores ciudadanos. AI momento de instalarse, quedaran acreditados por la autoridad electoral respectiva ante el 6rgano del Estado o servidor publico de que se trate.

En ningún caso, podrán ejercer funciones propias de los 6rganos del Estado, de los servidores públicos o ejecutar políticas públicas.

Artículo 36.-   Los Observatorios Ciudadanos, sin importar la modalidad y el objeto con los que se constituyan, podrán durar un mínimo de seis meses y un máximo de dos años.

Podrán solicitar su renovación hasta en tres ocasiones, siempre que garanticen la sustitución de por lo menos la mitad de sus integrantes, a través de un procedimiento de convocatoria ciudadana en un plaza que no exceda de treinta días a partir de la fecha en que se autorizó su permanencia, en case de no hacerlo se tendrá por disuelto.

Las personas que se acuerde sean sustituidas serán aquellas que resuelva el Observatorio Ciudadano, de entre las que tengan mayor antigüedad dentro del mismo, en case de que todas tengan el mismo tiempo, deberá decidirse en los términos que ellos determinen.

Artículo 37.-  Los Observatorios Ciudadanos quedaran adscritos a los 6rganos o servidores públicos, según la materia que corresponda; si resultaran ser varias las posibles de adscripción, se atenderá, primero al objeto del observatorio ciudadano en cuestión y, segundo, a quien encabeza la política pública a observarse.

Artículo 38.-     Los  órganos  y  servidores  públicos  coadyuvaran  con  los ciudadanos y las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil para la integración, organización y funcionamiento de los Observatorios Ciudadanos.

Los Observatorios Ciudadanos, una vez instalados, recibirán todo el apoyo técnico y material del órgano del Estado o servidor publico al que se adscriban, para lograr su objetivo, una vez concluida su función, si aquellos contaran con algún bien,  deberán  reportarlos  al  órgano   del  Estado  o  servidor  publico  al  que estuvieron adscritos, a efecto de que se integren al patrimonio publico.

Artículo 39.-   Los poderes Legislativo Federal y el Ejecutivo federal y dentro del trimestre siguiente de iniciado su periodo constitucional podrán integrar un Observatorio Ciudadano que coadyuve a la elaboración de la Agenda Legislativa, así como los Programas de la Administración Publica Federal, conforme a las bases siguientes:

I.    Se garantizara la representación de los principales sectores econ6micos del Estado con conocimientos en su área, así como de instituciones académicas y científicas relacionadas con la materia; y,

II.   Todas aquellas que estimen necesarias conforme a la legislación aplicable.

Artículo 40.- Los  Observatorios Ciudadanos para  su  integración deben observar los lineamientos siguientes:

I.    La transparencia en el ejercicio de sus funciones; y,

II.   La cultura democrática de participación ciudadana.

Artículo 41.-La  conformación  y  funcionamiento  de  los  Observatorios Ciudadanos, se sujetara a lo siguiente:

I.    Los  ciudadanos presentaran,  por  escrito, una  solicitud  ante  el  órgano electoral respectivo, la cual deberá reunir los requisitos siguientes:

a.   Los generales de los solicitantes;

b.   La firma, ya sea autógrafa o mediante huella dactilar;

c.               Proponer en la solicitud, la denominación con  que  se desea, se nombre al Observatorio Ciudadano que habrá de crearse;

En caso de que dicho nombre haya sido o este siendo utilizado, o bien, haya alguna imposibilidad para admitirlo, el Instituto Electoral deberá fundar y motivar la resolución en que lo rechace, debiendo proponer uno nuevo que refleje con claridad el objeto del Observatorio Ciudadano;
d.              Señalar un representante y domicilio para oír y recibir toda clase de documentos o notificaciones. Este domicilio será su Iugar de residencia;

Para todos los efectos legales, se entenderá que el representante designado  podrá realizar todos los aetas necesarios para tramitar el procedimiento de conformación del Observatorio Ciudadano;

e.   Señalar  el  objeto,  logotipo y demás  elementos  que identifiquen al Observatorio Ciudadano;

f.               Los  solicitantes  deben  ser,  no  menos  de tres  ni mas  de  quince ciudadanos; y,

g.   La solicitud  deberá  contener una leyenda  en la que se exprese la voluntad   de   los  ciudadanos   suscribientes   de  formar   parte  del Observatorio Ciudadano que se pretende crear.

II.   El Instituto Electoral,  podrá  verificar los requisitos  solicitados  mediante los mecanismos de   seguridad   que   determine    así   como   el   grado   de especialización en la materia de quienes pretenden constituirlo.

Si de la revisión determina que no se reúnen los requisitos, requerirá a los solicitantes para  que dentro de los cinco días  hábiles siguientes cumplan con lo observado.

Por el contrario, si califica como acreditados los requisitos, o bien, estos se han subsanado después de haberse prevenido, el órgano electoral expedirá la constancia de conformación del Observatorio Ciudadano.

III. De expedirse la Constancia  de Creación del  Observatorio  Ciudadano, la misma autoridad que la emitió citara a los integrantes  de aquel, señalando día, Iugar y hora para su instalación. La sesión de instalación será valida si existe el quórum legal para ello.

En  caso  de  que  no  exista  quórum  legal,  el  órgano  electoral  emitirá un segundo citatorio, si en esta no se  tiene el quórum de asistencia, el órgano electoral  declarara  tal hecho  y cancelara  la Constancia  de  Creación  del Observatorio Ciudadano. Ninguno de los ciudadanos que solicitaron pueden volver a hacerlo, sino hasta después de un año de la fecha de cancelación.

IV. El Instituto electoral llevara un registro de los Observatorios Ciudadanos, con los datos de sus miembros y demás necesarios para su identificación. Se deberá actualizar en forma permanente. El registro será público.

V.  El   Instituto   electoral  se   encargara  de   vigilar   y   certificar  que   los Observatorios Ciudadanos se integren y funcionen en los términos que establece la normatividad aplicable, en caso de que el observatorio o sus integrantes dejen de cumplir con los requisitos de ley, o Ia contravengan, el órgano electoral podrá cancelar su registro.

VI.               Los Observatorios Ciudadanos, previa acuerdo entre ellos, podrán dividirse, fusionarse o disolverse. El 6rgano  lectoral  certificara el acto de que se trate.

Artículo 42.-   Cada Observatorio Ciudadano expedirá su reglamentación, en que normara su organización y funcionamiento interno, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 43.-  Son derechos de los Observadores Ciudadanos:

I.    Recibir  capacitación,  información,  y   asesoría complementaría  a  su especialización, para el desempeño de su encargo;

II.              Ser convocados con oportunidad por los órganos del Estado o  servidores públicos a los eventos y reuniones en que hayan sido designados, previa acuerdo    de sus pares,  para  el   análisis  y   discusión   de   acciones trascendentales para la vida pública y estén relacionadas con el objeto del Observatorio;

III. Participar con derecho a voz en dichas reuniones y eventos;

IV. En caso de tener conocimiento de aetas que contravengan las normas que rigen la administración o de los aetas que afecten el ejercicio del gasto publico, los observadores ciudadanos deberán dar vista a las autoridades correspondientes; y,

V.  Integrar una red de Observatorios Ciudadanos con la finalidad de participar en sus grupos de trabajo, socializar sus logros y sistematizar la información.

Artículo 44.-  Son obligaciones de los Observadores Ciudadanos:

I.    Asistir  a los eventos y  reuniones en que hayan sido  invitados para el análisis y discusión de  acciones trascendentales para la vida publica y estén relacionadas con el objeto del Observatorio;

II.              Conducirse con respeto y veracidad durante los eventos y reuniones al expresar sus puntas de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados;

III. Estar en contacto permanente con los habitantes y ciudadanos, según el ámbito de acción y el objeto del Observatorio Ciudadano;

IV.             Ser conducto para canalizar los intereses de los habitantes y ciudadanos de su entorno;

V.  Observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casas que tenga conocimiento por motivo de su encargo;

VI. Informar semestralmente a la sociedad en general sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus funciones;

VII.           Realizar   permanentemente   el   monitoreo   ciudadano,   profesional  e interdisciplinario para identificar los problemas de Ia comunidad;

VIII.          Enviar trimestralmente un informe detallado de las acciones, programas o políticas publicas realizados por el órgano del Estado o funcionario publico al que estén adscritos, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección  de  Datos  Personales,  así  como  a  los  órganos   para  la Transparencia y Acceso a la Información de las entidades federativas según se trate, en los términos de las leyes de la materia; y,

IX. Las demás que expresamente se le asignen.

TÍTULO VII CAPÍTULO I
DE LOS RECORRIDOS DE AUTORIDADES

Artículo 45.- Recorridos de autoridades son un instrumento de participaci6n directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten acompañar a una determinada autoridad a la inspección física sobre la forma y condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés, para con ello formular de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución.

Artículo 46.- Los recorridos serán convocados obligatoriamente por el Poder Ejecutivo de la Federación, estados y municipios, de manera trimestral a través de los principales medios de comunicación, estableciendo con claridad, la fecha, hora y Iugar del mismo.

Artículo 47.- La autoridad publica para cumplir con este mecanismo, podrá convocar y delegar a los funcionarios de los ramos de la administraci6n publica correspondientes.

Artículo 48.-  La  autoridad  correspondiente, durante  la realización de  un recorrido, podrá acordar, basado en la necesidad y peticiones que oiga, que se realice una audiencia publica.

Artículo 49.- Los ciudadanos participantes bajo los principios rectores de esta Ley, plantearan de manera clara y específica a la autoridad las necesidades colectivas, así como sus propuestas de soluci6n.

Artículo 50.- Los resultados obtenidos deberán ser oportunamente difundidos por los Organismos de Transparencia para que la ciudadanía pueda darles seguimiento.

TÍTULO VIII CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 51. Las autoridades, partidos y ciudadanos que transgredan las disposiciones de esta ley, estarán sujetos a los diversos procedimientos de responsabilidad y a las sanciones que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, independientemente de las demás responsabilidades que establezca la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  La presente Ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias, contenidas en decretos, acuerdos y circulares, y en general todas aquellas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

TERCERO.- En un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto expedirá los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización de las consultas populares.

A T E N T A M E N T E