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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores


Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Iniciativas que se mantienen vigentes en la Legislatura LXII (Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen)


Propone que el Presidente de la República ejerza su encargo a partir del 1 de septiembre y no el 1 de diciembre, como se establece actualmente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN A LA TOMA DEL ENCARGO DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El suscrito, CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, Senador de la República a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y, 169, numeral 1 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que propone acortar el periodo para la toma del encargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

A México le urge acelerar el paso hacia la modernidad de sus instituciones en todos los ámbitos, pero cuando menos en lo político, económico y social. La nueva dinámica en el mundo nos está dejando atrás por lo que es impostergable realizar cambios profundos al sistema; de una u otra forma, países como China, India, Rusia y Brasil ya hicieron algo y ahora mismo tienen un lugar diferente en el orbe.

 

Existen evidencias claras de que el Estado Mexicano ya ha progresado en algunos rubros institucionales, como con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral (IFE), ambas fundadas en 1990. La primera como respuesta a la demanda internacional de garantizar el irrestricto respeto a los Derechos Humanos de los gobernados por parte del Gobierno y el segundo para brindar confiabilidad y certeza a los ciudadanos en materia electoral en cuanto a la organización, celebración y calificación de las elecciones en el país. Asimismo, en el 2000 nace la Auditoria Superior de la Federación y en 2003 el Instituto Federal de Acceso a la Información, instituciones todas ellas ejemplo de progreso, madurez y de la evolución que México requiere.

Sin embargo, hay otras instituciones que aun no cambian lo suficiente, como la Presidencia de la República. Esta institución, en cuanto al contexto de la presente iniciativa, continúa funcionando con procedimientos caducos, ambiguos y obsoletos que deben ser corregidos, pues no están acordes a las necesidades de estos tiempos y al ritmo que la sociedad demanda para el óptimo desempeño y consecuente progreso de nuestra nación.

Uno de los cambios que urge realizar, sin duda es el relativo a revisar, analizar y corregir excesivo espacio de tiempo que transcurre entre el día de la elección presidencial y la toma del encargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Nos toma CINCO largos meses llevar a cabo esta transición, que por cierto, es la más larga en América Latina y quizás en el planeta.

Conforme a la normatividad electoral, el día de la elección federal debe ser el primer domingo del mes de julio; días después, el IFE da a conocer los resultados oficiales de la votación de los ciudadanos e inicia la etapa procesal, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve las impugnaciones y da el resultado oficial formulando la declaración de validez de la elección de Presidente Electo al candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección.

Ahora bien, conforme al artículo 83 de la Constitución, el Presidente entrará a ejercer su encargo el 1° de diciembre y durará en él seis años. Este es el prolongado espacio de tiempo a que alude la presente iniciativa y sobre el que me referiré en adelante para proponer que el mismo sea acortado a dos meses, para que en lugar de iniciar el 1° de diciembre, inicie el 1° de septiembre.

 

Sin duda, el relevo en la Presidencia de la República, es un acontecimiento de gran relevancia para los mexicanos, pues marca la entrada en funciones del nuevo titular del Ejecutivo Federal, lo que significa el inicio de una nueva Administración Pública Federal. Por tanto, esta transición tendría que concretarse lo más pronto posible, a fin de que la Administración entrante tome las riendas, de certeza y estabilidad social al país.

Cabe señalar que cada seis años, durante estas prolongadas transiciones en el país, se han generado eventos muy desafortunados que han provocado grandes costos políticos y económicos a México; ni que decir de los sociales. Solo por mencionar uno de tantos, un Presidente saliente llego a decir: " Yo ya puedo decir cualquier tontería, al fin y al cabo ya me voy”.

Así pues, acortar el tiempo de transición para el relevo en la Presidencia de la República, es una necesidad y una prioridad nacional que permitiría a la administración Federal entrante echar a andar de inmediato los planes y proyectos propuestos en campaña. De esta manera, el nuevo gobierno y el país entero tendrían la oportunidad de acelerar los procesos de cambio a fin de acercarnos cada día más a la dinámica con la que se desarrolla el mundo actual.

Una precisión de gran relevancia. Por la naturaleza de la propuesta que nos ocupa considero que los cambios aquí propuestos, necesariamente tendrían que ser aplicados al Presidente de la República que correspondiera al periodo 2018 al 2024, presidencia que por única ocasión, tendría una duración de 5 años 9 meses, pues iniciaría su gestión el 1° de diciembre de 2018, pero con esta reforma concluiría la misma el 31 de agosto de 2024 para así dar posesión al nuevo Titular del Ejecutivo Federal el 1° de septiembre de 2024, por el periodo, 2024-2030.

En el marco histórico del país, hay que señalar que la Constitución de 1824 fijó el 1 de abril, como la fecha en que el Presidente y Vicepresidente electos entraban en funciones. Sin embargo, quienes votaban no eran los ciudadanos sino las legislaturas de los Estados el 1° de septiembre anterior; ellos elegían a dos ciudadanos para ocupar la titularidad del Ejecutivo Federal y la votación era remitida en un pliego certificado al Presidente del Consejo de Gobierno para que el 6 de enero próximo se diera lectura a las actas electorales enviadas por las legislaturas, en presencia de las dos Cámaras reunidas; al término se conformaba una comisión la cual calificaba la elección presidencial para que el 1° de abril tomaran el encargo, es decir, siete meses después del día señalado para la jornada lectoral.

La Constitución de 1836 estableció que el 16 de agosto del año anterior a la renovación del Supremo Poder Ejecutivo, debía elegirse al nuevo Presidente de la República por medio de ternas a propuesta del Consejo y Ministros en junta, el Senado y la Alta Corte de Justicia, misma que era presentada a la Cámara de Diputados, la cual elegiría a tres ciudadanos para remitir esa terna a las junta departamentales; el 15 de octubre, estas últimas debían elegir a uno de los tres ciudadanos y el 15 de diciembre, reunidas las dos Cámaras nombraban una comisión especial para calificar las elecciones; discutido y aprobado el dictamen de esta comisión en Congreso General, se declaraba presidente electo a quien resultara ganador, para que el 2 de enero entrara en funciones, es decir, después de cinco meses de iniciado el proceso electoral presidencial.

La jornada electoral, de acuerdo a la Ley Orgánica Electoral de 1857, se realizaría al día siguiente de nombrados los diputados. También señalaba que para la renovación de los supremos poderes de la federación, habría elecciones ordinarias cada dos años. Las primarias se verificarían el último domingo de junio y las de Distrito el segundo domingo de julio en que debía haber renovación, por lo que la jornada presidencial sería el lunes siguiente al segundo domingo de julio; es decir, transcurrían cinco meses entre el día que el candidato resultaba electo y su toma de posesión del cargo.

Con una modificación a la Constitución de 1857 efectuada por Porfirio Díaz mediante decreto del 6 de mayo de 1904, se estableció que el inicio del periodo presidencial seria el 1° de diciembre y duraría en su encargo seis años; aunque hay referencias de que el proyecto original del artículo 80 constitucional, señalaba el día 16 de septiembre como el inicio del periodo presidencial de cuatro años. Hay que decir que algunos presidentes ya habían tomado posesión el 1° de diciembre, como Benito Juárez en 1871; Sebastián Lerdo de Tejada al año siguiente por la muerte del Presidente Juárez; Manuel González en 1880 y el propio Porfirio Díaz en 1884.

Es en la Ley Suprema de 1917, aún vigente, que en su artículo 83 se dispuso el 1° de diciembre como la fecha de inicio del periodo presidencial.

Así, el Presidente que tomó posesión del cargo el 1° de diciembre en la era más reciente, fue Álvaro Obregón en 1920 y así continuaron los presidentes siguientes, hasta la actualidad, con la única excepción de Pascual Ortiz Rubio, quien lo hizo el 5 de febrero de 1930, debido a la realización de elecciones extraordinarias organizadas por el presidente interino Emilio Portes Gil, luego del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón.

Conforme a lo antes expuesto y por extraordinario que parezca, el artículo 83 de nuestra Constitución Política sólo ha sido reformado en tres ocasiones y ninguna de ellas tuvo que ver con el propósito de esta iniciativa.

En ese sentido, la primer reforma al artículo 83 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1927, planteó que el Presidente no podría ser reelecto para el período inmediato, pero pasado este, podría desempeñar nuevamente el cargo por un periodo más; al término del segundo periodo que hubiere ejercido, quedaba definitivamente imposibilitado para ser electo y desempeñar el cargo de Presidente en cualquier tiempo.

La segunda reforma al numeral 83 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1928, estableció que el Presidente duraría 6 años en su cargo y no podría ser reelecto para el periodo inmediato, pero tampoco podría ser reelecto para el periodo inmediato, el ciudadano que hubiere sido nombrado Presidente Interino en las faltas temporales del Presidente Constitucional.

La última reforma a este numeral constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933, consistió en que el Presidente de la República electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Reitero, ninguna de las tres reformas abordó el tópico sobre la fecha de inicio del periodo presidencial y mucho menos sobre lo extenso que es el periodo de transición, demostrando de esta manera que nos encontramos frente a un dispositivo cuya vigencia no se adecua a las trasformaciones que requiere el Estado Mexicano para encaminarnos a un futuro promisorio.

En el ámbito internacional, con relación al periodo que transcurre entre el día de la elección y el inicio de un nuevo periodo presidencial, podemos encontrar queArgentina, Ecuador, Perú, Panamá y Honduras dedican menos de dos meses para este proceso y, con menos de tres meses, Brasil, Nicaragua, Chile, El Salvador, Colombia y Costa Rica; destacando el caso de Bolivia que tarda tan sólo 35 días.

En Europa, en la elección más reciente de Alemania, pero tomando en consideración que no son los ciudadanos quienes eligen al próximo Presidente, dicho relevo se realizó de manera inmediata. Este acto lo realizan durante el mes previo al vencimiento del mandato respectivo con el voto de la mayoría de los miembros de la Asamblea Federal. En Francia, el relevo presidencial más cercano tardó, en segunda vuelta, tan sólo 5 días. Por su parte, a España le llevó su transición más actual aproximadamente un mes, Portugal 45 días y Rusia dos meses.

En fin, las distintas posturas y nociones sociales, políticas y económicas, respecto al relevo presidencial, son un punto fundamental para que nuestra Nación se ponga a la vanguardia en este tema.

Acortándose el tiempo que nos lleva la transición, es decir, del día de la elección al inicio del nuevo gobierno, además de evitar que se genere un vacío de poder entre el Titular del Ejecutivo saliente y el entrante, por la incertidumbre en cuanto a la vigencia y aplicación de las políticas públicas del gobierno que culmina, ganaríamos tres meses muy valiosos para la construcción a conciencia del país que queremos. Asimismo, ahorraríamos recursos muy considerables del erario federal que podrían ascender a 150 millones de pesos.

Hablando de recursos, este periodo de transición también pone en riesgo el ámbito económico del país, pues a partir de que el Ejecutivo inicia su encargo oficialmente, o sea el 1° de diciembre, éste deberá entregar a más tardar el 15 de diciembre el Proyecto de Ley de Ingresos y el de Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que podría significar entregar un presupuesto apresurado y probablemente incompleto, pues en teoría, sólo cuenta con 15 días para elaborarlo. A eso hay que agregar que la Cámara de Diputados cuenta también con solo 15 días para aprobar dichos proyectos, es decir, tiene hasta el 31 de diciembre.

Como sabemos, el Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. En él se especifica el monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Por su parte la Ley de Ingresos es el Instrumento jurídico que establece anualmente los ingresos del Gobierno Federal que deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, etc.

En ese sentido, hay que considerar muy seriamente todos los beneficios que se obtendrían para el país si estos dos instrumentos de gran relevancia para la salud financiera de México, se construyeran a partir del 1° de septiembre y no hasta el 1° de diciembre como señala la actual norma constitucional.

 

A lo anterior habría que agregar la posibilidad que se abriría para también construir desde septiembre, a la par del paquete económico, el Plan Nacional de Desarrollo. De esta manera, en febrero podríamos tener listo este trascendental instrumento de planeación gubernamental para echarlo a andar de inmediato, y no hasta el mes de mayo o junio como se contempla en la Ley de Planeación.

Esto es importante, ya que el Plan Nacional de Desarrollo establece los programas a desarrollar por el Gobierno Federal para alcanzar los objetivos que se plantea. Si el paquete económico y el Plan Nacional de Desarrollo son instrumentos que están hermanados para un mejor destino como país, reitero, sería muy positivo que se realizaran paralelamente y así tener una planificación más sólida para el porvenir en materia económica, política y social.

A mayor abundamiento, la Ley de Planeación en lo conducente a esta iniciativa establece que: “El Plan Nacional de Desarrollo se elabora durante los primeros seis meses de cada sexenio, siguiendo el mandato establecido en el artículo 26 de la Constitución y la reglamentación de la Ley de Planeación y es el documento en el que se fijan los objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo integral y sustentable del país”.

Con base en lo anterior, cada que inicia un sexenio, México debe esperar 6 meses para saber el rumbo, las estrategias y los proyectos que se realizarán durante el mandato del titular del Ejecutivo, y no sólo eso, sino que se implementará de manera efectiva hasta el segundo año de gobierno con el Presupuesto y la Ley de Ingresos que lograre impulsar. Por eso, considero que no hay razón para esperar tanto tiempo, pues desde el periodo de la contienda, es decir desde las campañas, los candidatos exponen sus propuestas a las cuales sólo les faltaría ser pulidas y aterrizadas con cifras oficiales. Qué mejor que realizar esto lo más pronto posible para desarrollarlo e implementarlo.

Estoy consciente de que esta reforma implicaría además diversas reformas a la normatividad secundaria para su adecuada aplicación, mismas que en su momento habrán de plantearse.

En lo social, hay que agregar que durante el último periodo de receso del tercer año de ejercicio de una legislatura, coincidente con la elección presidencial, así como los primeros tres meses del primer año de ejercicio de la legislatura entrante, se caracteriza por ser de las más improductivas, debido a que los asuntos a tratar provienen de un Ejecutivo que ya no manda.

Además, es un periodo de mucha inestabilidad y en el cual no se deberían tomar decisiones trascendentales o irresponsables por parte del Ejecutivo Federal, pues repercutirían no solo en el final de su administración, sino en el comienzo de la nueva. Otra consecuencia de este periodo, es la larga ofensiva política que se suele hacer en contra del candidato electo como Presidente de la República, dando como resultado un menoscabo de la figura institucional del Ejecutivo Federal, lo que podría propiciar un estado de desorden.

Otras consecuencias graves son que el último Informe de Gobierno que rinde el Presidente de la República saliente el 1° de septiembre, necesariamente tuvo que tener una fecha de corte de información previa, de cuando menos un mes. Consecuentemente, generalmente no se conoce el destino, acciones y gasto de las actividades realizadas por el Presidente saliente entre la fecha del corte referido y la fecha del fin de su administración, pues el presidente entrante regularmente informa sólo a partir del inicio de su gestión.

En concreto, con esta iniciativa se pretende eliminar todos los riesgos que implican la existencia de este vacío de poder que se produce durante un periodo en el que nadie gobierna a plenitud, por lo que esta propuesta daría mayor legitimidad, seguridad y certeza jurídica, económica, política y social a la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propone acortar el periodo para la toma del encargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1° de septiembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o substituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto, por la trascendencia de su aplicación, entrará en vigor para el periodo presidencial 2018-2024, presidencia que por única ocasión tendrá una duración de 5 años 9 meses, es decir, del 1° de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2024.

SEGUNDO. Todas las disposiciones que se opongan al presente decreto quedan derogadas.

A t e n t a m e n t e,

SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de julio de dos mil doce.

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