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Gaceta de la Comisión Permanente


Miércoles 31 de julio de 2013
Gaceta: LXII/1SPR-25

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Poder Ejecutivo Federal

Comunicaciones

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la Conferencia de Sun Valley, celebrada los días 10 y 11 de julio de 2013, en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos de América.

QUEDÓ DE ENTERADO.
SE REMITIRÁ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE DE LA CÁMARA DE SENADORES, A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA SEGUNDA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE.

Una, de la Primera Comisión de la Comisión Permanente en relación con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LA MESA DIRECTIVA CONSULTÓ LA DISPENSA DE TRÁMITES PARA 17 SOLICITUDES DE PERMISO, A PARTIR DE LA DECLARATORIA DE APROBACIÓN DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL EL PASADO 24 DE JULIO.
LA ASAMBLEA AUTORIZÓ LA DISPENSA, PRESENTÁNDOSE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO UN PROYECTO DE DECRETO QUE RESULTÓ APROBADO.
SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

De las Diputadas María de la Paloma Villaseñor Vargas y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Las modificaciones propuestas para los artículos 1 y 3, tienen como objeto hacer explícita la obligatoriedad de la ley en todo el territorio nacional y hacer imperativo que las medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean pertinentes, deben llevarse a cabo para lograr los objetivos de la Ley. En este mismo sentido, los artículos 6 y 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, deben reconocer en su texto la responsabilidad de toda la federación para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.

Las propuestas de modificación a los artículos 10, 12, 18 19 y 28, tienen que ver con modificaciones que reconozcan más ampliamente los derechos de salud, educación, vivienda, transporte y justicia, respectivamente.

La reforma al artículo 12 fracción XII, es una precisión que faculta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tenga la facultad de celebrar convenios con instituciones de educación superior para que sus estudiantes realicen el servicio social obligatorio, en favor de personas con discapacidad.

La reforma al artículo 18 tiene por objeto hacer explícita la importancia y obligatoriedad de respetar el derecho a la accesibilidad en la vivienda y su entorno, a través de la observancia de lo relativo a la accesibilidad para personas con discapacidad y el diseño universal, en las leyes y en reglamentos de urbanismo y construcción.

La modificación en materia de derecho al trasporte, contemplado en el artículo 19, tiene que ver con la no discriminación a las personas que, por su condición de discapacidad, requieren de la asistencia de un animal para su traslado.

La precisión que se propone en el artículo 28, tiene como fin reconocer que las personas con discapacidad que, por la razón, circunstancia o en la calidad que sea, utilice los servicios de justicia, cuente con la asistencia que requiera, de forma gratuita y acorde con su condición.

En el artículo 42 propone que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pueda recibir y dar trámite a quejas o denuncias por la violación a los derechos humanos o actos de discriminación en agravio de personas con discapacidad, por parte de servidores públicos de la administración pública de cualquiera de los tres niveles de gobierno.

La propuesta de modificación a los artículos 44 y 53, tienen por objeto dejar en claro que los representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad, tanto en la Asamblea Consultiva, como los representantes de la asamblea en la Junta de Gobierno del Consejo, deberán ser miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad y no podrán ser funcionarios públicos en activo.

De legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética.

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA HICIERON USO DE LA PALABRA LOS LEGISLADORES:

DIP. LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA, PAN.
SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, PAN.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE ENERGÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

La iniciativa se presenta como una reforma constitucional integral que incorpora, de acuerdo con la propia iniciativa, los objetivos que deben estar contemplados en toda política energética moderna: seguridad de suministro, competitividad, sustentabilidad y viabilidad fiscal. En arreglo normativo en materia energética propuesto por la iniciativa, contempla las áreas del petróleo y los hidrocarburos, así como el sector eléctrico.

En lo que concierne a las adiciones al Artículo 25 Constitucional, pretende que en la rectoría del desarrollo nacional, se garanticen bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; adicionalmente, se fortalece el principio de sustentabilidad que debe regir en las empresas de los sectores social y privado de la economía y en el desarrollo industrial.

Propone reformar el sexto párrafo del artículo 27 constitucional para señalar que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la Nación por conducto de los operadores que realicen las actividades de exploración y producción del petróleo y los hidrocarburos. En tal sentido, se suprime del texto constitucional la prohibición de que en el caso del petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos. En el caso de los minerales radioactivos y de la energía nuclear, permanece la restricción actual. Finalmente, propone reformar la última parte del párrafo sexto del artículo 27 constitucional para eliminar la restricción para no otorgar concesiones a los particulares.

En cuanto al Artículo 28, se propone elevar a rango constitucional a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órgano encargado de regular la exploración y extracción de hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, cualquiera que fuere su estado físico. Para lograr lo anterior, dicha Comisión tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento de concesiones tanto para Petróleos Mexicanos como para los demás operadores que tengan el interés de explorar y explotar petróleo y los hidrocarburos en territorio nacional.

En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía, se incorpora dentro del artículo 28 constitucional como parte de los órganos reguladores en materia energética, que tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realicen los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que prevea la legislación que el Congreso de la Unión apruebe.

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 35, 36 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Participación Ciudadana.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA, DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Propone la expedición de la Ley de Participación Ciudadana como ley reglamentaria de los artículos 35, fracción VIII, 36, fracción III y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación e iniciativa ciudadanas.

En el Título I, establece en su Capítulo I, las Disposiciones Generales en la materia; en su Título II, en su Capítulo I, desarrolla lo relativo al Procedimiento y la Convocatoria para la celebración de la Consulta; en su Capítulo II, desarrolla lo referente a la Difusión de la Consulta Popular en radio y televisión; en su Título III, en un Capítulo I, desarrolla las Atribuciones de la autoridad electoral.

En un Título IV, desarrolla en su Capítulo I, lo referente a los Resultados vinculatorios de la Consulta Popular; en un Título V, en el Capítulo I, desarrolla lo relativo a los Medios de Impugnación; en un Título VI, que titula de la Iniciativa Ciudadana, establece en el Capítulo I, los requisitos de admisión y trámite; en el Título VII, desarrolla lo relativo a los Observatorios Ciudadanos; en su Título VIII, en un Capítulo I, establece las normas que regulan los recorridos de autoridades; y en un último Título, el IX, en su Capítulo I, desarrolla lo relativo a las Responsabilidades y Sanciones.



Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos in fine a la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el artículo 24 bis a la Ley del Banco de México.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Mediante la adición de dos párrafos a la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios, propone que en la fórmula para determinar el precio de las gasolinas se armonice el costo de oportunidad con el costo de producción nacional de las gasolinas. Para ello se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá considerar en la fórmula para calcular el precio de las gasolinas los factores siguientes:

I. La armonización del precio internacional que se tome como referencia al efecto con el costo de producción nacional hasta colocar el combustible en el punto de venta final; y
II. La ponderación que haga el Banco de México sobre el precio de las gasolinas en función de su atribución de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

Asimismo se estable la obligación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en el Diario Oficial de la Federación los factores que haya tenido en cuenta para fijar los precios de las gasolinas y el razonamiento correspondiente.

Por otra parte, con la adición de un artículo 24 bis a la Ley del Banco de México, se establece la obligación del Banco de México de expedir los criterios que permitan armonizar el objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda con la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fijar el precio de los combustibles.

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone adicionar el artículo 31bis de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, para definir de manera clara a quienes se entenderá como empleados superiores de Hacienda, sujetos a la ratificación del Senado de la República:

1. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;
2. Subsecretario de Egresos;
3. Subsecretario de Ingresos;
4. Procurador Fiscal de la Federación;
5. Tesorero de la Federación;
6. Jefe del Servicio de Administración Tributaria;
7. Oficial Mayor;
8. Administrador General de Recaudación;
9. Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;
10. Administrador General de Aduanas;
11. Administrador General Jurídico;
12. Administrador General de Grandes Contribuyentes;
13. Jefe de Unidad de Inteligencia Financiera;
14. Jefe de Unidad de Crédito Público;
15. Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas;
16. Titular de la Comisión Nacional;
17. Titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, y
18. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone adicionar dentro de los conceptos de la Ley del Seguro Social, al salario base de cotización, el cual se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Asimismo, define al trabajador estacional del campo, como aquella persona física que es contratada para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación. Señala que los trabajadores estacionales del campo accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la Ley.

Define al salario de referencia, como el importe estimado como ingreso promedio diario de los trabajadores estacionales del campo.

Señala que los trabajadores estacionales del campo y sus patrones se sujetarán a las siguientes modalidades: el Estado cubrirá las prestaciones en dinero y en especie, así como los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad; los patrones cubrirán en términos de la Ley las cuotas para los seguros de Riesgo de Trabajo, Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; las cuotas patronales se calcularán con base en el salario de referencia establecido en la Ley.



Establece que el IMSS brindará la atención correspondiente a los trabajadores que aún no hubiesen sido registrados, previa acreditación de los mismos de su calidad de trabajadores estacionales del campo mediante el Formato de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC) emitido por el IMSS y expedido por el patrón.

Señala que es obligación de las personas físicas o morales que adquieran cultivos en pie, así como explotaciones ganaderas, acuícolas o forestales, respecto a los cuales se requiera el empleo de trabajadores estacionales o eventuales del campo para culminar el ciclo productivo, registrarse y registrar a sus trabajadores ante el Instituto a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha en que tales actos ocurran.

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción I y el párrafo sexto del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone disminuir los ingresos acumulables de 34,803,950 a 20,000,000 a las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales obligadas a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado.

De los Diputados Amalia García Medina y Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone disposiciones generales que establecen el objeto y ámbito de aplicación de la Ley Federal de Consulta Popular, así como los conceptos normativos de la consulta popular y sus mecanismos, el plebiscito y referéndum.

La Ley tiene por objeto, garantizar y proteger el derecho de las y los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional; establecer las normas y principios para regular la consulta popular realizada mediante los mecanismos de plebiscito y referéndum; y promover y fortalecer la democracia semidirecta concretada a través de la consulta popular.

Se define el Plebiscito, como el mecanismo de consulta popular, por medio del cual las y los ciudadanos mexicanos determinan su aprobación o desaprobación de aquellos actos, omisiones o decisiones ejecutados o de inminente ejecución por el Ejecutivo Federal, de trascendencia nacional, que son puestos a su consideración por convocatoria del Congreso de la Unión, y al Referéndum, se le define como el mecanismo de consulta popular, por medio del cual el Congreso de la Unión convoca a las y los ciudadanos mexicanos para que expresen su aprobación o desaprobación sobre la expedición, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión o que se encuentren en discusión legislativa.

No podrá ser objeto de consulta popular, la restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano; la restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; en materia de seguridad nacional; la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente; y el nombramiento o destitución de los titulares de las secretarías o dependencias del Ejecutivo.

Se establecen como principios rectores de la consulta popular, la Autonomía; la Corresponsabilidad; la Democracia; la Legalidad; la Trasparencia y Rendición de Cuentas; y, la Solidaridad. Corresponde la aplicación de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias al Congreso de la Unión; el Ejecutivo Federal; la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación; la Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Federal Electoral; y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Las y los ciudadanos tienen los derechos irrenunciables de promover, solicitar, participar directamente y votar en los mecanismos de consulta popular, así como impugnar sus resultados ante las instancias jurisdiccionales competentes; denunciar, ante las autoridades correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley; y, los demás que se establezcan en esta ley y otras leyes de ámbito federal. En la votación de la consulta popular sólo podrán participar las y los ciudadanos mexicanos que cuenten con credencial para votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la jornada de consulta y se encuentren registrados en las respectivas listas nominales. Toda organización civil legalmente constituida y con domicilio en el territorio nacional, tiene el derecho de promover y solicitar formalmente, en representación de sus miembros, la realización de consultas populares.
Las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República; del veinte por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o, al menos el cero punto cinco por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Las jornadas de las consultas deben realizarse cuando el Congreso de la Unión lo determine y la cantidad máxima de preguntas o cuestionamientos que podrán realizarse a la ciudadanía en una consulta popular será de cinco, de manera clara y comprensible.

El procedimiento para la jornada de la consulta popular comprende las etapas de organización, desarrollo, cómputo, y declaración de resultados. Para la emisión del voto se imprimirán las boletas de consulta correspondiente, con base en el modelo que diseñe la UNAM, debiendo contener, cuando menos, los siguientes datos: entidad federativa y distrito electoral; sello y firmas impresas del Presidente y Secretario Ejecutivo; talón desprendible de cada boleta con número de folio consecutivo; la pregunta o preguntas sobre si la o el ciudadano, está conforme o no, con el acto, decisión u omisión que se somete a plebiscito; cuadros o círculos para la respuesta mediante el SÍ o el NO, y una descripción legible y comprensible del acto, decisión u omisión sometido a consulta.

La Universidad Nacional Autónoma de México deberá emitir una declaración firme de validez del resultado de la consulta popular en un plazo no mayor a quince días naturales posteriores a la realización de dicha consulta, publicarla en el Diario Oficial de la Federación, en su sitito electrónico y en por lo menos tres diarios impresos de circulación nacional, así como hacerla del conocimiento del Congreso de la Unión.

El resultado de la consulta popular será vinculatorio para el Ejecutivo o, en su caso, para el Congreso de la Unión y demás autoridades involucradas cuando sea aprobado por mayoría de votos y, de conformidad con lo previsto por el apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional, cuando la votación corresponda al menos al diez por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Propone sancionar y vigilar la relación, con aspectos de gobernabilidad, que los funcionarios, empleados o personal de gobierno tienen al entrar en contacto con infantes y adolescentes se encuentre bajo el cuidado de respetar sus derechos humanos irrestrictamente.

La iniciativa adiciona una fracción al artículo 47 que refiere las obligaciones de los servidores públicos para establecer que todo servidor público deberá abstenerse de maltratar física, verbal, psicológica o emocionalmente a un menor de edad.

En materia de sanciones la iniciativas establece que cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daño y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos, y cuando infieran maltrato físico, psicológico, verbal o emocional a un menor de edad.

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, por lo que establece que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad. El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa social justa.

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Ernesto Ruffo Appel, Sonia Mendoza Díaz, Javier Corral Jurado, María Marcela Torres Peimbert y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de candidaturas independientes.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Propone incorporar a los candidatos independientes en el funcionamiento del Instituto Federal Electoral y en los procesos electorales; homologa en los términos constitucionales, los derechos y obligaciones de los candidatos independientes con las de los candidatos de los partidos políticos, a efecto de generar equidad, salvo aquellas inherentes a su propia naturaleza.

En cuanto al financiamiento establece que los candidatos independientes deben: tener una cuenta bancaria específica para su postulación; presentar un informe de gastos ejercidos durante la etapa de búsqueda de respaldo ciudadano; el IFE administrará la totalidad de los recursos de fuente pública que utilizará para la campaña electoral; para el desarrollo de la campaña, el financiamiento público podrá ser de hasta el cincuenta y uno por ciento del tope de gastos de campaña, definido para cada tipo de elección y el porcentaje restante será privado; el remanente de recursos privados se donarán a instituciones de beneficencia y asistencias pública, y los candidatos independientes están obligados a devolver al IFE los recursos públicos que no sean debidamente comprobados.





En relación al proceso de registro de candidatura: deberán entregar el aviso por escrito ante el órgano del IFE que corresponda, de acuerdo al tipo de candidatura, durante el mes de julio del año previo al día de la jornada electoral; no podrán ser militantes de un Partido Político, o bien, deben renunciar a dicha militancia; deben designar un representante ante el IFE y un responsable de sus finanzas; deberán obtener el respaldo ciudadano; el Registro estará a cargo del IFE, y los ciudadanos deberán asistir ante el órgano correspondiente para dar sus datos y firmas. Se podrán establecer módulos para facilitar esta tarea; deben presentar su declaración de principios y su programa de acción; no se podrá apoyar a más de 2 candidatos independientes que se postulen para un mismo cargo; de cumplir con las firmas y requisitos se le otorgará su constancia de registro.


De los Diputados Trinidad Morales Vargas, Mario Miranda Salgado y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que crea la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El proyecto de Ley tiene como finalidad reglamentar la fracción VII del artículo 35 y la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer las normas y procedimientos por los que se regirá la presentación, discusión y aprobación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana en el Congreso Federal. La Iniciativa Legislativa Ciudadana se ejercerá mediante la presentación de un proyecto suscrito por al menos el cero punto trece por ciento (0.13%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que el Instituto Federal Electoral determine.

El proyecto dispone que la Cámara de Diputados funja como cámara de origen para la presentación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana ante el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores actúe como cámara revisora.

La ley tendrá las siguientes finalidades en cualquier materia de carácter federal, reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aprobar una nueva ley, y reformar, adicionar o abrogar una ley vigente. No podrán ser objeto de Iniciativa Legislativa Ciudadana los proyectos referidos a materia presupuestal, fiscal o tributaria; política exterior; regulación interna de la Administración Pública Federal; regulación interna del Congreso; regulación interna del Poder Judicial de la Federación, y seguridad nacional.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados revisará la procedencia de la iniciativa en cuanto a lo relativo a la estructura y materia de la propuesta de la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Para ello, contará con 10 días hábiles. Una vez transcurrido este periodo, deberá comunicar en un escrito su decisión al o los promotores y publicarlo en el portal de internet de la Cámara de Diputados. De resultar procedente, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados publicará, igualmente y de manera íntegra, la versión electrónica del proyecto de la Iniciativa Legislativa Ciudadana en el portal de internet de la Cámara de Diputados, a efecto de ponerla a disposición de la ciudadanía. En caso de que ser improcedente, el escrito a que hace referencia el primer párrafo de este artículo deberá estar debidamente fundamentado.

En caso de ser procedente, el o los promotores dispondrán de 180 días hábiles para la recolección de las firmas de quienes apoyen el proyecto, contados a partir de la publicación del proyecto de Iniciativa Legislativa Ciudadana en el portal de internet de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados deberá especificar en el portal de internet la fecha a partir de la cual comienza a contabilizarse el plazo señalado, así como su vencimiento.

Si la iniciativa no fuese admitida por no contar con el número de firmas validadas requerido, podrá ser nuevamente presentada en el transcurso del siguiente año legislativo, indistintamente de la legislatura que corresponda, siendo válidas las firmas anteriormente recabadas y autentificadas.

El plazo de dictaminación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana comenzará a computarse, a partir de que es recibida por la comisión o comisiones correspondientes, sin que deban de transcurrir más de cinco días hábiles desde que el Presidente de la Mesa Directiva haya dictado el turno. No deberán transcurrir más de dos sesiones de publicación en el Orden del Día correspondiente sin que la Mesa Directa dicte el turno respectivo.

Ambas cámaras del Congreso tendrán la obligación inexcusable de dictaminar las Iniciativas Legislativas Ciudadanas. El procedimiento de dictaminación se apegará a los siguientes plazos: Un plazo máximo de 60 días hábiles para emitir el dictamen, si la Iniciativa Legislativa Ciudadana versa sobre proyectos de reforma constitucional o de creación de nuevas leyes. El plazo será de máximo 30 días hábiles, si el proyecto versa sobre reformas a la legislación secundaria federal. En caso de ampliación, modificación o rectificación de turno, los plazos volverán a computarse de conformidad con lo establecido en los reglamentos de ambas cámaras. Los plazos de dictaminación se interrumpirán en los periodos de receso y deberá continuar en el Periodo Ordinario inmediato indistintamente del año legislativo o legislatura que continúe. En ningún caso los plazos establecidos en este artículo serán prorrogables. Si ha transcurrido el plazo máximo señalado para emitir dictamen por la comisión o comisiones dictaminadoras, el Presidente de la Cámara deberá someter de inmediato a la consideración del Pleno el proyecto de ley o decreto en sus términos, para su discusión y votación, observando lo dispuesto por esta ley y por los reglamentos de cada cámara.

Una vez recibido el dictamen de la Iniciativa Legislativa Ciudadana por la Mesa Directiva, no podrán transcurrir más de dos sesiones sin que se someta a discusión y votación por el Pleno. La discusión y votación de los dictámenes relativos a la Iniciativa Legislativa Ciudadana se sujetará a lo previsto en el reglamento de cada cámara.

Aprobado un proyecto en la Cámara de Diputados, pasará para su discusión a la Cámara de Senadores en calidad de minuta, y continuará su procedimiento legislativo de conformidad con los artículos 72 y 135 constitucional, según el caso. Cuando la minuta que contenga un proyecto de ley o decreto de Iniciativa Legislativa Ciudadana sea desechada, en todo o en parte, o modificada por la Cámara de Senadores, ésta deberá devolverla, acompañada de las observaciones pertinentes, a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72, apartados D o E, de la Constitución, la cual contará con plazo de diez días hábiles para resolver lo conducente.

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 9 fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el penúltimo párrafo del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone exentar del pago del impuesto al valor agregado la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, asimismo, quedan incluidas en este concepto, aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, gas, aire acondicionado, puertas, closets, barandales, ventanas, canceles de baño, cocinas integrales, sistemas alternativos de generación de energía, redes informáticas para dotar de internet, entre otras, siempre y cuando en todos los casos el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra de igual naturaleza ubicadas en el exterior, de carácter general y público e independientes de la casa habitación.

Del Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, tercero y quinto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone reformular el llamado “secreto fiscal” previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para transparentar cualquier situación que pudiera impactar los ingresos y el gasto públicos, circunscribiéndolo exclusivamente a las personas morales.

La reforma establece que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos personales suministrados por los contribuyentes personas físicas o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Por otra parte, establece que la información que deba suministrarse en los términos de este artículo, sólo deberá utilizarse para los fines que dieron origen a la solicitud de información. Y establece que solo se podrán publicar los siguientes datos por grupos de contribuyentes: localidad, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas.

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 52, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone reformar el antepenúltimo párrafo artículo 52 del Código Fiscal de la Federación así como adicionarle un inciso d) con un primer y segundo párrafos al mismo. Con la reforma al antepenúltimo párrafo se elimina el mandato que dispone dar inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión, cuando ocurra incumplimiento por parte de los contadores a cualquiera de las disposiciones referidas en este mismo artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro.

Con la adición de un inciso d) la iniciativa establece que la resolución que imponga al Contador Público como sanción un exhorto, amonestación o suspensión, comenzará a cumplirse hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación. Y si a más tardar al vencimiento del citado plazo se acredita la impugnación que se hubiere intentado, se suspenderán los efectos de la resolución hasta en tanto no exista sentencia firme. En estos casos se dará aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión hasta que haya causado estado la sentencia firme.

Del Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone reformas constitucionales para que los municipios adquieran potestad tributaria plena, a partir de obtener facultad para establecer tasas, cuotas y tarifas; facultad para establecer todos los elementos de las de las contribuciones por servicios públicos (objeto, sujeto, base, tasas, cuotas y tarifas, periodo de pago, exenciones, etc.); facultad para aprobar su propia Ley de Ingresos; y, facultad para aprobar su Ley de Hacienda, Códigos Fiscales, Códigos Financieros o Hacendarios.

La iniciativa señala que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que los ayuntamientos establezcan a su favor; y señala que percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan sus ayuntamientos sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Finalmente establece que los municipios aprobarán las leyes de ingresos de sus municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO Y DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone que para beneficiar a los municipios en la asignación del Fondo de Fomento Municipal, se incrementa en por lo menos tres puntos porcentuales respecto de la recaudación federal participable.

Se incorpora a los municipios como participantes en la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios; en lo que corresponde al Fondo de Fiscalización se incrementa el 5% al porcentaje que recibirán los municipios como mínimo.

Se elimina la intervención de las Legislaturas Locales de los estados en la distribución y en el entero de las participaciones, por lo que se propone que sea el gobierno federal quien realice los cálculos de distribución y entregue el importe a los gobiernos estatales para que este, a su vez, lo haga de forma directa a cada municipio.

Del Dip. Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para aumentar el porcentaje del Fondo General de Participaciones a los municipios para pasar de un 20 a un 25 por ciento. Así, dispone que dicho Fondo se constituirá con el 25% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. Y establece que las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 35% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.

Con la reforma al artículo sexto de la misma ley, propone que se incrementen las participaciones federales que recibirán los Municipios del total General de Participaciones incluyendo sus incrementos, pasando del 20 al 35 % y estableciendo que nunca serán inferiores a este porcentaje de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.

Finalmente, se establece que los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 35% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo segundo de esta Ley.

Del Dip. Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que modifica el artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone que se castigue con prisión de dos a ocho años al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad y no con la pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad como se encuentra actualmente.

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

La iniciativa pretende que los ciudadanos tengan mayor participación en la toma de decisiones políticas, mediante el establecimiento de figuras propias de la democracia participativa como es la revocación de mandato, entendida como la facultad de los electores para destituir a funcionarios públicos de su cargo, antes de finalizar su mandato.

En tal sentido, adiciona una fracción VI al Artículo 35 Constitucional, para instituir como una prerrogativa más del ciudadano, la de revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente, sujetándose a lo dispuesto por la Constitución y por la ley reglamentaria que para dichos efectos se tendría que expedir.





De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo:
Por el que la Comisión Permanente se pronuncia enérgicamente en contra de los actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.

INTERVINIERON LOS LEGISLADORES:
DIP. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, PAN.
DIP. LIZBETH ROSAS MONTERO, PRD.
DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, MC.
FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

De la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo:
Por el que se solicita a diversas dependencias información y acciones respecto a la situación del sector de la vivienda en el país.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

De la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en coordinación con los gobiernos de diversos estados, realice las acciones para la promoción turística de las playas que cuentan con certificaciones nacionales e internacionales de playas limpias.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

De la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a la Comisión Federal de Competencia a considerar el inicio de una investigación de oficio respecto a la producción, comercialización y distribución del huevo a nivel nacional y solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar sus labores de vigilancia y verificación a fin de que no haya especulaciones o aumentos desproporcionados en los precios de los productos agropecuarios, en especial del limón mexicano.

FUE APROBADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.