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Gaceta de la Comisión Permanente


Miércoles 03 de agosto de 2011
Gaceta: LXI/2SPR-27

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FUE APROBADA, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Poder Ejecutivo Federal

Comunicaciones

SECRETARÍA DE SALUD.
Oficio con el que remite el “Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud”, del primer semestre del 2011.

SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE SALUD DE LA CÁMARA DE SENADORES Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Comunicaciones

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
Oficio con el que remite el Informe Final de la Evaluación de Diseño del Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos.

SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Y DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CÁMARA DE SENADORES Y DE DESARROLLO METROPOLITANO Y DESARROLLO SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Agencia de Noticias del Estado Mexicano

Oficio en relación con su Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio de 2010, recibido el 11 de mayo de 2011.

SE REMITIÓ A LA PRIMERA COMISIÓN Y A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN; Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE LA CÁMARA DE SENADORES; Y A LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES Y DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Gobierno de la Ciudad de México

Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:

132 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, A CELEBRARSE EL LUNES 8 DE AGOSTO, EN ESTA CIUDAD.
SE DESIGNÓ EN COMISIÓN AL DIP. FELICIANO ROSENDO MARÍN DÍAZ.

490 ANIVERSARIO DE LA DEFENSA HEROICA DE MÉXICO TENOCHTITLAN, A CELEBRARSE EL SÁBADO 13 DE AGOSTO, EN ESTA CIUDAD.
SE DESIGNÓ EN COMISIÓN AL DIP. JOSÉ LUIS JAIME CORREA.

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone establecer que el sistema de autofacturación digital por medio de proveedores se contemple en el Código Fiscal de la Federación para las empresas que compren residuos a pequeños proveedores informales. Lo anterior para facilitar las operaciones de las empresas, regularizar la actividad de la recolección, e incentivar a la formalización de pequeños proveedores, lo anterior para estimular el reciclaje de materiales y proteger así al medio ambiente.

La adición de un párrafo al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, establecería que los contribuyentes que tengan como actividad la recolección y venta de residuos sólidos y que realicen operaciones cuyo monto no exceda de $5,000.00, mensuales podrán emitir sus comprobantes fiscales en forma impresa por medios propios o a través de terceros, siempre y cuando reúnan los requisitos que se precisan en el artículo 29-A de este Código, con excepción del previsto en las fracciones II y IX del citado precepto.

Señala el autor, que la iniciativa resulta acorde con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el cual establece en su fracción XXI que son facultades de la Federación diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de incentivos económicos, fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la generación de residuos; su valorización; su gestión integral y sustentable, así como prevenir la contaminación de sitios por residuos y, en su caso, su remediación.

De diversos legisladores de los Grupos Parlamentarios, la que contiene proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados; abroga la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Civil Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La presente Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y tiene por objeto tutelar la libertad y la dignidad de las personas y los demás derechos humanos reconocidos universalmente y regular las acciones del Estado Mexicano en la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en ella, así como establecer los tipos penales, las sanciones y el procedimiento penal aplicable, así como la distribución de competencias y formas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

La Ley tipifica el delito de Trata de Personas y cada uno de los delitos que se le relacionan, estableciendo las sanciones que deben aplicarse en cada caso, las sanciones por acumulación de delitos cuando se relacionen, las hipótesis de su agravamiento y las reglas comunes a todos los casos en la interpretación y aplicación de estas disposiciones.

Regula todo lo relativo a los derechos de las víctimas y las personas que les rodean, en lo que hace tanto a su atención integral, sus derechos, protección y seguridad durante los procesos, el resarcimiento y reparación de los daños, los derechos de las víctimas extranjeras y las medidas para su protección en el largo plazo, cuando haya participación de delincuencia organizada.

Se establece la obligación de la Procuraduría General de la República de crear un Programa de Protección a Víctimas y Testigos, las reglas básicas de su funcionamiento y la creación de una instancia específica para operarlo. Se redefine la integración, organización, funcionamiento y facultades de la Comisión Intersecretarial y de los contenidos del programa Nacional en la materia, así como las responsabilidades de cada una de las dependencias que intervienen y la evaluación de los resultados.

Incorpora un capítulo referente a la prevención del delito, las políticas y programas para tal objetivo, la detección de zonas y grupos con mayor vulnerabilidad y las políticas para su atención prioritaria, la evaluación de los programas y la atención a rezagos. Asimismo, establece una distribución clara de facultades y competencias exclusivas y concurrentes de los tres órdenes de gobierno en la materia y medidas para el fortalecimiento institucional para alcanzar los objetivos de la ley.

Se establecen medidas para contar con un financiamiento adecuado para todas estas medidas, poniendo énfasis en la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para tal efecto con recursos presupuestales y otras fuentes de financiamiento, así como en la transparencia y rendición de cuentas.

Los delitos relacionados con la trata de personas se inserta en el catalogo de delitos graves, así como de delincuencia organizada. Se señala que para el caso de la sustracción de menores, deberán implementarse sistemas de alerta y protocolos de acción inmediata para su búsqueda y localización, en el que coadyuven con los integrantes del sistema las corporaciones de emergencia, medios de comunicación, prestadores de servicios de telecomunicaciones, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.

Del Dip. Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Establece en la Ley que no se permitirá el acceso o permanencia a las áreas de juegos con apuestas a menores de edad, a oficiales uniformados en servicio, a personas que alteren la tranquilidad del lugar, a aquellos que con su conducta pongan en riesgo su integridad o la de los demás, así como a las personas que acudan con un interés distinto al de entretenerse, divertirse o esparcirse con los juegos y sorteos que ahí se practican.

Del Dip. Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 117 y 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone adicionar un segundo párrafo, al artículo 117 recorriéndose los subsiguientes y se adiciona un último párrafo al artículo 118, de la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, para establecer la protección del manglar en los cambios de uso de suelo.

La reforma establece que en los cambios de uso de suelo en ecosistemas de manglar, la Secretaria deberá analizar y certificar que no se afectará la integridad del flujo hídrico del manglar del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

La reforma al artículo 118, establece que los depósitos al Fondo, por cambios de uso de suelo en ecosistemas de manglar, deberán ser destinados para la recuperación, restauración y conservación de este tipo de ecosistemas.

Señala el autor que con el impulso de estas reformas, México se compromete de manera más sólida en la protección de la biodiversidad y por ende a impulsar una Estrategia Nacional que vincule la labor de los diferentes niveles de gobierno, la academia y organizaciones civiles, que permita la conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General de Educación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

INICIATIVAS QUE CONCUYEN SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

Propone establecer en la Ley General de Educación que las autoridades educativas de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, deberán cerciorarse que a cuando menos 400 metros de los centros educativos no haya establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas. En dado caso de que el establecimiento que oferta la bebida etílica no cumpla con los 400 metros, deberán notificarlo a la autoridad correspondiente para que ésta proceda a sancionar al comercio conforme a las disposiciones aplicables.

La iniciativa establece de forma complementaria que en el desarrollo de esta actividad, la asociación de padres de familia de cada escuela de nivel básico, podrá solicitar el apoyo a las autoridades educativas cuando conozca o sospeche que presuntamente haya comercios a menos de 400 metros de las escuelas que venden alcohol, para que éstas actúen conforme al párrafo anterior.

Del Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, a nombre del Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)

INICIATIVA QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN).

Propone reformar diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de establecer que la evaluación de la Política de Desarrollo Social que está a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tendrá por objeto, además de revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente, verificar el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por el propio Consejo Nacional de Evaluación durante la evaluación inmediata anterior.

La reforma al artículo 72, le otorga al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social una nueva atribución que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, que le permitirá revisar el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por el propio Consejo Nacional de Evaluación durante la evaluación inmediata anterior de la Política de Desarrollo Social.

En tanto que la reforma al artículo 80, le asigna al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la atribución para evaluar en su cumplimiento los resultados de sus evaluaciones, así como la evaluación de las sugerencias y recomendaciones que haya considerado hacer pertinentes al Ejecutivo Federal, así como hacerlas del conocimiento público.

De la Dip. María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 175, se adiciona una fracción XIX al artículo 167 y una fracción III al artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El objetivo de la propuesta de reforma es incentivar el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y la creación de un mayor número de este tipo de asociaciones; por ello, se proponen dos mecanismos mediante los cuales pudiera, el que recibe la herencia, exentar el pago del impuesto.

El primer mecanismo tiene como objetivo fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil mediante el incremento del número y monto de los donativos que fluyen hacia este tipo de organizaciones. Para ello se pretende que el que recibe la herencia o legado pueda presentar un recibo deducible de impuestos que acredite una donación de recursos a una Organización de la Sociedad Civil, por un monto al menos en igual magnitud al que resultaría de la aplicación del impuesto.

El segundo mecanismo tiene como objetivo incentivar la creación de Organizaciones de la Sociedad Civil. Para ello el que hereda pudiera obtener un crédito fiscal si constituyera una Organización de la Sociedad Civil con un recurso equivalente al doble del monto del impuesto efectivamente pagado.

De la Dip. María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone que la familia o quienes deben cumplir con su función social deberán velar, de manera constante y permanente, por cada una de las personas con discapacidad que formen parte de ella, siendo responsables de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral. La familia tendrá las siguientes obligaciones para con las personas con discapacidad: otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil; fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona con discapacidad participe activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo, y evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

Asimismo, las autoridades competentes realizarán entre otras acciones, el favorecer condiciones económicas de equidad, a través de la creación de programas que se traduzcan en un descuento en las tarifas que las empresas de carácter publico o privado cobran a las personas con discapacidad en los aeropuertos, descritos en la Ley de Aeropuertos y en la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal.

Del Dip. Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone establecer la labor comunitaria en las sanciones administrativas, a fin de dar origen a una sanción que busque obligar al infractor a restaurar el daño ocasionado mediante una labor comunitaria, con ello, se logrará generar un avance significativo, que producirá una restauración ambiental.

La iniciativa tiene como propósito el crear un nuevo mecanismo administrativo, que busque la restauración, así como contrarrestar la degradación de los ecosistemas en el país, ya que en la actualidad en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no establece una sanción de labor comunitaria para poder resarcir los ecosistemas. La labor comunitaria tendrá por objeto realizar una serie de tareas encaminadas a la preservación, restauración y el mejoramiento del medio ambiente, a través de programas que establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las autoridades locales y de acuerdo a las necesidades propias del territorio en que se haya cometido la infracción.

De la Dip. María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone incrementar el límite del 10 al 40 % que señala el último párrafo del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos puedan obtener ingresos exentos del ISR por la realización de actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir donativos.

Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo tercero de la fracción III del Artículo Segundo y la fracción III del Artículo Sexto del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado el 21 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone derogar lo referente a que a partir del 1 de enero de 2012, las cuotas federales aplicables a la venta final de gasolina y diesel, previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se disminuirán en 9/11. El remanente de 2/11 se destinará al Fondo de Compensación a que se refiere la fracción II del primer artículo mencionado.

Del Dip. Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 420 Bis del Código Penal Federal, se reforma el numeral 33 bis de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, del artículo 165 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone que se incrementen las sanciones por ocasionar dolosamente incendios forestales, para ello se adiciona un último párrafo al artículo 420 Bis del Código Penal Federal, para establecer que se adicionará una mitad de la pena (pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa) a quien con dolo provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.

Reforma el numeral 33 bis de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de procedimientos Penales para calificar como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los referidos a provocar de forma dolosa un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.

Finalmente, la iniciativa propone que se adicione un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, del artículo 165 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para establecer en que cuando se provoque intencionalmente o por imprudencia, incendios en terrenos forestales o preferentemente se adicionará en una mitad la sanción, cuando la conducta prevista se realice intencionalmente.

De la Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción III del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone reformar la fracción III del Apartado A del artículo 2 constitucional, a efecto de sustituir el término “equidad” por el de igualdad, en tal virtud y toda vez que la igualdad jurídica constituye un principio constitucional, una garantía individual y uno de los derechos humanos que garantizan la dignidad de las mujeres.

Del Dip. José Luis Jaime Correa, a nombre de la Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 265, 267 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone videograbar a petición de las partes los careos que se practiquen y en caso de recurrir el interesado a una segunda instancia el Magistrado contará con la certeza de “cómo se practicaron los careos”, el caso de existir contradicciones y pueda contar con el elemento visual para su resolución.

Del Dip. Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo I del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone reformar el párrafo primero del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer a rango constitucional la garantía de irretroactividad de la ley.

En tal virtud y a fin de proponer un marco constitucional que establezca mayor certidumbre el régimen que consagra la garantía de irretroactividad de la ley, se propone la reforma del primer párrafo el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando en él que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Estableciendo de forma clara que no se considera retroactiva la aplicación de leyes administrativas que se expidan para mejorar la eficiencia y seguridad de un servicio público o la explotación, uso o aprovechamiento racional de bienes de dominio de la Federación, así como para garantizar que los mismos se efectúen en condiciones de respeto y mejoramiento al medio ambiente.

Con la reforma que se propone, se permitirá dotar desde el propio texto constitucional certeza y claridad los casos en los que por razones de interés general debe considerarse como no violatoria de la garantía de irretroactividad de la ley, la aplicación de leyes de naturaleza administrativa, por las que se expiden, abrogan, reforman o derogan, disposiciones que tienen por objeto mejorar la eficiencia y seguridad de un servicio público o la explotación, uso o aprovechamiento racional de bienes de dominio de la Federación, así como para garantizar que los mismos se efectúen en condiciones de respeto y mejoramiento al medio ambiente.

Del Dip. Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del apartado A y la fracción I del apartado B al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone robustecer el principio de presunción de inocencia y establecer el de fundamentación, motivación y debido proceso como garantías y derechos de toda persona imputada. La iniciativa de reforma destaca la necesidad de reformar el artículo 20 constitucional, en cuanto a los principios generales del nuevo proceso penal (acusatorio y oral) y de los derechos de toda persona imputada, a fin de definir lo más claro posible la garantía del principio de inocencia como un criterio que el juzgador deberá asumir y valorar al momento de emitir condena a todo individuo inculpado y sujeto a proceso penal.

La propuesta pretende establecer que el juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado y se conste que éste último ha sido sujeto a proceso conforme a los principios de presunción de inocencia, fundamentación, motivación y debido proceso; asimismo, a establecer el derecho de toda persona imputada a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria ejecutoriada en definitiva emitida por el juez de la causa en los términos y plazos que dicten las leyes.

De la Dip. Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propone reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, con el objeto de establecer el fuero común como instancia que resuelva las violaciones a derechos humanos de los habitantes cometidas por los integrantes de las Fuerzas Armadas en México, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares internacionales en la materia.

Del Dip. Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que contiene proyecto de Ley de Derechos de las Personas Jóvenes.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

La Ley que se pretende expedir, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes. La aplicación de la Ley, corresponde a: el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y dependencias que integran la Administración Pública Centralizada, a las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias; los organismos autónomos; la familia de las personas jóvenes vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables; la ciudadanía y la sociedad civil organizada, y el Instituto Nacional de las Personas Jóvenes.

Los derechos a garantizar a las personas jóvenes, son de las siguientes materias: educación, cultura y arte, empleo, salud, vivienda, no Discriminación, participación, medio ambiente sano y seguridad.

La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas jóvenes, de conformidad con la concurrencia prevista en la Ley y en otros ordenamientos legales.

Establece que el Plan Nacional de Desarrollo, particularmente en su Capítulo de Desarrollo Social, deberá ser congruente con los principios, derechos objetivos e instrumentos de atención a personas jóvenes, integradas en la política nacional respectiva.

La Ley otorga algunas atribuciones a las Secretarías de Educación; Trabajo y Previsión Social; Salud; Gobernación; Seguridad Pública; Hacienda y Crédito Público; Economía; Desarrollo Social; así como a la Procuraduría General de la República.

Se crea el Instituto Nacional de las Personas Jóvenes como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal. Quien tiene por objeto: definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a las personas jóvenes al desarrollo del país; proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de las personas jóvenes, especialmente en las indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias; asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de las personas jóvenes, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, organismos autónomos, autoridades estatales, del Distrito Federal, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran; entre otras.

El Instituto contará con los siguientes órganos de administración: Junta Directiva; Dirección General, y las estructuras administrativas que se establezcan en su Reglamento Interior.

En el régimen transitorio señala que el patrimonio y los bienes del actual Instituto Mexicano de la Juventud, pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto Nacional de las Personas Jóvenes. Asimismo, los trabajadores que formen parte del Instituto Mexicano de la Juventud a la entrada en vigor de la Ley, se integrarán a la estructura del Instituto Nacional de las Personas Jóvenes. Y cualquier referencia al Instituto Mexicano de la Juventud en otros ordenamientos legales, se entenderá como Instituto Nacional de las Personas Jóvenes.

De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo:
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar el monto del subsidio público ordinario que aporta a la Universidad de Guadalajara.

INTERVINIERON LOS LEGISLADORES:
DIP. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, PRI.
DIP. VIDAL LLERENAS MORALES, PRD.
DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL, PRI.
SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD.
DIP. HELIODORO DÍAZ EZCÁRRAGA, PRI.
DIP. FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA, PAN.
APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Solicitudes de Excitativas a Comisiones